CSJ - SL874-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL874-2023 Radicación n.° 91076 Acta 13 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO LTDA

(COOTRANSRIO LTDA.), contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 18 de agosto de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró ADANUR OTAVO IBATA en nombre propio y en representación de sus hijos menores YOJAN ARLEY, DARNOBER EULISES y CAMILO ANDRÉS MOSQUERA OTAVO en contra de la recurrente; trámite al que se vincularon como herederas determinadas de ARLEY MOSQUERA DÍAZ a TATIANA y WENDI MOSQUERA, quienes se encuentran representadas en el proceso a través de curador ad litem.

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Radicación n.° 91076

I. ANTECEDENTES Adanur Otavo Ibata en nombre propio y en representación de sus hijos menores Yojan Arley, Darnober Eulises y Camilo Andrés Mosquera Otavo demandó a la Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Rioblanco Ltda. (COOTRANSRIO LTDA.), con el fin de que se declare que entre esta última y el señor Arley Mosquera Díaz existió un «contrato laboral verbal a término indefinido» que operó de

«julio de 1990» al 13 de julio de 2013 o «dentro del intervalo que se demuestre dentro del proceso». En consecuencia, pretendió el pago de los conceptos «del orden salarial dejados de cancelar» correspondientes a los tres últimos años, en atención a la prescripción, relativos a dominicales y festivos, compensatorios, cesantías, intereses a las cesantías, prima legal de servicios, y vacaciones; así como la indemnización por falta de pago de las acreencias laborales reclamadas al tenor del artículo 65 del CST; los intereses moratorios; la indexación; la pensión de sobrevivientes causada en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 y su retroactivo; las costas del proceso y lo que resulte probado en uso de las facultades ultra y extra petita. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el señor Arley Mosquera Díaz se desempeñó como trabajador de la demandada ejerciendo distintos cargos tales como jefe de rodamiento y «motorista» del parque automotor de la convocada, dentro de los extremos temporales ya referidos.

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Radicación n.° 91076 Precisó que el deceso del subordinado se produjo el 13 de julio de 2013 a consecuencia de un «accidente de trabajo o accidente de tránsito», cuando se desempeñaba como conductor del vehículo tipo campero de placas XLA 415 afiliado a la demandada, mientras cubría la ruta Rioblanco Tolima – vereda Gaitán asignada por su empleador, el que

conforme a su certificado de existencia y representación legal se dedica al transporte de pasajeros, giros y encomiendas. Afirmó que la relación laboral se rigió bajo un contrato de trabajo verbal, el cual pretendía ser negado por la pasiva, quien era conocedora de la obligación legal de reconocer y pagar las correspondientes prestaciones sociales y demás acreencias solicitadas, tal como emergía de la comunicación de fecha 22 de agosto de 2013 suscrita por su gerente general. Puso de presente que durante el periodo en el que el señor Mosquera Díaz prestó sus servicios personales, se sometió a las reglas, políticas, directrices y órdenes impartidas por Cootransrio Ltda. a través del consejo de administración y de su gerente, por lo que cumplía un horario en los términos del «rodamiento interno de circulación» y portaba un carnet que lo identificaba como «motorista», así como el correspondiente uniforme; además participaba en los cursos de formación que le eran indicados. Resaltó que dependían económicamente del trabajador fallecido, quien les suministraba los alimentos y atendía sus necesidades básicas en calidad de compañero permanente y

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Radicación n.° 91076 padre, respectivamente. Sostuvo que Arley Mosquera Díaz no fue afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de su empleador y; que en el lapso en que prestó sus servicios percibió una remuneración equivalente al salario mínimo mensual legal vigente. Agregó que la demandada no ha cancelado las prestaciones sociales debidas, ni le ha entregado el reporte

de afiliación ni la prueba del pago de aportes a pensión y riesgos profesionales, a pesar de tener pleno conocimiento acerca de la obligación legal contenida en el artículo 36 de la Ley 336 de 1996 «concordante con el artículo 24 del CST y la Ley 797 de 2003». Finalmente, señaló que mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2013 solicitó a la cooperativa el reconocimiento de los derechos laborales «que le pudieran corresponder, por la labor desempeñada por su extinto esposo y padre»; aclaró que la calidad de compañera permanente de Adanur Otavo Ibata se derivaba de la sentencia de fecha 30 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que se dedicaba a la actividad del transporte de pasajeros y que al 13 de julio de 2013, el vehículo de placas XLA 415 se encontraba vinculado a esta; así como la reclamación presentada por la actora. No obstante lo anterior, aclaró que

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Radicación n.° 91076 la naturaleza del contrato que existió con Arley Mosquera Díaz se rigió por las normas del derecho privado, dada la inexistencia de subordinación pues aquel era el dueño del vehículo que conducía. Respecto de los restantes supuestos fácticos indicó que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa adujo que sostuvo con el señor Mosquera

Díaz «tres» (sic) contratos individuales de trabajo a término fijo inferior a un año; que el primero se ejecutó del 1 de mayo al 31 de julio de 2009 en el que se desempeñó como jefe de rodamiento; el segundo, del 1 de abril al 30 de septiembre de 2012 como «Islero del a (sic) Estación de Servicio»; y que «durante los demás años» realizó labores por fuera de la Cooperativa tales como jefe maquinaria de la Alcaldía Municipal de Rioblanco y administración de su propio negocio de venta de frutas y verduras, en el mismo municipio; así como a través del contrato de vinculación del vehículo de su propiedad. Manifestó que el accidente de tránsito en el que Arley Mosquera Díaz perdió la vida no obedeció a un incidente laboral, ya que, para ese momento, el vehículo que aquel se encontraba conduciendo no estaba prestando ningún servicio, de manera que el traslado que estaba realizando era por su propia voluntad y sin que mediara autorización u orden del jefe de rodamiento de la demandada. Formuló como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación, inexistencia del contrato laboral verbal, existencia de un contrato de vinculación, inexistencia

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Radicación n.° 91076 de los elementos que configuran un accidente de trabajo, buena fe, confusión, compensación o pago, y la innominada. En la audiencia llevada a cabo el 15 de noviembre de 2017, el juzgado de conocimiento dispuso la integración de

la litis con los herederos determinados e indeterminados de Arley Mosquera Díaz, para lo que requirió a la parte demandante, la que indicó que dentro de los determinados se encontraban Tatiana y Wendi Mosquera, quienes fueron vinculadas al trámite del proceso en los términos previstos mediante providencia calendada 23 de noviembre de 2017 y, en tanto se desconocía su dirección de notificación, se dispuso su emplazamiento y designación de curador ad litem para su representación. Notificado el curador designado «dio contestación» a la demanda inicial «coadyuvando» las pretensiones de esta, refiriendo que no le constaban los hechos expuestos, pero que «los aceptaba como ciertos debido a que les beneficiaba a sus representadas»; y que se encontraba de acuerdo con los fundamentos y razones de derecho del escrito inaugural; actuación con posterioridad a la cual se continuó con el trámite de la primera instancia correspondiente a la audiencia de que trata el artículo 80 del CPTSS.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Civil del Circuito de Chaparral Tolima, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 23 de octubre de 2018 resolvió:

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PRIMERO: Declarar probada la excepción denominada existencia de un contrato de vinculación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Declarar probada parcialmente las excepciones denominadas inexistencia de la obligación; e inexistencia del contrato verbal.

TERCERO: Declarar que entre el señor Arley Mosquera Díaz y la

empresa Cootransrio Ltda., existió un contrato de trabajo, durante los siguientes periodos: Del 01 de mayo de 2009 al 31 de julio de 2009 como jefe de rodamiento y Del 01 de abril de 2012 al 30 de septiembre de 2012 como islero, conforme se analizó en la parte motiva de este fallo.

CUARTO: Condenar a la empresa Cootransrio Ltda., a pagar en favor de la sucesión del señor Arley Mosquera Díaz el valor de $1.036.729 por concepto de prestaciones sociales, conforme al análisis realizado en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: Ordenar el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la superintendencia financiera sobre la suma de $867.840, desde el 01 de octubre de 2012, por el pago tardío de los salarios y prestaciones adeudados por la terminación del contrato y hasta cuando se verifique el pago. Artículo 65 del CST, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas.

SÉPTIMO: Sin CONDENA costas por la prosperidad parcial de la demanda, en los términos del artículo 365 CGP.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de proveído de fecha 18 de agosto de 2020 dispuso: PRIMERO: ADICIONAR el Ordinal Tercero de la parte resolutiva

de la sentencia de 23 de octubre de 2018 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral – Tolima, en el proceso ordinario laboral promovido por ADANUR OTAVO IBATA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos YOJAN

ARLEY DARNOBER EULISES y CAMILO ANDRÉS MOSQUERA

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Radicación n.° 91076 OTAVO contra la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO LTDA.- COOTRANSRIO LTDA., en el sentido de DECLARAR igualmente que entre ARLEY MOSQUERA DÍAZ (q.e.p.d.), como trabajador y la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO LTDA.- COOTRANSRIO LTDA., existió un contrato de trabajo por 22 días entre el 11 de mayo y el 13 de julio de 2013, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR el Ordinal Cuarto de la parte resolutiva

de la mencionada sentencia, así:

1. CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO - COOTRANSRIO LTDA., a pagar igualmente a favor de la sucesión de ARLEY MOSQUERA DÍAZ los siguientes conceptos laborales $36.025.oo, por auxilio de cesantías; $264,18, por intereses a las cesantías; $18.012,50, por vacaciones; $36.025.oo, por prima de servicios; más la indexación que ha generado el no pago de las anteriores sumas desde el día siguiente a la fecha

de finalización del último vínculo laboral, es decir, a partir de 14 de julio de 2013 y hasta cuando se haga efectivo el pago de los mismos, de acuerdo al IPC certificado por el DANE, teniéndose como índice final el correspondiente al mes de pago inicial al mes de la terminación del vínculo laboral.

2. CONDENAR a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE RIOBLANCO - COOTRANSRIO LTDA., a pagar a favor de ADANUR OTAVO IBATA, YOJAN ARLEY, DARNOBER EULISES y CAMILO ANDRÉS MOSQUERA OTAVO, pensión de sobrevivientes de origen laboral, a partir de 14 de julio de 2013, en cuantía al salario mínimo legal, sobre 13 mesadas al año, la cual se pagará en un 50% a favor de ADANUR OTAVO IBATA, en calidad de compañera permanente y el 50% restante, a los menores YOJAN ARLEY, DARNOBER EULISES y CAMILO ANDRÉS MOSQUERA OTAVO, en proporción del 16,66% para cada uno. Una vez finiquitado el derecho de la pensión de sobrevivientes a cualquiera de ellos, ésta se acrecentará a favor de los demás. Extinguido el derecho a éstos, la misma se agrandará (sic) a favor de la compañera permanente en un 100% y así en forma definitiva, de acuerdo a lo considerado en la parte motiva de esta sentencia, cuyo retroactivo liquidado hasta el 30 de junio de 2020, corresponde a la suma de $4.910.547,44, mesadas pensionales que se deberán

pagarse (sic) debidamente indexadas de acuerdo al IPC certificado por el DANE, teniéndose como índice final el correspondiente al mes de pago e inicial el de cada mesada adeudada, cuyo retroactivo, liquidado hasta el 31 de julio de 2020, corresponde a la suma de $ 65.875.111,oo.

TERCERO: REVOCAR los Ordinales Primero y Segundo de la

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Radicación n.° 91076 parte resolutiva de la precitada sentencia, y en su lugar se dispone declarar no probadas las excepciones de mérito de inexistencia de un contrato de vinculación, inexistencia de la obligación e inexistencia de contrato verbal, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problema jurídico a resolver si se habían dado los elementos de un contrato de trabajo entre el causante y la demandada durante el periodo comprendido del 11 de mayo al 13 de julio de 2013, y en caso afirmativo, a qué acreencias laborales tenía derecho la parte actora; así como establecer si el accidente que sufrió el trabajador era de origen laboral y si conllevaba el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que se reclamaba. Indicó que para que existiera un contrato de trabajo se requería la demostración por parte del trabajador, de los elementos esenciales aludidos en el artículo 23 del CST,

particularmente la prestación personal del servicio, y la remuneración, en tanto, al tenor del artículo 24 ibidem la subordinación se presumía y, por ende, al empleador le correspondía desvirtuarla, en las condiciones previstas en la sentencia CSJ SL14850-2014, reiterada en la CSJ SL, 22 feb. 2017, rad. 44244. Así las cosas, se adentró en determinar si la parte demandante atendió la carga de la prueba que le asistía en

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Radicación n.° 91076 torno a la acreditación de la prestación personal del servicio del causante a favor de la demandada en el término referido en el recurso de alzada. Destacó que en el plenario reposaban las copias de los comprobantes de los viajes efectuados por el vehículo de placas XLA 415 expedidos por la empresa, de los que emergía que durante los días 13, 14, 25, 27, 29, 30, 31 de mayo, 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 28 de junio y 11, 12 y 13 de julio de 2013, el conductor de ese automotor había sido el señor Arley Mosquera Díaz (fos. 19, 257 a 281). Se refirió al artículo 15 de la Ley 15 de 1959, así como al 36 de la Ley 336 de 1996 y precisó que existía la presunción legal respecto de las personas que laboraban como conductores de vehículos de servicio público, según la cual «el contrato laboral se entenderá celebrado con la

empresa en donde se encuentra afiliado el vehículo que conduce» sin que aquella se desvirtuara por el hecho de que el conductor fuera el propietario del vehículo, ya que tales preceptos no lo prohibían; además, que nada impedía que «una persona tenga esas dos calidades, pues son figuras totalmente diferentes». Puso de presente que, si bien la relación entre propietario y la empresa por razón de la vinculación o afiliación del vehículo era civil o comercial, el nexo que surgía entre el conductor y la empresa era laboral, en tanto «implica someterse a unas rutas preestablecidas, a unos horarios de salida y llegada, al uso de uniformes de la empresa y a

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Radicación n.° 91076 reportar a la compañía los ingresos por venta de personas transportadas junto con los tiquetes vendidos». Que en consecuencia era dable concluir que aun cuando en el contrato de vinculación del vehículo se hubiera pactado que el pago de salarios y prestaciones sociales del conductor estaba a cargo del propietario de aquel, ello no era suficiente para desechar el contrato de trabajo alegado, en tanto aquellos acuerdos no podían ir en contravía del principio protector del trabajo al tenor del artículo 25 de la CP. De manera que, al demostrarse la prestación personal del servicio del causante como conductor del vehículo de placas XLA 415 para los meses de mayo, junio y julio de 2013, el cual se encontraba afiliado a la demandada, era esta última la que tenía la calidad de empleadora, al no haberse desvirtuado la presunción prevista en el artículo 24 del CST,

para lo que se apoyó en la providencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39259. En torno a los extremos de la relación laboral, destacó que de los comprobantes de viaje que reposaban a folios 19, 257 a 281 del plenario emergía que el conductor prestó sus servicios de forma interrumpida entre el 11 de mayo y el 13 de julio de 2013 «trabajo que desarrolló por días, similar al que desarrollan en algunas regiones las empleadas del servicio doméstico»; de manera que la razón no estaba del lado del juez de primer grado cuando sostuvo que no podía fijarse como extremo final la calenda referida en la planilla de viaje

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Radicación n.° 91076 1444 aportada a folio 19, en tanto no existía duda que la fecha correspondía al 13 de julio de 2013, «pues si la número 1443 corresponde al 12 de julio de 2013 (Folio 180), es lógico concluir que la planilla 1444 corresponda al 13 de julio de 2013, dando así veracidad a la información contenida en la copia de la planilla aportada por los demandantes». Por lo expuesto, y al encontrarse demostrado el hito final del vínculo de trabajo, adujo que debían negarse las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de un contrato de vinculación, inexistencia de la obligación e inexistencia de contrato verbal», dada la acreditación de una verdadera relación laboral surtida del 11 de mayo al 13 de julio de 2013, lapso en el que el trabajador prestó su labor durante 22 días.

Acotó que como no estaba probado el monto del salario, se infería que por lo menos había correspondido al mínimo mensual legal vigente, el cual sería tenido en cuenta a efectos de «analizar las acreencias que se generaron por la mencionada relación» frente a las cuales no operó el fenómeno de la prescripción, al no haber transcurrido tres años entre el finiquito del vínculo, 13 de julio de 2013, y la presentación de la demanda inicial, 14 de junio de 2016, en los términos de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS. Precisado lo anterior definió el rubro al que ascendían el auxilio de cesantías y sus intereses, las vacaciones y la prima de servicios correspondientes. Respecto del trabajo suplementario deprecado resaltó que no estaba demostrada

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Radicación n.° 91076 la jornada laboral, pues si bien en las planillas de viaje se registraba la hora de salida, no ocurría lo mismo con la de llegada. Frente a la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST manifestó que la omisión de la demandada en la cancelación de las prestaciones sociales, no obedecía a la mala fe, en tanto, su carácter de empleadora surgía «de una interpretación que hizo el Tribunal a partir de la situación fáctica especial presentada, por estar afiliado el vehículo en el que prestó los servicios el causante a dicha entidad y no por haber sido contratado directamente por ésta», de manera que no era dable acceder a su reconocimiento, pero sí a la indexación de las sumas ordenadas, debido a la pérdida del poder adquisitivo del dinero, desde el día

siguiente a la terminación del vínculo laboral y hasta cuando se produjera el pago de las mismas, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE. A continuación, analizó si el accidente que produjo el deceso del causante era de origen laboral, para lo cual acudió al artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 así como a la sentencia CSJ SL1730-2020 según la cual, se entendía que accidente de trabajo era aquel que se originaba en el desarrollo de la labor y cuyo riesgo se concretaba en el ejercicio de las funciones propias del cargo. Con fundamento en la anterior precisión aseveró que para demostrar que el trabajador estaba prestando sus servicios al momento del óbito se había allegado la planilla

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Radicación n.° 91076 1444 del 13 de julio de 2013 de la que se derivaba que el vehículo de placas XLA 415 salió a las 5:00 p. m. a cubrir la ruta Rioblanco – Gaitán. Añadió que al valorar el referido documento de cara a la prueba de oficio decretada, con la que se había allegado la copia de la inspección técnica al cadáver del causante, podía afirmar que el accidente de tránsito en que perdió la vida Arley Mosquera Díaz, ocurrió ese mismo día aproximadamente a las 10:00 p. m. en la vereda San Jorge dentro de la ruta asignada; momento en el que el fallecido portaba prendas de vestir con el logotipo de la demandada, lo que coincidía con lo expresado en el informe de tránsito

acerca del accidente, en el que se registró como causa probable de aquel «fallas en los frenos del vehículo». Por lo expuesto consideró que el accidente que sufrió Arley Mosquera Díaz fue por causa del trabajo, en tanto se concretó en desarrollo de las funciones propias de su cargo de conductor del vehículo de placas XLA 415, por medio del cual la convocada prestaba el servicio público de transporte de pasajeros «existiendo entonces una correlación o nexo causal entre el trabajo y el suceso repentino que le causó la muerte», que no aparecía desvirtuado. Finalmente incursionó en el estudio de la procedencia de la pensión de sobrevivientes implorada, para lo cual inicialmente reprodujo un aparte de la providencia CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 33265 y posteriormente indicó que en principio, la responsabilidad de los riesgos laborales estaba

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Radicación n.° 91076 a cargo del empleador y surgía desde el inicio de la relación laboral, y que, para «liberarse» le correspondía asegurar a los trabajadores y efectuar el pago de las correspondientes cotizaciones para que las ARL asumieran el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales que se derivan de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, como se explicaba en la sentencia CSJ SL4572-2019. Así, sostuvo que como no obraba prueba de que la empleadora del causante se hubiera subrogado en las prestaciones asistenciales y económicas que podían derivarse de los riesgos laborales, le correspondía asumir el pago de estos, concretamente, de la pensión de

sobrevivientes deprecada en los términos previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, dada la remisión efectuada por el 11 de la Ley 776 de 2002. Luego pasó a analizar la prueba testimonial a efectos de establecer si estaba demostrada la convivencia del causante y la señora Adanur Otavo Ibata quien alegaba ostentar la calidad de compañera permanente. Se refirió a las declaraciones de Lucelly Ibata, José Alexander Moreno y Evaristo Otavo Ibata y destacó que de estos emergía la prueba sobre la vida en común de la pareja para la fecha del deceso, pues fueron concordantes en manifestar que la promotora de la litis era «su esposa», que procrearon tres hijos y que dependía económicamente de aquel, cuya convivencia había iniciado «entre 1995 o 1996».

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Radicación n.° 91076 Precisó que los menores Yojan Arley, Darnober Eulises y Camilo Andrés tenían la calidad de hijos del causante como se reportaba en los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 13 a 15, quienes nacieron el 5 de diciembre de 2001, 24 de septiembre de 2007 y 14 de diciembre de 2011 respectivamente, de manera que el derecho pensional de cada uno se extendía hasta su mayoría de edad, o hasta los 25 años en el evento de que demostraran ser estudiantes. Resaltó que aun cuando al proceso fue citada Wendy Yurani Mosquera Salcedo, quien fue representada por curador ad litem, quien en efecto tenía la calidad de hija del

causante, en consideración a que aquella nació el 3 de mayo de 1993, no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes, pues para la calenda del deceso del trabajador era mayor de edad y no demostró ser estudiante ni depender económicamente de aquel. Así las cosas, señaló que la pensión de sobrevivientes correspondía en un 50% a Adanur Otavo Ibata, en calidad de compañera permanente y el 50% restante a los menores Yojan Arley, Darnober Eulises y Camilo Andrés Mosquera Otavo, en proporción de 16,66% para cada uno, y que «una vez extinguido el derecho a cualquiera de ellos, se acrecentará a favor de los demás. Una vez finiquitado el derecho a todos, ésta acrecerá a favor de la compañera permanente en un 100% en forma definitiva». Indicó que la prestación se causaría a partir del 14 de julio de 2013, día siguiente del deceso, en un monto

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Radicación n.° 91076 equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, al tenor del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, a razón de 13 mesadas dado que su reconocimiento era posterior a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005. Se pronunció sobre la excepción de prescripción y afirmó que no estaba llamada a prosperar en tanto el derecho a la pensión «se hizo efectivo» a partir del 14 de julio de 2013 y no transcurrieron más de tres años entre ese momento y la interposición de la demanda con la que se interrumpió tal

fenómeno, al haber sido notificada dentro del año siguiente a su admisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del CPTSS. Acotó que no accedería al pago de los intereses moratorios en consideración a que la omisión de la demandada en la concesión de la pensión de sobrevivientes obedeció a su convencimiento en torno a la inexistencia de un vínculo laboral para la fecha en que ocurrió el accidente en el que el colaborador perdió la vida, lo que solo se definió en el trámite del proceso; no obstante, dispuso la indexación de las mesadas pensionales desde la causación de cada una de ellas y hasta que se produjera el pago. Por último, manifestó que el retroactivo causado y liquidado a 31 de julio de 2020 correspondía a la suma de $65.875.111, que debía ser cancelada en la proporción reconocida para cada uno de los beneficiarios de la prestación.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Cooperativa demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, frente a los que no se presentó réplica. La acusación se resolverá de manera conjunta, pues a pesar de estar dirigidos por sendas distintas, acusan similar elenco normativo y persiguen idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 15 de la Ley 15 de 1959 «en consonancia» con el artículo 36 de la Ley 336 de «1997» (sic) y los artículos 22, 23 y 24 del CST «en armonía» con los artículos 167 y 334 del CGP y 53 de la CP; lo que a su vez condujo a la infracción directa del título V del libro cuarto del C. Co. «en armonía» con el artículo 3 del Decreto 1 de 1990; 365 de la CP y 3 de la Ley 105 de 1993; 2, 3, 5, 65 de la Ley 336 de «1997» (sic); 189 de la CP y «de contera» el Decreto 171 de 2001; en especial sus artículos 1, 53 y 54; y por consiguiente «el desconocimiento de los derechos de la

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Radicación n.° 91076 parte pasiva por parte del juzgador de segundo grado, quien violando el debido proceso, lo condena bajo una indebida óptica procesal». Para demostrar el cargo se refiere a los artículos 23 y 24 del CST y destaca que la prestación personal del servicio y la remuneración son elementos cuya existencia debe ser demostrada por el trabajador, a quien así mismo le compete acreditar los hitos temporales en los cuales se desarrolló la relación laboral alegada a efectos de que se invierta la carga de desvirtuarlo al empleador, tal como se señaló en la sentencia CSJ SL14850-2014.

Sostiene que en tratándose de la vinculación de los conductores de empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros es preciso acudir al artículo 15 de la Ley 15 de 1959, así como al artículo 36 de la Ley 336 de 1996 de los que no se deriva, como equivocadamente lo indicó el fallador de segundo grado, que existe una presunción legal «respecto de las personas que laboran como conductores de vehículos de servicio público, de que el contrato de trabajo se entenderá celebrado con la empresa en donde se encuentra afiliado el vehículo que conduce» y que esta no se desvirtúa por el hecho de que el propietario del vehículo sea el conductor. Pone de presente que el Tribunal, en su disertación interpretativa se enfrentó con que «el mismo presunto chófer asalariado» es a su vez «el obligado solidario a responder por sus derechos laborales» y al efecto afirmó que la relación entre

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Radicación n.° 91076 el propietario y la empresa por razón de la vinculación del vehículo, es civil o comercial, mientras que el nexo en su calidad de conductor es laboral, con lo que a juicio de la censura «peca garrafalmente el Ad Quem al hacer un estudio simple y sencillo de las normas laborales». Agrega que a ese error llegó el juez