CSJ - SL862-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL862-2023 Radicación n.° 79787 Acta 13 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el BANCO WWB S.A. contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral que instauró ÓSCAR RENNÉ OCAMPO PEDRAZA contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Óscar Renné Ocampo Pedraza llamó a juicio al Banco WWB S.A. para que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual finalizó sin justa causa el día 6 de febrero de 2013. Como consecuencia de lo anterior, se condene a la accionada a reintegrarlo al mismo cargo que desempeñaba o a uno de igual o mejor

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Radicación n.° 79787 categoría, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales que se causen hasta la reinstalación; los perjuicios morales; y las costas del proceso. En respaldo de sus pretensiones, relató que el 19 de junio de 2001 se vinculó a la Fundación WWB S.A., hoy Banco WWB S.A., a través de un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñar el cargo de analista de crédito; y que el 29 de enero de 2013 la demandada le comunicó la finalización de la relación laboral con justa

causa; que el 6 de febrero de 2013 se le dijo que ese día culminaba el nexo, pero que le serían reconocidos sus derechos hasta el 13 siguiente, siendo el motivo de la ruptura el «deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con su capacidad y con el rendimiento promedio de compañeros de trabajo que realizan idénticas labores al interior de la entidad». Refirió que, frente a los requerimientos de la empresa accionada en relación con su desempeño laboral y previo al despido, con escrito adiado 21 de enero de 2013 solicitó una valoración más objetiva del desempeño de sus funciones, en razón a que la que «fue tomada en un tiempo de noviembre de 2011 a noviembre de 2012, con el agravante que en abril del 2012 fui rezonificado nuevamente, quitándome tres barrios que yo manejaba y me asignan un barrio nuevo, con el cual se deteriora mi resultado»; y que esa petición no fue atendida de forma favorable. Señaló que el Banco demandado dio por terminado el

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Radicación n.° 79787 contrato desconociendo su estado de salud, pues tuvo «un historial de ansiedad, estrés laboral, angustia, etc.», lo cual era conocido por el empleador; y que a la fecha de presentación de la demanda continuaba en atención «médica para tratar de superar los problemas médicos y físicos». El Banco WWB S.A. al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la existencia de la relación laboral y sus extremos temporales; y que el demandante «durante el vínculo laboral presentó

eventos de ansiedad, estrés laboral, angustia, entre otros», pero precisó que facilitó los espacios para la recuperación del actor, lo cual ocurrió; y de los demás supuestos fácticos, afirmó que no eran ciertos o que no eran tales. En su defensa, argumentó que siempre cumplió con las obligaciones a cargo de la sociedad; que el contrato de trabajo terminó con justa causa, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, literal a), numerales 6 y 9, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1373 de 1966; que comunicó esa determinación al actor con una anticipación no menor a 15 días, preaviso establecido en el artículo 62 CST, en tanto, la notificación de la decisión de poner fin al vínculo se hizo el 29 de enero de 2013 y el extremo final de la relación corresponde al 13 de febrero siguiente; y que el demandante no presentaba algún tipo de recomendación, restricción médica o dictamen y, menos aún, una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%.

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Radicación n.° 79787 Propuso como excepción previa la de indebida acumulación de pretensiones; y de mérito, las de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia del derecho sustantivo, carencia de acción, falta de causa en las pretensiones de la demanda inicial, pago, inaplicabilidad de la Ley 361 de 1997, compensación, buena fe de la entidad demandada y la genérica. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de

Cali, en audiencia del 8 de octubre de 2015 advirtió que «no se estudió la excepción previa oportunamente propuesta»; (f.°273 Cdno 3), sin embargo, consideró que tal irregularidad se saneó en la medida que la parte interesada guardó silencio, para lo cual haría el pronunciamiento de las excepciones en el fallo que definiera la instancia.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali mediante fallo del 8 de octubre de 2015 resolvió: PRIMERO.- DECLARAR que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, que se ejecutó del 17 de abril de 1995 hasta el 14 de junio de 2011 (sic), siendo terminado con justa causa por parte del empleador. SEGUNDO.- ABSOLVER al BANCO WWB S.A., de las demás pretensiones solicitadas por el señor OSCAR RENNÉ OCAMPO PEDRAZA en su demanda, por los motivos expuestos en esta providencia. TERCERO.- COSTAS a cargo de la parte demandante. Liquídense por Secretaría incluyendo por concepto de agencias en derecho la suma de cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago.

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Radicación n.° 79787 CUARTO.- SÚRTASE el grado jurisdiccional de Consulta a favor de la parte demandante, el que se surtirá ante el Honorable Tribunal Superior de Cali; Sala Laboral. (Negrillas propias del texto)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación del demandante, la

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Cali, con sentencia del 27 de septiembre de 2017, decidió: PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia No. 234 del 08 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, y en su lugar modificar el numeral primero en el sentido de DECLARAR que la relación laboral fue terminada el 13 de febrero de 2013 contraviniendo los lineamientos de la Ley 361 de 1997, en consecuencia, DECLARAR INEFICAZ la terminación de la relación laboral y CONDENAR a el BANCO WWB S.A. al REINTEGRO del señor OSCAR RENNÉ OCAMPO PEDRAZA, en condiciones similares a las que tenía al momento de dársele por terminado el contrato de trabajo, y a PAGAR la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. SEGUNDO. MODIFICAR el numeral segundo de la Sentencia No. 234 del 08 de octubre de 2015, del Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, dejando en firme las prestaciones sociales a las que se condena en esta, y además CONDENAR al BANCO WWB S.A. a pagar en favor del señor OSCAR RENNÉ OCAMPO PEDRAZA, los salarios dejados de percibir, el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, aportes a seguridad social en pensiones y por los aportes a seguridad social en salud, por el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2013 y el 30 de septiembre de 2017, y como consecuencia del reintegro por la terminación ineficaz del contrato de trabajo. TERCERO. COSTAS en ambas instancias a cargo de la parte

demandada, en esta instancia fíjense como agencias en derecho la suma de $2.000.000. (Negrillas propias del texto).

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Radicación n.° 79787 En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem precisó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si entre el Banco WWB S.A. y el señor Óscar Renné Ocampo Pedraza existió una relación laboral; en caso afirmativo, analizar «si se generó un despido sin justa causa en estado de debilidad manifiesta»; y, en este último evento, establecer si hay derecho al reintegro del trabajador. Señaló que la estabilidad laboral reforzada tenía por objeto garantizar el derecho al trabajo de aquellas personas que por su condición de salud se encuentran en un estado de «vulnerabilidad manifiesta», es decir, con «una afectación de su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares y se hacen derechosos de una protección constitucional», que obligaba al empleador a «garantizar el derecho a trabajo en condiciones que se ajusten a al estado de salud» y a no ser despedido sin que medie justa causa. Refirió que dicha protección debía ser eficaz y tenía «un control constitucional más estricto», siendo necesario resguardar a este grupo de personas su derecho al trabajo; y que esa garantía no procedía únicamente frente a quienes cuentan con la calificación de la pérdida de capacidad laboral, tal como lo dijo la Corte Constitucional en sentencia CC SU049-2017, quien indicó que también tenía derecho

toda persona en estado de debilidad manifiesta, aun cuando sea «transitoria y variable».

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Radicación n.° 79787 Expuso el juez plural que frente al «mecanismo idóneo para acreditar la situación de limitación o discapacidad», la Corte Constitucional en sentencia CC C606-2012 explicó que no existía un único medio de prueba y citó un fragmento de esa decisión, junto con la CC T307-2008, en la cual esa corporación señaló que para amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada los requisitos eran: i) que el peticionario se encontrara en situación de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta; ii) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y iii) que el despido se lleve a cabo sin permiso de la autoridad del trabajo correspondiente. Reseñó que en sentencia CC C531-2000 la Corte Constitucional examinó la exequibilidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en la que sostuvo que la terminación del contrato de trabajo en razón a la limitación de salud del trabajador y sin la autorización de la oficina del trabajo, no producía efectos jurídicos y, en ese caso, el empleador debía asumir, además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización sancionatoria, siempre y cuando el empleador conociera de la patología que afectaba al trabajador al momento de finalizar la relación laboral, tal como se afirmó en sentencia CC T447-2013. Indicó que de acuerdo a la demanda inicial y la

contestación de la misma, así como del contrato de trabajo escrito aportado, se encontraba probado que entre las partes se suscribió un contrato individual de trabajo de término indefinido, con fecha de inicio el 19 de junio del 2001, que la relación laboral culminó el 13 de febrero del 2013 (f.° 18 a

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Radicación n.° 79787 23), lo que suponía un error por parte del a quo, quien declaró en su providencia que el nexo se había desarrollado desde el «17 de abril del 2005» hasta el «14 de junio del 2011». Explicó que frente a la «estabilidad laboral» del actor, de las pruebas obrantes en el plenario se desprendía: i) que el demandante el 7 de junio del 2010 fue diagnosticado con una depresión mayor, ansiedad social y estrés laboral, tal como lo evidenciaba la evaluación psiquiátrica realizada por la Fundación Valle del Lili (f.° 42 Cdno. 3), diagnóstico que fue confirmado en una nueva evaluación psiquiátrica realizada por la misma entidad el día 14 de enero 2011, en la que se «describe estar estable en su mejoría de síntomas depresivos, en ocasiones ansioso, pero lo ha manejado bien, tuvo otra discusión con su exjefe que sin embargo produce una crisis de ansiedad que llevó a una incapacidad de dos días, ahora se describe asintomático» (f.° 46 Cdno. 3). Arguyó que también estaba acreditado: ii) que a lo largo del 2011 el actor asistió a diferentes consultas psiquiátricas

con su médico tratante en la Fundación Valle del Lili, para el control y tratamiento de la enfermedad mental, prescribiéndole distintos medicamentos para controlar los estados depresivos (f.° 47 a 58 Cdno 3); iii) que en el año 2012 el accionante continuó con los tratamientos para el mejoramiento de su enfermedad, asistiendo a citas psiquiátricas con su médico (f.° 59, 60, 64 y 65, Cdno. 3); iv) que el 8 junio del 2012 al promotor del proceso se le realizó un examen médico ocupacional periódico, en el que se

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Radicación n.° 79787 consignó que «no se recomienda asignar funciones que le exijan manejo del vehículo» (f.° 63, Cdno 3). Especificó que el acervo probatorio igualmente evidenciaba: v) que el promotor del proceso fue remitido a la organización Mente Sana, para psicoterapia y tratamiento con medicina (f.° 66 a 68, Cdno. 3); vi) que el 31 de enero del 2013 el señor Ocampo fue incapacitado por tres días, debido a su diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión (f.° 69, Cdno. 3); vii) que el 15 de febrero del 2013 en el examen de egreso realizado con motivo de la terminación del contrato, se emitió un nuevo concepto de salud ocupacional, en el cual se recomendaba continuar con el tratamiento con psiquiatría, y se consigna la existencia de una enfermedad común, agravada por el trabajo (f.° 76, Cdno.3); viii) que esas

conclusiones se reafirmaban con el testimonio decretado de oficio, del médico Juan David Méndez Amaya; y ix) que la disminución de la salud psiquiátrica del convocante a juicio continuó tras la terminación del contrato, tal como se evidenciaba de la consulta del 1 de marzo de 2013, en la que se indica diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad, depresión y otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo, para lo cual se consignó que era «paciente con test de ansiedad de larga data exagerada, exacerbada por su situación laboral» (f. 77 Cdno 3). Finalmente esgrimió que lo expuesto se acompasaba con el testimonio de Yesid Fernando Pino Rivas, ex compañero de trabajo del demandante, quién dio cuenta de la presión en el desempeño de las funciones, que el actor

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Radicación n.° 79787 tenía problemas mentales, que fue incapacitado en diferentes ocasiones, y que observó su cambio en la forma de actuar, en razón a que se veía triste y era más callado. Del anterior análisis probatorio, el Tribunal adujo que el actor presentaba un diagnóstico de depresión mayor y de ansiedad desde el 2010; así como trastorno de la personalidad causado por estrés laboral, que lo llevó a un tratamiento con psiquiatría y medicación, lo que le impedía ejercer su labor en condiciones óptimas, razón por la cual «el demandante se encuentra en situación de estabilidad laboral reforzada, de la cual tenía conocimiento el demandado, pues en las pruebas aportadas por este reposan elementos

probatorios que lo dejan así saber, cómo distintas incapacidades y conceptos médicos en los que se mencionaba el diagnóstico del señor Ocampo». Concluyó que el despido del promotor del proceso «se dio siendo este acreedor de los derechos derivados de la estabilidad laboral reforzada, al encontrarse con una evidente disminución de su capacidad mental» y en condiciones de debilidad manifiesta; en consecuencia, se imponía «la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo» y la condena al pago de los salarios dejados de percibir debidamente indexados, prestaciones sociales, vacaciones y aportes a la seguridad social. Frente a la justa causa invocada para la ruptura del nexo de trabajo, expresó que:

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Radicación n.° 79787 […] ciertamente se realizó el procedimiento que regula la ley, no se tuvo en consideración en el momento de este procedimiento la condición de salud que vivía el trabajador, es decir, se enmascara un poco el despido so pretexto que se realizó el procedimiento que determina la ley, mas, en ningún momento se valoró la condición de salud que tenía el trabajador. Igualmente, una vez probado que la terminación de la relación laboral era el demandante sujeto de especial protección por encontrarse con situaciones de debilidad manifiesta, debe por ende la Sala condenar a la entidad demandada Banco WWB S.A al pago de la indemnización de 180 días de salario de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 2007. Por último, respecto a los perjuicios morales dijo que no se probaron, por lo que no era dable imponer condena por

este concepto. En tales condiciones, revocó la sentencia absolutoria de primer grado y, en su lugar, ordenó el reintegro del demandante.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado y provea en costas como corresponda.

Con tal propósito formula un cargo que es replicado.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad interpretación errónea de los artículos 1, 5 y 26 de la Ley 361 de 1997; 1 de la Ley 762 de 2002; 48 y 53 de la CP y 7 del Decreto 2463 de 2001, en relación con los artículos 22, 23, 24, 27, 37, 39, 47, 54, 56, 61, 186, 249, 306 y 307 del CST; 1 de la Ley 52 de 1975; 1 y 99 de la Ley 50 de 1990; y 26 de la Ley 100 de

1993. La censura reproduce algunos apartes del fallo impugnado, e indica que acepta las conclusiones fácticas a las que arribó el Tribunal, resaltando que de las mismas se evidencia que para la fecha de terminación del contrato de trabajo, el demandante no tenía ninguna incapacidad ni recomendación médica, pues la última es del 8 de junio de

2012; y que si bien el accionante desde hacía tres años tenía un diagnóstico clínico, se mantuvo estable por largo tiempo y sólo tuvo una incapacidad de tres días en dicho interregno; además que el contrato de trabajo no fue terminado por razón de su discapacidad, pues ello obedeció a una justa causa o razón objetiva, sumado a que se realizó el procedimiento que regula la Ley para configurar el motivo invocado. Señala que el ad quem erige su condena en la interpretación que sobre la Ley 361 de 1997 ha efectuado la Corte Constitucional en algunas sentencias, pero no tiene en cuenta las posturas de la Sala de Casación Laboral.

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Radicación n.° 79787 Sostiene que la hermenéutica del juez colegiado es manifiestamente equivocada, pues la normativa aplicable instituye la prohibición de la terminación del contrato de trabajo por causa de la discapacidad, deficiencia o minusvalía, que «está instituida frente a casos de despido (i) recientes, (ii) motivados única y exclusivamente en la limitación física, sensorial o psíquica del trabajador y, (iii) y en todo caso, frente a personas con una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda» y no de cara a cualquier enfermedad. Alude que esta Sala de la Corte ha adoctrinado que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagró una presunción en favor del trabajador incapacitado que es despedido, sino que su propósito fue el de proporcionar una adecuada protección a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, como también lograr la rehabilitación e

integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, de tal manera que el precepto citado prohibió la terminación del contrato de trabajo, siempre que la causa eficiente sea la limitación física, sensorial o psíquica del trabajador, tal como se expuso en la sentencia CSJ SL, 14 nov. 2012, rad. 37812, que reiteró la decisión CSJ SL, 16 mar. 2010, rad. 36115, de la cual reprodujo un fragmento. Aduce que el despido del demandante obedeció a una justa causa o razón objetiva y se siguió el procedimiento que regula la ley para configurar la causal invocada, sin que para dicho momento se encontrara incapacitado o calificado o impedido para laborar, por lo que no es cierto que la

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Radicación n.° 79787 enjuiciada debió solicitar el permiso al Ministerio de Trabajo y que por no haberlo hecho el despido se tornara ineficaz. Destaca que no existe una protección para todo trabajador que se considere disminuido física, sensorial o psíquicamente, puesto que lo que está prohibido es la terminación del contrato, sin autorización de ese ente administrativo, siempre que el despido sea motivado única y exclusivamente en la limitación y no cuando obedece a razones objetivas, como sucede en este caso, ni cuando a la terminación del nexo el actor no se encontraba incapacitado ni con una pérdida de capacidad laboral calificada. Afirma que acorde con lo establecido el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 y la jurisprudencia de esta Sala, «los

antecedentes médicos del demandante reconocidos por el Tribunal no son por sí solos generadores de la especial protección que emana del inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997», de tal suerte que no es cierto que por el hecho de que el trabajador se encuentre en una situación de afectación de su salud, adquiera per se la estabilidad laboral reforzada. Expone que, para determinar el nivel de minusvalía, discapacidad o invalidez, se requiere inexorablemente de una prueba científica que el legislador denomina dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, que en este asunto no existió ni se practicó, tal como lo reconoce el juez plural.

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Radicación n.° 79787 Expresa que en este asunto no se discute que al momento de la terminación de la relación de trabajo no había la calificación previa de la pérdida de capacidad laboral, por tanto, no es admisible que se ordene el reintegro. En sustento de lo anterior, reproduce un fragmento de la sentencia CSJ SL, 30 ene. 2013, rad. 41867. Pone de presente que de ser cierto que el simple conocimiento del estado de salud de un trabajador que tiene una patología genere una «inmunidad frente al despido» sin autorización del inspector de trabajo, implicaría la instauración de una protección reforzada y generalizada, no consagrada por el legislador; y sobre el particular, trae a colación la sentencia CC T-647-2015, de la cual cita un aparte. Advierte que la tesis del Tribunal, en la práctica, conduce a la imposibilidad de finalizar un contrato de un

trabajador con cualquier tipo de enfermedad, así la determinación del empleador no sea por motivo de su limitación sino por una razón objetiva, lo que atenta contra la generación de empleo en el país y «desestimula a los empleadores socialmente responsables», lo que a la postre genera un perjuicio para los trabajadores. Concluye que el ad quem interpretó de manera errónea los preceptos referidos, lo que condujo a aplicar indebidamente las disposiciones enlistadas en la proposición jurídica.

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Radicación n.° 79787 Agrega que, como consideraciones de instancia, de las pruebas aportadas al proceso se deriva que la justa causa invocada por la demandada para poder terminar el contrato de trabajo con el demandante tuvo plena ocurrencia; que se agotó el trámite establecido en el artículo 2 del Decreto 1373 de 1966; y que entre la notificación de la ruptura del nexo y el momento en el cual se llevó a cabo, trascurrieron los 15 días de preaviso exigido por la ley, conforme a la causa invocada relativa al deficiente rendimiento.

VII. LA RÉPLICA El demandante se opone a la prosperidad del cargo, y en dicho sentido aduce que en el presente asunto opera la estabilidad laboral reforzada, en razón a la afectación de salud que lo aquejaba, de allí que lo decidido por el Tribunal se encuentra ajustado a derecho.

VIII. CONSIDERACIONES Se recuerda que el Tribunal consideró que el trabajador para el momento del finiquito contractual por parte de la empresa, estaba amparado por la estabilidad laboral

reforzada, al encontrarse en un estado de debilidad manifiesta, en razón a la «disminución de su capacidad mental», de allí que con independencia de que el nexo de trabajo hubiera finalizado formalmente por una justa causa, resultaba procedente activar la protección y ordenar el reintegro del demandante por las afecciones o trastornos mentales que padecía y el tratamiento psiquiátrico que se le

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Radicación n.° 79787 seguía. Por su parte, la sociedad recurrente funda su reproche en la interpretación errónea que el juzgador de alzada le dio al elenco normativo que conforma la proposición jurídica, particularmente al artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues considera que se apartó del criterio de la Corte sobre su intelección, en tanto, que no es cualquier tipo de afección de salud la que genera la protección, máxime cuando como sucede en este caso, no hay calificación de una pérdida de capacidad laboral, sin que sea dable considerar que el motivo de la terminación del vínculo obedeció a su situación de salud, habida cuenta que el nexo culminó para la empleadora por la ocurrencia de una justa causa o razón objetiva y siguiendo el procedimiento legal que regula la causal invocada. Así las cosas, le corresponde a la Corte definir desde el punto de vista jurídico, si el juez de segundo grado interpretó erróneamente la ley sustancial, en cuanto a la protección de la estabilidad laboral reforzada regulada por la norma señalada, al estimar que resultaba procedente el reintegro

solicitado sin miramiento al nivel de afectación de salud del trabajador ni al motivo de la terminación de la relación laboral, ya que la «disminución de su capacidad mental» generaba la debilidad manifiesta del trabajador demandante. Así las cosas, en primer lugar, debe decirse que, no es cualquier quebranto de salud lo que hace merecedor al trabajador de la garantía a la estabilidad laboral reforzada

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Radicación n.° 79787 prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues se requiere para dar cabida a esa especial protección, que se cuente con una discapacidad relevante, notoria o grave, que impida desarrollar la labor asignada. Sobre este tópico, la Corte ha considerado que para ser objeto de las garantías contenidas en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 es necesario que el trabajador padezca una situación de discapacidad relevante, debidamente conocida por el empleador, y que la terminación del vínculo obedezca a dicha condición de salud. En sentencia CSJ SL5109-2020, en la que se reiteró lo dicho en decisión CSJ SL2841-2020, en cuanto a los trabajadores destinatarios de esta protección, se adoctrinó: a) Quiénes son los sujetos de protección de la estabilidad laboral regulada en el art. 26 de la Ley 361 de 1997: Para absolver esta pregunta, la Sala se remite a lo que ya tiene definido de forma pacífica sobre el punto, no sin antes traer el artículo 261 de la Ley 361 de 1997, a saber: “ARTÍCULO 26. En ningún caso la limitación de una persona

podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha [discapacidad] sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona [en situación de discapacidad] podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su [discapacidad], salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo2 No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su [discapacidad], sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una 1 Este artículo fue modificado por el artículo 137 del D. 19 de 2012, mediante el cual se le agregó este inciso: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado el contrato. Siempre se garantizará el derecho al debido proceso”. Inexequible, sentencia CC C744-2012. 2 Aparte subrayado declarado exequible en sentencia C-531 de 2000.

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Radicación n.° 79787 indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren3”. La hermenéutica del precitado precepto para identificar a los sujetos destinatarios de la protección la viene haciendo la Sala

dentro del campo que abarca la finalidad del legislador con la expedición de la Ley 361 de 1997, la que se refleja en el mismo título de la ley: “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones” y a los principios que orientan dicha regulación contenidos en los artículos 1 al 5 que a su vez remiten a normas internacionales de derechos humanos. La Sala tiene explicado pacíficamente que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 protege a las personas “en condición de discapacidad, es decir que «solo aplica a quienes tengan una [discapacidad] física, psíquica o sensorial en los términos previstos en dicha normativa”, pero no, respecto de cualquier limitación o discapacidad, sino ante aquella que se considera relevante por reducir sustancialmente las posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en este, siguiendo el contenido del art. 1 del C159 de la OIT (ver sentencia CSJ SL17945-2017). Por esta razón, en un principio, el ordenamiento jurídico optó por fijar los niveles de limitación moderada, severa y profunda (artículo 5º reglamentado por el artículo 7º del D. 2463 de 2001 vigente para la época del despido del actor), a partir del 15% de la pérdida de la capacidad laboral, con el fin de justificar la acción afirmativa en cuestión, a quienes clasifiquen en dichos niveles. Aquí, la Sala aclara que prefiere usar el término discapacidad

relevante para identificar al sujeto de la protección a la estabilidad laboral del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y no, el de invalidez que traen el C159 y las R. 99 y 168 de la OIT, para diferenciarlo del sujeto beneficiario de la pensión de invalidez que regula la normatividad de la seguridad social de origen interno. 3Este inciso fue declarado exequible en la sentencia C-531 de 2000, “…bajo el supuesto d