CSJ - SL875-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL875-2023 Radicación n.° 92560 Acta 13 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 23 de noviembre de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró en su contra MIGUEL

ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES.

I. ANTECEDENTES Miguel Antonio Hernández Pomares demandó a la UGPP, con el fin de que sea condenada a reconocerle y pagarle la «reliquidación de la pensión de jubilación convencional» otorgada por la Empresa Puertos de Colombia

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Radicación n.° 92560

S. A., mediante Resolución 000138261 del 11 de octubre de 1984, prestación que fue reajustada en el año 1990, «con efectos fiscales a partir del 27 de agosto de 1988, indexando la primera mesada pensional», sin precisar desde qué fecha y, en consecuencia, se ordene el pago de las «diferencias de mesadas pensionales indexadas», e igualmente se le impongan las costas procesales.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 27 de agosto de 1938; que estuvo vinculado a Puertos de Colombia mediante contrato de trabajo entre el 2 de junio de

1964 y el 15 de septiembre de 1984, año en el que devengaba $129.084, equivalentes a 11.45 SMLMV. Afirmó que el 11 de octubre de 1984, mediante Resolución 000138261, le fue reconocida la pensión de jubilación convencional en cuantía inicial de $103.267,05 «a partir de los 50 años de edad»; que mediante Resolución 039199 del 17 de enero de 1990, le fue otorgado un «incremento como reajuste pensional por aplicación de factores salariales», quedando la mesada, desde el 1 de enero de ese año, en la suma de $137.043,58. Precisó que a través de la Resolución 2778 del 30 de diciembre de 1996, el Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia le otorgó la indexación de la primera mesada, decisión que fue revocada por la demandada mediante el acto administrativo RDP 018779 del 13 de mayo de 2015, quedándole, desde ese momento, en cuantía de $2.090.542,20.

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Radicación n.° 92560 Aseveró que el 29 de febrero de 2016 solicitó el «reintegro del incremento pensional», petición que fue negada mediante «Auto No ADP 010330 del 16 de agosto de 2016»; y que radicó reclamación administrativa el 22 de mayo de 2017, encaminada a obtener el «reconocimiento del incremento por derecho a la indexación de la primera mesada», pedimento que fue negado con Resolución 034950 del 8 de

septiembre de 2017. Al dar respuesta a la demanda (f.º 60), la UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor y el cumplimiento de 50 años el 27 de agosto de 1988; que se vinculó a la empresa Puertos de Colombia por contrato de trabajo desde el 2 de junio de 1964 hasta el 15 de septiembre de 1984; que, mediante Resolución 138261 del 11 de octubre del mismo año le reconoció al demandante la pensión de jubilación convencional, en cuantía inicial de $103.267,05. De igual forma admitió el «incremento como reajuste pensional» ordenado con Resolución 039199 de 1990; el reconocimiento de la indexación de la primera mesada por medio de la Resolución 2778 de 1996 y su revocatoria a través de acto administrativo RDP 018779 del 13 de mayo de 2015; la existencia de la reclamación administrativa y su respuesta. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no le constaban o no eran ciertos. Estructuró su defensa en que expidió la Resolución RPD 018779 el 13 de mayo de 2015, en cumplimiento a la providencia judicial emitida por la Unidad delegada ante el

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Radicación n.° 92560 Tribunal Superior de Bogotá Fiscalía Veintidós, en la que se ordenó suspender los efectos jurídicos y económicos de la Resolución 2778 del 30 de diciembre de 1996. Agregó que la Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación contra Manuel Heriberto Zabaleta

Rodríguez, como autor, a título de dolo, del delito de peculado por apropiación y «ordenó SUSPENDER los efectos jurídicos y económicos de los actos administrativos firmados por este , por considerarse manifiestamente ilegales, por cuanto reconocieron pensiones, prestaciones e incrementos sin sustento legal», entre los cuales estaba la Resolución 2778 del 30 de diciembre de 1976, [en la que se dispuso la indexación de la primera mesada pensional] motivo por el cual ajustó la mensualidad del accionante como se plasmó en la Resolución RDP 018779 de 2015. Afirmó que en respaldo de tal decisión estaban las providencias del 20 de diciembre de 2011, emitidas por la Fiscalía Primera de la Estructura de Apoyo Foncolpuertos, y del 7 de noviembre de 2012, expedida por la Unidad delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, así como las sentencias

CC T554-1992 y CC T954-2008.

Agregó que a la fecha de presentación de la demanda se encontraba vigente la orden de suspensión de la resolución 2778, por ausencia de pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal de Bogotá al interior de la actuación adelantada por la Unidad DelegadaFiscalía Veintidós ante el Tribunal Superior de Bogotá, motivo por el cual no era viable resolver

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Radicación n.° 92560 la solicitud de indexación elevada por el accionante, «por cuánto de levantarse la orden acatada actualmente se estaría incurriendo en un doble pago prestacional y por ende en detrimento patrimonial».

En su defensa propuso las excepciones que tituló: «imposibilidad de reconocer la indexación de la primera mesada», cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, compensación y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, mediante fallo del 28 de enero de 2019, resolvió: Primero: Absolver a la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIALUGPP, de todas las pretensiones de demanda elevada por el señor MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, de conformidad con lo dicho en la (sic) motivaciones de esta sentencia.

Segundo: Condenar a la parte demandante MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, a pagar las costas causadas en el proceso y a favor de la demandada, como agencia en derecho se fija la suma de un (1) SMLMV.

Tercero: Por ser adversa a la totalidad de las pretensiones del demandante de no ser apelable, envíese en Consulta a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.L.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante fallo del 23 de noviembre

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Radicación n.° 92560 de 2020, al conocer el recurso de apelación interpuesto por el demandante, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de enero de 2019,

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, y en su lugar se dispone, CONDENAR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL a reajustar la pensión de jubilación del señor MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, a la suma de $251.111.70, a partir del 15 de septiembre de 1988. SEGUNDO CONDENAR a la UGPP a reconocer y pagar al actor por concepto de diferencias pensionales causadas del 22 de mayo de 2014 hasta 31 de enero de 2019 por valor de Ciento Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cinco Pesos con 80/100 M.L. ($108.245.235,80), suma esta que debe ser indexada al momento del pago desde febrero de 2019 hasta que se efectué el pago.

TERCERO: Declarar parcialmente la excepción de prescripción de todos (sic) las diferencias causadas antes del 22 de mayo de

2014.

CUARTO: Costas a cargo de LA UGPP. FIJENSE AGENCIAS EN

DRECHO (sic) EN AL (sic) SUMA UN SMLMV.

QUINTO: Notifíquese y cúmplase Para adoptar la anterior decisión el sentenciador precisó que tenía como problema jurídico a resolver, el siguiente: Determinar si hay lugar o no a indexar la primera mesada reconocida al actor. En caso positivo, si hay lugar al pago de las diferencias que reclama. Y también si le asiste el derecho a la

reliquidación de la pensión de jubilación convencional de conformidad con los factores salariales efectuados en el año 1990 por la empresa Puertos de Colombia. Arguyó que el actor solicitó la indexación de la primera mesada, por cuanto, si bien la pensión fue reconocida en 1984, solo «se efectivizo en el año de 1988», fecha en que cumplió 50 años; por tanto, el salario perdió valor adquisitivo

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Radicación n.° 92560 desde el momento en que se reconoció la prestación hasta aquel en que causó el derecho. Al efecto, citó apartes de la sentencia CSJ SL2515-2017, según la cual, la indexación opera sin tener en cuenta la clase de pensión de que se trate. Dijo que el demandante se retiró del servicio y le «reconocieron anticipo de pensión por valor de $2.582.685, y la pensión de jubilación en cuantía de $103.267, en el año 1984 y efectiva a partir de 1988», fecha en que cumplió 50 años, según apreciaba a folios 17, 29 y 31 del cuaderno del tribunal; por tanto, procedía la actualización solicitada. Explicó que, según la Resolución 138261 del 11 de octubre de 1984, el promedio salarial devengado por el demandante en el último año de servicios fue de $129.083, cifra a la cual se aplicó una tasa de reemplazo del 80%. Entonces, como el promotor del proceso se retiró del servicio el 15 de septiembre de 1984 y la prestación se hizo efectiva el 15 de septiembre de 1988, de conformidad con el citado

acto administrativo, debía aplicar la siguiente fórmula: «VA = VH X IPC Final /IPC Inicial» Por consiguiente, realizadas las operaciones matemáticas de rigor, obtenía una mesada para el año de 1988 de $200.920,49. Agregó que debía aplicarse el aumento establecido por el Gobierno Nacional año por año, lo que arrojaba los siguientes valores de mesadas:

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Radicación n.° 92560 Año Mesada reajustada Mesada reajustad Año 1988 $200.920,49 2004 $2.754.592,72 1989 $255.169,02 2005 $2.906.095,32 1990 $321.512,97 2006 $3.047.040,95 1991 $405.106,34 2007 $3.183.548,38 1992 $510.596,03 2008 $3.364.692,28 1993 $638.398,22 2009 $3.622.764,18 1994 $772.972,56 2010 $3.695.219,42 1995 $947.587,06 2011 $3.812.357,92 1996 $1.131.987,51 2012 $3.954.558,87 1997 $1.376.723,20 2013 $4.051.050,11 1998 $1.620.127,87 2014 $4.129.640,48 1999 $1.890.689,22 2015 $4.280.785,32 2000 $2.065.199,84 2016 $4.570.594,49 2001 $2.245.904,82 2017 $4.833.403,67 2002 $2.417.716,54 2018 $5.031.089,88

2203 $2.586.714,93 2019 $5.191.078,54 Con relación a la excepción de prescripción, refirió que afectaba los derechos causados con anterioridad al 22 de mayo de 2014, motivo por el cual, solo era posible reconocer el pago de las diferencias pensionales causadas desde esa calenda hasta «enero de 2019, fecha de la sentencia de primera instancia sin perjuicio de las que se sigan causando». Aseveró que teniendo en cuenta las mesadas canceladas por el Fopep, en relación con las reajustadas, se obtenían diferencias por un monto de $108.245.235,80 del 22 de mayo de 2014 al 31 de enero de 2019, sin perjuicio de las mesadas que se continuaran causando. Finalmente, arguyó que resultaba procedente la indexación de las diferencias pensionales desde «febrero de

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Radicación n.° 92560 2019 hasta que se efectúe el pago», aplicando la siguiente fórmula: «Vp = Rh X IPC índice final /índice inicial»

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la UGPP, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que se case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia del Juzgado, en cuanto la absolvió de todas las pretensiones instauradas en su contra y provea en costas como corresponda.

De manera subsidiaria solicita que se «case parcialmente» el fallo impugnado en cuanto le ordenó

reajustar la pensión de jubilación a la suma de $251.111,70, a partir del 15 de septiembre de 1988 y al pago del retroactivo pensional debidamente indexado, para que en sede de instancia, «revoque la sentencia de primera instancia y disponga la indexación de la primera mesada pensional del señor MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ POMARES, en cuantía debidamente liquidada conforme con los términos de la Convención Colectiva de Trabajo aplicable». Con tal propósito formula tres cargos, por la causal

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Radicación n.° 92560 primera de casación, frente a los que se presenta replica. Teniendo en cuenta la temática planteada, se abordará inicialmente el estudio del primero, y luego, de ser necesario, se hará lo propio con los demás.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos «467, 468, 470 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 27 y 28 del Código Civil; en concordancia con el quebrantamiento como normas procesales de medio, los artículos 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso, y los artículos 25, 48, 53, 228 y 230 de la Carta Política».

Indica que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes y manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que al señor MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, le asiste derecho a la indexación de la primera mesada pensional, siendo que no se revisaron los términos en que se otorgó el derecho

convencional por medio Resolución No. 000138261 del 11 de octubre de 1984, la que además se aportó en copia parcialmente ilegible.

2. No dar por demostrado, estándolo, que [en la] Resolución No. 000138261 del 11 de octubre de 1984, que se aportó en copia parcialmente ilegible, le otorgó al señor MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, un “anticipo de pensión de jubilación”, y no una pensión de jubilación.

3. No dar por demostrado, estándolo, que de la copia de la Resolución No. 000138261 del 11 de octubre de 1984, que se aportó al plenario, no es posible establecer los términos y condiciones en que se otorgó al señor MIGUEL ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, un “anticipo de pensión de jubilación”, ni el texto convencional que le sirve de fundamento.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que al señor MIGUEL

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Radicación n.° 92560 ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES, le asiste derecho a la indexación de la primera mesada pensional, en una mesada pensional de $251.111.70, a partir del 15 de septiembre de 1998, pese a que el acto administrativo que había decretado dicha indexación en sede administrativa desapareció de la vía jurídica en virtud de la orden judicial proferida por la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el señor MIGUEL

ANTONIO HERNÁNDEZ POMARES no es beneficiario de la indexación de la primera mesada pensional de $251.111.70, a partir del 15 de septiembre de 1988, habida cuenta que el acto administrativo que había decretado dicha indexación, en sede administrativa desapareció de la vía jurídica en virtud de la orden judicial proferida por la Fiscalía 22 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá. Como piezas procesales y pruebas erróneamente apreciadas denuncia, además de la demanda inicial, las siguientes:

1. Resolución No. 000138261 del 11 de octubre de 1984. (Folio

19).

2. Resolución 2778 de 30 de diciembre de 1996. (Folios 20 a 22).

3. Resolución RDP 018779 de 13 de mayo de 2015, por la UGPP, por medio de la cual suspendió los efectos de la Resolución 2778 de 30 de diciembre 1996. (Folios 23 y 28)

4. ADP 010330 de 16 de agosto de 2016 mediante la cual afirmo que de la RDP 018779 de 13 de mayo de 2015, se encontraba ajustada a derecho (Folios 31 a 34).

5. RDP 034950 de 8 de septiembre de 2017. (Folios 43-48).

6. Oficio No 984 de 24 de agosto de 2018. (Folio 157) Afirma que el Tribunal se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que al demandante le asiste el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, porque no se revisaron los términos en que se concedió la

prestación mediante la Resolución 000138261 que reposa en copia parcialmente ilegible, lo que determina la imposibilidad de examinar el contenido; pero que en todo caso, en dicho acto se evidencia que al accionante se le reconoció un

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Radicación n.° 92560 «anticipo de pensión de jubilación y no una pensión de jubilación», que el sentenciador no advirtió. Explica que a Miguel Antonio Hernández Pomares le fue reconocida la pensión convencional mediante Resolución 138261 del 11 de octubre de 1984; que en la Resolución 2778 del 30 de diciembre de 1996 le reconoció la actualización de la mesada, pero que dicha decisión fue «dejada sin efectos jurídicos por una orden judicial» mediante acto administrativo RDP 018779 del 13 de mayo de 2015, decisión que fue confirmada mediante las decisiones AP 010330 del 16 de agosto de 2016 y RDP 034950 del 8 de septiembre de 2017. Itera que el Tribunal se equivocó al considerar que el actor es beneficiario de la indexación de la primera mesada pensional, por cuanto el acto administrativo mediante el cual se reconoció ese derecho fue suspendido y en ese sentido, la decisión del 23 de noviembre de 2020, transgrede lo dispuesto por la Fiscalía General de la Nación y desconoce el proceso penal que se adelantó en contra de Manuel Heriberto Zabaleta, quien fue el que profirió la Resolución 2778 de 1996, al estar inmerso en la comisión del delito de peculado por apropiación. Afirma que la Resolución RDP 018779 de 2015 se emitió

en cumplimiento de una orden judicial, la cual fue desconocida por el Tribunal, equivocándose al concluir que el promotor del litigio tiene derecho a lo reclamado.

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Radicación n.° 92560

VII. RÉPLICA El demandante opositor manifiesta que la UGPP oculta a la administración de justicia que en el proceso adelantado ante el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá, se absolvió al exdirector de Foncolpuertos, de la investigación sobre la Resolución 2778 del 30 de diciembre de 1996, decisión que quedó en firme al resolverse el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Por tanto, la demanda extraordinaria, «se apoya en su propia incuria, en la omisión de reconstruir oficiosamente sus propios actos administrativos», ocultando pruebas documentales. Por consiguiente, el cargo no debe prosperar.

VIII. CONSIDERACIONES El sentenciador de segundo grado centró la decisión condenatoria en que, según la jurisprudencia de esta Corte, la indexación de la primera mesada pensional opera con independencia de la naturaleza jurídica de la prestación.

Adujo que, en el presente caso, si bien la pensión que le fue reconocida al actor en 1984, solo «se efectivizo en el año de 1988», fecha en la que arribó a los 50 años, y que, por tanto, el salario había perdido valor adquisitivo desde el momento en que se reconoció la prestación, hasta aquel, por lo que procedía la indexación reclamada. Por su parte, la entidad recurrente alega que el juez

plural se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que al

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Radicación n.° 92560 señor Miguel Antonio Hernández Pomares le asiste el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, toda vez que «no se revisaron los términos en que se otorgó el derecho convencional», pues según la Resolución 000138261 del 11 de octubre de 1984, se le reconoció un anticipo de pensión de jubilación, que el sentenciador no tuvo en cuenta. Agrega que, además, mediante Resolución 2778 del 30 de diciembre de 1996 le fue otorgada la indexación, aunque aquella hubiera sido «dejada sin efectos jurídicos por una orden judicial», a través de una decisión que, igualmente fue desconocida por el juez de segundo grado. Así las cosas, le corresponde a la Sala establecer si el Tribunal se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que al demandante le asiste el derecho a la indexación de la primera mesada pensional, pese a que, en criterio de la censura, «no se revisaron los términos en que se otorgó el derecho convencional», esto es, la Resolución 000138261 del 11 de octubre de 1984. Igualmente, se debe determinar si desconoció que el acto administrativo que había ordenado la actualización aquí deprecada «desapareció de la vida jurídica en virtud de orden judicial». De entrada, se advierte que la pasiva hoy recurrente no procura la anulación de la Resolución 2778 de 1996, mediante la cual la entonces empleadora le reconoció al actor

la indexación de la primera mesada pensional; ni tampoco busca la suspensión de los efectos jurídicos de tal acto administrativo, decisión que fue confirmada por la UGPP

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Radicación n.° 92560 mediante auto ADP 010330 del 16 de agosto de 2016. Antes de incursionar en el estudio de los medios de convicción acusados, luce imperativo memorar que, según el criterio de esta Corte, todos los pensionados tienen derecho a la indexación de la primera mesada pensional, sin importar si la prestación es de naturaleza legal o extralegal, siempre y cuando haya transcurrido un tiempo considerable entre la fecha del retiro del servicio y el momento en que se inicia el disfrute de aquella. Este discernimiento ha sido reiterado en múltiples oportunidades, entre otras, en la sentencia CSJ SL38212020, en la que se adoctrinó: De igual modo, la Sala de tiempo atrás ha precisado que es improcedente la indexación de la primera mesada pensional cuando la prestación se comienza a disfrutar al día siguiente del retiro del servicio. Ello, bajo el entendido que el ingreso base de liquidación de la pensión no ha sufrido pérdida del poder adquisitivo por cuanto no ha transcurrido tiempo entre la terminación del vínculo y el disfrute de la pensión. En sentencia CSJ SL, 28 ag. 2012, rad. 46832, precisó que se requiere que transcurra un tiempo entre el retiro del servicio y el disfrute de la pensión para que sea procedente la indexación de la primera mesada pensional, postura que ha sido reiterada en providencias CSJ SL, 5 jun. 2012, rad. 51403, CSJ SL698-2013,

CSJ SL4106-2014, CSJ SL8248-2014, CSJ SL10506-2014, CSJ SL11386-2014, CSJ SL11384-2014 y CSJ SL1361-2015 reiterada recientemente en la CSJ SL649-2020. Sobre el tema señaló: (…) “Ya frente a la discusión jurídica que plantea el recurrente, debe resaltar la Sala que, a pesar de que el Tribunal dijo que la corrección monetaria de las pensiones tenía un carácter excepcional en el ordenamiento jurídico y que no se había generado en el caso del actor un retardo en el pago de la prestación que la justificara, aspectos que ya han sido recogidos ampliamente por la nueva jurisprudencia de esta Corporación en materia de indexación de las pensiones, lo

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Radicación n.° 92560 cierto es que para el ad quem aquélla constituía un mecanismo para paliar la pérdida del valor del peso, entre la fecha del retiro del servicio y la del reconocimiento del derecho y la misma procedía cuando la base salarial hubiese sufrido desmedro entre estas fechas, por lo que encuentra la Sala que las manifestaciones mencionadas del ad quem, a pesar de pasar por alto lo planteado por la jurisprudencia, no afectan la esencia de la decisión tomada. “Ahora bien, en efecto tal como lo afirma el recurrente y lo entendió el mismo Tribunal, la teleología de la figura de la corrección monetaria de las pensiones no es otra sino la de contrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de aquéllas, que se ve

afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la pensión, tal como lo sostuvo esta Sala en las sentencias que modificaron los criterios jurisprudenciales anteriores en la materia (…). (…)“En este orden de ideas, no pudo incurrir el Tribunal en yerro jurídico alguno, dado que entre el momento de la terminación del contrato del actor, esto es, el 31 de agosto de 1995 y el del reconocimiento de la pensión, es decir, el día siguiente, no hubo una desmejora apreciable en el ingreso base de liquidación (…)”. (Sentencia del 12 de abril de 2011, Rad. 45922). En este preciso caso el Tribunal estableció que la demandante no tenía derecho a la indexación de la primera mesada de su pensión, en la medida en que había sido reconocida a partir del día siguiente al que feneció su vinculación laboral y, tras ello, no se había verificado un periodo de tiempo dentro del cual se hubiera dado lugar a una pérdida del poder adquisitivo del salario base de liquidación. Esto es que, en plena correspondencia con la jurisprudencia trazada por esta Corporación en torno al tema, al encontrar que la pensión fue concedida y pagada de manera concomitante con la terminación del contrato de trabajo, el Tribunal no distinguió una notoria pérdida del poder adquisitivo del salario, que abriera paso a la posibilidad de actualizarlo. Con ello, no incurrió en los yerros que le endilga la censura que, de otro lado, no expuso argumentos que impusieran una modificación o reconsideración

de la posición reiterada y pacífica que se tiene frente a la cuestión analizada. (negrillas fuera del texto). En ese orden, ningún error cabe endilgarle al Tribunal en tanto no hay lugar a actualizar el ingreso base de liquidación pensional, por cuanto Antonio Blanco Mojica laboró para la Electrificadora de Santander S.A. ESP hasta el 30 de marzo de

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Radicación n.° 92560 1987 y comenzó a disfrutar la pensión de jubilación convencional desde el 1.º de abril de la misma anualidad, es decir, al día siguiente, de donde surge evidentemente que el IBL no sufrió devaluación monetaria alguna. Ahora, ha de recordarse que cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, como aquí ocurre, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la concreta equivocación en que incurrió la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada; a efecto de demostrarle a la Corte que se dio por probado lo que no lo está, y/o que se le negó evidencia a lo que sí lo tiene; yerros que deben surgir de la desacertada valoración o de la falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y/o la inspección judicial. En ese orden, no es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulación o quiebre de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto que lo son únicamente aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, es decir, que tengan la

connotación de manifiestos u ostensibles, esto contrario a lo que muestran las pruebas. Hechas las anteriores y necesarias precisiones, incursiona la Sala en el estudio de los medios de convicción acusados.

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Radicación n.° 92560

1. Resolución 000138261 del 11 de octubre de 1984 (f.° 16 del cuaderno principal y 31 del de segunda instancia).

Pues bien, aunque este documento no es muy legible, como lo destaca la censura, de su contenido se logra extraer que el gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta advirtió que el señor Miguel Antonio Hernández Pomares «prestó servicio a la Empresa, desde el día 2 de junio de 1964 al 15 de sep. de 1984, contabilizando un tiempo efectivo» de 20 años, 3 meses y 14 días; que, según información de la Oficina de Personal de la Empresa, «el promedio salarial devengado por el peticionario en el último año de servicios efectivo fue de $129.084»; que, en consecuencia, tenía derecho a una mesada de $103.267,05, pero igualmente da cuenta de que se le reconoció un anticipo en la suma de $2.581.676,20. En efecto, a partir del numeral 6 de las consideraciones, precisa la citada resolución: 6º.- Que el peticionario tiene derecho a la pensión de jubilación a partir del 27 de agosto de 1988, en cuantía de $103.267,05. 7º - Que la presente resolución está sujeta a las modificaciones que le hiciera la Sub-gerencia de Relaciones Industriales de la Empresa en Bogotá.

RESUELVE: Artículo 1.- Reconócese y páguese al Sr. MIGUEL HERNANDEZ POMARES un anticipo de jubilación en cuantía de $2.581.676,20Artículo 2.- El beneficiario de la presente resolución recibirá asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, xxx y demás servicios ordenados en el art. 127 de la C. C. de trabajo.-

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Radicación n.° 92560 Artículo 3contra la presente resolución es procedente el recurso de reposición ante la Gerencia y el de apelación ante la Gerencia Gral. De la Empresa Puertos de Colombia. Del tenor literal del acto administrativo transcrito se concluye que si bien el 11 de octubre de 1984, fecha de expedición de aquel, al actor se le reconoció el derecho a la pensión de jubilación convencional, ello sería a partir del 27 de agosto de 1988, cuando arribaría a los 50 años de edad y que la primera mesada sería la suma de $103.267,5. Por lo que, en principio, tendría razón el juzgador plural cuando cotejando la fecha en que se reconoce la prestación y aquella en que se haría efectiva, evidenció el transcurso de un lapso considerable de tiempo, lo que generaría la indexación deprecada. No obstante tal acierto, también lo es que, como lo hace notar la censura, el Tribunal desconoció que la citada resolución da cuenta del pago de lo que a título de anticipo de jubilación en cuantía de $2.581.676, se le reconoció al demandante; valor que como su propio nombre lo indica,

implica el reconocimiento de la pensión, con anterioridad a la que convencionalmente le correspondía. Obsérvese que dicha erogación no tuvo como fin conciliar la terminación del vínculo contractual, u otro, distinto a adelantar la pensión. Así las cosas, luce evidente que se trata de la misma prestación sobre la cual se reclama la indexación de la

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