CSJ - SL872-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL872-2023 Radicación n.° 84717 Acta 13 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

LUÍS OVIDIO ATEHORTÚA VICTORIA, ÓSCAR MARÍN

ECHEVERRY, JOSÉ ERMINIO VÁSQUEZ LOZANO, TEÓDULO GONZÁLEZ y ÓSCAR DE JESÚS OSORIO MEJÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 26 de febrero de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauraron los recurrentes contra la sociedad INGENIO PICHICHÍ S. A. Téngase en cuenta la renuncia presentada por el apoderado judicial de la demandada abogado Luis Fernando Rojas Arango, identificado con la cédula de ciudadanía 16.598.766 de Cali y portador de la tarjeta profesional 29.287 del C. S. de la J., atendiendo a que conforme emerge de los documentos allegados por el aludido profesional y que

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Radicación n.° 84717 reposan en el cuaderno digital de esta corporación dio cumplimiento de las exigencias de que trata el artículo 76 del CGP.

I. ANTECEDENTES

Luís Ovidio Atehortúa Victoria, Óscar Marín Echeverry, José Erminio Vásquez Lozano, Teódulo González y Óscar de Jesús Osorio Mejía demandaron al Ingenio Pichichí S. A., con

el fin de que se declare que entre ellos y la demandada existió un «contrato laboral realidad» al haber sido «remitidos en misión» por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Fuerza Interactiva y por la sociedad Fuerza Interactiva S. A.

S. para realizar labores de corte de caña.

En consecuencia, solicitaron el reconocimiento y pago de las siguientes acreencias:

DEMANDANTE CONCEPTO PERIODO

CESANTÍAS

INTERESES A LAS CESANTÍAS

PRIMAS

LUÍS OVIDIO VACACIONES 1/07/2006 A

ATEHÓRTUA VICTORIA 14/02/2012

AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTES A SALUD, PENSIONES Y ARL

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

CESANTÍAS

INTERESES A LAS CESANTÍAS

PRIMAS

ÓSCAR MARÍN VACACIONES 2/12/2005 A

ECHEVERRY 14/02/2012

AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTES A SALUD, PENSIONES Y ARL

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

CESANTÍAS

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Radicación n.° 84717

INTERESES A LAS CESANTÍAS

PRIMAS

VACACIONES 15/12/2005

JOSÉ ERMINIO

VÁSQUEZ LOZANO AUXILIO DE TRANSPORTE A

14/02/2012

APORTES A SALUD, PENSIONES Y ARL

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

CESANTÍAS

INTERESES A LAS CESANTÍAS

PRIMAS

VACACIONES 5/08/2006 A

TEÓDULO GONZÁLEZ

14/02/2012

AUXILIO DE TRANSPORTE

APORTES A SALUD, PENSIONES Y ARL

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

CESANTÍAS

INTERESES A LAS CESANTÍAS

PRIMAS

11/07/2006

ÓSCAR DE JESÚS VACACIONES

A

OSORIO MEJÍA

AUXILIO DE TRANSPORTE 29/02/2012

APORTES A SALUD, PENSIONES Y ARL INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Asimismo, suplicaron el pago de las indemnizaciones de que tratan los artículos 65 del CST y el 99 de la Ley 50 de 1990; los perjuicios morales que les fueron causados, que tasan en la suma equivalente a 500 SMMLV para cada uno de ellos; la indexación de las condenas; lo que resulte probado en aplicación de las facultades ultra y extra petita y las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que laboraron para la demandada en calidad de asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Fuerza Interactiva y de la Sociedad Fuerza Interactiva S. A. S., quienes los enviaron en misión al Ingenio Pichichí S. A. para que prestaran sus servicios como corteros de caña, lo que hicieron de manera

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Radicación n.° 84717 personal y bajo la continua subordinación de la convocada, en los periodos antes indicados, sin que se les pagaran las acreencias laborales causadas a su favor tales como cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y auxilio de transporte. Destacaron que se les canceló un salario inferior al percibido por los trabajadores directos de la demandada, a

los que sí se les reconoció las prestaciones propias de una relación laboral. Afirmaron que cuando estuvieron vinculados con la CTA Fuerza Interactiva se les descontaba, de cada pago, el 8,33% con destino al otorgamiento de la compensación anual; el 1% para los intereses sobre la compensación anual; el 4,16 % para el descanso anual; y el 8,33 % para la compensación semestral «es decir el descuento es de su propio sueldo lo que no constituye pago de prestaciones sociales». Indicaron que cuando trabajaron con la sociedad Fuerza Interactiva S. A. S., de lo devengado en cada semana se «hacía una reserva» en los mismos porcentajes y con destino a los conceptos antes señalados, de manera que no podía considerarse que las prestaciones sociales causadas se cancelaron a su favor, pues su reconocimiento provenía de sus ingresos. Adujeron que siempre desempeñaron funciones de corteros de caña en los predios de la demandada ubicados en los municipios de Guacarí y Buga, Valle del Cauca; su

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Radicación n.° 84717 jornada era de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. de lunes a domingo y, festivos, sin posibilidad de descanso. Precisaron que percibieron como salario las siguientes sumas de dinero:

DEMANDANTE SALARIO

LUÍS OVIDIO ATEHÓRTUA VICTORIA $ 536.000,00

ÓSCAR MARÍN ECHEVERRY $ 536.000,00

JOSÉ ERMINIO VÁSQUEZ LOZANO $ 782.500,00

TEÓDULO GONZÁLEZ $ 695.916,66

ÓSCAR DE JESÚS OSORIO MEJÍA $ 824.083,33

Sostuvieron que recibían órdenes de la sociedad demandada por medio de los señores Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo y Lizman Bejarano, entre otros, quienes eran supervisores «cabos o monitores de corte» y se encargaban de vigilar el cumplimiento del horario y rendimiento de cada uno de ellos, para elaborar unas fichas que posteriormente se remitían a la CTA, así como a la sociedad Fuerza Interactiva, a efectos de que «manufacturaran las respectivas planillas de pago semanal». Resaltaron que para poder ingresar a laborar se les obligó a afiliarse la CTA y posteriormente a sociedad Fuerza Interactiva S. A. S., por intermedio de las cuales prestaron sus servicios personales a la demandada ante la cual expusieron sus inconformidades por dicha modalidad de contratación y reclamaron los perjuicios que se les causaba al no efectuarse el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes. Que ante tales pedimentos se les respondió «¡que quien no quisiera trabajar de esa forma, podían renunciar!».

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Radicación n.° 84717 Pusieron de presente que en los meses de octubre y noviembre de 2008 participaron en una huelga contra la demandada y los demás ingenios en los que se tercerizaba a través de cooperativas, por lo que «muchos compañeros fueron procesados penalmente, pero, absueltos».

Precisaron que durante el periodo laborado a través de la CTA y la S. A. S. Fuerza Interactiva estas no eran propietarias de las herramientas empleadas para la ejecución de la labor contratada, de la dotación suministrada ni de los medios de producción ni vehículos en que eran transportados a los frentes de trabajo, dado que tales elementos pertenecían a la demandada. Adicionaron que no hubo gestión ni independencia por parte de la CTA y que el precio de corte de caña era impuesto por la accionada, de manera que «la oferta o contrato de prestación de servicios» era simulado; y que se les asignó un número por medio del cual se hacía seguimiento a su rendimiento y cantidad de trabajo ejecutado. Refirieron que fue la demandada quien ordenó la disolución y liquidación de la CTA y la sociedad Fuerza Interactiva y la que pagó los costos de tal gestión, así como de los honorarios de las liquidadoras designadas con tal fin; sin que les fueran devueltos los aportes que realizaron a la CTA ni las ganancias de la sociedad; lo que ocurrió con más de 900 trabajadores que estuvieron vinculados con esta y otras cooperativas con el mismo modus operandi.

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Radicación n.° 84717 Acotaron que una vez culminó su vínculo con la CTA y la S. A. S. a través de la presentación de renuncias con la apariencia de ser voluntarias, fueron contratados directamente por la demandada a través de la empresa Pichichí Corte S. A. que es del mismo ingenio. Finalmente aludieron a que durante la relación laboral la convocada les causó perjuicios morales, los que deben ser

reparados, pues se les mantuvo «en un trato de trabajo ilegal, diferencial, en contra de sus voluntades» viéndose afectados en su esfera más íntima, dada la angustia de haber sido contratados por medio de CTA y no percibir una retribución justa con sus correspondientes prestaciones sociales, por lo que no pudieron brindar una atención adecuada a sus hogares. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, afirmó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa manifestó que jamás sostuvo con los demandantes una relación laboral ni contrato de ninguna índole, en tanto, tal como ellos lo aceptaron, fueron trabajadores asociados de la CTA Fuerza Interactiva y de Fuerza Interactiva S. A. S.; motivo por el que no existía obligación a su cargo al tratarse de vínculos con terceros de naturaleza autogestionaria, con quienes si bien suscribió «contratos civiles de ofertas mercantiles» prestaron los servicios con autonomía técnica y administrativa.

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Radicación n.° 84717 Formuló como excepciones previas las que denominó inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario con la CTA y sociedad Fuerza Interactiva; e inepta demanda por falta de requisitos formales en tanto los actores solicitaron la declaración de la existencia de un contrato realidad sin precisar sus extremos. De fondo las que relacionó como falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad de la parte demandada,

prescripción, pago y compensación, ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandada, innominada y buena fe. En la audiencia llevada a cabo el 31 de mayo de 2016 (fos. 228-229) el juzgado de instancia declaró no probadas las excepciones previas propuestas por la demandada, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga en diligencia de fecha 30 de agosto de la misma anualidad.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de enero de 2018, absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación e impuso las costas a los actores.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, mediante fallo del 26 de febrero de 2019 confirmó en su integridad la providencia de primer grado y se abstuvo de imponer costas en la alzada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico establecer si entre los accionantes y el Ingenio Pichichí S. A., en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se suscitó una relación de trabajo en los términos previstos por el artículo 23 del CST y en caso afirmativo si a favor de estos

se causaron las acreencias deprecadas. De entrada, advirtió que era procedente confirmar en su integridad la sentencia absolutoria proferida por la primera instancia al considerar que no se demostró la existencia de las relaciones laborales alegadas. En primer lugar, destacó que, si bien en la demanda inicial se utilizaban «las figuras del contrato realidad con las figuras de trabajadores vinculados a través de empresas de servicios temporales», se avizoraba que lo que se pretendía era la declaratoria de un contrato realidad como trabajadores del Ingenio Pichichí S. A. Se refirió a la regulación de las Cooperativas de Trabajo Asociado y destacó que ello ocurría a través de la Ley 79 de

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Radicación n.° 84717 1988 «actualizada» por el Decreto 4588 de 2006; normas de las que emergía que el trabajo cooperativo en Colombia se regía por sus propios estatutos. Resaltó lo que se dijo en la sentencia CSJ SL, 9 sep. «1987» (sic), sin radicado, en torno a las CTA y precisó que en la medida que lo que se solicitaba era la aplicación del principio de la primacía de la realidad, debía acudirse al artículo 53 de la CP luego de lo cual se podía colegir que el contrato de trabajo realidad «no es más que aquel contrato que aunque no se definió ni formalizó, se considera que existe por la naturaleza misma de las actividades desarrolladas por el trabajador»; por lo que independientemente del nombre que las partes le den al vínculo que los une, si se configuran los elementos señalados en el artículo 23 del CST, esto es,

prestación personal del servicio, subordinación y salario, debe predicarse la configuración del contrato de trabajo. En cuanto a la presunción legal consagrada en el artículo 24 ibidem manifestó que al trabajador le bastaba con demostrar la prestación personal del servicio a favor de un empleador y en unos extremos temporales, para presumir que el vínculo fue de carácter laboral y como consecuencia de ello trasladar la carga de la prueba al empleador encaminada a desvirtuar la subordinación. Al descender al caso en concreto adujo que para establecer si a la luz del artículo 23 del CST se originaron entre las partes los elementos propios de toda relación laboral, debía verificarse si conforme al artículo 24 ya citado,

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Radicación n.° 84717 los actores demostraron la prestación personal del servicio a favor del Ingenio demandado en unos extremos temporales específicos «habida cuenta que probado el servicio se presumen los restantes elementos y ocurre entonces la inversión de la carga probatoria». Acotó que según los hechos de la demanda inaugural, los demandantes prestaron el servicio a favor de la demandada a través de la CTA Fuerza Interactiva y de Fuerza Interactiva S. A. S., en los siguientes periodos: i) Luis Ovidio Atehortúa Victoria para la CTA Fuerza Interactiva del 1 de julio de 2006 al 11 de julio del año 2010 y para Fuerza Interactiva S. A. S. del 12 de julio de 2010 al 14 de febrero del año 2012; ii) Óscar Marín Echeverry para la CTA Fuerza

Interactiva del 2 de diciembre de 2005 al 11 de julio de 2010 y para Fuerza Interactiva S. A. S. de 12 de julio de 2010 al 14 de febrero de 2012; iii) José Emiro Vázquez Lozano para CTA Fuerza Interactiva del 15 de diciembre de 2005 al 11 de julio de 2010 y para Fuerza Interactiva S. A. S. del 12 de julio de 2010 al 14 de febrero de 2012; iv) Teódulo González para la CTA Fuerza Interactiva del 5 de agosto de 2006 al 11 de julio de 2010 y para Fuerza Interactiva S. A. S. del 12 de julio de 2010 al 14 de febrero del año 2012 y; v) Óscar Osorio Mejía del 11 de julio de 2006 al 11 de julio de 2010 para CTA Fuerza Interactiva y para Fuerza Interactiva S. A. S. del 12 de julio de 2010 al 14 de febrero de 2012. Argumentó que para la prosperidad de las pretensiones se debía demostrar por parte de los actores que efectivamente prestaron el servicio en beneficio del Ingenio Pichichí S. A. de

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Radicación n.° 84717 forma personal y exclusiva, acreditando además los extremos de la relación laboral. Se remitió a las pruebas documentales allegadas al proceso tales como los comprobantes de nómina emitidos de la CTA Fuerza Interactiva; las ofertas mercantiles suscritas entre Fuerza Interactiva S. A. S. y el Ingenio Pichichí S. A.,

así como aquellas que existieron entre Fuerza Interactiva CTA y la misma sociedad; los contratos de trabajo celebrados entre Fuerza Interactiva S. A. S. y los actores; las certificaciones expedidas por esta sobre el mismo vínculo y las liquidaciones de prestaciones sociales correspondientes. Destacó lo que emergía de las certificaciones expedidas por la CTA en torno a los vínculos cooperativos y sus extremos, los soportes de entrega de dotación y pagos de aportes a seguridad social. A continuación, aseveró que de los medios de convicción antes relacionados se derivaba la prestación del servicio que como cooperados y también como trabajadores dependientes de Fuerza Interactiva CTA y de Fuerza Interactiva S. A. S. respectivamente, habían prestado los demandantes. Así mismo que esta última efectuó el pago de todas las acreencias de tipo laboral, sin que en los documentos antes referenciados se especificara quién fue el beneficiario de ese servicio. Resaltó que sobre el vínculo laboral que existió entre los demandantes y Fuerza Interactiva S. A. S. no se hizo referencia en el escrito de demanda inicial, la que tampoco

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Radicación n.° 84717 tuvo como propósito demostrar que tal sociedad haya actuado como intermediaria, unido a que «de los documentos aportados por la S. A. S. y la CTA no se puede demostrar elemento prestación personal del servicio a favor del Ingenio Pichichi». Hizo referencia al contrato de prestación de servicios profesionales para liquidar la CTA y la S. A. S. a través del cual se contrató por parte del Ingenio Pichichí S. A. a las

señoras Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo e indicó que «si bien esta prueba podría ser indiciaria, por sí sola no es suficiente para considerar que el tiempo o el servicio se prestó durante todo el tiempo solicitado a favor del Ingenio Pichichi». Adujo que como ninguna de las documentales daban certeza en torno a la existencia de los contratos realidad deprecados, era necesario adentrarse en el estudio de la prueba testimonial rendida por las señoras Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, quienes fungieron como liquidadoras de la CTA y la S. A. S., siendo la última asesora legal de ambas desde el año 2006, y dijeron no tener conocimiento alguno sobre la presunta relación que se suscitó entre los accionantes y el Ingenio Pichichí e insistieron en la autonomía con la que se manejaban tanto la cooperativa como la restante sociedad. En cuanto a los dichos de los señores José León Bermúdez Méndez y Yahir Ortiz Domínguez recibidos en el trámite del proceso, decretados de oficio, aseveró que cuando

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Radicación n.° 84717 se refirieron a los corteros de caña contratados a través de CTA y S. A. S. entre los años 2006 a 2012 afirmaron que recibían órdenes de estas y que «los Cabos y los asignadores pertenecían a las cooperativas y a las SAS» las que solo prestaban los servicios en el corte de caña de azúcar, en tanto que el transporte y pesaje se encontraba a cargo del Ingenio Pichichí ya que ninguna S. A. S. u otra CTA tenían báscula.

Por otro lado, adujo, estos testigos destacaron que ellos nunca le dieron órdenes a los demandantes ya que «a partir de que se constituyeron como cooperativas y SAS, ellos ya tenían sus personas indicadas a las cuales les recibían las instrucciones, que ellos eran solamente funcionarios directos del Ingenio Pichichi», por lo que no era cierto que los promotores de la contienda les pidieran permiso para salir, pues no tenían la forma de intervenir «en la cuestión administrativa» de las S. A. S. o de las cooperativas; unido a que nunca les llamaron la atención como lo afirmaban en la demanda inicial ya que no lo podían hacer. A continuación, analizó los testimonios de José Cobo Saavedra y Nancy Franco Ocampo de quienes dijo, manifestaron no conocer a los demandantes «mucho menos reconocerlos como trabajadores del Ingenio» y enfatizaron en la independencia de las CTA y de las S. A. S. Frente al dicho del señor William Calvo indicó que aquel aceptó conocer a los actores, pero como trabajadores de Pichichí Cortes S. A. S. a partir del año 2012, dado que nunca los conoció previo a esa fecha.

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Radicación n.° 84717 Así las cosas, consideró que ante la ausencia de material probatorio que diera cuenta de cómo se suscitó la prestación del servicio, esto es, «el establecimiento de las circunstancias del modo en que se relacionaban empleados y supuesto empleador» y no lograr identificar cómo se desarrolló la misma o qué labor específicamente desplegaron para el Ingenio Pichichí, ni mucho menos el tiempo en que

tal actividad persistió directamente para la demandada, además de que tampoco pudo verificarse sí solo los demandantes podían ejercer la labor a ellos encomendada o si lo podían delegarla, no era posible advertir la existencia de los contratos de trabajo deprecados. Refirió que aun cuando el Ingenio Pichichí si utilizó a la CTA Fuerza Interactiva para que a través de sus corteros se realizara una labor propia de su objeto social, «no se pudo demostrar» que el beneficiario de los servicios de los actores hubiera sido directamente con la demandada, unido a que, como lo sostuvieron los testigos, «el Ingenio no ejercía subordinación sobre las personas vinculadas a través de la CTA y las SAS, en estas condiciones entonces para la Sala lo que corresponde es confirmar el fallo absolutorio de primera instancia».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, se revoque la providencia de primer grado «concediendo todas la

(sic) pretensiones y costas». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que se presentó réplica, los cuales se resolverán en el orden en que fueron propuestos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4, 5 y 59

de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 1233 de 2008. Enlistan como errores evidentes de hecho: 1.-Dar por demostrado, sin estarlo, que ninguna de las documentales aportadas, tanto por la parte demandante, como por la demandada tienen la vocación de demostrar el elemento de prestación personal del servicio. 2.-Dar por demostrado, sin estarlo, que los demandantes no probaron los extremos temporales. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la CTA FUERZA INTERACTIVA y FUERZA INTERACTIVA SAS fueron independiente, (sic) sin intromisión o manejo por parte del

INGENIO PICHICHÍ S.A.

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Radicación n.° 84717 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la CTA y la SAS tenían autonomía administrativa y financiera. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que hubo ausencia de material probatorio para determinar el servicio personal prestado por los demandantes al ingenio. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se pudo determinar cómo se desarrolló el supuesto servicio personal. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se pudo determinar

para que labores especificas fueron contratados los demandantes. 8.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se pudo demostrar el tiempo que ese servicio se prestó. 9.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de prestación de servicios celebrado entre el INGENIO y las liquidadoras (AMPARO LOPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO, por sí solo no demuestra la prestación personal del servicio de los demandantes, aunque pudiera considerarse como una prueba indiciaria, pero insuficiente por sí sola. 10.- Dar por demostrado, sin estarlo, afirmar que el ingenio utilizó la CTA FUERZA INTERACTIVA y FUERZA INTERACTIVA S.A.S para que a través de sus corteros se realice una labor del ingenio, y en ello acierta el apelante, sin embargo lo que no se demostró en el plenario es, que durante todo el tiempo en que estuvieron vinculados los demandantes, cada uno de ellos con la CTA y SAS que el beneficiario de ese servicio haya sido el ingenio pichichí. 11.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el ingenio no ejercía su subordinación sobre las personas vinculadas a través de la CTA y la SAS. Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas: 1.- […] Las Ofertas mercantiles de la CTA y SAS a folios 135 A 168; 170 a 215. 2.- Fue apreciada erróneamente la prueba que está a folios 216 a 221 que corresponde al Contrato de prestación de servicios de 02 de abril de 2012, celebrado entre el INGENIO PICHICHI S.A. y las señora AMPARO LOPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO en calidad de liquidadoras, cuyo objeto fue disolver y liquidar de las

CTAs y SAS que le prestaron el servicio de corte de caña y servicios varios de campo al Ingenio, tales como: Cta Fe y esperanza, Cta nuevo Horizonte, Cta Progresar, Cta Progresemos,

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Radicación n.° 84717 Cta Practicaña, Cta fuerza Interactiva, Presercampo SAS, Crecivalores SAS, Serviasociados del Valle SAS, entre ellas FUERZA INTERACTIVA CTA, Fuerza Interactiva SAS, el pago total a las liquidadoras fue de $159.000.000.oo de pesos. 3.- Los testimonios de LICENIA GALINDO, AMPARO LOPEZ

ESPEJO, LUBIN COBO, WILLIAM CALVO y NANCY FRANCO

CAMPO Relaciona como medios de convicción no valorados: 1.- Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI le entregaba la dotación a los trabajadores socios de la CTA Y SAS (folios 191 No.5, 199 No.5, 205). 2.- Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obligaba a pagar a terceros los créditos que la CTA y SAS no cubra (folios 141, 157, 200, 206, 212). 3.- Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI podía exigir a la CTA y SAS el retiro o prohibir el ingreso de socios de las mismas (195, 201 V, 207 V V(sic)). 4.- Las Ofertas mercantiles con las cuales la CTA y SAS se obligaban para el INGENIO PICHICHI a suministrarle el número de sus afiliados, sus antecedentes judiciales y disciplinarios

(folios 190 No.14, 195, 199 No.14, 201 V). 5.- La Oferta folio 215 con la cual, el INGENIO se compromete a PATROCINAR con donaciones de $15.600.000 MILLONES, para el FONDO DE SOLIDARIDAD de la CTA para atender solvencia de asociados de la CTA. 6.- Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obliga con la SAS a entregar las suma de $420.000.oo a cada asociado para apoyar procesos de producción (folios (sic) folio 149). 7.- Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obliga con la SAS a permitir que los asociados usen el transporte que tiene para sus trabajadores directos (folios 143, 145, 180, 205). 8.- Las Ofertas mercantiles con las cuales el INGENIO PICHICHI se obliga con la CTA y SAS a apoyar con el pago con un salario mínimo legal vigente mensual para el pago del cabo, a tener un resumen del estado de jubilado de los asociados, a pagar incapacidades de los asociados, a darles un bono de productividad a los asociados, a revisar la carga laboral de la abogada del contratista, a ofrecerles a los asociados otras labores

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Radicación n.° 84717 diferentes al corte de caña, a apoyar a familias de los asociados con una aporte de $1.000.000.oo para funerales (folios 150 y 151). 10.- (sic) El certificado de existencia y representación legal del INGENIO PICHICHI S.A. (folio 29 al 33.).

11.- Los Acuerdos celebrados entre el INGENIO PICHICHI S.A. y los asociados a la CTA y SAS de 21 de junio de 2005, 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011 (folio 90 al 96). 12.- Las historias laborales de cada uno de los demandantes, a folios 63 al 86. Para dar desarrollo al cargo, sostienen que aun cuando el juez plural afirmó que ninguno de los documentos allegados al proceso demostraron el elemento de prestación personal del servicio, ello fue el resultado de pasar por alto las ofertas mercantiles celebradas entre la demandada y la CTA y S. A. S., en las que se fijó como objeto el corte manual de caña, así como las labores de riego, siembre y limpieza de caña, lo que coincide con el objeto social contenido en el certificado de cámara de comercio de la demandada en el que «en el No. 4,4 y 4,8 que tiene como actividad la siembra, cultivo y todas las actividades inherentes al cultivo de caña»; lo que impedía que contratara su ejecución a través de CTA o S. A. S. Argumentan que el fallador de la alzada aseveró que no probaron los extremos temporales en que prestaron sus servicios, no obstante, no entienden como arribó a tal conclusión cuando fue posterior a estudiar las pruebas relativas a los: […] folios 296 a 299 en donde se encuentra el contrato de trabajo celebrado entre FUERZA INTERACTIVA S.A.S. y el señor LUÍS OVÍDIO ATEHORTÚA VICTORIA. A folio 300 se encuentra

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Radicación n.° 84717

certificado que acredita que el señor LUIS OVIDIO ATEHORTÚA VICTORIA y FUERZA INTERACTIVA S.A.S sostuvo un vínculo laboral desde el 12 de julio del año 2010 hasta el 14 de febrero del año 2012. A folio 301 obra certificado que acredita que el LUIS OVIDIO ATEHORTUA VICTORIA y FUERZA INTERACTIVA sostuvo un vínculo cooperativo entre el primero de enero del año 2006 hasta el 31 de diciembre del año 2010. A folio 549 a 564 se encuentran contratos de trabajo celebrados entre FUERZA

INTERADCTIVA S.A.S y el señor OSCAR MARINO ECHEVERRY.

A folios 548 se encuentra certificado que acredita que el señor OSCAR MARINO ECHEVERRY y FUERZA INTERACTIVA S.A.S. sostuvo un vínculo laboral desde el 12 de julio del 2010 hasta el 14 de febrero del año 2012. A folio 547 se encuentra el certificado que acredita que el señor OSCAR MARINO y FUERZA INTERACTIVA CTA sostuvo un vínculo desde el primero de diciembre 30:04 del 2005 hasta el 11 de julio del año 2010. A folio 549 se encuentra terminación del contrato de trabajo que hace FUERZA INTERACTIVA S.A.S al señor OSCAR MARINO a partir del 14 de febrero del año 2012. A folios 565 a 610 se encuentra pagos de nóminas como los descuentos. En folio 602 y siguientes del expediente se encuentra liquidación de prestaciones sociales como llamados de atención al señor OSCAR MARIN por parte de FUERZA INTERACTIVA S.A.S. A folios 669 a

673 y 678 a 682 del cuaderno se encuentra contratos de trabajo celebrados entre FUERZA INTERACTIVA S.A.S. y el señor JOSÉ HERMINIO V