CSJ - SL856-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL856-2023 Radicación n.° 82250 Acta 013 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por SP INGENIEROS SAS y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA, contra la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, el 24 de mayo de 2018, en el proceso promovido en su contra, al igual que de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN SA

(PROTECCIÓN) y SEGUROS BOLÍVAR SA, por BEIMER y

JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA, y MARÍA BRICELDA

BARRERA PATIÑO.

En atención a la solicitud elevada por SP Ingenieros SAS, a través de escrito presentado el 23 de febrero anterior, debe la Sala dejar sin efecto el auto proferido el día 4 del mismo mes, en el que se corrió traslado a la citada empresa

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Radicación n.° 82250 para que presentara demanda de casación, ya que por error se hizo dicho requerimiento, al no observarse en el medio magnético que reposa en el folio 34, la demanda impetrada por dicha parte, no obstante que esta en efecto reposa en el gestor documental.

I. ANTECEDENTES

Beimer y Jaime Alexis Palacios Barrera, y María Bricelda Barrera Patiño, demandaron a SP Ingenieros SAS, a Positiva Compañía de Seguros SA, a la Administradora de

Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA —en adelante Protección—, y a Seguros Bolívar SA, pretendiendo de manera principal, que se condenara a la primera, a pagarles la indemnización plena de perjuicios, por el accidente de trabajo sufrido por Jaime Palacios Cruz; igualmente, a reconocerles la pensión de sobrevivientes. En forma subsidiaria persiguieron que se condenara a Protección, a Seguros Bolívar SA y a Positiva Compañía de Seguros SA, al pago de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso del citado señor, y el retroactivo correspondiente, actualizado. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que Jaime Palacios Cruz celebró contrato de trabajo con la empresa SP Explanaciones SA, hoy SP Ingenieros SAS, por duración de la obra o labor determinada, con fecha de inicio del 25 de enero de 2007, para desempeñar el cargo de ayudante de obra en la construcción de la vía de acceso al

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Radicación n.° 82250 plan de Brisas de Cupiagua, con un salario mensual de $820.350; que la labor se celebró en el municipio de Aguazul; que durante la relación se encontraba afiliado por su empleadora a pensiones y una caja de compensación familiar, pero no al sistema de riesgos laborales, limitándose a cancelar los aportes. Señalaron que el trabajador, el 12 de febrero de 2007, aproximadamente a las 5 a. m., tomó la buseta suministrada por la empresa, que lo transportaría hasta el sitio del trabajo,

siendo abordado en el transcurso del viaje por unas personas que lo obligaron a bajarse del bus, posteriormente hallado sin vida en el costado de la vía; que lo anterior fue informado por su empleadora a la ARL, mediante el reporte de accidente; que aquel no contaba con amenazas de muerte; que su empleadora debió percatarse de que las zonas rurales del municipio de Aguazul, mantenían la presencia de grupos al margen de la ley, por lo que sabían sobre las medidas de seguridad que debían prestar al momento del desplazamiento al frente de trabajo. Indicaron que el 26 de octubre de 2007, Protección emitió un dictamen declarando que el origen del accidente fue común, lo cual fue objetado por Seguros Bolívar SA el 29 de noviembre de ese año; que posteriormente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, el 14 de enero de 2008, calificó el hecho de común, decisión modificada por su similar nacional, el 21 de octubre de 2010, teniéndolo como profesional; que en razón de lo anterior, Positiva Compañía de Seguros SA, mediante oficio del 13 de

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Radicación n.° 82250 enero de 2011, dirigido a SP Explanaciones SA, manifestó que las prestaciones derivadas del accidente, no serían reconocidas, toda vez que su empleador no lo afilió a riesgos profesionales; que mediante la Resolución 1293 del 11 de agosto de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se aprobó la cesión de activos, pasivos y contratos

de la ARL del ISS a la Previsora Vida SA Compañía de Seguros; que hasta la fecha, ni la empleadora, su fondo de pensiones ni la ARL, han cancelado las indemnizaciones, prestaciones y pensión a que tienen derecho. Agregaron que el señor Palacios Cruz, convivió de manera permanente por más de 20 años, con María Bricelda Barrera Patiño, con quien estableció estrechos vínculos familiares y de vida en pareja; que aquel se encontraba residenciado en Yopal antes de entrar a trabajar a SP Explanaciones SA, y también residía con sus hijos, con quienes tenía lazos afectivos; que su muerte produjo en su compañera permanente e hijos, dolor y aflicción física y moral por su deceso y partida temprana, afectando no solo su estabilidad emocional, sino económica. SP Ingenieros SAS al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la vinculación con Jaime Palacios Cruz, a través de dos contratos de trabajo por duración de la labor contratada; el cargo desempeñado y el salario; así como su afiliación a la seguridad social en pensiones y salud, aclarando que también lo hizo a riesgos profesionales, realizando el pago de los aportes respectivos; también, el accidente sufrido por el

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Radicación n.° 82250 trabajador el 12 de febrero de 2007, y las circunstancias de modo en que ocurrió; el informe respectivo ante la ARL; y la calificación final del suceso, como de origen profesional. En cuanto a los demás, expresó que el trabajador

recibió inducciones, capacitaciones, así como todo lo referente a salud ocupacional, para lo cual, la empresa contaba con un programa, panorama de riesgos, seguridad industrial, comité paritario, reglamento de higiene y seguridad industrial, así como personal profesional en salud ocupacional; que le suministraba el transporte a los trabajadores de la obra, y si bien el hecho en el que perdió la vida el señor Palacios Cruz, fue calificado como de origen profesional, no tuvo culpa en su ocurrencia, se trató de uno ajeno a la empresa y al desempeño de sus labores, ya que un grupo al margen de la ley se montó al bus preguntando por él, luego lo bajaron, y posteriormente apareció muerto a orillas de la carretera; que no desconoció el orden público, le brindó seguridad a sus trabajadores; que le canceló a María Bricelda Barrera Patiño, las prestaciones y demás derechos del trabajador fallecido; y que no le constaba la convivencia del laborante con la citada señora. Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica de deducir obligaciones y responsabilidad de la demandada; y prescripción. Positiva Compañía de Seguros SA al contestar la demanda, se opuso al pedimento concerniente a la pensión

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Radicación n.° 82250 de sobrevivientes, bajo la consideración de que el trabajador no se encontraba afiliado al momento del accidente de trabajo por parte de su empleadora. En lo referente a los hechos, aceptó el accidente sufrido por el señor Palacios Cruz; y la calificación como de origen

profesional, según el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Respecto de los demás, expresó que el laborante no estaba afiliado a la ARL del ISS en el momento en que ocurrió el accidente, además, la primera cotización se adelantó el mismo día del suceso y con posterioridad a la ocurrencia de los hechos; y que no es del resorte de las administradoras de riesgos laborales, el reconocimiento de prestaciones de los trabajadores que no se encuentran afiliados al Sistema de Riesgos Laborales. Como medios exceptivos propuso los que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, atipicidad del art. 216 del CST para las administradoras de riesgos laborales, inexistencia de la obligación, carencia del derecho reclamado, buena fe, falta de título y causa. Protección al responder la demanda, en cuanto a las pretensiones, se opuso a la relativa al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por los demandantes, dada la calificación de origen de la contingencia sufrida por el trabajador, proferida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (accidente de trabajo).

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Radicación n.° 82250 Tratándose de los hechos, aceptó los relativos al contrato laboral de Jaime Palacios Cruz con SP Explanaciones SA, hoy SP Ingenieros SAS, por duración de la obra o labor determinada; la fecha de inicio; el accidente sufrido por aquel el 12 de febrero de 2007, en el que perdió la vida; y el informe de investigación interna realizado por la empleadora.

En lo atinente a los demás, manifestó que canceló de manera oportuna a los actores, lo correspondiente al auxilio funerario, siendo necesario para la devolución de saldos, que estos realicen el trámite pertinente. En su defensa propuso las excepciones de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación demandada ante Protección y prescripción. La Compañía de Seguros Bolívar SA al responder la demanda, frente a las pretensiones, solamente se opuso a la referente a la pensión de sobrevivientes, expresando que la AFP Protección no está obligada a su pago, pues al ser calificada la causa del fallecimiento del señor Palacios Cruz, como de origen laboral, quien la debe reconocer es el Sistema de Riesgos Laborales. En lo que respecta a los hechos, aceptó que Protección no les ha pagado a los demandantes la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del trabajador, por ser catalogado el accidente como de origen profesional; y que los demás no le constaban, por ser ajenos a su conocimiento.

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Radicación n.° 82250 Como excepciones propuso las que denominó inexistencia de obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Yopal, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 14 de febrero de 2017, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el señor JAIME PALACIOS CRUZ, y la demandada S.P. EXPLANACIONES S.A. hoy S.P.

INGENIEROS SAS, existieron los contratos de trabajo, en la modalidad y condiciones esgrimidas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor JAIME PALACIOS CRUZ, sufrió un accidente de trabajo el 12 de febrero de 2007, por culpa exclusiva de la empresa demandada S.P. EXPLANACIONES S.A. hoy S.P. INGENIEROS SAS. como empleadora del actor, según se indicó pretéritamente.

TERCERO: DECLARAR que el causante señor JAIME PALACIOS CRUZ, no recibió capacitación ni entrenamiento por la demandada, como se concluyó en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: DECLARAR que el accionante trabajador señor JAIME PALACIOS CRUZ sufrió el accidente de trabajo por falta de cumplimiento de las medidas de prevención e incumplimiento de normas de salud ocupacional por parte de la demandada EXPLANACIONES S.A. hoy S.P. INGENIEROS SAS, y por tanto no dio estricto a las normas de seguridad industrial.

QUINTO: DECLARAR que el señor JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA tiene derecho al reconocimiento y pago de los daños y perjuicios causados con ocasión del accidente de trabajo sufrido por su padre, como se indicó pretéritamente.

SEXTO: Como consecuencia de la anterior declaración, se dispone CONDENAR a la demandada S.P. EXPLACIONES S.A. hoy S.P. INGENIEROS SAS, a pagar al señor JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA, la suma de $106.356.542,73, por concepto de indemnización de perjuicios materiales,

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Radicación n.° 82250 correspondientes a lucro cesante consolidado y futuro, en calidad (sic) hijo del trabajador de la accionada. Igualmente CONDENAR a la demandada S.P. EXPLANACIONES S.A. hoy S.P. INGENIEROS SAS, a pagar al actor señor JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA, la suma de $25.000.000, por concepto de perjuicios morales por la ocurrencia del accidente de trabajo de su padre. Así mismo, CONDENAR a la demandada S.P. EXPLANACIONES S.A. hoy S.P. INGENIEROS SAS, a pagar al actor señor JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA, la suma de $20.000.000, como perjuicios por los daños a la vida en relación y con motivo de la ocurrencia del accidente de trabajo, en el cual perdió la viuda (sic) su padre, como se indicó en la motivación hecha.

SÉPTIMO: RECONOCER en favor de los actores señora MARIA

(sic) BRICELDA BARRERA PATIÑO en su calidad de compañera permanente del causante señor JAIME PALACIOS CRUZ, ya (sic) los hijos de este señores BREMIER PALACIOS BARRERA y JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA, la pensión de sobrevivientes por riesgo profesional a cargo de la demandada COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA S.A., y según los montos indicados en la motivación hecha por este despacho, y por los periodos establecidos allí, con las indicaciones de la demostración de escolaridad que deben de hacer los actores.

OCTAVO: CONDENAR a la demandada FONDO DE PENSIONES

Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., a pagar a los demandantes MARIA (sic) BRICELDA BARRERA PATIÑO en su calidad de compañera permanente del causante señor JAIME PALACIOS CRUZ, a los hijos de este, señores BEMER PALACIOS BARRERA y JAIME ALEXIS PALACIOS BARRERA, el saldo de la cuenta de ahorro individual del señor JAIME PALACIOS CRUZ en las cantidades establecidas en la parte motiva de este fallo y como se indicó anteriormente.

NOVENO: CONDENAR a las demandadas SP INGENIEROS SAS y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en costas y agencias en derecho en un 60%, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de $5.000.000 para cada una de ellas y en favor de los actores. Por secretaría liquídese las demás, si a ello hay lugar.

DÉCIMO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción en favor de S.P. INGENIEROS SAS y probadas las invocadas por SEGUROS BOLIVAR (sic) y el FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION (sic) como se indicó en la parte motiva de esta sentencia; y no probadas las demás excepciones propuestas por las demandadas.

DÉCIMO PRIMERO: ABSOLVER a las demandadas de las demás pretensiones de la demanda.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, a través de sentencia del 24 de mayo de 2018, al

resolver los recursos de apelación interpuestos por los demandados, SP Ingenieros SAS y Positiva Compañía de Seguros SA, confirmó la providencia de primer grado. En lo que interesa a los recursos de casación, se tiene, en primer lugar, que concretamente en cuanto a la responsabilidad de la sociedad SP Ingenieros SAS como empleadora, en el accidente de trabajo sufrido por Jaime Palacios Cruz el 12 de febrero de 2017, estableció que encuentra sustento en el art. 216 del CST. Precisó que no se puede ni se debe descontar la responsabilidad civil que se asume de lo pagado por la laboral, por la aseguradora de riesgos laborales, por tener orígenes diferentes, según lo ha señalado la Corte en la sentencia CSJ SL, 8 may. 1997, rad. 3389. Y que la ARL no asume el dolo o la culpa en el accidente de trabajo; al respecto la norma señala, que cuando exista aquella suficientemente comprobada del empleador en el accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero su monto debe descontarse del valor de las prestaciones en dinero pagadas; sin embargo, como en el presente asunto la administradora no ha cancelado ninguna erogación por ese concepto, no hay lugar a realizar ningún descuento.

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Radicación n.° 82250 Indicó que en la responsabilidad ordinaria, el monto de los perjuicios no está tarifado, como ocurre con la laboral objetiva; aquella incluye los perjuicios morales y materiales resultantes, en sus manifestaciones de daño emergente y

lucro cesante, y el perjuicio a la salud como consecuencia del accidente de trabajo o la enfermedad laboral, entendida como el incumplimiento de la obligación contraída en la voluntad de realizar un acto contrario a la ley, sin tener conciencia de ello, la cual se había podido adquirir, usando mayor diligencia sobre las consecuencias de sus acciones. Afirmó que el empleador puede incurrir en culpa por negligencia, imprudencia, impericia o sencillamente por violación de los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Y que, para determinar la clase tratándose de un proceso de responsabilidad en accidente de trabajo o enfermedad laboral, se recurre primero al Código Civil, el cual no la define, sino que la clasifica en tres grados, grave, leve y levísima, según lo establecido por la Corte en la sentencia CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 22175 y CSJ SL, 16 mar. 2005, rad. 23987. Luego se refirió a los arts. 56 y 57 del CST, que consagran las obligaciones de seguridad a cargo del empleador; y señaló, que no existe jurisprudencialmente la presunción de culpa, de modo que le corresponde al trabajador, o a sus sucesores, comprobar suficientemente la leve del empleador, en la ocurrencia del accidente laboral ocurrido el 12 de febrero de 2007.

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Y expresó: Cierto es, que aproximadamente a la (sic) 5:00 a.m. del 12 de febrero de 2007, JAIME PALACIOS CRUZ, trabajador de la

EMPRESA S.P. EXPLANACIONES S.A. hoy S.P. INGENIEROS SAS, tomó la buseta que lo transportaba hasta el sitio de trabajo en el municipio de Aguazul en compañía de otros trabajadores, cuando en el transcurso del viaje unas personas pararon el automotor, lo hicieron descender, dispusieron que los demás continuaran su camino, reteniendo al señor Palacios, quien posteriormente fue hallado sin vida al costado de la vía. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez en Dictamen 9659951 de 21 de octubre de 2010, al desatar la controversia determinó que el origen de la muerte fue profesional (fl. 30). El hecho de movilizarse el trabajador en un vehículo proporcionado por la empresa en compañía de los demás compañeros de labor, por una zona que debido al orden público por la presencia de grupos al margen de la Ley, era vulnerable de cualquier ataque, secuestro o desaparición forzada, ponía en peligro no solo a Jaime Palacios, sino a todos los trabajadores que se disponían a cumplir la labor para la cual habían sido contratados, hecho que no exonera a la sociedad demandada de concurrir al pago de los salarios y demás prestaciones sociales, sino que la obliga junto con la sociedad a proteger a las familias de las víctimas de dichos flagelos. En lo referente a los planteamientos de defensa esbozados por SP Ingenieros SAS al respecto, expresó: Para la sala es evidente entonces, que los argumentos esgrimidos por la demandada SP INGENIEROS SAS, carecen de fundamento, máxime cuando todos los compañeros de trabajo del causante fueron testigos de la presencia de hombres al margen de la ley en

la vía en que se dirigían al sitio de trabajo, que lo dejaron con vida y que posteriormente apareció ultimado a un lado de la vía, echando por el piso el argumento de la demandada cuando pretende justificar que el hecho que cegó (sic) la vida de Jaime Plazas Cruz, devino de su propia imprudencia y culpa comprobada, al no comunicar las amenazas para haber tomado las medidas de seguridad, es decir, que el hecho sucedió por una culpa exclusiva de la víctima, cuando ha quedado demostrado de que se trató de un hecho ajeno a la voluntad del trabajador, porque incluso el flagelo del secuestro y la desaparición forzada hacen extensiva la obligación del reconocimiento y pago de salarios y demás emolumentos laborales, incluso hasta en los contratos a término fijo, luego resulta imperioso confirmar el fallo

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Radicación n.° 82250 recurrido que declaró la culpa patronal y el consecuente pago de las condenas que le fueron propuestas, y, porque se debe recordar que es el empleador en aplicación de la teoría del riesgo creado, quien genera la actividad peligrosa, siendo éste a quien le correspondía obrar con diligencia adoptando las medidas máximas preventivas del caso con el fin de evitar y mitigar los posibles incidentes y accidentes de trabajo. Tampoco hay prueba de que el empleador haya realizado actividades de inspección de seguridad, antes, durante y después con ninguna de las autoridades administrativas ni policivas a través de las cuales se hubiera advertido el peligro y los riesgos pertinentes durante el traslado o la ejecución de la labor, en aras de hacer más seguro, más saludable y más grato el trabajo. La

inspección se debió hacer con la debida antelación antes de distribuir las tareas encomendadas a los trabajadores; lo correcto era haber velado por las condiciones generales de trabajo, acatando las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de las que tenía pleno conocimiento. Es dable resaltar que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de Noviembre de 2011, radicado 15755, ha sido enfática en señalar que si bien el trabajador cumple con una experiencia y el conocimiento propio de años de trabajo, no es posible asumir que por tal motivo se eximente de responsabilidad en caso del accidente de trabajo o enfermedad de manera que el empleador no pueda tomar esta tesis con el fin de eximirse de lo que le atañe, si bien es cierto, en términos del artículo 216 del C.S.T., indica que corresponde al demandante probar la culpa del empleador no lo es menos que también como en el asunto de marras cuando se le prueba a éste una actitud omisiva como causante del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral, le corresponde es a aquel demostrar que no incurrió en las negligencias de las que se le acusan, lo que quiere decir que al trabajador le atañe probar la circunstancia de hecho en las que incurrió su lesión o su enfermedad y que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del mismo, pero por excepción y con arreglo a lo previsto en los arts. 167 del CGP y 1604 del código civil, cuando lo que se denuncia es el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, se invierte la carga de la prueba y es al empleador a quien le

corresponde demostrar que actuó con diligencia y precaución a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores. De otra parte, en segundo lugar, en lo atinente a la responsabilidad de Positiva Compañía de Seguros SA, en el pago de la pensión de sobrevivientes de los demandantes, expresó:

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Radicación n.° 82250 En lo que atañe a la vinculación de la UGPP, considera la Sala importante hacer la siguiente aclaración; con la expedición de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, los cuales reglamentaron el régimen laboral y prestacional de los empleados públicos, reglamentación que tuvo su génesis desde 1964 de manera clara y precisa, la protección de los trabajadores del sector privado en materia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional con el Instituto de Seguro Social hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensionesy desde 1968 la protección para accidentes de trabajo y enfermedad profesional de los servidores del sector público con la Caja Nacional de Previsión Social hoy a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP. Por último y con el objeto de por fin llegar a satisfacer los vacíos existentes se expidió la Ley 776 de 2002, la que estipula normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, además de las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, las cuales serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en

el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación, saltando a la vista que esta entidad no está legitimada para ser parte, como erradamente lo interpretó la demandada Positiva SA.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por SP Ingenieros SAS y Positiva Compañía de Seguros SA, concedidos por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN DEL

INTERPUESTO POR SP INGENIEROS SAS Pretende la recurrente que se case: […] parcialmente la sentencia recurrida, en lo que confirmó la de primera al declarar que existió un accidente de trabajo en la que medio (sic) culpa -leveexclusiva de S.P INGENIEROS S.A.S y la condenó al pago a favor de Jaime Alexis Palacios Barrera de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, y una vez convertida en Tribunal de instancia, revoque la de primera instancia, absolviendo a SP INGENIEROS S.A.S. Ello frente a la prosperidad del cargo invocado.

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Radicación n.° 82250 Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación; replicado por los demandantes y Seguros Bolívar SA.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, los arts. 56, 57 y 216 del CST; así como por aplicación indebida del art. 10 parágrafos 1º y 2º de la Ley 589 de 2000, 2 y 15 parágrafo 3º

de la Ley 986 de 2005. En su desarrollo señala, que el ad quem interpretando los arts. 56, 57 y 216 del CST, considera que es suficiente que se acredite la culpa leve del empleador en la ocurrencia del accidente laboral, para que responda por la indemnización total e íntegra de los perjuicios, sin diferenciación alguna de los riesgos, descartando el conocido por la doctrina y jurisprudencia, como «riesgo excepcional», en el que se requiere acreditar la culpa leve o lata. Afirma que para acreditar la indebida intelección de las normas denunciadas, en las que se funda el fallo, es necesario verificar los hechos que el sentenciador de segunda instancia halló acreditados, los cuales por la técnica del recurso, no se discuten; y que se hace necesario verificar si corresponden jurídicamente a los supuestos de hecho que trae la norma en que se funda la decisión, pues de no corresponder, se presenta un desvío interpretativo que va en contra de la verdadera inteligencia normativa, presentándose

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Radicación n.° 82250 la violación acusada. Sostiene que el accidente de trabajo sufrido por el señor Jaime Palacios Cruz, ocurrió por la intervención de un grupo al margen de la ley, de los que afectaban el orden público de la Nación, teniendo por acreditado el Tribunal, la forma como se produjo la muerte del trabajador. Dice que en la decisión impugnada, se concluyó que el hecho se presentó en una zona en la cual se encontraba alterado el orden público, por presencia de grupos al margen

de la ley; sin embargo, solo le imputa culpa leve al empleador, por la violación de las condiciones generales de seguridad, al no haber adoptado medidas «máximas preventivas», e incluso, no haber realizado medidas de «inspección de seguridad» con autoridades administrativas o policivas, antes, durante y después del traslado del trabajador, por medio de las cuales hubiera advertido el peligro y su magnitud. Añade que el sentenciador de segundo grado, le dio un alcance indebido al art. 216 del CST, al pasar por alto las pautas interpretativas dadas por la Corte, que indican que dicho precepto contempla riesgos genéricos y específicos del trabajo, que dan lugar a la responsabilidad patronal por razón de la culpa leve; y riesgos excepcionales, para el cual el grado de culpa exigida sobre los hechos o sucesos que afecten la vida o integridad del trabajador, requieren acreditarse desde el concepto de la grave o lata. Expresa que frente a los hechos propiciados por grupos

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Radicación n.° 82250 al margen de la ley que alteran el orden público, supuesto que se presentó en este caso, es necesario la acreditación de la culpa grave, por ser un riesgo excepcional, conforme a la adecuada interpretación de la norma, sin que baste la leve, que es cuando se presentan riesgos genéricos y específicos; al respecto referencia la sentencia CSJ SL16367-2014. Sostiene que la Corte en pronunciamientos como el mencionado, plantea como ejemplo de la culpa grave en asuntos como el presente, «el conocimiento cierto y previo del empleador sobre el peligro y su magnitud», y que sin embargo,

este exponga deliberadamente al trabajador a ellos; pero en la decisión recurrida, el Tribunal descartó la culpa grave, al considerar que «el empleador no advirtió el peligro y los riesgos pertinentes, al no haber realizado las actividades de inspección con las autoridades administrativas o de policía […]». En cuanto a los arts. 56 y 57 del CST, y su interpretación por parte del fallador de segundo grado, se interroga si implican como supuesto de hecho, la obligación de modo general u obligaciones especiales del empleador, el brindar la protección y seguridad a sus trabajadores frente a grupos armados al margen de la ley en las zonas en las cuales se encuentra alterado el orden público; y dice que la respuesta es negativa, pues no resulta jurídicamente posible, tener como parte de los riesgos genéricos ni específicos del trabajo, la protección y seguridad por parte del empleador frente a eventuales ataques que pueden tener sus trabajadores por parte de aquellos, por lo siguiente: en

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Radicación n.° 82250 primer lugar, porque el responsable del orden público de la Nación, para controlar las alteraciones propiciadas por grupos armados al margen de la ley, es el Estado por medio de sus autoridades competentes; y en segundo lugar, porque las referidas acciones conllevan para los particulares una obvia y absoluta impotencia para evitarlas, resistirlas o rechazarlas. A partir de ello concluye, que en ninguno de los numerales del art. 57 del CST, se encuentra dicha obligación especial del empleador, ni se enmarca como una general del mismo (art. 56 CST); y tal y como se expuso en forma precedente, el referido hecho constituye un riesgo

excepcional que eventualmente se enmarca dentro de la responsabili