CSJ - SL885-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL885-2023 Radicación n.°93872 Acta 5 Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CHEVRON PETROLEUM COMPANY, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró MARIO RINCÓN ORTÍZ contra la recurrente y FRONTERA ENERGY

COLOMBIA CORP.

I. ANTECEDENTES MARIO RINCÓN ORTÍZ llamó a juicio a CHEVRON PETROLEUM COMPANY y FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., con el fin de que se condenara a las demandadas a pagar el bono pensional por el tiempo laborado para las demandadas desde el 28 de enero de 1985 al 15 de junio de

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Radicación n.° 93872 1992 y 14 de enero al 30 de abril de 1993 respectivamente, cálculo actuarial con destino a COLPENSIONES; costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, en lo que interesa al recurso extraordinario, en que nació el 10 de octubre de 1954; que laboró al servicio de la sociedad Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, desde el 28 de enero de 1985 hasta el 15 de junio de 1992; que laboró del 14 de enero al 30 de abril de 1993, para la empresa Meta Petroleum Corp. hoy Frontera Energy Colombia Corp; que las referidas empresas omitieron afiliarlo al Instituto de Seguros

Sociales, para el cubrimiento de los riegos de invalidez, vejez y muerte por los periodos laborados; que solicitó a las convocas a juicio certificación sobre el bono pensional o los aportes realizados al sistema general de pensiones, que de no existir estos pagos, se requirió realizar los mismos a través de un cálculo actuarial en favor de Colpensiones; que las demandadas respondieron negativamente con el argumento de no existir la obligación de afiliación al sistema de seguridad social para la época de la prestación del servicio (fls.4-23). Al dar respuesta a la demanda, la sociedad Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos aceptó los relativos al contrato de trabajo, los extremos en que se desarrolló éste, la presentación de la reclamación y la respuesta negativa a la misma.

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Radicación n.° 93872 En su defensa propuso las excepciones de mérito denominadas cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, prescripción, buena fe (fls.72-112). Por su parte, la demandada FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., al descorrer el término del traslado de la demanda se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos aceptó como ciertos los relativos a la existencia del contrato de trabajo y sus extremos. Como medios de defensa propuso las excepciones de fondo denominadas; cobro de lo no debido por ausencia de causa, buena fe, prescripción y compensación (fls.170-180).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 7 de febrero de 2020 (fls. 223Cd y 224), resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandadas al pago de los aportes pensionales por el tiempo laborado por el demandante MARIO RINCÓN ORTÍZ así: para TEXAS PETROLEUM COMPANY hoy CHEVRON PETROLEUM COMPANY desde el 28 de enero de 1985 al 15 de junio de 1992 y para COPLEX COLOMBIA LTDA hoy FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP desde el 14 de enero de hasta el 30 de abril de 1993, representadas en un título pensional con destino a la administradora Colombiana de pensiones – COLPENSIONESprevio cálculo actuarial, para efectos de que cubra los aportes del tiempo en que no le cotizaron al demandante, teniendo al salario devengado en dichas épocas, correspondiendo a las demandadas asumir el 75% de dicho título y el 25% al demandante, por lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada.

TERCERO: CONDENAR en costas a cargo de las demandadas.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesta por la parte demandada CHEVRON PETROLEUM COMPANY, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de providencia de 30 de julio de 2021

(fls.248-255), decidió confirmar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2020, emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá. El Tribunal consideró, en lo que interesa al recurso de casación, como problema jurídico a resolver, el determinar si «deben las demandadas […] efectuar los aportes a pensión del señor Mario RINCÓN ORTÍZ por los periodos comprendidos entre el 28 de enero de 1985 y el 15 de junio de 1992 y el 14 de enero y el 30 de abril de 1993 respectivamente. Pese no haber sido llamadas las empresas pertenecientes al sector petrolero a la afiliación obligatoria por el otrora ISS». Afirmó, que no existe discusión en cuanto a la relación laboral que unió al demandante con las demandadas en los periodos antes reseñado y que durante los mismos no hubo afiliación del demandante al sistema de seguridad social en pensiones, por no haber sido llamadas las empresas petroleras a la afiliación de sus trabajadores, llamado que solo se produjo el 1° de octubre de 1993. Al resolver el problema jurídico planteado, se fundamentó en lo expuesto en las sentencias CSJ rad.32.922, 22 de julio. 2009; rad. 41745, 16 de julio 2014,

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Radicación n.° 93872 rad. 50.027, 10 de julio 2015, en el sentido de adoctrinar, que si bien no existía norma que regulara el pago de cotizaciones en cabeza del empleador en el periodo en que no

existió cobertura del ISS, tampoco resultaba válido que el empleador beneficiado por dicha contingencia, se sustrajera de realizar el aporte necesario y correspondiente a los periodos laborados y la falta de tales periodos podía frustrar el derecho del trabajador a acceder a una pensión, y en todo caso debían ser reconocidos por la accionada. Expresó, que en lo respecto a la obligatoriedad de afiliación al ISS se tiene el Decreto 1993 de 1967 aprobatorio del Acuerdo 257, posteriormente el Acuerdo 264 de 1967, aprobado mediante Decreto 64 de 1968, se ordenó la inscripción al ISS, sin embargo, la fecha de llamamiento a inscripción sería determinada por la dirección del ICSS, conforme al artículo 5 del Acuerdo 257. Que mediante Decreto 2148 de 1992, se concedieron facultades al presidente del ISS y a través de la Resolución 4250 de 28 de septiembre de 1993, se llamó a inscripción a las personas naturales y jurídicas de derecho privado y sus contratistas independientes y para los trabajadores de los citados empleadores, que se dediquen a las actividades extractivas de la industria del petróleo y sus derivados y gas natural, su explotación entre otras. Para concluir adujo, que las premisas fácticas y normativas se derivaba la obligación de las demandadas de efectuar los aportes a pensión del demandante durante el tiempo de la vigencia de la relación laboral, «pues la

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Radicación n.° 93872 circunstancia que el ISS haya autorizado la afiliación de los trabajadores de la industria del petróleo hasta el 1° de octubre

de 1993, no permitía que el empleador se sustrajera de realizar el aporte correspondiente en perjuicio única y exclusivamente del derecho pensional del trabajador». Asimismo señaló, que aún si la vinculación laboral del trabajador hubiese fenecido antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, periodo sin cobertura del ISS, es procedente efectuar el correspondiente cálculo actuarial, máxime si se tiene en cuenta que el empleador estaba obligado a realizar los aprovisionamientos de capital para efectuar el pago de los aportes una vez el ISS ampliara la cobertura al sistema.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Chevron Petroleum Company, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que la Sala case la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado, y en su lugar, la absuelva de las pretensiones incoadas en su contra, y provea en costas «como corresponda».

De manera subsidiaria solicita que se case parcialmente

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Radicación n.° 93872 la sentencia se segunda instancia, en cuanto condenó al pago del cálculo actuarial, y en sede de instancia modifique la de primer grado, en el sentido de condenarla a pagar el 50% de los aportes indexados correspondientes a pensiones, causados a favor del ISS entre el 28 de enero de 1985 y el 15 de junio de 1992, el trabajador un 25% y el Estado representado por Colpensiones -otro 25%- e imponga costas

como corresponda. Con tal propósito, por la causal primera de casación formula dos cargos, que fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 72 de la Ley 90 de 1946; en relación con los artículos 9 y 76 de la Ley 90 de 1946; 193, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el primero del Decreto 3041 de 1966, y el artículo 26 y 33 de la Ley 100 de 1993; y 53 de la Constitución Política.

Para la demostración del cargo le endilgó al Tribunal que se equivocó al considerar que, pese a que el contrato de trabajo terminó antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y aun en el caso de que durante la relación contractual laboral que la unión al demandante, no hubiera sido llamada a inscripción, el simple trabajo desplegado en favor de un empleador debía tener efectos pensionales, pese a que el

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Radicación n.° 93872 artículo 72 de la Ley 90 de 1946, no contempló una obligación empresarial de aprovisionamiento respecto del tiempo laborado por el trabajador del sector petrolero cuyo contrato de trabajo finalizó con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 o antes de la iniciación de la obligación de aseguramiento al riesgo de vejez o en zonas no cubiertas por el seguro social obligatorio, o laborado en

empresas que desarrollan actividades no sujetas a llamamiento a inscripción por parte del ISS. Afirmó que la Ley 90 de 1946, previó el régimen de seguro social para reemplazar la pensión de jubilación, ésta no entró a regir de manera inmediata respecto de todos los trabajadores del país, ni instituyó para las empresas obligaciones de aprovisionamiento, sino que las obligaciones de aseguramiento iniciaban mediante el llamamiento a inscripción, registro de empresas y afiliación de trabajador, lo cual, en el caso del sector petrolero, ocurrió el 1 de octubre de 1993. Añadió, que la norma en comento, en su artículo 16 estableció que los recursos para cubrir esas prestaciones sociales debían ser obtenidos, salvo los casos expresamente exceptuados de la contribución tripartita forzosa de los trabajadores, patronos y el Estado. Adujo que en el artículo 66 de la mencionada norma se consagró las sanciones por omisión de inscripción o declaración tardía o inexactas, sin que anunciara una obligación de aprovisionamiento. Aseveró, que el Tribunal interpretó erróneamente el artículo 259 del CST, por cuanto la obligación de pago de las pensiones de jubilación, tenía carácter provisional, y para las

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Radicación n.° 93872 empresas dedicadas a actividades extractivas de la industria del petróleo y sus derivados, la asunción del riesgo se dio por parte del ISS desde el 1 de octubre de 1993, según la Resolución 4250 del mismo año; entonces, erró el juez colegiado cuando consideró, que el artículo 72 de la Ley 90

de 1946, contempló un deber de aprovisionamiento y el consecuencial cálculo actuarial, cuando lo cierto era que se encontraba sujeta a un régimen patronal que solo hasta el 1 de octubre de 1993, se subrogó. Señaló, que el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, dispuso la intangibilidad del sistema de prestaciones patronales hasta cuando se produjera la subrogación objetiva del riesgo asegurable, de manera que, si un trabajador no alcanzaba a completar los 20 años de servicios, no le asistía derecho alguno, mucho menos el pago de un cálculo actuarial que no fue contemplado en el precepto legal relacionado y los únicos trabajadores que quedaron con algún privilegio, fueron quienes, al momento del tránsito normativo, tenían más de 10 años de servicios. Reseñó, que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 solamente existían regímenes pensionales de prima media y con la entrada en vigencia de la mencionada ley se permitió la coexistencia de dos modelos pensionales excluyentes, a saber, el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Sustentó, que no deben confundirse los conceptos de bono y título pensional también denominado reserva

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Radicación n.° 93872 actuarial, el cual ha sido considerado como un «pagaré del pasivo de pensiones» que debe ser emitido por las empresas privadas que tenían a su cargo el reconocimiento del pago de las pensiones de sus trabajadores antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siempre que estén bajo el

régimen de prima media, y cuyo contrato estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993, o se hubiese iniciado con posterioridad. Afirmó, que el juez de apelaciones interpretó de forma errónea el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues según lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia CC C-5062001 «el derecho a acumular tiempos servidos en el sector privado, para efecto de la pensión de vejez, no existía previamente y como tal solo surge con la ley 100», y es por ello, que no es posible convalidar tiempos de servicios prestados por trabajadores de la industria petrolera, cuyos contratos terminaron antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, como ocurrió en el caso. Adujo, que admitir la tesis expuesta por la corporación, en relación a que desde la Ley 90 de 1946, se estableció la obligación de aprovisionamiento para efectos del régimen pensional, surgirían las siguientes consecuencias por los lapsos de «omisión», respecto de los siguientes trabajadores: i) los de todas las empresas privadas que no se afiliaron al ISS o a una Caja de Previsión del sector particular o no hubiesen realizado aportes; ii) los de diversas sociedades que antes del 1 de enero de 1967 contaban con menos de 10 años de servicios prestados; iii) los que prestaron servicio en

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Radicación n.° 93872 lugares no cubiertos por el ISS y iv) los que laboraron menos de 20 años en empresas dedicadas a la industria del petróleo, antes del 1 de abril de 1994 y cuyos contratos finalizaron con

antelación a fecha y no alcanzaron a reunir los requisitos establecidos en la legislación laboral para tener derecho a la pensión de jubilación patronal. Respaldó sus argumentos al señalar, que esta Sala en casos de idénticos contornos al que se analiza, ha proferido diferentes providencias en las que ha considerado, que no constituye una omisión legal la falta de afiliación de los trabajadores del sector petrolero al ISS con anterioridad al 1 de octubre de 1993, por lo que tampoco debe computarse como tiempo de servicios para efectos de las pensiones previstas en sus reglamentos, y señaló apartes de las sentencias que identificó del «9 de septiembre de 1982 de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que declaró exequibles los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 259 del CST», la «29571 (…) de 22 de noviembre de 2007», la «32639 del 27 de octubre del 2009» y «del 24 de enero del 2012, Radicación No. 35692». Estableció que, conforme al criterio expuesto, la no afiliación de trabajadores que prestaban sus servicios en zonas donde no había llegado la cobertura del ISS, no implicó una omisión legal del empleador, porque ella operó a partir del 1 de octubre de 1993, conforme la Resolución No. 4250 de 28 de septiembre del mismo año y para quienes no tuvieran la calidad de afiliados únicamente podrían acceder a la pensión de jubilación establecida en el artículo 260 del

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Código Sustantivo del Trabajo. Reiteró, que el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, no les impuso a los empleadores la obligación de aprovisionamiento necesario de capital para cancelar el aporte al sistema de seguridad social. Precisó que, si el Tribunal no hubiera incurrido en los errores enrostrados, habría advertido que a partir de la vigencia del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, los empleadores tienen la obligación de aprovisionamiento cuando el contrato de trabajo con la empresa petrolera se encontrara vigente o fuere iniciado con posterioridad, para de esa forma colegir la ausencia de responsabilidad.

VII. RÉPLICA La réplica se realizó de manera conjunta, después de trascribir una serie de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, aseveró que el empleador está en la obligación de reconocer el pago del cálculo actuarial a la entidad de seguridad social, por aquellos lapsos de tiempo en los que el trabajador le haya servido, sin que importe si se había iniciado la cobertura de afiliación, a fin de contribuir con la conformación del capital necesario para el financiamiento de la pensión del trabajador, sin que se pueda considerar que se encontraban exentos de responsabilidad frente al sistema pensional; señaló que respecto a los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, iteró la Sala su alcance, en cuanto a que sí dispusieron una

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Radicación n.° 93872 obligación a cargo de los empleadores de realizar la provisión proporcional al tiempo en que el trabajador laboró. Y en el caso de los empleadores respecto de los cuales no empezó a

operar la asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, los liberó por falta de cobertura del ISS?, no los liberó de responsabilidad, por estos riesgos continuaron a su cargo en vigencia de los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Afirmó, que debe distinguirse entre la mora del empleador en el pago de cotizaciones y la omisión del deber de afiliar a sus trabajadores, pues si bien, en ambos casos, las consecuencias negativas recaen en cabeza del empleador, su “normalización” está dispuesta legalmente de manera diferente. En efecto, mientras para la mora en el pago de aportes o cotizaciones está establecido el cobro de lo adeudado más los intereses respectivos, frente a la omisión en la afiliación la solución está en el traslado del título pensional o la reserva actuarial respectiva.

VIII. CONSIDERACIONES Al ser escogida como vía de ataque la directa, no se cuestiona por parte del recurrente los siguientes aspectos fácticos: i) que el demandante prestó sus servicios en favor de la Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company desde el 28 de enero de 1985 hasta el 15 de junio de 1992; ii) que la empleadora no lo afilió al ISS; iii) que dicha empresa se dedicaba a actividades relacionadas con la exploración, perforación y explotación de petróleo; iv) que

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Radicación n.° 93872 durante dicho periodo no realizó aportes a la seguridad social en pensiones a favor del accionante, por no existir llamamiento por parte del ISS y v) que de acuerdo a la Resolución n.º 4250 de 1993, solo hasta el 1 de octubre de

1993, fue obligatoria la inscripción de trabajadores de la industria del petróleo al sistema general de pensiones. Por su parte, el Tribunal consideró que, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte es una obligación del empleador reconocer el cálculo actuarial representado en un bono o título pensional del lapso laborado sin cobertura del ISS; que conforme a lo señalado en la Ley 90 de 1946 los empleadores debían realizar la provisión proporcional al tiempo que el trabajador había laborado y entregársela al Instituto. Y, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, dicho tiempo de servicios debe contabilizarse. De otro lado, la censura radica su inconformidad en los siguientes aspectos: 1) Que no es imputable a los empleadores, la no cobertura por parte del Instituto de Seguros Sociales. Y no pueden hacerse extensivas normas que no regulan el tema, contrariando lo que fue el querer del legislador. Cuestiona la interpretación de la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003 que regularon la situación surgida por la falta de aportes al sistema de pensiones, creando la figura del cálculo actuarial. Pues ello no extendió esa obligación a los casos en

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Radicación n.° 93872 que los empleadores no efectuaron cotizaciones por falta de cobertura. 2) Afirma que la postura del Tribunal va en contra de las prescripciones señaladas en la sentencia CC C506-2001, pues para que proceda el pago de dichos aportes es necesario que el contrato de trabajo se hallare vigente al momento en que entró a regir la Ley

100 de 1993. 3) Considera que la interpretación dada por el Tribunal afecta la confianza legítima de la empresa y debe endilgarse la responsabilidad al Estado. Y, Advertido lo anterior, el problema jurídico a elucidar se contrae a determinar, si el Tribunal erró al estimar que Texas Petroleum Company, hoy Chevron Petroleum Company, debe asumir el pago del cálculo actuarial para efectos pensionales a Colpensiones, por el tiempo en que el demandante prestó servicios en su favor, y durante el cual el ISS, no había extendido su cobertura en el sector del país donde se ejecutó el contrato de trabajo. En este orden de ideas, para dar respuesta a los argumentos planteados la Sala reitera lo ya dicho en un caso de similares contornos, en sentencia CSJ SL 1579-2022 reiterada en la sentencia SL4292-2022, en la que se señaló: En relación con el deber de aprovisionamiento y el actual criterio de la Sala. Señala la Sala frente al tema que:

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Radicación n.° 93872 Con la Ley 90 de 1946 se garantizó el mejoramiento integral de los trabajadores a través de una cobertura efectiva de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, promoviendo un beneficio general e indiscriminado, especialmente, mientras se extendía la cobertura a los contingentes de trabajadores que sistemáticamente fueran llamados a inscripción, reconociendo que el empleador tiene una serie de compromisos, en el periodo en el que no existió cobertura, y para ello señaló: De esa reseña jurisprudencial debe resaltarse que el «mejoramiento integral de los trabajadores», que implicó la

asunción de riesgos por el ISS, sólo puede concebirse si tal cobertura se hace efectiva, porque de lo contrario, lejos de existir progreso en las condiciones laborales que permitiría que quede desprovisto de una atención plena e integral, que se debe por el trabajo desarrollado. Por demás, el marco histórico constitucional da cuenta que desde la Carta Política de 1886 se previó la protección de los trabajadores, inclusive en estados de conmoción interior, impidiendo la afectación y el desmejoramiento de sus derechos aspecto que debe ponderarse para la interpretación del querer del legislador. Estima esta Corte que si en cabeza del empleador se encontraba la asunción de las contingencias propias del trabajo, aquella cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, de forma que ese período <en el que aquel tuvo tal responsabilidad, no puede ser obviado o considerarse inane, menos puede imponérsele al trabajador que vea afectado su derecho a la pensión, ya sea porque se desconocieron esos periodos, o porque por virtud del tránsito legislativo ve perturbado su derecho. Esa responsabilidad no puede entenderse como vacía, u obsoleta, por el contrario, se traduce en una serie de obligaciones de quien estaba llamado a otorgar la pensión y quien si bien se subrogó no puede desconocer los periodos laborados por el trabajador. El citado criterio fue reiterado en la sentencia CSJ SL 173002014, referida a los empleadores que tenían a su cargo las pensiones antes de asumir los riesgos el seguro social, por lo que se dijo tenían la obligación de responder por esos períodos no cotizados, así:

Sin embargo, a juicio de esta Corte el carácter transitorio del régimen de prestaciones patronales, no traduce, como lo afirma la empresa, en la total ausencia de responsabilidades ni obligaciones por los períodos efectivamente trabajados por el empleado, pues la disposición que reguló el tema no lo excluyó de ese gravamen, es decir, no puede interpretarse aquella

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Radicación n.° 93872 previsión en forma restrictiva, ni menos bajo la exegesis del 1613 del Código Civil, porque se desconoce la protección integral que se debe al trabajador, la cual se logra a través de la entidad de Seguridad Social, si se dan las exigencias legales y reglamentarias, a cargo de la empleadora, en cualquier evento en que deba la atención de riesgos, esto es, por las diferentes causas que no distingue el legislador, como la ausencia de aportes a la Seguridad Social ante la falta de cobertura del I.S.S., o por la omisión del responsable de la afiliación respectiva o del pago de las cotizaciones debidas. El artículo 76 de la Ley 90 de 1946 clarificó la situación al disponer «El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta Ley reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales

normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales. En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que al momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar dicho riesgo serán menos favorables que las establecidas para aquellos por la legislación sobre jubilación anterior a la presente ley»; de forma que al contemplar esas situaciones, no puede entenderse que excluyó al empleador de las obligaciones inherentes al contrato de trabajo, relacionadas con las prestaciones del trabajador. En efecto, el concepto de que no existía norma reguladora del pago de las cotizaciones en cabeza del patrono en el período en que no existió cobertura del I.S.S., equivale a trasladar al trabajador las consecuencias de la orfandad legislativa de la época, solución que no se compadece con el contexto de un ordenamiento jurídico que parte de reconocer un desequilibrio en la relación contractual laboral, en tanto esos períodos no cotizados tienen incidencia directa en la satisfacción de su derecho pensional y en todo caso propiciaría un enriquecimiento sin causa al permitir un desequilibrio patrimonial, que carece de justificación. Desde luego, el «mejoramiento integral de los trabajadores», que implicó la asunción de riesgos por el ISS, sólo puede concebirse si tal cobertura se hace efectiva, porque de lo contrario, antes que existir aquel postulado, lo que se propicia es que quede

desprovisto de la atención plena e integral, que se le debe por el trabajo desarrollado.

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Radicación n.° 93872 Estima la Sala que, si en cabeza del empleador se encontraba la asunción de la contingencia, ésta sólo cesó cuando se subrogó en la entidad de seguridad social, de forma que ese período en el que aquel tuvo tal responsabilidad, no puede ser desconocido; menos puede imponérsele al trabajador una carga que afecte su derecho a la pensión, sea porque se desconocieron esos períodos, ora porque el tránsito legislativo en vez de garantizarle el acceso a la prestación, como se lo propuso el nuevo esquema, se le frustre ese mismo derecho. El patrono, por tanto, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago de los tiempos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento puede considerarse liberado de la carga que le correspondía. En relación al segundo de los cuestionamientos en la sentencia referenciada se precisó la interpretación y alcance del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que fue subrogado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; y lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia CC C-506-2001. Y, la responsabilidad que atañe al Estado, se señaló: Interpretación y aplicación del del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia CC C-506-2001. Y, La responsabilidad del Estado Respecto de la exégesis dada por el Tribunal al literal c)

del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia CC C-5062001, se precisó en sentencia CSJ SL1579-2022 que: A ese respecto, importa señalar que aun cuando el legislador contempló la posibilidad de habilitar los tiempos de servicios

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Radicación n.° 93872 prestados a los empleadores que tenían a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones, siempre que estuviera vigente el vínculo laboral al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia de la Sala ha asentado que esa protección se extiende aún si no estuviera vigente para ese momento la relación laboral, tal y como reiteradamente lo ha manifestado, entre otras, en sentencia CSJ SL 2138-2016, como sigue: Debe insistirse, de igual forma, en que la intención del sistema de seguridad social es la de integrar y solucionar financieramente las omisiones en la afiliación que se presentaron en el pasado, por cualquier causa (CSJ SL14388-2015), para garantizarle una protección adecuada y completa a los afiliados en sus contingencias, propósito para el cual no es relevante el hecho de que el contrato mantenga su vigencia en una determinada época, pues des