CSJ - SL854-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL854-2023 Radicación n.° 96065 Acta 13 Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por PALMEIRAS COLOMBIA S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 23 de febrero de 2022, en el proceso que instauró en su contra YESENIA ARACELY MONTAÑO SEGURA, en nombre propio y en representación de sus hijos JY, CD y JJCM, al que fue llamada en garantía POSITIVA COMPAÑÍA

DE SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Yesenia Aracely Montaño Segura, en nombre propio y de sus hijos JY, CD y JJCM, demandó a Palmeiras Colombia S.A., con el fin de que se declarara que entre José Frison Camacho Segura y la empresa existió un contrato laboral a

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Radicación n.° 96065 término indefinido desde el 4 de enero de 2012 hasta el 21 de diciembre de 2016, fecha en la que falleció en un accidente de trabajo ocasionado por culpa del empleador. Como consecuencia, que se les reconociera los perjuicios materiales, morales y a la vida de relación, de conformidad con el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con los intereses moratorios o la indexación. Relató que el 4 de enero de 2012 José Frison Camacho Segura se vinculó laboralmente por medio de un contrato de trabajo, y que el 25 de junio de 2014 fue trasladado al área

de administración para laborar como operador de ferry en el Río Mira en la jurisdicción de Tumaco. Indicó que sus funciones y responsabilidades consistían, entre otras, en verificar el estado del ferry previo a su operación, asegurar las guayas de seguridad, efectuar el traslado del personal de la empresa, así como de los vehículos, verificar que el tipo de carga de particulares contara con la autorización escrita expedida por aquella, cumplir todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, del reglamento interno de trabajo y demás políticas establecidas, participar activamente en los eventos de formación y/o comités internos o externos y demás actividades que le fueran asignadas por el jefe inmediato. Manifestó que el 21 de diciembre de 2016 su cónyuge recibió la orden del jefe de transporte y la secretaria, de realizar el traslado de un tractocamión que pesaba

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Radicación n.° 96065 aproximadamente 40 toneladas, pese a que el caudal del río había aumentado por las lluvias, lo que ocasionó que el ferry naufragara por el sobrepeso de la carga y él se ahogara. Reprochó que el 20 de diciembre de 2016 la empresa retiró al trabajador de Positiva Compañía de Seguros S.A. (en adelante Positiva S.A.) y por esa razón, mediante la Resolución n.º 61415 del 17 de mayo de 2017, la aseguradora les negó el reconocimiento pensional por tratarse de un evento sin cobertura. Aseguró que la entidad demandada no contaba con una

matriz de riesgos del puesto de trabajo, ni un plan de seguridad para sus empleados, mucho menos, le informó al trabajador medidas preventivas y de emergencia, ni le suministró los instrumentos de protección personal acordes con el riesgo real existente, debido a que el ferry no tenía chalecos salvavidas ni exigían su uso, pues estaban dispuestos para los usuarios de la canoa que apoyaba la embarcación de carga. Explicó que se vio afectada emocional y económicamente por la muerte de su cónyuge, con grandes dificultades para mantener a sus tres hijos, a quienes también les afectó moralmente la ausencia de su padre. Por tal razón, solicito la correspondiente indemnización y resarcimiento del daño, toda vez que era el fallecido quién sostenía al núcleo familiar.

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Radicación n.° 96065 Al dar respuesta a la demanda, Palmeiras Colombia S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha del fallecimiento del trabajador, las funciones y responsabilidades del cargo, la relación filial de los demandantes, pero aseguró que no le constaban los relacionados con la intimidad familiar. Además, aceptó el trámite administrativo, pero aclaró que se trató de una decisión arbitraria de Positiva S.A. porque la novedad de retiro la reportó el día que sucedió el siniestro. Precisó que el contrato se pactó a término fijo y que el trabajador recibió la inducción correspondiente cuando inició en el cargo. Así mismo, negó los hechos acerca del siniestro, pues explicó que fue decisión del trabajador

transportar el tractocamión que pesaba aproximadamente 35 toneladas, el cual era un peso normal para el ferry que podía soportar un máximo de 50, incluido su propio peso. Sostuvo que el operador era autónomo para determinar si las condiciones técnicas, de seguridad industrial y climáticas eran aptas para la navegación de la embarcación fluvial y, además, tenía la obligación principal de cumplir todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, del reglamento interno de trabajo y demás políticas establecidas por la empresa. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, ausencia de responsabilidad subjetiva del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, típico accidente de trabajo objetivo, ausencia de

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Radicación n.° 96065 prueba de la culpa del empleador, evaluación deficiente de la condición conveniente para operar el ferry por parte del señor Camacho Segura, exceso de confianza y baja percepción del riesgo, cobro de lo no debido y buena fe. Solicitó el llamamiento en garantía de Positiva S.A., la cual se opuso a las pretensiones de la demanda inicial y frente a los hechos, aceptó la fecha de la muerte del trabajador, la reclamación administrativa, las relaciones filiales de los demandantes y afirmó que no le constaban los demás. Al contestar los hechos del llamamiento en garantía rechazó la prosperidad de las pretensiones y en cuanto a los hechos, especificó que el señor Camacho Segura estuvo afiliado por el período comprendido entre el 4 de enero de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2016, fecha en la que

efectuó novedad de retiro. Alegó las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, improcedencia del llamamiento en garantía, responsabilidad del empleador, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, enriquecimiento sin causa, ausencia de requisitos para configurar un llamamiento en garantía y cobro de lo no debido.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco, mediante fallo del 2 de julio de 2021, decidió:

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Radicación n.° 96065 SENTENCIA No. 26 RESUELVE: "PRIMERO: DECLARAR que entre el extinto JOSÉ FRISON CAMACHO SEGURA, […] y la sociedad PALMEIRAS COLOMBIA S.A. con Nit. 900.259.413-6, representada legalmente por NINFA CASTAÑEDA DIAZ, […], o por quien haga sus veces, existió un contrato de trabajo que se verificó entre el 4 de febrero de 2012 y el 21 de diciembre de 2016.

SEGUNDO: DECLARAR que la sociedad PALMEIRAS COLOMBIA S.A. con Nit. 900.259.413-6, representada legalmente por NINFA CASTAÑEDA DIAZ, […], o por quien haga sus veces, es responsable del accidente de trabajo que cobró la vida del señor JOSE FRISON CAMACHO SEGURA, ocurrido el 21 de diciembre de 2016.

TERCERO: CONDENAR a la demandada PALMEIRAS COLOMBIA S.A. con Nit. 900.259.413-6, representada legalmente por NINFA

CASTAÑEDA DIAZ, […], o por quien haga sus veces, a pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, y a favor de YESENIA ARACELY MONTAÑO SEGURA, mayor de edad, […], los valores que a continuación se indican y por los conceptos que se anotan: a. La suma de $37.477.876.11, por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado. b. La suma de $113.103.198.35. por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante futuro. c. La suma de $36.341.040.00, por concepto de indemnización de perjuicios morales.

CUARTO: CONDENAR a la demandada PALMEIRAS COLOMBIA S.A. con Nit. 900.259.413-6. representada legalmente por NINFA CASTANEDA DIAZ, […], o por quien haga sus veces, a pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, y a favor del menor (sic) CDCM, representado legalmente por su madre, YESENIA ARACELY MONTAÑO SEGURA, mayor de edad,

[…], los valores por los conceptos que se anotan: a. La suma de $12.492.625.50, por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado. b. La suma de $17.735.079.20. por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante futuro. c. La suma de $36.341.040.00, por concepto de indemnización de perjuicios morales.

QUINTO-CONDENAR a la demandada PALMEIRAS COLOMBIA S.A. con Nit. 900.259.413-6, representada legalmente por NINFA CASTAÑEDA DIAZ, […], o por quien haga sus veces, a pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, y a favor del menor (sic) JYCS, representado legalmente por su madre, YESENIA ARACELY MONTAÑO SEGURA, mayor de edad, […], los valores por los conceptos que se anotan:

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Radicación n.° 96065 a. La suma de $12.492.625.50. por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado. b. La suma de $21.178.226.51, por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante futuro. c. La suma de $36.341.040.00, por concepto de indemnización de perjuicios morales, SEXTO.- CONDENAR a la demandada PALMEIRAS COLOMBIA S.A. con Nit. 900.259.413-6, representada legalmente por NINFA CASTAÑEDA DIAZ […], o por quien haga sus veces, a pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, y a favor del menor (sic) JJCM, representado legalmente por su madre YESENIA ARACELY MONTAÑO SEGURA, mayor de edad, […], los valores por los conceptos que se anotan: a. La suma de $12.492.625.50, por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante consolidado.

b. La suma de $26.420.957.74, por concepto de indemnización de perjuicios materiales a título de lucro cesante futuro. c. La suma de $36.341.040.00, por concepto de indemnización de perjuicios morales.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada de los demás pedimentos incoados por activa.

OCTAVO.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por pasiva.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en providencia del 23 de febrero de 2022, confirmó la proferida en primera instancia.

Precisó que, con de acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso, le correspondía a la Sala «[…] establecer si existen, o no, suficientes elementos de juicio para determinar el nexo causal entre el accidente laboral y la culpa suficientemente comprobada en cabeza del empleador».

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Radicación n.° 96065 Indicó que no era objeto de discusión la existencia de la relación laboral entre la empresa Palmeiras de Colombia S.A. y José Frisón Camacho Segura, quien perdió la vida en un accidente que ocurrió en cumplimiento de su labor como operario de ferry. El Tribunal consideró como fundamento de su decisión los artículos 3° de la Ley 1562 de 2012, 56, 57 del Código Sustantivo del Trabajo, las sentencias CSJ SL4581-2021, CSJ SL 3 de mayo de 2006, radicación 26126, CSJ SL5462021 y CSJ SL5154-2020.

Sostuvo que el marco legal y jurisprudencial mencionado era claro en comprometer al empleador a cuidar y procurar la seguridad y salud de los trabajadores, así como adoptar todas las medidas a su alcance en orden a prevenir los accidentes y enfermedades laborales. Después de lo cual, evaluó el material probatorio y estimó: El accidente de trabajo que nos concita se generó por la falta de previsión de la sociedad empleadora para evitar riesgos laborales, al no contar con un cronograma de actividades de prevención de siniestros, no adoptó medidas preventivas para evitar accidentes como el acaecido con el señor José Frison Camacho Segura, quien habiendo sido contratado para ejercer oficios varios, según consta en el contrato de trabajo visto a folios 29 y ss., del cuaderno de primera instancia, lo trasladó el empleador al área de administración como OPERADOR DE FERRY, tal como se acredita a folio 34, a partir del 25 de junio de 2014, sin previa capacitación para el ejercicio de dicha labor y sin tener conocimiento de las aptitudes que tenía para ejercer el transporte de dicho automotor, o si técnicamente estaba preparado para prever condiciones mecánicas del mismo; al menos, no hay prueba que acredite lo contrario, omisión que colocaba al finado en situación latente de riesgo. Resulta aún más comprometedor, que pasó inadvertido la convocada, que el trabajador no contaba con la licencia que por

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Radicación n.° 96065 disposición legal debía poseer para operar la nave marítima, tal cual se extractó de la misiva emitida por el Ministerio de

Transporte, de ahí que fracturó la disposición vertida en el artículo 73 de la Ley 1242 de 2008, que prevé la prohibición de manipulación por quien no tenga dicha licencia, la que debía ser expedida por la autoridad correspondiente, en este caso, el Ministerio de Transporte, por tanto, al cohonestar esta situación, faltó a su obligación de velar por la protección y seguridad de su dependiente. Se magnifica la irresponsabilidad de la enjuiciada, al constatarse de la documental expedida por el Ministerio de Transporte, que carecía de registro ante esta entidad, lo que implica que no estaba habilitada para la prestación del servicio público de transporte fluvial de carga o pasajeros; habilitación para la cual, debía cumplir requisitos administrativos, técnicos, de seguridad y financieros, por lo que al no contar con los mismos, se concluye que se divorció del marco legal para ejercer la actividad de movilizar cargas en el ferry; además, que desconocía las condiciones técnicas de su máquina de trabajo, la que según alega el censor, venía operando desde el año 1996, vale decir, que a la fecha del accidente tenía un tiempo de uso de 20 años, periodo amplio, para considerar su desgaste natural, sin que en el plenario obre prueba demostrativa que, pese a que no contaba con el aval del Ministerio de Transporte para operar el ferry, al menos, le hacía mantenimiento a la máquina, o que estaba en óptimas condiciones de funcionamiento, situación que indubitablemente mantenía en constante riesgo al trabajador fallecido, máxime, sin reparar que se trataba de un medio de transporte para cargas pesadas.

Así entonces, al no estar autorizado para navegar, ni estar registrado ante el Ministerio de Transporte, consecuencialmente, carecía de la revisión técnica de la autoridad competente que permitiese establecer que esa embarcación era apta para su labor de transporte, por lo que se echa de menos la certificación que permita determinar que era segura, carga probatoria que le incumbía a la parte demandada. Ahora, a juicio del censor, un aspecto que no tuvo en cuenta el fallador, fue la falta de una prueba técnica al ferry, al respecto resulta desatinada dicha argumentación, pues fue al ejercer su defensa que debió preocuparse por aportar la prueba para abonar que técnicamente la nave fluvial se encontraba en buenas condiciones de funcionamiento, de modo, que no es dable que la negligencia en el cumplimiento del deber de haberle efectuado previamente un examen técnico, con el que al menos había podido tratar de descartar que el accidente pudo ocurrir por fallas mecánicas, quedando en ultimas en evidencia que no velaba por la seguridad en el trabajo. De otro lado, si bien no se logró determinar mediante una

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Radicación n.° 96065 experticia técnica, claridad sobre las razones por las cuales se produjo el naufragio del ferry, esto no es óbice para colegir que este se produjo como consecuencia de la variación de la corriente del rio Mira, ocurrida con ocasión de la construcción de un puente cuya obra dio lugar a la edificación de una pilastra que provocó a que este se tornara caudaloso y se constituyera en un peligro inminente para las embarcaciones que transitaban en su

entorno, situación que no le era ajena a la empresa empleadora, por lo que pudo haber prevenido la ocurrencia del fatídico accidente, mas no lo hizo, puso entonces en riesgo la seguridad de sus trabajadores, entre ellos, el señor José Frison Camacho Segura. Señaló que dicha circunstancia era de conocimiento de la directora administrativa de la entidad demandada, pues en la declaración mencionó que la construcción del puente había sido un problema y que había que plantear otra forma de navegar en el río. Así también lo expuso la jefa del despacho de la empresa al relatar que se habían hundido dos canoas de la comunidad por la fuerte corriente. Sostuvo que la empresa fue indiferente a los riesgos que enfrentaban los trabajadores y omitió adoptar acciones tendientes a prevenirlos. Después de lo cual resaltó que con posterioridad al siniestro implementó medidas correctivas para evitar que se siguieran presentando, así, «[…] prohibió el transporte en el ferry de tracto mulas, que se hace transbordo de la carga y que se pasa en camiones doble troque de 20 o 21 toneladas y en volquetas de 10 o 12 toneladas, como lo afirma la testigo Luz Marina», aun cuando debió hacerlo antes de que ocurriera el accidente. Concluyó que el empleador no cumplió con la obligación de proteger a sus trabajadores, lo cual tuvo una estrecha relación causal con el siniestro y la falta de identificación y

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Radicación n.° 96065 evaluación de los peligros que implicaron los cambios de corriente ocasionados por la intervención del puente, sin

ignorar el descuido de adoptar las medidas de seguridad, de cumplir con su deber de legalizar el funcionamiento del ferry en el servicio de transporte de carga ante el Ministerio de Transporte y además, fue indiferente a la falta de licencia del trabajador para operarlo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Palmeiras Colombia S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que fue presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la empresa impugnante que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque el fallo del juzgado y en su lugar, la absuelva de todo lo pretendido en su contra.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que es replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia recurrida,

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Radicación n.° 96065 […] por violar en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida el artículo 216 del CST, en relación con los artículos 80 a 85 de la Ley 9a de 1979; 55, 56 y 57 CST; 8°, 21°, 22°, 24° y 26° del Decreto 1295 de 1994; 3° de la Ley 1562 de 2012; 63, 64, 1604, 1613, 1614, 1615, 1757 y 2356 del Código Civil; 167 y 176 CGP, aplicables al procedimiento laboral por virtud de la remisión analógica consagrada en el artículo 145 CPT y SS.

Indica la comisión de los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo ocurrido al extrabajador fallecido, señor JOSÉ FRISON CAMACHO SEGURA, fue por culpa de la demandada.

2. Dar por demostrado, sin estarlo que mi representada incurrió en conductas contrarias a la diligencia o cuidado ordinario o mediano que se exige al empleador en materia de prevención de accidentes de trabajo.

3. No dar por probado, estándolo, que el accidente de trabajo ocurrido al extrabajador fallecido, señor JOSÉ FRISON CAMACHO SEGURA, tuvo causa en un típico accidente de trabajo objetivo, derivado de circunstancias ajenas a la diligencia o cuidado ordinario o medianos del empleador en materia de prevención de accidentes.

4. No dar por demostrado, estándolo, que en el accidente de trabajo ocurrido al señor CAMACHO SEGURA, no hubo culpa de

la empleadora PALMEIRAS COLOMBIA S.A. Acusa la apreciación errónea de (i) la comunicación del 25 de junio de 2014 que notificó el cambio de cargo del señor Camacho Segura al de operador de ferry; (ii) la descripción de las funciones del segundo cargo; (iii) la contestación de la demanda, particularmente la respuesta a los hechos 10°, 18, 19 y 26 de la demanda inicial; (iv) el informe de la investigación del accidente de trabajo; (v) el memorando de 7 de abril de 2014 sobre normas de operación y mantenimiento del ferry; (vi) el memorando de 25 de enero de 2016 que acredita la entrega de chalecos salvavidas; (vii) el certificado

expedido por Positiva S.A. que demuestra la afiliación del

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Radicación n.° 96065 fallecido en clase de riesgo alto-IV; (viii) el oficio del Ministerio de Transporte y (ix) las declaraciones rendidas por Miguel Cabezas, Javier de Jesús Manguez, Miller Estacio Rivera, Celso Juan Valverde, Sandra Patricia Acosta y Luz Marina Uribe. Igualmente, reprocha la no apreciación del (i) certificado de existencia y representación legal de la demandada; (ii) la comunicación del 18 de enero de 2016 sobre el uso de elementos de protección como chaleco salvavidas; (iii) concepto técnico de Positiva S.A. sobre la investigación del accidente realizada por la empresa; (iv) el reglamento de servicio del Ferry; (v) las guías de pesaje del tractocamión siniestrada y (vi) el video que registra momentos del accidente. Asegura que frente al deber de diligencia o cuidado ordinario o mediano, el Tribunal no valoró que el trabajador fallecido recibió una inducción, tal y como consta en la comunicación del 25 de junio de 2014 por medio de la cual se notificó el cambio de su cargo al de operador de ferry y demás documentos acusados relacionados con el cargo, como que recibió la entrega de 25 chalecos salvavidas con la expresa observación de que debían permanecer en el ferry y debían ser utilizados por los usuarios. Manifiesta que las exigencias relatadas en el oficio del Ministerio de Transporte, el cual el Tribunal acoge como pilar fundamental de su decisión, hacen referencia al servicio público de transporte, mientras que el ferry en cuestión

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Radicación n.° 96065 prestaba un servicio particular, es decir, para el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, por eso tiene sentido que el operador fuera su trabajador. Explica que el reglamento de servicio del ferry, con la constancia de recibido por parte del trabajador, claramente establece que al capitán u operador le corresponde dirigir el proceso operativo, «[…] vigilando que las normas de seguridad establecidas sean cumplidas», incluyendo las condiciones del rio; que está prohibido el traslado de personas y motos de particulares en el ferry y la canoa de apoyo y, que todo el personal debe hacer uso de los chalecos de seguridad. Indica que el certificado de existencia y representación legal acredita que en su objeto social no está el servicio público de transporte. Aduce que las pruebas documentales y testimoniales acusadas como no valoradas correctamente, dan fe de que el naufragio del ferry tuvo lugar por una mezcla de circunstancias derivadas del caudal del rio y la intervención del Consorcio Vías Nariño para la construcción de un puente, lo cual es totalmente ajeno a la empleadora. Manifiesta que el Tribunal tampoco consideró que, de los pasajeros que estaban en el ferry, lamentablemente el único fallecido fue el señor Camacho Segura que no portaba el chaleco de salvavidas y «[…] quien, al observar la situación, se lanzó del agua con el lamentable infortunio que la

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Radicación n.° 96065 tractomula que transportaba cayó sobre el lugar donde el señor CAMACHO SEGURA se había lanzado».

Indica que en las guías de pesaje del tractocamión siniestrado consta que el ferry trasladó otras tractomulas con peso similar e, inclusive, en horas antes del siniestro sin contratiempos. Por último, estima que, si las pruebas acusadas hubieran sido valoradas correctamente, el Tribunal habría concluido: a. Que el trabajador fallecido, desde el mes de junio de 2014, cuando fue notificado de cambio de cargo como “Operador de Ferry”, recibió la inducción respectiva y que cuando ocurrió el accidente tenía más de 2 años de experiencia. b. Que como Capitán u Operador del Ferry era quien tenía la autonomía para evaluar las condiciones de cada traslado, en concordancia con su deber -ordenado de manera reiterada por la empleadora de velar en su sitio de trabajo por las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, de reglamento de trabajo y demás políticas establecidas de la empresa. c. Que el servicio del ferry no es un servicio público de transporte sino un servicio interno de la empresa para sacar adelante su actividad productiva generadora de empleo, en una región con condiciones de infraestructura vial deficientes y precarias. d. Que no hay prueba que acredite que el trabajador fallecido en el ejercicio de su deber como Operador del Ferry, hubiera formulado aviso alguno de particulares condiciones diferentes a las inherentes al alto riesgo de la actividad. e. Que, inclusive el mismo día del infortunado accidente, la embarcación realizó traslados de vehículos de pesaje que tenía la tractomula que se transportaba cuando ocurrió en el naufragio. f. Que en este caso hay pruebas suficientes de la conducta de la

empresa en el ejercicio de la diligencia o cuidado ordinario o mediano en materia de prevención, siendo el deber del trabajador fallecido en su puesto de trabajo de velar por su cumplimiento. g. Que el desafortunado accidente tuvo causa en un hecho de la naturaleza claramente objetivo y no en la culpa de la empleadora.

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Radicación n.° 96065 Como fundamento de lo dicho cita las sentencias CSJ SL14420-2014 y CSJ SL 8 de agosto de 2003, radicación 20351.

VII. RÉPLICA Señala que en este asunto la responsabilidad es de naturaleza contractual laboral, toda vez que la ocurrencia del riesgo provino por la falta de cuidado y diligencia necesarios del empleador, ya que es este quien está obligado a tomar medidas de seguridad para que no ocurran accidentes.

Precisa que la negligencia o descuido de Palmeiras Colombia S.A., se evidencia en que no capacitó, preparó ni dotó al trabajador en lo mínimo necesario para cumplir sus funciones. Tampoco contaba con una matriz de peligros del puesto de trabajo, ni con un panorama de riesgos y cronograma de actividades de prevención de siniestros, plan de contingencia o de seguridad para evitar siniestros de este tipo, sin que hubiera control empresarial para la utilización de los elementos de seguridad. Destaca que la entidad vulneró la Ley 336 de 1996Estatuto Nacional de Transportepor no contar con los permisos pertinentes ni la documentación legal que se requería, tal y como lo manifestó Gloria Helena Bernal Márquez en su calidad de Coordinadora Grupo de Transporte Acuático.

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Radicación n.° 96065

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que el empleador no acreditó la existencia de un plan o conjunto de medidas de prevención de riesgos laborales relacionados con la operación del ferry, aun teniendo conocimiento del impacto de la construcción del puente en el caudal del río. Sobre todo, reprochó que no contara con el permiso del Ministerio de Transporte para la operación de la embarcación fluvial, ni verificó que el trabajador tuviera la respectiva licencia para ello, por tanto, concluyó que incumplió con los deberes de cuidado, precaución y diligencia que le asistían.

Por su parte, la empresa recurrente asegura que la decisión del Tribunal es equivocada, toda vez que no tuvo responsabilidad en el siniestro, el que fue ocasionado tanto por el acrecimiento del caudal del río y su corriente, como por la intervención del operador del ferry, pues este tenía plena autonomía para dirigir las operaciones y, además, contaba con chaleco salvavidas. Así mismo, sostiene que las pruebas documentales y testimoniales acusadas dan muestra de que sí cumplió con sus deberes de cuidado y diligencia. Pese a que el ataque a la sentencia recurrida se dirigió por la vía indirecta, no hay discusión en que (i) entre la empresa Palmeiras de Colombia S.A. y José Frisón Camacho Segura existió una relación laboral desde el 4 de enero de 2012; (ii) el 21 de diciembre de 2016 este falleció mientras laboraba al servicio de Palmeiras Colombia S.A. en el cargo

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Radicación n.° 96065 de operador de ferry y (iii) Yesenia Aracely Montaño Segura y sus hijos JY, CD y JJCM conformaban su núcleo familiar. Así las cosas, el problema jurídico que la Sala resolverá consiste en determinar si el Tribunal erró al declarar probada la culpa patronal reclamada en la muerte del señor Camacho Segura. a. Sobre el presupuesto de la culpa patronal Esta Sala se ha ocupado del estudio de los supuestos del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo para declarar la responsabilidad por la indemnización plena de perjuicios en los casos de culpa por acción u omisión del empleador. Entre otras, en la sentencia CSJ SL 5154-2020 estimó: 1.1. Sobre la culpa suficientemente comprobada del empleador respecto a una contingencia de origen laboral, la Sala tiene enseñado que: [...] la misma se determina por el análisis del incumplimiento de los deberes de prevención que corresponden al empleador, la cual se configura en la causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral, ya sea que se derive de una acción o un control ejecutado de manera incorrecta o por una conducta omisiva a cargo de aquel (CSJ SL2206-2019). Tomado de la sentencia CSJ SL 51542020. Así las cosas, se debe comprobar de cara a los deberes de prevención de los riesgos laborales que corresponden al empleador y que se configuren como causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral. Para establecerla, se evalúa su conducta, esto es, se valora si actuó con negligencia o no,

en el acatamiento de los deberes de seguridad y protección