CSJ - SL865-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL865-2023 Radicación n.° 94641 Acta n° 13 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral que RAMÓN GUILLERMO ZABALA ARANGO y FABIOLA DE LA EUCARISTÍA AGUIAR DE ZABALA promueven contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Los citados accionantes demandaron a Axa Colpatria Seguros de Vida S.A., con el fin de que se declare que les asiste derecho a percibir la pensión de sobrevivientes generada con ocasión del fallecimiento de su hijo Eider

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Radicación n.° 94641 Alonso Zabala Aguiar; en consecuencia, se condene a su pago a partir del 25 de octubre de 2015, fecha del deceso del causante; los intereses moratorios, en subsidio, la indexación; lo que resulte probado ultra o extra petita; y las costas del proceso. Fundamentaron sus pretensiones en que fruto de su unión nació Eider Alonso Zabala Aguiar el día 25 de agosto de 1980; que su hijo laboraba para la empresa Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S; y que prestando sus servicios a ese empleador sufrió un accidente laboral que le provocó su muerte el 25 de octubre de 2015.

Manifestaron que en el año 2016 solicitaron a la accionada la pensión de sobrevivientes, la cual les fue negada a través de la comunicación del 27 de abril de ese año; y que el motivo aducido era que el causante les suministraba una simple contribución económica de un buen hijo. Añadieron que el referido descendiente era la persona encargada del sostenimiento del hogar, para lo cual les brindaba una ayuda económica y, que, si bien su progenitor cuenta con algunos ingresos, éstos no son constantes. La accionada, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones. Frente a los hechos, aceptó la data en que, consecuencia de un accidente laboral, falleció Eider Alonso Zabala Aguiar, y la solicitud efectuada por los accionantes; y de los demás supuestos fácticos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban.

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Radicación n.° 94641 En su defensa, arguyó que los padres son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes siempre y cuando hubieran dependido económicamente del causante, exigencia que no fue acreditada en este asunto, pues los convocantes al proceso residen en un inmueble de su propiedad, tenían ingresos propios, cuentan con la ayuda de otros hijos, aunado a que el finado sólo llevaba cinco días laborando, de allí que no podría estimarse que su contribución económica fuera significativa o esencial. Propuso como excepciones las de inexistencia de derecho en favor de los demandantes, ausencia de dependencia económica, inexistencia de la obligación, buena

fe, prescripción, improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios o indexación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida el 26 de abril de 2021, condenó a AXA Colpatria Seguros de Vida S.A. a pagar a favor de los demandantes la pensión de sobrevivientes, a partir del 25 de octubre de 2015, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual, junto con una mesada adicional y los reajustes de ley, en proporción del 50% para cada uno; impuso la indexación de las sumas adeudadas; autorizó el descuento de los aportes en salud; y fijó las costas a cargo de la parte vencida.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apeló la demandada y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia calendada 30 de septiembre de 2021, confirmó el fallo condenatorio de primer grado e impuso a la impugnante las costas de la alzada.

El ad quem adujo que, conforme a lo esgrimido por la accionada, el problema jurídico a resolver se contraía a definir si los promotores del proceso eran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso de su hijo Eider Alonso Zabala Aquiar, por un accidente de trabajo. Expresó que, conforme a las pruebas allegadas, estaba acreditado que los demandantes son los progenitores del citado afiliado, quien falleció el 25 de octubre de 2015; que

para el momento de su deceso estaba asegurado a la ARL accionada; y que esa entidad argumentó que los padres no demostraron que dependían económicamente del finado. El Tribunal explicó que conforme al artículo 11 de la Ley 776 de 2002, se remitía al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, que prevé que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los progenitores del causante si dependían económicamente del afiliado. El colegiado aludió a la sentencia CSJ SL5605-2019, en la que se indicó que la sujeción monetaria que se exige debe

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Radicación n.° 94641 ser cierta y no presunta, como también regular o periódica y significativa; así mismo, mencionó la decisión CSJ SL35732021, respecto a que la existencia de un ingreso propio a favor de uno de los padres no descarta su condición de beneficiario de la prestación. El juez plural se remitió a los interrogatorios practicados a los demandantes y dijo que de lo expresado por los absolventes no se desprendía una confesión, pues lo único que indicó el padre era que para el momento de la muerte del afiliado tenía arrendado un inmueble, por lo que recibía la suma de $120.000; y frente a lo aducido por Fabiola de la Eucaristía Aguiar Chavarría, el juez colegiado expresó: Escuchado el interrogatorio de la demandante se advierte que a minutos 18.25 a 24:53, el juez procedió a indagar acerca de la

dependencia economía (sic) de los padres respecto al hijo, y el episodio que genera confusión se generó (sic) cuando el a-quo hizo la siguiente pregunta: ese trabajo de don Ramón de la agricultura, les daba recursos económicos para sostenerse, para conseguir su comida y vestido? Respondió: sí señor, porque el cogía sus frutos y los vendía, hacía la platica. Luego, preguntó si les cubría sus necesidades básicas? a lo que respondió: sí señor. Avanzada la misma declaración la interrogada señaló que su hijo siempre les ayudó. Este aspecto particular mereció la valoración del a-quo, y en su análisis tuvo en cuenta que no podía extraerse una confesión, pues más allá de lo dicho por la declarante tales afirmaciones se dieron en un entorno de confusión, debiendo agregar esta Sala que estudiado el interrogatorio en su conjunto más allá de la respuesta a estas dos preguntas, la versión sostenida por la declarante es que su hijo siempre colaboró con su trabajo cuando laboró en la finca con el padre o con su aporte económico para el mercado y los servicios cuando laboró para otras personas. Antes de finalizar con la valoración de esta prueba se advierte que no existió en la declarante un ánimo de engaño y en ella existió transparencia, confesando hechos que podrían llegar a serle desfavorables como que su cónyuge recibía un pago por arrendamiento, como que en la actualidad recibe un subsidio por

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Radicación n.° 94641 parte del Gobierno Nacional que le sirve para su sostenimiento económico. Aludió a los testimonios de Olga Zabala Aguiar y

Alejandra Zabala Herrera, y el juez colegiado expuso que, si bien tenían «familiaridad» con los accionantes, lo que podría afectar su credibilidad, lo cierto era que en sus dichos no se evidenciaba el interés en ocultar información, tan es así que indicaron que el progenitor tenía unos ingresos propios pero explicaron que el apoyo del causante era determinante para cubrir la alimentación y los servicios públicos, respecto de los cuales él suministraba $250.000. Así mismo, resaltó el ad quem: Finalmente, si causara suspicacia lo dicho por estas testigos, se tiene el testimonio del señor Víctor Eugenio Agudelo Bustamante, quien afirma conocer la familia desde hace más de 30 años y que con total desprevención indica que sabe que el demandante dedicó su vida a la agricultura, oficio que no desempeña hace aproximadamente 12 años, lo que sabe porque fue su vecino en la finca, por lo que dependía de un local que tenía arrendado y de la ayuda de su hijo, quien al igual que su padre se desempeñaba en la agricultura y en algunos momentos se vinculó al mercado formal, aportando al hogar la alimentación. Antes de finalizar, advierte la Sala que desde la contestación de la demanda se advirtió que atendiendo al poco tiempo que llevaba el actor vinculado al empleador, era posible que contara con la posibilidad económica de generar una dependencia, sin embargo, acoger esta afirmación implicaría desconocer un aspecto demostrado con los testimonios y es que padre e hijo laboraron juntos como agricultores y este aporte en trabajo del último ayudaba al sostenimiento del hogar, a través de la venta y el

consumo de los productos producidos. Una vez estudiadas las anteriores pruebas, coincide la Sala con la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia, puesto que las mismas dan cuenta que si bien el padre del causante tenía un ingreso económico propio este no resultaba suficiente para la satisfacción de sus necesidades propias y las de su cónyuge y en ese entorno era necesario el apoyo económico de su hijo quien cubría con una periodicidad mensual el costo de

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Radicación n.° 94641 la alimentación y los servicios públicos, necesidades que luego de la muerte de éste, fueron asumidas por otros hijos y como lo indica la madre con subsidios gubernamentales. Por lo anterior, se confirmó el fallo condenatorio de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Sala case la sentencia proferida por el Tribunal para que, en sede de instancia, revoque en su integridad el fallo del juzgado y, en su lugar, absuelva a la accionada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Con tal propósito, presenta tres cargos, de los cuales los dos primeros son replicados; y se resolverán en el siguiente orden: inicialmente el último ataque dirigido por la senda fáctica, y luego de forma conjunta, los dos restantes orientados por la vía directa, los cuales denuncian similar elenco normativo, la sustentación se complementa y persiguen igual cometido.

VI. CARGO TERCERO Por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación

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Radicación n.° 94641 indebida, acusa la vulneración de los artículos 11 de la Ley 776 de 2002, en concordancia con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, y artículo 16 del Decreto 1889 de 1994. Como errores fácticos cometidos por el juez plural señala los siguientes:

1. Dar por demostrado, no estándolo, que los demandantes dependían económicamente del causante.

2. No dar por probado, estándolo, que los demandantes poseen 2 inmuebles, uno en el que residen y el otro que alquilan y reciben el valor del arriendo.

3. Dar por probado, sin estarlo, que el causante sufragaba todos los gastos de los actores.

4. No dar por probado, estándolo, que el señor Ramón Zabala se dedicaba a la agricultura y contaba con sus propios ingresos.

5. No dar por probado, cuando lo estaba, que los accionantes no se encontraban como beneficiarios del causante en el sistema de seguridad social.

6. No dar por probado, cuando lo estaba, que el afiliado solo llevaba 5 días trabajando y no había recibido su primer salario.

7. Dar por probado, cuando no lo estaba, que el causante contaba con ingresos para mantener a sus padres.

Manifiesta que los anteriores desaciertos fueron consecuencia de la mala apreciación de las siguientes piezas del proceso y pruebas: demanda inicial y su respuesta; comunicación del 27 de abril de 2016 remitida por la empresa accionada a Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S.;

confesiones de los demandantes en el interrogatorio de parte; los testimonios de Olga Zabala y Alejandra Zabala.

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Radicación n.° 94641 Y denuncia la falta de valoración de: el certificado de afiliación a la ARL; la comunicación del 19 de junio de 2019 remitida por la Nueva EPS al juzgado de conocimiento; la radicación de vinculación a Compensar; y el formato de novedades de la Nueva EPS. En la demostración del ataque la censura aduce que los accionantes en los interrogatorios de parte confesaron que: -Su condición de vida no sufrió ninguna mengua con el fallecimiento del causante. Por el contrario, la señora Fabiola expresó la mejoría de sus condiciones económicas con posterioridad al fallecimiento de su hijo. -La accionante confesó que su cónyuge se dedica a actividades de agricultura. -El padre del causante explotaba un predio rural del cual obtenía su sustento y el de su esposa, y cuya explotación le permitía incluso remunerar los servicios de su hijo fallecido Eider Alonso. -Confesaron que eran propietarios de su propia vivienda y de un local comercial de cuyo alquiler obtenían una renta que destinaban a su sostenimiento. -Confesaron que reciben un subsidio por parte del Gobierno Nacional para su sostenimiento. Expone que el juez colegiado valoró con error esas confesiones, en tanto de esa probanza no se advierte alguna confusión de la demandante, en la medida que emerge que admitió la existencia de recursos propios, como también su condición de propietarios del inmueble que habitan y de un

local que les genera un ingreso. Expone que en la demanda inicial, específicamente en el hecho séptimo, los promotores del proceso reconocieron

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Radicación n.° 94641 que el causante les proporcionaba una simple ayuda; que en la respuesta a esa pieza del proceso se puso de presente que el finado trabajó de manera esporádica, de allí que no podía sostener monetariamente a sus progenitores; y que los certificados allegados dan cuenta que no eran beneficiarios en el sistema de salud del afiliado ni fueron relacionados por éste en la Caja de Compensación Familiar. Aduce que de las probanzas también se colige que los gastos funerarios fueron asumidos «por un plan exequial tomado por una de las hijas de los demandantes […] lo que da cuenta que ella contaba con ingresos». Así mismo, que el causante sólo llevaba laborando cinco días, sin que estuviera acreditado que hubiera tenido otros trabajos u ingresos para de esta manera poder brindar un sostenimiento a sus progenitores. Pasa a referirse a los testimonios y considera que en el proceso no tienen respaldos sus dichos, relativos a que el finado aportaba $250.000 mensuales a sus ascendientes. Agrega que las condiciones de vida de los promotores del proceso no se vieron afectadas y reitera que a los demandantes no les asiste el derecho a la pensión reclamada.

VII. CONSIDERACIONES La controversia en casación, por la vía de los hechos, consiste en dilucidar si se equivocó el fallador de segundo grado al dar por acreditada la dependencia económica de los

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Radicación n.° 94641 accionantes, respecto de su hijo fallecido. Previamente a adentrarse la Corte en el análisis de los medios de convicción enlistados en los cargos, importa recordar que, si bien el artículo 60 CPTSS les impone a los jueces la obligación de analizar todas las pruebas aportadas en tiempo, lo cierto es que también están facultados para darle preferencia a las que les brinden mayor certeza, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso «no se podrá admitir su prueba por otro medio». Así mismo, se ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia donde libremente se pueda discutir las pruebas del proceso y en el que sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las mismas, pues el análisis de la Corte se limita a los elementos probatorios calificados legalmente, con el fin de verificar la existencia de un error trascendente y protuberante u ostensible. De ese modo, sólo en la medida en que el juez de segunda instancia incurra en errores manifiestos de hecho, que tengan incidencia en su decisión, es que resulta posible el quebrantamiento del fallo impugnado. Tal yerro fáctico, según lo tiene adoctrinado la Corte, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 11 feb. 1994, rad. 6043, es aquel que: […] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por

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Radicación n.° 94641 cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida. De igual manera, la jurisprudencia ha estimado que la carga de la prueba de la dependencia financiera corresponde a los padres-demandantes, en cambio el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los ascendientes para solventar sus necesidades básicas atañe a la administradora de pensiones demandada (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026). En este orden de ideas, procederá la Corte al análisis objetivo de las pruebas calificadas denunciadas, las cuales muestran lo siguiente: - Interrogatorios de los demandantes. En la casación del trabajo el interrogatorio de parte es prueba calificada sólo en la medida que contenga confesión, es decir, cuando las respuestas del absolvente versan sobre hechos que le producen consecuencias jurídicas adversas o favorezcan a la parte contraria, que en este caso sería la demandada, conforme al artículo 191 del CGP. En dicha probanza, la absolvente Fabiola Eucaristía Aguiar de Zabala, manifestó lo siguiente: ¿Qué trabajos le conoció a su hijo Eider Alonso? Contestó: pues él trabajaba en una empresa […] de EPM y después con ese señor en la carretera, él le gustaba trabajar […] pues él trabajó en EPM y trabajó siempre un tiempito, bastante; de ahí el papá consiguió

una finquita por ahí arrendada como por dos años y le ayudaba a

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Radicación n.° 94641 trabajar ahí y ya el papá entregó esa finca y él siguió buscando trabajito […] jornaleando. Por otra parte, dijo que su cónyuge trabajó en una finca en la agricultura, sin saber el valor de sus ingresos, explicó que en razón a su edad y sus enfermedades ya no efectuaba labor alguna. Expresó que después de la muerte del afiliado, las hijas «nos han ayudado con poquito, nos han ayudado y a mí me llega una platica de la tercera edad»; adujo que el causante ayudaba con los gastos del mercado y servicios, suministrando lo necesario de manera periódica, que compraba alrededor de 200.000; dijo que antes de su fallecimiento no recibía colaboración de otros hijos y precisó que una hija les cancelaba un arriendo por valor de $120.000 mensuales. Añadió que Eider Alonso siempre nos «colaboraba a nosotros», que de lo «poquito que ganaba» les ayudaba. Y el accionante Ramón Guillermo Zabala Arango, en el interrogatorio absuelto, expresó que su hijo «trabajó mucho ahí en la finca y yo le pagaba el jornalito también». Además, cuando se le preguntó si «en la época en que falleció Eider usted todavía trabajaba?», dijo que: «No, estábamos aquí en la casa». De lo expresado por los demandantes la Corte no advierte un error protuberante del Tribunal, pues sus afirmaciones no conllevan el reconocimiento de una

independencia económica, como lo sostiene la entidad recurrente, pues allí los absolventes explicaron que, previo a esa vinculación laboral formal del afiliado, éste realizaba unas actividades en la finca y tuvo otro trabajo, a efectos de obtener unos ingresos para solventar sus gastos y apoyar el

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Radicación n.° 94641 sostenimiento del hogar. Aquí, debe indicar la Corte que esa situación en particular, esto es, laborar en la finca en que habitaba, lo que deja en evidencia es que los accionantes requerían de la contribución y ayuda del afiliado, lo cual se materializaba en la labor personal que ejecutaba en la finca, pues esa era la forma a través de la cual lograban obtener ingresos como parte del sustento económico del hogar. Por otro lado, si bien los padres indicaron que recibían la suma de $120.000 por concepto de una «pieza arrendada a una hija», como también que el progenitor laboró en actividades de agricultura, estas situaciones no fueron desconocidas por el ad quem y ello tampoco muestra una confesión de autosuficiencia financiera, en la medida que a lo largo de la diligencia la accionante expresó que el finado siempre les ayudaba, de modo que debe entenderse que necesitaban de ingresos de diversas fuentes para lograr atender las necesidades mínimas del núcleo familiar. A lo que se suma que el señor Ramón Guillermo Zabala Arango precisó que ya no trabajaba para el momento de la muerte del causante. Y si bien la Sala no desconoce que la demandante reconoció que también percibe un subsidio

económico del Gobierno, no puede dejarse de lado que ello lo informó refiriéndose a los ingresos o fuentes de sostenimiento que tenía al momento de absolver el interrogatorio, de modo que no es dable estimar que ese ingreso también lo recibía con antelación al deceso del

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Radicación n.° 94641 causante. Cabe recordar, en todo caso, que la jurisprudencia de esta Sala no descarta el presupuesto de sujeción económica por el hecho de que los padres percibieran ingresos propios, siempre que eso no la convierta en autosuficientes, como lo dedujo acertadamente el ad quem. Así se expuso en sentencia CSJ SL16754-2014, reiterada en decisión CSJ SL2845-2018. Dicho de otra manera, las citadas pruebas no contradicen lo deducido por el juez plural, sino que lo avala, en cuanto a que la ayuda económica que le suministraba el causante a sus ascendientes era cierta y no presunta, regular y periódica, además significativa respecto de los ingresos totales que percibía el grupo familiar, pues constituía un verdadero soporte o sustento económico. - Demanda inicial. Al remitirse la Corte al hecho séptimo del escrito de acción, se observa que allí se indicó:

SÉPTIMO: Los señores RAMÓN GUILLERMO ZABALA ARANGO y FABIOLA EUCARISTIA AGUIAR DE ZABALA dependían económicamente de su hijo desde que este inició a laborar, hasta la fecha de su fallecimiento. Debido a que el señor RAMÓN GUILLERMO recibe pocos ingresos y era complicado sustentar los

gastos del hogar Y la necesidad básica de su esposa FABIOLA EUCARISTIA AGUIAR DE ZABALA debido a la situación económica en el hogar del señor EIDER ALONSO ZABALA AGUIAR aportaba a los gastos de sus padres y de esta manera alivianar la carga económica de su hogar. Lo anterior será sustentado mediante los testigos que se aportan a la presente demanda. (Negrillas propias del texto)

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Radicación n.° 94641 De lo plasmado por los accionantes no se desprende la confesión a que alude la censura, en la medida que allí se afirma que dependían económicamente del causante, y si bien más adelante reconocen la existencia de unos ingresos a favor del padre, se precisan que son exiguos e insuficientes para el sostenimiento del hogar, al punto que requerían del aporte de su hijo. En ese orden de ideas, lo que hacen los demandantes es contextualizar su situación familiar, reconociendo la existencia de unos ingresos propios, pero explicando que son insuficientes para obtener una autonomía o independencia monetaria. -Respuesta a la demanda inicial. La sociedad recurrente arguye que en esa pieza procesal se adujo que el causante trabajó de manera esporádica, de allí que no era posible que brindara, de forma continua, un apoyo económico. Frente a lo aseverado por la censura, basta con decir que lo plasmado en la contestación de la demanda no es útil o suficiente para configurar un error manifiesto de hecho en casación, pues simplemente corresponden a los argumentos de defensa y planteamientos expuestos por una de las partes

del proceso, dirigidos a obtener un resultado favorable a sus intereses.

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Radicación n.° 94641 Al efecto, vale la pena reiterar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia sobre esta clase de manifestaciones de la parte, y en sentencia CSJ SL, 20 may. 2004, rad. 22168, se expresó: Sobre el particular, cabe precisar que lo pretendido por el impugnante no resulta admisible, pues como lo ha explicado la Corte reiteradamente las afirmaciones que en su favor efectúen las partes en la demanda o en su contestación, aparte de que no son constitutivas de confesión, no pueden servir de prueba de los hechos en que fundan las pretensiones o las excepciones, pues corresponden a simples declaraciones de parte interesada. - Comunicación del 27 de abril de 2016. Esta prueba, como lo reconoce la censura, fue elaborada por la accionada y hace relación a una misiva remitida a Mantenimiento y Seguridad Vial S.A.S. con fecha 27 de abril de 2016, en donde informa que después de finalizar el proceso de «validación de beneficiario de la pensión de sobrevivientes del afiliado EIDEER ALONSO ZABALA AGUILAR», coligió que «no existe beneficiario de esa prestación». En ese orden de ideas, la aludida probanza, para los fines que persigue la recurrente, esto es, demostrar la ausencia se sujeción financiera, carece de fuerza persuasiva, en la medida que ello equivaldría a avalar que la parte interesada cree su propia prueba acorde a sus intereses. Sobre dicho tópico la Sala, en sentencia CSJ SL, 4 sep. 2002,

rad. 16168, indicó que «el documento en que se expresa por una de las partes la ocurrencia de un hecho que le favorece,

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Radicación n.° 94641 no es prueba de su existencia, porque ello iría contra el principio según el cual la parte no puede fabricar su propia prueba», y en decisión CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 31637, se expuso «[…] no se puede soslayar lo que antaño ha sostenido esta Corporación en torno a que a ninguna de las partes le es dable producir sus propias pruebas, es decir, que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio». - Certificado de afiliación a la ARL La ARL accionada indica que en ese reporte consta que la fecha de vinculación del afiliado fue el 20 de octubre de 2015 y su retiro se produjo el día 25 de ese mes y año, de allí que sólo llevaba cinco días de labores, y no existe prueba de que tuviera trabajados anteriores u otras fuentes de ingreso. Sobre el particular, la Sala ha sostenido que para el éxito de la pretensión no es necesario demostrar el origen de los recursos con los que el afiliado ayudaba, sino que basta con acreditar la dependencia económica; así lo consideró esta corporación en sentencia CSJ SL, 20 oct. 2010, rad. 38399, reiterada en los pronunciamientos CSJ SL650-2020 y CSJ SL529-2020, en los siguientes términos: El Tribunal no se ocupó de examinar si el fallecido señor Tirado

Agudelo contaba con ingresos que le permitieran sostener económicamente a sus progenitores, por manera que no pudo haber cometido el segundo de los yerros fácticos que le endilga la censura, entre otras cosas porque, a la norma jurídica que gobierna el caso litigado, no le interesa si el causante demuestra ó no el origen de los recursos que invierte en la manutención de

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Radicación n.° 94641 aquellas personas a las que por razones simplemente naturales les debe agradecimiento. Para el legislador lo importante es la prueba de que el hijo proveía en un porcentaje más o menos importante para el sostenimiento de sus padres, signo inequívoco de un natural sentimiento afectivo, que no la acreditación de si el afiliado, para la fecha de su deceso, tenía una relación laboral de orden formal, porque esos recursos bien pueden provenir de otra fuente no necesariamente dependiente. En ese orden de ideas, la Corte ha precisado que el origen de los recursos con los cuales el afiliado provee la asistencia económica de los que pudieren ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no es un tema del cual se ocupa la normativa que regula este tipo de prestación, de modo que es entendible y razonable afirmar que dichos recursos no necesariamente deben provenir de vínculos laborales subordinados o dependientes, lo cual se explica, en mayor medida, en que en razón a los lazos afectivos que atan al causante con sus beneficiarios, estos naturalmente le imponen recurrir a diferentes fuentes de ingreso para velar por su manutención. Y es que en el presente proceso el sentenciador de alzada

encontró demostrada, principalmente con la prueba testimonial, la dependencia económica de los accionantes respecto de su hijo quien también trabajó en otra empresa y en la finca. Y para efectos de establecer si los padres tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, lo importante es la prueba de que el afiliado proveía en un porcentaje significativo o relevante, una ayuda para el sostenimiento de sus ascendientes; aspecto que, como se dijo, fue el que consideró acreditado la segunda instancia; de allí que no es el origen de aquellos lo que determina la procedencia del derecho

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Radicación n.° 94641 prestacional. - Comunicación del 19 de junio de 2019 dirigida por la Nueva EPS al juzgado de primera instancia como respuesta a un oficio y formato de novedades signado por el afiliado. En dichos medios de convicción consta que el causante se afilió a la Nueva EPS y no relacionó beneficiario alguno, situación que fue corroborada por la misma entidad, quien informó que los demandantes no fueron registrados allí bajo ninguna condición, añadiendo que al verificar la base de datos única de afiliados se encontró que los actores estaban en la ESP SAVIA SALUD -Subsidiado. Respecto a la situación descrita, para la Corte ello resulta insuficie