CSJ - SL844-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL844-2023 Radicación n.° 67497 Acta 08 Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ISACC ROGER ZABALETA OLASCOAGA y OSCAR AMIN GÓMEZ PADILLA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014), en el proceso que le instauraron a FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - FINDETER S. A. y al que se acumuló los iniciados por MARÍA BERNARDA

PARADA MARTÍNEZ y EDUARDO RICARDO SOFÁN

YÁÑEZ.

I. ANTECEDENTES Issac Roger Zabaleta Olascoaga y Oscar Amin Gómez Padilla llamaron a juicio a la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter S. A., con el fin de que se declarara

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Radicación n.° 67497 que la terminación de sus contratos de trabajo no produjo efecto alguno y, en consecuencia, fuera condenada a su reintegro con el pago de todos los derechos laborales legales y convencionales que se generaron desde el final contractual hasta que se configurara su reinstalación; igualmente peticionaron la reliquidación de las prestaciones sociales y las vacaciones desde el 1º de enero de 2000 hasta el 29 de octubre de 2003, todo debidamente indexado más las costas

procesales. Como primeras pretensiones subsidiarias peticionaron la cancelación de salarios y demás emolumentos entre su despido y su reconocimiento; como segundas, la indemnización por haberse finalizado el nexo jurídico sin justa causa teniendo en cuenta como factores salariales la «prima técnica, el auxilio de alimentación, la prima de navidad, la prima de servicios, la prima de vacaciones y los demás que constituyen salario» debidamente actualizada, la moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949; que se les concediera todo aquello a lo que tuvieran derechos acorde a las facultades ultra y extra petita y, como terceras, los perjuicios plenos. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que la demandada era una sociedad por acciones creada bajo los parámetros de canon 4º del Decreto 130 de 1976, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; que sus contratos de trabajo a término indefinidos se desarrollaron, así:

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Radicación n.° 67497 Afirmaron que, como consecuencia de la terminación de sus relaciones sufrieron graves daños y perjuicios y, que luego de esto la accionada vinculó nuevo personal por prestación de servicios. Indicaron que, en Findeter S. A., existía el Sindicato de Trabajadores de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Sintrafindeter al que pertenecían; que el 21 de febrero de 2003, dicha organización suscribió con la llamada a juicio la Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el 1º de enero

y el 31 de diciembre de ese año; que en la asamblea general del 1º de octubre de dicha anualidad se adoptó el pliego de peticiones y, se designaron a los negociadores; que el día siguiente fue presentado a la empleadora, quien lo devolvió lo seis días después por haberse realizado de forma «inoportuna»; que el 7 de octubre de 2003, se allegó por «triplicado» ante el inspector de trabajo la denuncia de la aludida CCT; la que fue radicada nuevamente el 8 ante la llamada a juicio y, que el 29 se les dio por finalizada la relación contractual sin autorización judicial. Afirmaron que, para el 29 de octubre de 2003, la empresa contaba con 200 trabajadores de los cuales 111 estaban afiliados al sindicato, siendo despedidos el «30 % de sus trabajadores oficiales» y que el 30 de septiembre de la

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Is s O a c R s c a D o g r A e m e r Z m in a n a b G d a ó a n t e le ta O m e z P ls c o a g a d illa a In ic io 1 1 / 0 5 / 1 9 9 2 1 / 0 8 / 1 9 9 1 2 2 9 9 / / C oF in 1 0 / 2 1 0 / 2 n 0 0 t r a 0 3 0 3 t o 2 1 / II/ C a r g o P r o fe s io n a l II/ C a te g o r ia

T r a b a ja d o r o fic ia l P r o fe s io n a l tr a b a ja d o r o fic ia l $ $ B 1 2 á .3 .2 s ic 4 8 3 6 So .2 .7 a 7 0 la r 4 4 io $ $ O 2 4 t 4 0 r o s 2 .6 2 .6 8 0 9 7 Radicación n.° 67497 aludida anualidad se les informó a todos los servidores que se había solicitado al Ministerio de la Protección Social la autorización un despido colectivo. Apuntaron que, para calcular el monto de la indemnización que se les reconoció no se incluyeron como factores salariales lo percibido por concepto de prima técnica, auxilio de alimentación y bonificación por servicios prestados; que elevaron la respectiva reclamación ante la enjuiciada pero que esta no accedió a lo peticionado. Explicaron que Findeter S. A. presentó los estudios exigidos por la ley a fin de modificar su planta de personal obteniendo concepto favorable; que el Decreto 2702 de 2003 no suprimió ningún cargo, pues se limitó a establecer que aquella sería de hasta 131 trabajadores oficiales. Aseguraron que la referida sociedad no dio inicio al proceso de negociación colectiva a pesar de que se surtieron todas las etapas exigidas para ello; que en el 2003 acontecieron los siguientes sucesos: el 28 de octubre se radicó nuevamente el pliego de peticiones pero fue devuelto; que el 4 de diciembre se ratificó la denuncia «parcial» de la

CCT ante el mismo funcionario que se había hecho el 7 de octubre; que el 11 de diciembre la coordinadora del grupo de inspección y vigilancia del ente ministerial dejó en libertad a Sitrafindeter para acudir a la jurisdicción ordinaria laboral; que el 30 de diciembre Findeter S. A., denunció el acuerdo extralegal lo que fue comunicado al sindicato el 2 de enero de 2004; que el 19 de dicho mes, este «reiteró» su disposición

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Radicación n.° 67497 de iniciar la etapa de arreglo dinero, pero que, la entidad mediante Oficio del 23 de esa mensualidad pero del 2005 se mantuvo en su negativa; que finalmente el 25 de mayo de la citada anualidad se suscribió una nueva CCT. Acotaron que, en la cláusula 5ª el Acuerdo extralegal de 2003, se pactó la estabilidad laboral de los trabajadores y, se dispuso que, para dar por terminado el contrato de trabajo debía acudirse a una justa causa comprobada; que según el Acuerdo 01 del 25 de mayo de 1990, el régimen prestacional de los empleados públicos de la financiera sería el previsto en los Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969, 174 y 230 de 1975, 1042 y 1045 de 1978, así como 451 de 1984. Expusieron que la demandada suscribió un Pacto Colectivo que se aplicaría a los contratos de trabajo de los trabajadores no sindicalizados entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, en el que se estableció el pago de

la prima técnica, auxilio de alimentación, bonificación por servicios; que el 29 de mayo de 2001, se dictó laudo arbitral en el que se hicieron precisiones respecto de los aludido emolumentos, lo que acaeció igualmente con la CCT del 21 de febrero de 2003. Finalmente, hicieron alusión a la situación de Amalia Otilia Cardona Suárez despedida en las mismas circunstancias quien elevó reclamación ante la llamada a juicio, la que igualmente dio respuesta negativa (f.°1-35 cuaderno 4).

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Radicación n.° 67497 La parte accionada se opuso a las pretensiones principales y subsidiarias, en cuanto a los hechos, precisó las condiciones de los contratos laborales de los actores; anunció que las desvinculaciones obedecieron al proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad; que los pliegos de peticiones presentados en el mes de octubre de 2003, fueron extemporáneos por lo que no tuvieron la capacidad de generar un conflicto colectivo dado que, la CCT vencía el 31 de diciembre de ese año; motivo por el cual no se requería autorización alguna para la finalización de los nexos contractuales; que la CCT suscrita en el 2005 fue producto de una negociación que se inició a principios de esa anualidad y que en el pacto colectivo se acordó que esos rubros no tendrían incidencia salarial salvo aquellos que por ley debían tener esa naturaleza. En su defensa propuso como excepciones de fondo las de pago, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación y prescripción (f.°83-99 ibidem).

El juzgado de conocimiento mediante auto de 12 de marzo de 2009, tras la petición presentada por el apoderado de la parte demandante ordenó la acumulación del proceso con el adelantado por María Bernarda Parada Martínez (f.°309 a 312 y 219 a 320 cuaderno 4); así mismo, por proveído del 3 de junio de igual anualidad, tras una nueva petición del referido profesional de derecho procedió en el mismo sentido frente el expediente del juicio promovido por Eduardo Ricardo Yáñez Sofán (f.° 463 del cuaderno 3), sin que haya lugar a hacer alusión a las situaciones fácticas de

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Radicación n.° 67497 estos dos accionantes habida cuenta no interpusieron recurso extraordinario de casación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, por decisión dictada el 26 de noviembre de 2013, absolvió a la llamada a juicio de lo pretendido en su contra e impuso las costas a cargo de los petentes (f.°678 y ss. del cuaderno 3).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer en grado jurisdiccional de consulta, mediante fallo del 31 de marzo de 2014, confirmó el de primer grado (f.°37-46 cuaderno 11) .

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión que el problema jurídico a examinar era «si los demandantes [eran] beneficiarios de la [CCT] y por ende si al momento del despido que aducen fue sin

justa causa, estaban cobijados por la protección del fuero circunstancial; igualmente que se cancelen los salarios dejados de percibir como consecuencia del despido» […]. Para dar respuesta a tales problemáticas dejó claro que, no era objeto de controversia la existencia de la relación laboral y seguidamente se formuló el siguiente cuestionamiento «¿los demandantes al momento que se

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Radicación n.° 67497 efectuó el despido estaban cobijados bajo la figura del fueron circunstancial?».

Advirtió que: i) a folios 392 a 342 reposaba la CCT suscrita por las partes en contienda y, ii) el Decreto 2702 de 2003, que autorizó a la enjuiciada a realizar la supresión de cargos dentro de los cuales se encontraban los de los peticionarios; de forma tal que, los despidos obedecieron a una causa legal pero no justa, lo que fue efectivamente reconocido por la accionada, motivo por el cual estimó que quedaba demostrado que los reclamantes se encontraban afiliados a Sintrafindeter para el momento del finiquito contractual, así como que se había presentado pliego de peticiones y que, por tanto, estaban protegidos por el fuero circunstancial.

Expuso que, si bien en principio procedía el reintegro pretendido, al revisar el decreto en virtud del cual se ordenó la supresión de cargo se observaba que dicha medida se tomó a fin de «proteger la estabilidad y existencia de [la] entidad»; que conforme a las sentencias que identificó únicamente con el número de radicación 31061 y 9115, tal petición se

tornaba improcedente dejando claro que «los actores fueron indemnizados conforme a la ley, por el despido del cual fueron objeto». Respecto de la solicitud de reconocimiento de perjuicios, la catalogó como inviable en la medida en que su configuración no fue acreditada por los actores, carga con la que corrían, pues les competía «demostrar los supuestos de

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Radicación n.° 67497 hecho en que se sustentaba [tal pretensión] escenario que no sucedió en el presente proceso». La referida decisión fue adicionada por sentencia complementaria dictada el 20 de mayo de 2019, en la que se sostuvo que al existir identidad de hechos respecto de los demandantes María Bernarda Barbara y Eduardo Ricardo Sofán Yáñez la decisión debía ir en el mismo sentido, esto era absolver a la convocada al plenario de lo pretendido, por tanto, confirmar la providencia del juzgado (f.°4 y ss. del cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Isaac Roger Zabaleta Olascoaga y Oscar Amin Gómez Padilla, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case el fallo recurrido, para que, en sede de instancia, se revoque la del juzgado y se acceda a las pretensiones en la forma plasmada en el escrito inicial (f.°15 cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por Findeter S.

A. y que se proceden a estudiar a continuación de forma

conjunta los tres primeros por soportarse en similar elenco normativo, ofrecer argumentos afines y complementarios.

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VI. CARGO PRIMERO Acusan a la decisión del sentenciador de la alzada de violar la ley sustancial por la senda directa en la modalidad de «aplicación indebida del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 4, 177, 174, 188 del [CPC], artículo 145 del CPTSS, artículo 26 de la Constitución Política, artículos 54ª, 60, 61 del CPTSS, estas normas procesales como violación medio».

Para desarrollar el ataque alegan que el Tribunal fundamentó su decisión en el Decreto 2702 de 2003, que autorizó la supresión de los cargos pero que, tal documento fue arrimado al plenario sin firma y, en copias simples, a pesar de que, acorde con el derecho al debido proceso «toda norma de carácter no nacional, debe ser aducida en copia auténtica, de oficio o a solicitud de parte (art.188 del CPC)» exigencia que soportan en el fallo CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 23388. En ese sentido, plantean que, si el aludido elemento probatorio no puede tener la condición de tal, no es posible exonerar a la llamada a juicio del reintegro pretendido y en tal virtud el fallo debe quebrarse (f.°16-17 cuaderno de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Lo plantean como subsidiario, para atacar la determinación del colegiado de violar la ley sustancial por la

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Radicación n.° 67497 vía indirecta en la modalidad de «aplicación indebida del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 4, 177, 174, 188 del [CPC], artículo 145 del CPTSS, artículo 26 de la Constitución Política, artículos 54 A, 60, 61 del CPTSS, estas normas procesales como violación medio». Explican que lo previo se dio debido a que, el juzgador de segunda instancia incurrió en los siguientes errores de hecho: a. Dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo de OSCAR AMIN GÓMEZ PADILLA,PROFESIONAL II 28 fue abolido. b. Dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo de ISAAC ROGER

ZABALETA, ANALISTA II CATEGORIA 21,fue abolido.

c. Como consecuencia de lo anterior, tener por demostrada sin estarlo, la imposibilidad de reintegro de cada uno de los demandantes. Exponen iguales argumentos a los aducidos en el primer cargo relativos a que el Decreto 2707 de 2003 «( folio 122 del expediente 2006-1113, folio 98 del expediente 2006 01121 Juzgado 13 Laboral del Circuito y folio 487 del expediente 2006-1042 Juzgado 2° Laboral del Circuito)» sustento de la decisión del juez de la alzada no podía tener consecuencias probatorios por haber sido arrimado en copias simples y carecer de firma a pesar de no tratarse de una norma nacional ya que se «contrae a una determinada entidad» (f.°17-19 del cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 67497

VIII. CARGO TERCERO Esgrimen que la sentencia proferida por el Tribunal es violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida del: […] artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 4, 177, 174, 188 del [CPC], aplicables por la remisión que hace el artículo 145 del [CPTSS]; artículos 54A, 60, 61 del

[CPTSS], artículo 26 de la Constitución Política-estas normas procesales como violación de medio-. Acotan que lo previo se debió a que el sentenciador cometió las siguientes falencias fácticas:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo de OSCAR AMIN GÓMEZ PADILLA,PROFESIONAL II 28 fue abolido.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el cargo de ISAAC ROGER ZABALETA, ANALISTA II CATEGORIA 21 fue abolido.

3. Como consecuencia de lo anterior, tener por demostrada sin estarlo, la imposibilidad de reintegro de cada uno de los demandantes.

Explican que, los errores de hecho se debieron a la equivocada apreciación del Decreto 2702 de 2003 de folio 122 del expediente 2006-1113, folio 98 del expediente 2006 01121 Juzgado 13 Laboral del Circuito y folio 487 del expediente 2006-1042 Juzgado 2° Laboral del Circuito» y de la documental que acredita el cargo de cada uno, así: Nombre Cargo Folio(s)

48,56 del cuaderno Oscar Amin Gómez Profesional II 28 denominado Exp. 2006 Padilla 1113

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Radicación n.° 67497 47,113 del cuaderno Isaac Roger Analista 11 categoría denominado Exp. 2006 Zabaleta 21 1113 Hacen referencia los artículos 1º y 3º del Decreto 2702 de 2003, que dispusieron: Artículo 1º. Suprímanse de la planta de personal de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, los siguientes empleos: Nº de Denominación del empleo Grado cargos 2 (Dos) Director de Fondo 03 2 (Dos) Director de Unidad Regional 03 2 (Dos) Subdirector de Fondo 02 […] Artículo 3º. El número de trabajadores oficiales al servicio de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, será hasta de: ciento treinta y uno (131). Plantean que, de lo mandatos transcritos, no es posible deducir «necesariamente que se suprimieron específicamente [sus] cargos», que en los «considerandos» de la norma se dijo: Que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública, los estudios de que tratan el artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y los artículos 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998, para efectos de modificar su planta de personal, el cual obtuvo concepto técnico favorable de ese

Departamento Administrativo. Que la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, sometió a aprobación del Gobierno Nacional su planta de personal, de acuerdo con el Acta número 138 del 24 de julio de 2003. Cuestionan que, «dichos estudios y acta sustento de la modificación de planta de personal no aparecen en el plenario, brillan por su ausencia» y que:

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Radicación n.° 67497 Las documentales de folios 12 a 13, 6, 7, 9, 87, 92 a 93 del cuaderno denominado Exp. 2006-01121; el interrogatorio de parte visible a folios 111 y 112 del mismo cuaderno refieren al mismo Decreto 2702 de 2003 del cual no es dable concluir la supresión de los cargos de los demandantes. Lo mismo sucede con la documental visible a folios 33, 457, 493 del cuaderno denominado 2006-1042; folios 39, 40, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 108, 109, 112, 113, 116, 117 del cuaderno denominado 20061113; estas refieren al mismo Decreto 2702 de 2003 el cual establece la supresión de cargos que no son los de los demandantes o, en gracia de discusión de su texto no necesaria e inequívocamente es dable concluir que precisamente fueron los cargos de los demandantes los suprimidos. Dicen que, además el administrador de justicia «imagina la imposibilidad del reintegro al presumir que no hay

otros cargos a los cuales puedan ser reintegrados» y, acuden a la sentencia CSJ SL, 13 sep. 2006, rad. 26539, en la que se sostuvo: Con todo, cumple advertir que esta Sala de la Corte ha precisado en asuntos seguidos contra la misma entidad demandada, que la inexistencia del cargo al cual se ordena el reintegro de un trabajador oficial en la planta de personal no es razón jurídica que impida la aplicación de las normas convencionales a ese servidor y, precisa ahora, tampoco el cabal cumplimiento de ese reintegro, pues el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador no puede verse afectado por las disposiciones internas de la entidad que ha terminado su contrato de trabajo de manera ilegal, aparte de que no existe ningún obstáculo legal para que la plantilla de personal sea ajustada para cumplir con una orden judicial. Y en el caso que nos ocupa, si el cargo del demandante no fue incluido en la plantilla de los trabajadores oficiales del instituto llamado a juicio, es cuestión que no le puede ser a aquel imputable, pues obedeció a la ilegal decisión de esa entidad de no considerarlo como uno de sus trabajadores pese a que, en realidad, como se estableció en el proceso, la prestación personal de sus servicios estuvo regida por un verdadero contrato de trabajo ….

IX. RÉPLICA Indica que el cargo inicial ha de desestimarse porque al ser un ataque dirigido por la vía directa no debe hacerse

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Radicación n.° 67497 ninguna alusión a las pruebas; que el tema de validez del

elemento de convicción no fue objeto de análisis por parte del Tribunal; que no se pudo incurrir en la aplicación indebida de los artículos 188 del CPC y 54A del CPTSS, porque no se acudió a ellos para resolver la controversia suscitada; pero que, de todas formas, el primero de los preceptos mencionados no está llamado a gobernar el examine en la medida que en materia laboral existe regulación especial como lo es el segundo de los cánones citados. Estima que, de todas formas, la norma del CPC no regula la prueba de los actos administrativos particulares como lo es el Decreto 2702 de 2003 y que el 54A del CPTSS admite el valor de las copias simples «sin exigir autenticación para documentos públicos y privados», pues resulta suficiente con que «hayan sido elaborados en o en su elaboración haya participado la parte que los aporta al proceso» (f.°29 -31 del cuaderno de la Corte). La oposición al cargo segundo y tercero la plantea de forma conjunta para exponer que la base de estas acusaciones radica en el artículo 188 del CPC, el que no es aplicable al procedimiento laboral en la medida que, el CPTSS prevé en su artículo 54A una norma especial acerca de las copias simples, la que cobija a todos tipo de documentos públicos o privados con excepción de aquellos que sean expresamente excluidos como lo son los títulos ejecutivos y los que provienen de terceros; de forma tal que, no tiene cabida acudir al principio de integración normativa

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Radicación n.° 67497 para traer a colación las disposiciones del CPC.

Pone de presente que la controversia analizada en la sentencia CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 23388, no es aplicable al asunto bajo análisis ya que lo que se estudió en dicho momento fue si un decreto acerca de la planta de personal de una entidad servía para integrar la proposición jurídica de un cargo en el recurso extraordinario de casación, sin que se analizara la forma de cómo se prueban en el proceso ese tipo de mandatos. Afirma que esa clase de normativa «no tiene la naturaleza de una norma generallo que la excluye del imperio del 288 » pues se trata de un «acto administrativo» que debe probarse, conforme a los derroteros del artículo 54A del CPTSS. Acota que, participó en la elaboración del Decreto 2702 de 2003, como se desprende de su texto siendo un «acto administrativo complejo», documento que fue aportado por una de las partes en contienda. En relación con el argumento relativo a que en el proceso no existe prueba de que los cargos de los recurrentes hubiesen sido eliminados porque así no lo dispuso el Decreto 2702 de 2003, señala que no es cierto porque en las comunicaciones que se les remitieron se les puso en conocimiento el cumplimiento del proceso de supresión de la posición (f.°44-55 cuaderno 2006-1113), concretándose la orden establecida por aquel pues «a nivel central corresponde

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Radicación n.° 67497 individualizar a FINDETER cuál es su planta y tomar la decisión marco: la planta ha de pasar de 200 empleaos a 131»,

de manera que, es la entidad la que hace «la gestión de la planta de personal y, la ejecución de la orden de reducción, determinar uno a uno los empleaos afectados por la medida». En tal virtud, estima que la falencia en la valoración probatoria que se alega es intrascendente porque «las pruebas indirectamente acusadas bajo el llamativo de PRUEBAS IMAGINADAS, llevarían a confirmar una realidad» como lo es que, como consecuencia del «proceso de modernización administrativa, que mandaba […] a reducir una tercera parte su planta de personal, en desarrollo de este mandado, como quedó consignado en las respectivas comunicaciones y certificaciones sobre el motivo del despido[….]». Además, señala que se debe revisar el «informe escrito bajo juramento» del representante legal de la demandada (f.°251-256 expediente principal) en el que manifestó que «los cargos …[ fueron suprimidos y ninguno de ellos provisto con posterioridad». A manera de conclusión sostiene que: El Tribunal basó su decisión en un hecho demostrado en el proceso, la existencia de un proceso de reestructuración del estado, que se tradujo en la reducción de la Planta de Personal contenida en el Decreto 2702 de 2003, que por su materialidad, acto que modifica situaciones particulares, lejos estar bajo de la regulación del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, que regula en esa jurisdicción aspectos diferentes como la autenticación de documentos que contengan normas generales

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Radicación n.° 67497 sin alcance nacional, que por lo demás en el ámbito laboral está

bajo las prescripciones generales sobre el valor de las copias simples de documentos, que no requieren autenticación, por mandato del artículo 54A del CPTSS, por tratarse de un documento en cuya elaboración participó la entidad demandada, como expresamente quedó consignado en sus considerandos, aportado al proceso por sus apoderados. La artificialidad de la argumentación sobre la que construye el cargo, es evidente si se advierte esta realidad: durante el largo proceso en instancias, no hubo controversia sobre la realidad del proceso de reducción de planta, de modernización administrativa de Findeter que imponía la supresión de empleos, y de que estos eran materia de la copia simple del Decreto 2702 de 2003, del que no si insinuó hubiera sido objeto de alteración, ni que su invocación hubiera sido hecho contrariando lo que en aquel documento se refleja [….

X. CONSIDERACIONES El juez de apelaciones halló acreditado que el Decreto 2702 de 2003 autorizó a la enjuiciada a realizar la supresión de cargos dentro de los cuales se encontraban los de los peticionarios; motivo por el cual coligió que la terminación de los contratos de trabajo de los actores obedeció a una causa legal pero no justa y que, si bien en principio había lugar al reintegro peticionado como consecuencia del fuero circunstancial del que eran titulares, lo cierto era que al revisar el aludido mandado su finalidad era «proteger la estabilidad y existencia de [la] entidad»; de forma tal que, acorde con la jurisprudencia de esta Corporación, ello se tornaba improcedente dejando claro que «los actores fueron

indemnizados conforme a la ley, por el despido del cual fueron objeto». El distanciamiento de la censura con lo sentencia fustigada radica esencialmente en dos cuestiones, a saber: i)

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Radicación n.° 67497 los efectos probatorios que podía dársele al Decreto 2702 de 2003 al haber sido incorporado al proceso mediante una copia simple carente de firma y, ii) tener por probado, sin estarlo, que tal mandato ordenó la supresión de las posiciones de los actores, cuestiones que se procede abordar en su orden: i) De la validez probatoria del Decreto 2702 de 2003. Lo primero que debe señalar la Sala es que no le asiste la razón a la parte opositora en cuanto cuestiona que el primero de los ataques se hubiese formulado por la vía directa, puesto que, acorde lo tiene establecido esta Corporación de forma pacífica la transgresión de las normas relativas a la aducción, producción y validez de las pruebas debe cuestionarse por un cargo encaminado por la senda jurídica, sin perjuicio de que cuando «se invite a observar los elementos de juicio o piezas procesales, [se acudo al camino] fáctico probatorio» (CSJ SL3597-2020 que reiteró la CSJ SL9087-2015), proceder que fue plenamente acatado por los recurrentes. Aclarado lo anterior, debe señalarse que el debate que se pretender plantear resulta fuera de la competencia de la Corte, ello por cuanto se observa que se trató de una situación fáctica que no se discutió en las instancias, ni

tampoco se controvirtió cuando el juez de conocimiento lo decretó como prueba del proceso en la audiencia «obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio» (f.°125-128 del cuaderno 4), pues sobre .

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Radicación n.° 67497 dicho aspecto lo único que manifestó el apoderado de los demandantes fue que el representante legal de la entidad convocada a juicio debía comparecer a absolver el interrogatorio de parte en atención a que Findeter S. A. no era un establecimiento público (f.°129, ibidem). Al efecto, no sobra aclarar que el actuar del juzgado se encuentra acorde a derecho, pues la aludida preceptiva no tiene la condición de una norma nacional, ya que se contrae a una entidad determinada creando una situación particular respecto de un grupo poblacional en específico, motivo por el cual debe ser aportada al proceso como una prueba, obrar que fue cumplido por la llamada a juicio, conforme al cual el juzgador de primer grado la incorporó al proceso en tal condición, habiendo guardado silencio los petentes frente a esa decisión. Sobre dicha temática vale la pena traer a colación la sentencia CJS SL, 31 may. 2007. rad. 27899 en la que se memoró la CSJ SL, 2 sep. 2004. rad. 23388, así: En torno al punto hay que precisar que en tratándose de aquellos Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, como el invocado por el ad quem, que no tienen alcance general, toda vez que

únicamente se contraen a una determinada entidad, deben probarse o demostrarse su existencia dentro del proc