CSJ - SL871-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL871-2023 Radicación n.° 94702 Acta 13 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por FRANCISCO RAÚL CASTILLO GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 22 de septiembre de 2021, en el proceso ordinario laboral que sigue contra CBI

COLOMBIANA S.A.

I. ANTECEDENTES Francisco Raúl Castillo González promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que entre las partes existió un vínculo laboral desde el 20 de enero de 2014 hasta el 22 de octubre del mismo año; en virtud del cual se desempeñó como tubero A, devengando un bono de asistencia e incentivos HSE convencionales, de

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Radicación n.° 94702 productividad, de progreso y de progreso tubería, prima técnica, auxilio de gastos de transferencia bancaria, auxilio de lavandería y bono de alimentación Sodexho, todos de naturaleza salarial y extralegal, y que, aunque se pactó su exclusión salarial, este era ineficaz. También pidió declarar que CBI Colombiana S. A. fungió como contratista principal de la obra de expansión de la Refinería de Cartagena Reficar

S. A.

En virtud de ello, solicitó condenar al pago de las diferencias adeudadas por concepto de prestaciones sociales

(primas, cesantías e intereses de cesantías) y vacaciones, teniendo en cuenta todos los factores salariales realmente devengados; la indemnización consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; la indemnización e intereses moratorios previstos en el artículo 65 del CST y las costas del proceso. Para sustentar sus pretensiones informó sobre la celebración del contrato de trabajo a término fijo inferior a un año con la demandada, vigente desde el 20 de enero hasta el 22 de octubre de 2014; desempeñó la labor de tubero A y al momento de la terminación de la vinculación su salario era de $2.438.081. Explicó que las partes pactaron desde el inicio el pago de un «bono de asistencia y HSE» devengado durante toda la relación laboral y «condicionado a una contribución directa de la labor». Explicó que «si reportaba un incidente o accidente de trabajo o no», o si «presentaba inasistencia justificada o no a su lugar de trabajo», implicaba una disminución o aumento

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Radicación n.° 94702 del monto del valor por incentivo HSE o por bono por asistencia. Dijo que estos dos conceptos ascendían a $1.097.136.

También fue convenido: el pago de un bono de alimentación, auxilio de transferencia bancaria y de lavandería, teniendo en cuenta su condición de extranjero.

Estos rubros eran pagados mes a mes durante toda la relación laboral y tenían como finalidad aumentar sus ganancias por el traslado desde su país de origen, por lo tanto, no eran reconocidos a los trabajadores colombianos.

Dijo que el bono de alimentación correspondía a $200.000, el auxilio de transferencia bancaria a $210.000 y el de lavandería, a $173.200; que igualmente se acordó el pago de un incentivo de productividad que estaba condicionado al cumplimiento de las expectativas de trabajo. Afirmó que en septiembre de 2013 se celebró una convención colectiva de trabajo (CCT) entre CBI Colombiana S.A. y la Unión Sindical Obrera, de la cual era beneficiario. En ella se acordó el pago del incentivo de progreso convencional y un incentivo HSE, este último condicionado a una mayor diligencia y cuidado en las normas de seguridad y salud en el trabajo y fue devengado durante toda la relación laboral. En este acuerdo extralegal también se previó el incentivo de progreso tubería y una prima técnica convencional, que también recibió como contraprestación directa de su servicio y de manera habitual y, que de «cumplir o no con la productividad de tubería, se veía reflejado de más a menos en el valor recibido por dicho concepto».

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Radicación n.° 94702 Explicó que la demandada liquidó las prestaciones sociales y las vacaciones únicamente con la inclusión del salario básico, el bono de asistencia y «HSE». Que en el contrato de trabajo se acordó la exclusión salarial, en virtud del cual, todo aquello que excediera el salario básico no se incluiría en la liquidación final, aún si retribuía directamente el servicio. Agregó que la CCT de 2013 también previó el acuerdo de exclusión salarial. Finalmente, dijo que los

incentivos HSE convencional, progreso convencional, productividad tubería, prima técnica convencional, bono de alimentación Sodexo y auxilio de transferencia bancaria eran una retribución directa del servicio. Al dar respuesta a la demanda, CBI Colombiana S. A. se opuso a las pretensiones. Frente a los hechos, admitió la vinculación laboral y su vigencia, la labor desempeñada, el salario devengado, la suscripción de la CCT, que el actor era beneficiario de ella y que allí se pactó un incentivo de progreso; de los demás adujo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa explicó que durante la vigencia de la vinculación laboral y la ejecución del proyecto contratado con Reficar se pactaron ciertos beneficios extralegales que no tenían naturaleza salarial. Adujo que ninguno de ellos se causaba o reconocía como contraprestación directa del servicio; que en el caso del actor estos rubros fueron pactados en cláusulas adicionales del contrato de trabajo, en

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Radicación n.° 94702 aplicación de las políticas salariales de Reficar y en la CCT, sin que tuvieran carácter salarial. Formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de las obligaciones, buena fe y prescripción. La parte actora reformó la demanda inicial e incluyó como pretensión, condenar a la demandada a reajustar el valor pagado por trabajo suplementario, teniendo en cuenta los factores de incentivo HSE convencional, de productividad, de progreso tubería, de progreso, prima técnica, auxilio de

movilización, de gastos de transferencia bancaria, de lavandería y bono de asistencia; y que se reliquiden las prestaciones sociales y vacaciones incluyendo el verdadero monto del trabajo suplementario. Estas peticiones las sustentó en que el actor devengó un bono de asistencia durante toda la relación laboral y cumplió jornadas de trabajo suplementario, pero en su liquidación no se incluyeron los factores antes aludidos. La empresa demandada se opuso a estas pretensiones y negó los hechos. Aclaró que todos los rubros que por su naturaleza eran salario, fueron tenidos en cuenta para las liquidaciones a que tuvo derecho el demandante.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia proferida el 25 de septiembre de 2018 resolvió: PRIMERO. DECLARAR la existencia del contrato de trabajo entre el demandante Francisco Raúl Castillo González y la entidad demandada CBI Colombiana S.A con extremos temporales del 20 de enero de 2014 al 22 de octubre de 2014 conforme a lo expuesto.

SEGUNDO. ABSOLVER a la entidad CBI Colombiana S.A de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto. TERCERO. COSTAS a cargo de la parte demandante. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena conoció el recurso de apelación presentado por el demandante, y mediante decisión dictada el 22 de septiembre de 2021, confirmó la sentencia de

primera instancia y condenó en costas a la parte actora. Como problema jurídico a resolver indicó que determinaría si había lugar a reliquidar las acreencias laborales pedidas por el actor teniendo en cuenta la bonificación de asistencia, prima técnica, incentivos de progreso, de progreso tubería y HSE de carácter convencional y el incentivo de productividad, y, establecer si existió una conducta de buena o mala fe del empleador.

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Radicación n.° 94702 En relación con el marco jurídico tuvo en cuenta los artículos 127 y 128 del CST y como jurisprudencia aplicable al caso las sentencias CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481, CSJ SL 5 feb. 1999, rad. 11389, CSJ SL 24 ag. 2000, rad. 13895, CSJ SL 7 sep. 2010, rad. 37970, CSJ SL 1101-2019, CSJ

SL2707-2019, CSJ SL172-2019, CSJ SL1360-2018, CSJ

SL3772-2018, CSJ SL 2586-2020, CSJ SL12220-2017, CSJ

SL2088-2018, CSJ SL1798-2018, CSJ SL2067-20196,

CSJSL4313-2020, CSJ SL3886-2020, CSJ SL177-2020, CSJ

SL5328-2019, CSJ SL4970-2019 y CSJ SL3266-2018.

Aclaró que no estaba en controversia la existencia de la vinculación laboral entre las partes, vigente del 21 de abril al 22 de octubre de 2014, la cual terminó por vencimiento del

plazo fijo pactado. Precisó el concepto de salario traído por el artículo 127 del CST, y dijo que, por regla general, todos los pagos percibidos por la actividad subordinada son salario salvo que se trate de los siguientes conceptos: i) prestaciones sociales; ii) sumas recibidas en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad las funciones, iii) sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador; iv) pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no posean un propósito remunerativo y, v) beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario, conforme al artículo 128 del CST y la jurisprudencia.

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Radicación n.° 94702 En cuanto a la interpretación del aludido artículo 128, en torno a la posibilidad de que las partes puedan celebrar pactos de desalarización, resaltó que la Corte Suprema de Justicia ha explicado el alcance de esta facultad, y, a manera de ejemplo citó las decisiones CSJ SL, 12 feb. 1993, rad. 5481, reiterada entre otras en las providencias CSJ SL11012019, CSJ SL2707-2019, CSJ SL172-2019, CSJ SL43132020, CSJ SL3886-2020 y CSJ SL 3266-2018, de las cuales derivó las siguientes conclusiones:

1. Es salario todo pago que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio.

2. No es posible que en virtud del artículo 128 del CST,

los contratantes despojen de naturaleza salarial a un pago que por esencia lo es. 3. «El artículo 128 del CST habilita a las partes para establecer beneficios con exclusión salarial, -potestad no absoluta-, cuando recaiga sobre beneficios extralegales (pagos adicionales al salario básico) y no desconozcan derechos laborales, limitada a dos eventos»: i) para señalar que no son salario pagos no retributivos directamente del servicio y ii) para señalar que los conceptos que, aun siendo retributivos del servicio y sin que pierdan ese carácter, no tengan incidencia en la liquidación y pago de otras acreencias laborales.

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Radicación n.° 94702 Explicó que, para establecer el carácter salarial de un rubro, en cada caso particular el juez laboral debe constatar: a) si retribuyó directamente en el servicio para el cual fue contratado el trabajador; b) que sea habitual y c) que no exista pacto o régimen salarial de exclusión, y en el caso de que se hubiese previsto, se debe revisar si se adecúa al entendimiento jurisprudencial del artículo 128 del CST. Si no se atiende tal interpretación, dicho convenio es ineficaz, en los términos del artículo 43 del CST. El colegiado analizó cada concepto así: Bono de asistencia: precisó que la fuente normativa de este pago correspondía a la política salarial de Reficar, la cual hizo parte de los contratos laborales suscritos en 2014, según su cláusula octava. Explicó que dicha política, extensiva a los contratistas

y subcontratistas de Reficar, previó en su numeral quinto, una bonificación mensual cuya causación dependía de dos indicadores: i) el aporte del empleado en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo y ii) el desempeño del trabajador y de su equipo de trabajo en las disposiciones de higiene, salud y medio ambiente HSE. También se estableció que dicha bonificación no integraría la base de liquidación de ninguna acreencia que tuviera como referencia la remuneración o salario ordinario, específicamente, los recargos por trabajo suplementario, nocturno, dominical, festivos y las vacaciones disfrutadas en tiempo; pero sí sería considerada para calcular las prestaciones sociales,

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Radicación n.° 94702 seguridad social, contribuciones parafiscales, indemnización por despido sin justa causa y vacaciones compensadas en dinero. Precisado lo anterior, el Tribunal estudió cada uno de los elementos de la bonificación de asistencia, así: i) Como pago retributivo del servicio: las condiciones en que se causaba estaban ligadas a la asistencia y al cumplimiento del trabajo, requería el despliegue de la fuerza laboral del trabajador, por ende, era retributiva del servicio, lo que le confería naturaleza salarial. ii) Habitualidad: la halló cumplida, pues su pago se previó mensual y así se hizo según los volantes aportados. iii) Existencia y validez del acuerdo de exclusión del bono de la base para liquidar acreencias: el instrumento que la consagró no le quitó carácter salarial a un pago que evidentemente tuviese tal connotación; simplemente, se

acordó que este bono no integraría la base de liquidación para pagar algunas acreencias. Encontró que ello se acompasaba con una de las hipótesis de desalarización previstas por la jurisprudencia, esto es, que, a pesar de ser retributivo del servicio, no se desconoce su naturaleza salarial, sino que se determina que no se tendrá en cuenta para ciertos pagos como son el trabajo suplementario y las vacaciones en tiempo.

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Radicación n.° 94702 Además, dijo que se trató de un pago extralegal, que no desconoció los derechos laborales del demandante. Así, resaltó que la exclusión se hizo frente a conceptos de menor incidencia y, por el contrario, sí se incluyó para liquidar las prestaciones sociales y otros haberes de «mayor notabilidad». De ahí concluyó que la exclusión aplicada por la demandada no recayó sobre la naturaleza salarial del bono, sino que solo se descartó para liquidar determinados pagos, lo cual está acorde con el alcance del artículo 128 del CST. En ese orden, concluyó que el pacto era válido y vinculante para las partes. Prima técnica, incentivo de progreso, incentivo de progreso tubería e incentivo HSE convencionales: Indicó que la cláusula 12 de la CCT suscrita entre la USO Subdirectiva Seccional Cartagena y la demandada estableció: «los salarios y bonificaciones del personal beneficiario, se aplicarán de acuerdo a como se describe en el Anexo No. 1 denominado Tabla de Salarios y Bonificaciones»; y que en dicho anexo, se

previó que esos beneficios no tendrían incidencia salarial en la liquidación de prestaciones sociales. Así, este acuerdo resultaba eficaz según el artículo 128 del CST y el alcance dado por la jurisprudencia, en sentencias CSJ SL 5 feb. rad. 11389, CSJ SL 24 ag. 2000, rad. 13985 y CSJ SL 7 sep. 2010, rad. 37970, de las cuales citó algunos apartes. Estimó que era válido que, en el marco de una CCT, las partes acordaran que los beneficios extralegales serían excluidos de la base para liquidar determinadas prestaciones

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Radicación n.° 94702 sociales. Esto, dado que el principal propósito de negociación colectiva es lograr acuerdos que mejoren las condiciones laborales, para lo cual se deben hacer concesiones mutuas. No tendría sentido que el empleador acepte reconocer beneficios superiores a los legales, pero no pueda convenir sobre los efectos o la incidencia salarial que estos tendrían. Añadió que la validez de esa exclusión no podía ser cuestionada en un proceso ordinario, sino a través de la denuncia de la norma convencional. De esta forma, señaló que no era posible declarar la incidencia salarial de los beneficios convencionales referidos.

Incentivo de productividad: según los volantes de pago aportados y el contrato de trabajo, el actor no devengó este incentivo ni se demostró el acuerdo sobre su causación, razones por las cuales no era posible ordenar la reliquidación con base en este concepto.

Por lo anterior, adujo que era inane pronunciarse sobre las demás materias de la alzada, relacionadas con la

indemnización moratoria del artículo 65 del CST.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue presentado por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta corporación case la sentencia confutada, en cuanto no incluyó la prima técnica convencional, el incentivo de progreso convencional, el bono de asistencia, el incentivo de progreso tubera convencional e incentivo HSE convencional como factores salariales en la liquidación de acreencias laborales del actor. En sede de instancia solicita que «se analice y valore, que en las condenas impuestas sea declarada la indemnización moratoria prevista en el art.65 del Código Sustantivo de Trabajo y la prevista en el art.99 de la Ley 50 de 1990».

Con tal propósito formula dos cargos que no son replicados. Por razones de método, se analizará inicialmente el cargo segundo.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia impugnada por ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, así: «4.2.1. error de hecho por ausencia de valoración probatoria».

Asegura que, si para el tribunal era importante establecer y hacer un análisis de proporcionalidad y calidad de los pagos recibidos por el trabajador, en el marco de la interpretación de los artículos 127 y 128 del CST, ha debido tener en cuenta las pruebas de folios 30 a 46, correspondientes a los volantes de pago efectuados durante la relación laboral.

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Radicación n.° 94702 Describe el contenido de estos documentos, resaltando el monto de cada uno de los factores o conceptos devengados, y explica que, por ejemplo, para agosto de 2014 su ingreso retributivo del servicio equivalía a $2.519.350, y que el total de ingresos, esto es, salario básico más bono de asistencia y horas extras, ascendía a $3.798.125. Por el contrario, los beneficios discutidos: incentivo HSE convencional, incentivo progreso convencional, incentivo progreso tubería convencional y la prima técnica convencional, sumaban un total de $3.088.541. En ese orden, considera que si al estudiar los factores salariales y su proporcionalidad, el colegiado hubiese tenido en cuenta estas pruebas habría establecido que no existe una proporción «en los ingresos percibidos con incidencia salarial». Además, aduce que el juzgador se equivocó al no constatar previamente si los conceptos convencionales cuestionados, eran retributivos del servicio o no; pues si retribuían las labores, la libertad de las partes para pactar su exclusión salarial estaría restringida, mientras que, si no lo hacían, esta facultad era totalmente libre. Explica que, en relación con la prima técnica convencional, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en proceso 20150034404 concluyó su carácter salarial. Frente a esta acreencia, el recurrente presenta un cuadro en el que consigna los valores mensualmente recibidos y que, indica, evidencia las fluctuaciones que tuvo durante la vigencia de la relación laboral.

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Radicación n.° 94702 En ese orden, dice, si se hubiesen valorado los documentos denunciados, así como lo afirmado por el representante legal de la demandada «en la audiencia de trámite y fallo en primera instancia», se habría concluido que la causación de la prima técnica convencional dependía de la prestación directa del servicio, dado que su monto se disminuía por la ausencia justificada o no del trabajador; adicionalmente, a más días laborados y más tiempo suplementario, su cuantía aumentaba. Finalmente, el censor plantea: «4.2.2. error de derecho por vía indirecta» y sostiene que respecto de la prima técnica convencional el ad quem «dio un alcance probatorio que no otorga la ley sustancial», porque dio por demostrado sin estarlo, que «la presencia de la convención colectiva de trabajo implicaba la virtualidad de validez total sobre pactos de exclusión de factores salariales», aspecto que no se encuentra previsto en la ley.

VII. CONSIDERACIONES Conforme al sistema constitucional y legal, la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades que, más que un culto a la técnica, son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que este no se desnaturalice.

Debe recordarse que en razón al carácter extraordinario y riguroso que ostenta dicho recurso, éste no le otorga

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Radicación n.° 94702 competencia a la Corte para resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa

plantear la acusación de manera adecuada, se limita a enjuiciar la sentencia censurada, y determinar si el juez que la profirió observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por esta razón se ha enseñado que en el recurso extraordinario se enfrentan la ley y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. En el presente caso, la acusación que formula el recurrente presenta algunas impropiedades que impiden su prosperidad, como se indica a continuación:

1. Proposición jurídica: Según lo dispuesto en el artículo 90 numeral 5 literal a) del CPTSS, un requisito indispensable e insoslayable que debe tener toda demanda de casación es la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado; entendiéndose por este, aquél que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales, y que para los efectos del recurso extraordinario se concretan a los que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial.

Así las cosas, como quiera que lo perseguido a través de esta acción judicial es demostrar el equívoco del colegiado al no otorgarles connotación salarial a unos beneficios extralegales en el marco de la convención colectiva de trabajo de la cual adujo ser beneficiario, era indispensable que se acusara al menos la disposición legal que constituye la fuente

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Radicación n.° 94702 de esta clase de derechos, esto es, el artículo 467 del CST, o el artículo 476 ibídem, lo cual no se hizo ni tampoco se

enuncia en el desarrollo de la acusación, lo que conduce a su desestimación. Al respecto, la Corte, a través de sentencia CSJ SL17072-2014 reiterada en CSJ SL514-2013, aclaró lo dicho en los siguientes términos: 1) Complementario a lo señalado en el ordinal anterior, también ha dicho esta Corporación, que cuando se trate de trasgresión de normas convencionales y la reclamación de un derecho de esta naturaleza, es indispensable acusar el art. 467 del CST, que constituye la fuente de derechos materiales de este tipo de convenios, o el 476 del mismo estatuto, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio colectivo de trabajo; invocación de dichas normas sustanciales que tampoco se cumplió en este evento pues brillan por su ausencia. Al respecto, en la Sentencia de la CSJ SL, 28 feb. 2012, Rad. 41947, sobre el particular, se dijo: (…) 2º) Estando sustentados los derechos reclamados en el asunto bajo examen, y sobre los cuales se pronunció el fallo atacado, en la convención colectiva de trabajo suscrita entre el sindicato y la entidad demandada, conforme lo ha asentado de tiempo atrás la jurisprudencia, debió señalar la censura como violado o bien el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que da el alcance de fuente de derechos materiales a este tipo de convenios, o ya el 476 del mismo estatuto, que otorga derecho de acción a los trabajadores para reclamar el incumplimiento de un convenio de

dicha naturaleza, disposiciones que brillan por su ausencia en la proposición jurídica del ataque. Y en decisión CSJ SL1411-2022, señaló: No obstante, por esta misma senda el recurrente propone el análisis de la convención colectiva de trabajo, debiéndose decir que el cargo no se encuentra llamado a prosperar en tanto en la proposición jurídica no se denunció, por lo menos, el artículo 467 del CST que es la fuente legal que imprime efectos obligatorios a lo que las partes acuerdan en el convenio colectivo de trabajo, como de manera insistente lo ha señalado la Sala. Recientemente en la sentencia la sentencia CSJ SL1722-2021 se rememora que en las sentencias CSJ SL8952-2017, de 17 de may. rad. 70668, CSJ SL4626-2016, de 6 abr. 2016, rad. 57765 se citan, a su vez,

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Radicación n.° 94702 la sentencia de 11 de octubre de 2001 (Radicación 16114), en la que se dijo: […] Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición […]. A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, en el listamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo

debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad. No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que la controversia procesal gira exclusivamente en torno al alcance de una disposición convencional. (Subrayas fuera del texto). Lo anterior sería suficiente para desestimar esta acusación; sin embargo, la Sala encuentra otras deficiencias que es necesario resaltar:

2. Deberes del censor: cuando la acusación se dirige por la vía indirecta, como ocurre en este caso, es necesario que se precisen de forma detallada los errores fácticos evidentes cometidos por juzgador; determinar qué elementos de convicción no fueron valorados «[…] y en cuáles de ellos se cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última, […] explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en

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Radicación n.° 94702 verdad acredita» (CSJ SL 1301-2018). Sin embargo, en este caso, la parte recurrente olvida enlistar los errores de hecho en que pudo haber incurrido el colegiado, y tampoco efectúa una correcta y suficiente

confrontación entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal. Nótese que en todo el desarrollo de su acusación omite precisar los yerros fácticos ostensibles que le endilga al Tribunal. Y al referirse a los medios de prueba, no se expone con claridad en qué consistió el defecto valorativo, no explica cómo la falta o defectuosa apreciación probatoria condujo al juez plural a incurrir en error y qué es lo que en verdad acredita o informan estos elementos. Así, debe recordarse que la demostración de los errores debe estructurarse « mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resolución judicial . (CSJ SL 17 may. 2011, rad. 42037). » Tal confrontación entre las consideraciones del colegiado y lo que en verdad acreditan las pruebas a las que se alude, no fue efectuada en debida forma ni de manera suficiente en la acusación.

3. Mixtura de vías: pese a que esta acusación se dirige por la senda indirecta, lo cierto es que para demostrar la violación a la ley sustancial se vale de planteamientos de orden jurídico, al indicar que, para determinar la naturaleza

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Radicación n.° 94702 de los factores discutidos, al Tribunal le correspondía analizar en primera medida, si eran retributivos del servicio o no, pues de ello dependía si las partes tenían total libertad para pactar su exclusión salarial o si tal facultad estaba

restringida; cuestionamiento que es ajeno a una discusión fáctica y que corresponde a un debate de puro derecho, lo cual no corresponde a la vía de ataque elegida. Sustentar la vulneración indirecta de la ley en cuestionamientos de orden jurídico resulta contrario a las reglas del recurso extraordinario, pues cuando se elige la senda fáctica para impugnar la sentencia, lo que se pretende es demostrar un desatino en la valoración probatoria, no en el razonamiento de puro derecho por parte del fallador, como aquí ocurre al endilgar al colegiado el no haber establecido como uno de los elementos para determinar la naturaleza salarial de los beneficios convencionales debatidos, el que se tratara de pagos retributivos del servicio. Así las cosas, la censura hace una mixtura de las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, las cuales son excluyentes, por cuanto la primera lleva a un yerro jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios errores de hecho, por lo que su análisis debe ser diferente y su formulación por separado, tal como lo sostuvo la Corte en sentencia CSJ SL 9 abr. 2008, rad. 32195, reiterada, entre otras, en las decisiones CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 39755; CSJ SL, 29 may. 2012, rad.41428; CSJ SL228SCLAJPT-10 V.00 20 Radicación n.° 94702

2020, CSJ SL498-2022 y CSJ SL514-2023.

4. Extravío o desenfoque del cargo: debe recordarse que,

para el Tribunal, los factores convencionales discutidos denominados prima técnica e incentivos de progreso, de progreso-tubería y HSE, no tenían incidencia salarial por cuanto así fue pactado en el anexo 1 de la CCT al que se