CSJ - SL867-2023

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL867-2023 Radicación n.° 89211 Acta 4 Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que MARIELA HENAO DE FLÓREZ interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira profirió el 4 de junio de 2020, en el proceso que adelanta contra POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., trámite al cual fueron vinculados la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP como litisconsortes necesarios por pasiva.

I. ANTECEDENTES Con la demanda inicial, la actora solicitó que se

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Radicación n.° 89211 condene a Positiva Compañía de Seguros S.A. a reactivar el pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de origen profesional de Luis Alfredo Franco, a partir del 12 de junio de 2012, fecha en la cual se decretó la cesación de efectos civiles del matrimonio católico contraído en abril de 1973 con Óscar de Jesús Flórez Cárdenas. En consecuencia, pidió se ordene el pago del retroactivo pensional por la suma de $26.636.069, los intereses moratorios en cuantía de $13.012.041 hasta el 30 de abril de

2015, sin perjuicio de aquellos que se sigan causando, la inclusión en nómina, y las costas del proceso. Como fundamento de esos pedimentos, expuso que el causante laboró como mayordomo en una finca en la que sufrió un accidente de trabajo que le provocó la muerte el 8 de diciembre de 1968, data para la cual se encontraba afiliado a la ARL del ISS hoy Positiva Compañía de Seguros S.A.; que mediante Resolución n.º 0943 de 7 de mayo de 1969, aquella entidad le otorgó pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge; no obstante, posteriormente, suspendió su pago, a través de Acto administrativo n.º 6002 de 1973 debido a que contrajo nuevas nupcias con Óscar de Jesús Flórez Cárdenas. Agregó que el 30 de marzo de 2010 solicitó la reactivación de la misma, la cual fue desestimada el 29 de abril del mismo año; que, pese a que el 12 de junio de 2012 el Juzgado de Familia de Dosquebradas decretó la cesación de efectos civiles de este último vínculo matrimonial, el 9 de

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Radicación n.° 89211 diciembre de 2014 la accionada negó nuevamente la reanudación de la prestación en la que insistió el 26 de noviembre de la misma anualidad (f. os 2 a 12 del c. del Juzgado). Al dar respuesta a la demanda, Positiva Compañía de Seguros S.A. se opuso a las pretensiones. De los hechos,

aceptó el vínculo matrimonial de la actora con el causante, su deceso y la causa del mismo; la afiliación a la ARL, el reconocimiento pensional y la suspensión con ocasión de las nuevas nupcias que contrajo la actora; la reclamación de la reanudación del derecho, su respuesta negativa, y la decisión que ordenó la cesación de efectos civiles. En su defensa, formuló como excepciones previas las de falta de legitimación en la causa por pasiva, no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, y de fondo las que denominó inexistencia del derecho y de la obligación a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A, compensación, prescripción, buena fe, falta de causa jurídica y la «genérica» (f. os 53 a 64 del c. del Juzgado). La Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira mediante proveído de 31 de mayo de 2016, se abstuvo de resolver como previa la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en su lugar, determinó su análisis en la etapa de juzgamiento. El apoderado de Positiva S.A. interpuso recurso de reposición contra tal decisión, al considerar que lo pretendido era obtener el reconocimiento de la UGPP como

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Radicación n.° 89211 sucesor procesal conforme lo ordena el Decreto 1437 de 30 de junio de 2015. El Juzgador desestimó el recurso, por cuanto las pretensiones de la demanda se enfilaron contra Positiva S.A. entidad que no ha sido extinguida jurídicamente, de modo

que, si bien lo que se invocó fue la reactivación pensional, lo cierto es que se trata de un asunto de fondo que corresponde analizar en la sentencia. Frente a la excepción de «falta de integración de todos los litis consortes necesarios» con fundamento en el artículo 80 de la Ley 1753 de 2015 reglamentado por el artículo 10 del Decreto 1437 de 2015 ordenó vincular a la UGPP (f.os 91 y 92 del c. del Juzgado). Esta última entidad, al contestar la demanda, también se opuso a las pretensiones incoadas en el escrito inicial, e indicó que no le constaba ningún supuesto fáctico. Como medios exceptivos previos propuso los de falta de agotamiento de la reclamación administrativa, falta de competencia de la UGPP para asumir la responsabilidad pensional del causante, y falta de legitimación en la causa por pasiva; y de fondo, los de inexistencia de la obligación por parte de la UGPP, buena fe, prescripción y la «genérica» (f.os 152 a 165 del c. del Juzgado). Mediante auto de 26 de enero de 2018, de oficio, la

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Radicación n.° 89211 referida autoridad judicial vinculó a Colpensiones (f.os 175 a 176 del c. del Juzgado). Dicha entidad, al dar respuesta al escrito inicial, se opuso a lo solicitado por la actora y aceptó el reconocimiento pensional, su suspensión, y la sentencia que decretó la cesación de efectos civiles de las segundas nupcias.

En su defensa, elevó las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación demandada, prescripción, y declaratoria de otras excepciones (f.os 199 a 205 del c. del Juzgado). En proveído de 8 de noviembre de 2018 el Juzgado de conocimiento indicó que no se pronunciaría de ninguna excepción previa, pues aquella que Positiva S.A. elevó la tramitó en la diligencia de 31 de mayo de 2016 (f.os 213 del c. del Juzgado).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de sentencia de 24 de septiembre de 2019, la Jueza de conocimiento resolvió (f.os 35 a 236 del c. del Juzgado): PRIMERO: DECLARAR probada la excepción propuesta por la parte demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. denominada inexistencia del derecho e inexistencia de obligación a cargo de Positiva Compañía de Seguros S.A., así como la de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta tanto por esta parte como por la vinculada COLPENSIONES, la de inexistencia de la obligación propuesta por la […] U.G.P.P. y NO PROBADA la de falta de legitimación en la causa propuesta por esta misma entidad […].

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SEGUNDO: ABSOLVER a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a la […] U.G.P.P. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la señora MARIELA HENAO DE FLOREZ [sic], en el presente proceso.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandante y a favor de la entidad demandada Positiva Compañía de Seguros S.A. [...] CUARTO: ABSTENERSE el despacho de condenar en costas a favor de la U.G.P.P. y de COLPENSIONES por cuanto fueron vinculadas a solicitud de la parte y de manera oficiosa, respectivamente.

QUINTO: DISPONER que, si esta decisión no es materia de apelación, se surta el grado jurisdiccional de consulta […].

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación que la promotora del litigio interpuso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó la decisión del a quo e impuso costas a la accionante En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal delimitó como problema jurídico a establecer, si es procedente reactivar el pago de la pensión de sobrevivientes que recibía la demandante antes de contraer segundas nupcias, dada la cesación de efectos civiles del matrimonio católico.

Para el efecto, acotó que, aunque el artículo 62 de la Ley 90 de 1946 «fue derogado», pese a la entrada en vigor del nuevo sistema de Seguridad Social Pensional continuó con efectos jurídicos respecto de las pensiones de sobrevivientes causadas en vigor de tal disposición.

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Radicación n.° 89211 Recordó que la Corte Constitucional mediante sentencia CC C-568-2016 declaró inexequibles las expresiones «[…] o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias» y «[…] pero la viuda

que contraiga matrimonio recibirá en sustitución de las pensiones eventuales una suma global equivalente a 3 anualidades de la pensión reconocida [...]», por contrariar mandatos, principios y valores de la Carta Política y vulnerar derechos fundamentales de gran relevancia como el libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la Seguridad Social y a la voluntad de formar una familia, entre otros. Agregó que dicha Corporación señaló que, si bien en su momento la condición resolutoria de contraer un nuevo vínculo matrimonial se inspiraba en razones discriminatorias para la mujer, ello era aceptado en el contexto histórico y social del siglo pasado caracterizado por una sociedad que destacaba la prevalencia de los derechos del hombre frente a los de la mujer. No obstante, tales preceptos normativos con el devenir de la Constitución actual eran contrarios a los postulados superiores vigentes. Resaltó que el Alto Tribunal Constitucional fijó los efectos de la declaratoria de inexequibilidad únicamente a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, y estableció que las viudas y viudos que con posterioridad al 7 de julio de 1991 contrajeran nuevas nupcias o hecho vida marital y, que por ese motivo, perdieran el derecho a la pensión de que trata el artículo 62 de la Ley 90 en 1946

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Radicación n.° 89211 podrían reclamar ante las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de la sentencia. En ese sentido, advirtió que la Corte no estableció los derechos de las pensiones suspendidas por matrimonios

celebrados antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, por tratarse de situaciones jurídicas preconstitucionales o consolidadas en vigencia de una norma constitucional anterior, postura que también esta Sala acogió en sentencia CSJ SL21799-2017 reiterada en la CSJ SL2859-2019. Afirmó que no comparte el espíritu del legislador de la época por ser «[…] abiertamente contrario a los postulados de primer orden, como lo son el derecho a constituir una familia, al libre desarrollo de la personalidad, el carácter vitalicio de este tipo de pensiones, a la igualdad, a la prescripción de la discriminación en razón del sexo y la reivindicación de los derechos de la mujer […]». Empero, no podía pasar por alto que tal supuesto de hecho estaba inspirado en un modelo normativo y constitucional anterior, según el cual, la viuda debía «guardar luto a su esposo y permanecer en soltería para conservar el derecho a la pensión de viudez», pues en estricto rigor, «el nuevo consorte era quien proveía lo necesario para su manutención»; circunstancia que era aceptada social y jurídicamente, dado que la mujer no contaba con igualdad de derechos, ni se le propiciaba un ingreso propio.

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Radicación n.° 89211 De modo que, tal como las Altas Cortes lo analizaron, la referida inexequibibilidad solo tuvo efectos a partir de la entrada en vigor de la nueva Carta Política, a través de la cual se contemplaron e implementaron diferentes postulados contra la desigualdad y discriminación de la mujer, sin que

estos puedan trasplantarse a situaciones acaecidas bajo la Constitución de 1886. Advirtió que, conforme la sentencia CC C309-1996, la justificación de la aludida condición resolutoria o extintiva del derecho a la pensión de viudez obedecía a que las nuevas nupcias o la renovada vida marital comporta el aporte del nuevo cónyuge o compañero permanente, lo que torna innecesaria la continuación de esta forma de protección económica a la vida familiar y que son situaciones jurídicas que se consolidaron bajo la norma anterior que regía el caso. En esa medida, concluyó que, comoquiera que las sentencias de constitucionalidad no tienen efectos retroactivos, en atención al principio de la cosa juzgada e igualdad, no era dable interpretar el contenido de la Ley 90 de 1946 bajo la égida de una Carta Política que no existía al momento de otorgarse y extinguirse el derecho. Aclaró que no se trata de «[…] hacer o no caso omiso a la adopción de medidas para garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer [...]», sino de respetar las situaciones fácticas y jurídicas que se consumaron bajo el modelo constitucional precedente, así

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Radicación n.° 89211 como los efectos impartidos con la declaratoria de inexequibilidad. De otra parte, aludió a que la redacción inapropiada del acto administrativo de suspender el derecho no podía generar efectos distintos a los que prevé la norma. Luego, el restablecimiento del pago del derecho pensional solo

resultaba viable constitucionalmente cuando el segundo matrimonio se diera con posterioridad al 7 de julio de 1991, sin que para el efecto tuviera incidencia la cesación de efectos civiles de aquel contraído antes de la nueva Carta Política.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte

Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y acceda a las pretensiones elevadas en el escrito inicial.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que fue objeto de réplica por parte de las accionadas.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por la vía directa, bajo la modalidad de interpretación errónea del «[…] artículo 62 de la Ley 90 de 1946, del artículo 28 inciso 2º del Decreto 3170 de 1964, y de las sentencias C-309 de 1996 y C-568 de 2016, proferida por la Honorable Corte

Constitucional». Circunstancia que afirma condujo a la violación «[…] del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 13, 16, 42, 43, 48 y 53 de la Constitución Política, y del artículo 2º del Pacto de Costa Rica, así como de los artículos 1, 2, 7 y

8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos […]». Para sustentar la acusación, indica que el fallador interpretó erróneamente los preceptos mencionados en la proposición jurídica, pues si bien acogió la inexequibilidad dispuesta por la Corte Constitucional omitió analizar tales preceptivas bajo una perspectiva de género. Lo anterior, en procura de un trato equitativo para aquellas personas, que, como la demandante, perdieron el derecho a la pensión sustitutiva, debido a la condición restrictiva relativa a una prohibición tácita de nuevas nupcias so pena de la pérdida de la prestación. Afirma que el Tribunal desconoció que las sentencias de inexequibilidad contienen en la parte resolutiva efectos erga omnes, mientras que la parte motiva constituye un criterio

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Radicación n.° 89211 auxiliar y considera vulnerado por el Tribunal dicho criterio, al deducir equivocadamente de la providencia CC C3091996, que solo es válido reestablecer la prestación si la nueva unión se dio en vigencia de la Constitución Política de 1991. Aduce que el pago de la pensión debe reanudarse, sin importar la fecha de las segundas nupcias, porque de lo contrario se materializa un trato diferencial para los destinatarios de los regímenes pensionales, sin una razón válida, en contravía del ordenamiento constitucional. Refiere que para interpretar la norma correctamente es menester aplicar acciones afirmativas para superar el trato diferenciado, en aplicación de la perspectiva de género, comoquiera que, incluso antes de la nueva Carta Política,

estaban vigentes la Declaración Universal de los Derechos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Con todo, sostiene que, si el juez de segundo grado consideró armónico aplicar la disposición literal con la realidad social económica e histórica de la época, al presumir que el nuevo cónyuge supliría las necesidades de la viuda que perdió la pensión, lo que debió inferir es que, si el apoyo financiero era el fundamento justificativo, al ocurrir el divorcio lo procedente era reactivar la prestación.

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VII. RÉPLICA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

S.A. Afirma que la recurrente no logra desvirtuar la decisión del Tribunal que es sólida desde el punto de vista jurídico y fáctico, pues la declaratoria de inexequibilidad que la Corte Constitucional profirió no tiene efectos retroactivos, en la medida que se trata de situaciones acaecidas y consolidadas en vigencia de la Constitución de 1886, que no es posible transgredir. Resalta que dicha Corporación reiteró su criterio en sentencia CC SU-037-2019 en la que señaló que por regla general y salvo que se indique expresamente algo diferente en el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia futuro (ex nunc). Y que tal regla halla asidero en principios de seguridad jurídica y democrática que implican la presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema, mientras no sea desvirtuada en una providencia con fuerza erga omnes después de surtirse un proceso de

constitucionalidad abstracto. Agrega que debe protegerse la sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social integral a fin de no impactar situaciones materializadas en vigencia de otro estatuto constitucional, tal como esta Sala lo expuso en sentencia CSJ SL373-2021.

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VIII. RÉPLICA DE COLPENSIONES Acotó que conforme el artículo 80 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 1. º del Decreto 1437 de 2015 las pensiones que actualmente están a cargo de Positiva S.A., cuyos derechos se causaron originalmente en el ISS serán administradas por la UGPP y pagadas por el FOPEP, previo traslado de la reserva actuarial correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional expida.

De manera que, la competencia para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional está en cabeza de la primera entidad mencionada y, por ello, hay una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la pretensión principal se opone al objeto misional para el cual fue creado Colpensiones; luego, carece de competencia para pronunciarse respecto de los hechos y pretensiones de la demanda.

IX. RÉPLICA DE LA UGPP Sostiene que la censura pretende equivocadamente transgredir la seguridad y estabilidad jurídica emanada de las normas constitucionales y legales durante sus respectivas vigencias, en aplicación de sentencias de la Corte Constitucional de manera retroactiva pese a que su situación fáctica se dio en acatamiento de la cesación pensional

dispuesta en la Ley 90 de 1946, y de la Constitución de 1886. Resalta que la acusación debe formularse respecto de

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Radicación n.° 89211 normas sustanciales de alcance nacional y no de sentencias, tal como esta Sala lo señaló en providencias CSJ SL40522021 y CSJ SL3762-2021, entre otras.

X. CONSIDERACIONES Dada la vía escogida no se encuentran en discusión los

siguientes supuestos fácticos: (i) Que la demandante contrajo nupcias el 19 de julio de 1965 con el causante Luis Alfredo Franco quien falleció el 8 de diciembre de 1968 como consecuencia de un accidente de trabajo (f.os 15 y 16 del c. del Juzgado). (ii) Que a través de la Resolución 0943 de mayo de 1969, la entonces ARL del ISS hoy Positiva Compañía de Seguros S.A. le reconoció a la demandante en calidad de viuda la pensión de sobrevivientes; (iii) Que dicha entidad a través de acto administrativo n.º 6002 de 8 de agosto de 1973 suspendió su pago por contraer nuevas nupcias con Óscar de Jesús Flórez Cárdenas y, en subsidio, otorgó un seguro global equivalente a tres anualidades de la pensión de viudez; (iv) Que la totalidad de la prestación le fue reconocida a los hijos menores de la pareja;

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Radicación n.° 89211 (v) Que a través de sentencia de 12 de junio de 2012 se decretó el divorcio o cesación de efectos civiles del segundo

matrimonio (f. os 24 a 30 del c. del Juzgado), (vi) Que la actora solicitó a Positiva Compañía de Seguros S.A., el restablecimiento de la prestación pensional, la cual fue negada en abril de 2010. Para dar respuesta a la opositora en la última réplica, se advierte, en primer lugar, que la proposición jurídica está válidamente integrada, pues como se ha determinado es suficiente con que la censura cite cualquier precepto sustantivo que constituyendo base esencial del fallo o habiendo debido serlo, a juicio del impugnante, haya sido quebrantado, sin que sea necesario integrarla de manera completa, tal como acontece en el presente caso. Ahora, si bien la impugnante hace mención de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, pese a que, como se sabe, aquellas difieren de ser ley, lo cierto es que al denunciar la interpretación errónea de los artículos 62 de la Ley 90 de 1946, 28 inciso 2. º del Decreto 3170 de 1964, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 13, 16, 42, 43, 48 y 53 de la Constitución Política, 2. º del Pacto de Costa Rica, así como de los artículos 1. º, 2. º, 7. º y 8. º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa falencia se encuentra superada. Así las cosas, a la Corte le corresponde dilucidar si una viuda que en vigencia de la Ley 90 de 1946 perdió el derecho

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Radicación n.° 89211 a la pensión de sobrevivientes por contraer nuevas nupcias, puede solicitar el restablecimiento de la prestación en virtud de la sentencia de inexequibilidad CC C309-1996 que la Corte Constitucional. Al respecto, la Sala advierte que mediante providencia CSJ SL413-2022 recogió el criterio vertido en otras decisiones según el cual la viuda o viudo que en vigencia de la Ley 90 de 1946 perdió el derecho a la pensión de sobrevivientes por contraer nuevas nupcias o hacer vida marital antes de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, no puede solicitar el restablecimiento de la prestación en virtud de las sentencias CC C309-1996 y CC C568-2016. Lo anterior, por cuanto se consideró que no es admisible, so pretexto de reconocer «derechos» o de dar «protección» a un grupo poblacional, distinguir, excluir o restringir su goce a otras, pues con ello se limita una decisión personalísima de la esfera íntima de la viuda o viudo al prohibírsele, o reprochársele arbitrariamente, la posibilidad de reanudar su vida sentimental con la consecuencia negativa de la pérdida del derecho pensional de sobrevivientes que legalmente causó y percibió. De modo que, mantener la interpretación jurisprudencial recogida, además de lo ya dicho, va en contravía del orden interno y también del sistema internacional de derechos humanos que proscribe la discriminación y toda distinción, exclusión o preferencia por

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motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, orientación política, posición económica o cualquier otra condición social, que tenga como propósito negar, reducir, suprimir o desconocer el ejercicio de un derecho en igualdad de condiciones. Así lo explicó la Sala en dicha decisión: […] Esa interpretación jurisprudencial, se reitera, que permite acceder a la pensión de sobrevivientes a aquellas mujeres (también hombres) que contrajeron nuevas nupcias en vigencia de la Constitución Política de 1991, y lo elimina a aquella(o)s que lo hicieron con antelación a dicho suceso, basado exclusivamente en un criterio normativista, cae en una distinción odiosa, que, aunque no sea intencionada, produce un efecto discriminatorio funesto. En primer lugar, porque marca un retroceso sobre el origen y razón de ser de dicha prestación, que tanto se ha venido defendiendo en la jurisprudencia laboral, pues desde su creación legal ha tenido como finalidad brindar soporte y ayuda a los miembros del grupo familiar, quienes se ven abocados no solo a la pérdida de un ser querido, sino a la orfandad de quien proveía aporte económico para el hogar y que, finalmente, no encuentra en aquella posición, más que un mandato machista y patriarcal que, principalmente, le imponía a la mujer negar su posibilidad de restablecer su vida afectiva y sentimental a cambio de un beneficio económico, como si la viudez pasara de ser un estado civil a un derecho de índole económico o patrimonial, pero en general, como una especie de castigo al rol individual o como persona de quien por muchos años ejerció las labores domésticas (hoy denominada

economía del cuidado) y que luego intenta una nueva opción de vida. Es más, mantener sin ninguna crítica la posición de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, que antes de la Constitución Política de 1991, perdieron el derecho ante la consumación de la condición resolutoria del art. 62 de la L. 90 de 1946, para decir, que ello estaba justificado a la luz del régimen constitucional de la época, significa negar la trascendencia de esa prestación pensional, porque en el mismo sentido que ocurre con esta pensión en vigencia de la L. 100 de 1993, en la cual, el miembro de la pareja que sobrevive tiene derecho a recibirla si cumple los requisitos legales como forma de recibir una protección económica, también es un reconocimiento a la labor que cumplió al ayudar a construir la prestación, bien, porque se encargó de las labores domésticas o cuidado de los hijos, ora porque dio apoyo afectivo, o acompañamiento económico en algún momento, entre otras situaciones que permitieron sumar semanas o tiempo de servicio en el afiliado, es decir, que en la pensión siempre hay una mirada conjunta y no únicamente el propio esfuerzo; eso mismo se notaba, incluso con mayor vigor en época anterior al nuevo régimen constitucional por el marcado papel de la persona que sólo dependía de quien prestaba los

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Radicación n.° 89211 servicios remunerados, esto es, que la construcción de la pensión de sobrevivientes en cabeza del cónyuge o compañero sobreviviente, aunque no fuera visible antes de 1991, estaba presente y no se

diferencia de lo que ocurre con el nuevo grupo poblacional surgido con el nuevo régimen constitucional. Por otro lado, el argumento sostenido por el legislador en el estudiado precepto normativo, parte de suponer que al contraer un nuevo vínculo matrimonial la viuda o viudo recibirá lo necesario para su subsistencia del nuevo integrante, lo que hace nugatorio su derecho a la pensión de sobrevivientes, pero en la práctica o en el terreno de los hechos, se podía presentar, que el beneficiario recibiera otros ingresos producto de una labor, terceros, o explotación de un bien, o la ayuda económica de otro miembro del núcleo familiar, premisa que, tratándose de la misma pensión en la actualidad, la jurisprudencia ha permitido su goce no obstante el beneficiario tener otras entradas económicas, lo que significa, que para el anterior grupo poblacional, la restricción estaba fincada más en un criterio moral consistente en guardar la imagen o memoria al afiliado o pensionado, siendo aún más evidente la discriminación entre beneficiarios de una prestación con orígenes y propósito similar, a costa de sacrificar garantías fundamentales como lo son la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, incluso, la conformación de un nuevo núcleo familiar. En segundo lugar, no se desconoce que la Constitución Política de 1886, que rigió el ordenamiento jurídico colombiano desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, bajo cuya égida se emitió la Ley 90 de 1946, estuvo orientada por unos principios ideológicos conservadores, y que, bajo su imperio se intentó justificar la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes

para aquellas viudas y viudos que decidían rehacer su vida sentimental contrayendo nuevas nupcias, pero bajo ese mismo marco constitucional, y ante el panorama internacional que se estaba vertiendo, por ejemplo, con la aprobación misma de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, incorporada a la legislación colombiana mediante la L. 51 de 1981, se podía replantear el trato discriminatorio y lesivo de los derechos mínimos fundamentales de aquel grupo poblacional, particularmente femenino que contrajeron nuevas nupcias antes de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991. De manera que, no estaba tan justificada la restricción, y con mayor razón, si desde antes existían unos instrumentos internacionales que prohibían cualquier distinción por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y con ello, dar un trato de inferioridad, exclusión o estigmatización a una persona o grupo de personas para privarlas activa o pasivamente, de gozar de los mismos derechos de los que disfrutan otras. Así las cosas, existen dos grupos poblacionales frente a una prestación pensional que en sus orígenes y propósitos se ha mantenido

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Radicación n.° 89211 inalterable, independientemente de cada uno de los requisitos que las normas han ido introduciendo para su causación: uno que tuvo que renunciar al derecho que ayudó a construir para dar prevalencia a la

opción de vida seleccionada, y otro, que pese a haber conformado un nuevo núcleo familiar y habérsele privado del derecho pensional que también ayudó a forjar, por la azarosa fecha que dio lugar a la expedición de una nueva Constitución Política, y bajo unos contenidos materiales expresos de reconocimiento a una carta de derechos, puede restablecer el goce de la prestación, lo cual, la jurisprudencia no puede mantener o privilegiar en desmedro de los primeros, como si por el hecho de haber exteriorizado un proyecto de vida y concretarlo fuera una fo