CSJ - SL886-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Cautela!! Laboral Sala de Deseeeessthie N. 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL886-2023 Radicación n.° 94066 Acta 14 Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por GUSTAVO ANTONIO SANDS MARTELO,c ontra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso que adelantó contra IVÁN DAVID CHIRINO PÉREZ

y CARPEGO SAS.

I. ANTECEDENTES Gustavo Antonio Sands Martelo, llamó a juicio a Iván David Chirino y a la sociedad Carpego SAS., (f.°1 a 13 Vto), con el fin de que, se declarara que: contrataron sus servicios de abogado para que adelantara ((PROCESOS JURÍDICOS», en contra de la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth, y Gerald Antonio Meza Valdez, «tendientes a recuperar» una casa ubicada en el barrio de Manga y el dinero que le adeudaban;

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Radicación n.°94066 en su condición de contratista, cumplió las obligaciones impuestas en los literales A y B, de la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios; se pactó «como honorarios

profesionales UN 25% DEL VALOR TOTAL DE LAS PRETENSIONES

CAUSADAS HASTA EL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA

Y DE LAS QUE SE CAUSAREN EN LO SUCESIVO Y DURANTE EL

TRAMITE DE LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES, INCLUIDO LOS INTERESES Y MULTAS QUE SE CAUSAREN POR LAS GESTIONES ENCOMENDADAS»,( Mayúscula del original); y que no se obligó a dar resultados positivos de la gestión. Consecuencialmente, solicitó que: (...) en virtud al contrato de prestación de servicios profesionales, se condene a los demandados al pago de la suma dineraria que resultare del porcentaje del 25% pactado de las pretensiones que se reclamarían para la recuperación del inmueble y para iniciar las gestiones tendientes a la recuperación de los dineros GERALD ANTONIO MEZA VALDEZ y LA CLÍNICA (...) adeudan al señor IVÁN DAVID CHIRINO PÉREZ por concepto de cánones de arrendamiento, siendo que la suma dineraria por estos últimos conceptos ascendió al momento de la presentación de la demanda en la suma de $3.034.780.223,75, por una parte y por la otra como valor del inmueble recuperado y de acuerdo a avalúo comercial, calculado unilateralmente por el señor IVAN DAVID CHIRINO PÉREZ en la suma de [$] 1.911.000.000 (...).

Sustentó sus pedimentos en que: el 24 de septiembre de 2014, en la Ciudad de Cartagena, celebró un contrato de prestación de servicios con Iván Chirino Pérez, quien actuó a titulo personal, representante legal de Carpergo SAS y

heredero de Carmen Ruth Pérez. Narró que en la cláusula primera del acuerdo, pactaron que contrataban sus servicios de abogado, para que «presentara demanda ejecutiva y demanda de restitución de

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Radicación n.°94066 bien inmueble, prueba anticipada para preconstituir la existencia de un contrato de arrendamiento y demanda ordinaria de enriquecimiento sin justa causa», contra la Clínica Cardiovascular Jesús de Na7areth y Gerald Antonio Meza Valdez. Agregó que, se obligó a ejecutar las actividades propias del servicio, «DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y

CLÁUSULAS DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL CONTRATANTE».

Dijo que en la cláusula tercera se establecieron las actividades que debía ejecutar, refirió que en el literal F, estipularon que el contratista a(...) ha de escoger el procedimiento que estime adecuado para losf ines propuestos, con las anteriores demandas, en procura de exigir judicial y extrajudicialmente la restitución del inmueble anunciado anteriormente y el pago de los dineros que por concepto de cánones de arrendamiento (...)»; además, expresaron que podía buscar los medios para continuar con acciones judiciales que con anterioridad se habían promovido en los juzgados Segundo Civil del Circuito de Cartagena y Trece Civil Municipal, contra la aludida clínica y su representante legal. Precisó que para la ejecución del contrato, concretaron un plazo de 6 meses, contados a partir del 26 de septiembre de 2014, y hasta el 26 de marzo de 2015, que podría terminar antes por cumplimiento de la labor o de mutuo acuerdo, sin embargo, se podría extender en caso de paro judicial, o por

cualquier otra causa.

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Radicación n.°94066 Hizo énfasis en las obligaciones incluidas en los literales A y B, de la cláusula séptima, que transcribió y, de las que resaltó que debía adelantar las gestiones judiciales o extrajudiciales, para la recuperación del inmueble de propiedad de la firma Carpego SAS, mientras que en la del otro literal, se consignó que el contratista debía iniciar las gestiones tendientes a recuperar las sumas de dinero que la Clínica Vascular, y Gerald Antonio Meza Valdez, le adeudaban. Relató que como había sido facultado para escoger el procedimiento que considerara adecuado para los fines propuestos, «exploró» y encontró que en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, se había adelantado con anterioridad un proceso de restitución que se había «paralizado por instrucciones de la señora CARMEN RUTH PÉREZ GÓMEZ», y al percatarse que estaba extraviado o desaparecido, recibió poder de Chirino Pérez, para promover la reconstrucción y «perseguir la orden judicial que permitiera la recuperación del inmueble». Mencionó que el proceso de reconstrucción surtió sus etapas y logró el «lanzamiento de la CLÍNICA», la recuperación del inmueble y su entrega a Iván David Chirino Pérez, quien lo recibió en diciembre de 2017. Aseveró que le hizo un abono de honorarios «en dos tandas», por un total de $100.000.000 (Cien Millones de

Pesos), pero quedaba un saldo pendiente de pago.

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Radicación n.°94066 Alegó que Chirino Pérez, en un documento que autenticó, manifestó que el valor del inmueble a tener en cuenta para todos los efectos, era $1.911.000.000, cifra que «inicialmente seria (sic) la que eventualmente tomaríamos en cuenta para el valor de los honorarios con relación al literal A». En lo que hace al literal B, de la cláusula 7, sostuvo que también cumplió lo acordado, pues allí se había pactado que el contratista debía iniciar las gestiones tendientes a recuperar las sumas que la clínica y Gerald Meza Valdez, le adeudaban, lo que efectivamente hizo, toda vez, que en su calidad de abogado, citó a este último a un interrogatorio de parte como prueba anticipada, y ante la Cámara de Comercio de Cartagena promovió la celebración de una audiencia de conciliación, para que pagaran la suma de $3.000.000.000., y también inició una acción verbal ante un Juez Civil del Circuito de Cartagena. Al responder la demanda, a título personal y como representante legal de Carpego SAS, (f.°55 a 61), Iván David Chirino Pérez, se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó: la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales y que firmó el contrato en las calidades indicadas. En su defensa expresó que el abogado Sands Martelo, no recuperó ninguna suma dineraria, e hizo entrega extemporánea del inmueble, en total destrucción e inhabilitado para habitarse u obtener algún provecho, «por lo

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Radicación n.°94066 cual no cumplió con las pretensiones del contrato y debe inclusive devolver las sumas recibidas (...)». Propuso la excepción de prescripción y las que llamó: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, y mala fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, concluyó el trámite y emitió fallo el 23 de octubre de 2020, en el que decidió: PRIMERO: CONDENAR a la entidad demandada CARPEGO SAS y al señor IVÁN DAVID CHIRINO PÉREZ, a cancelar al doctor Gustavo Sands Martelo, la suma de 5 SMLMV a la fecha, y SEGUNDO: ABSOLVER a la entidad demandada, a los demandados del resto de pretensiones de la demanda.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada (...).

Disconforme, el accionante apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, profirió fallo el 23 de julio de 2021, en el que confirmó el de primer nivel, sin costas en la alzada.

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Radicación n.°94066 En lo que interesa al recurso extraordinario, luego de aludir a la sustentación del recurso, el sentenciador plural anotó que debía resolver: Si al actor le asiste derecho al pago de honorarios en virtud del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con los demandados el 23 de septiembre de 2014, el equivalente al 25%

del valor del inmueble restituido en favor de los aquí demandados, así como el 25% del valor de los cánones de arrendamiento adeudados por la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth y el señor Gerald Meza Valdez a los hoy demandados. Como sustento normativo citó los artículos 2142, 2143, 2144, 2149, 2150, 2184 y 2190 del CC, y copió un párrafo del fallo CSJ SL2317-2020. Recordó que Iván Chirino Pérez, quien actuó a título personal, representante legal de Carpego SAS y heredero de Carmen Ruth Pérez Gómez, celebró con Gustavo Sands Martelo, el 24 de septiembre de 2014, un contrato de prestación de servicios profesionales, del que según el recurrente, el juez de primer nivel interpretó equivocadamente especialmente las cláusulas los honorarios, y desconoció las actuaciones procesales que adelantó. Para definir lo acordado por honorarios, el ad quern transcribió las siguientes estipulaciones del contrato: PRIMERA: El señor IVÁN CHIRINO PÉREZ quien en el presente contrato actúa en su doble condición de representante legal de la sociedad denominada CARPEGO SAS y como persona natural quien para los efectos del presente contrato y en adelante se denominará EL CONTRATANTE, manifiesta que mediante poderes otorgados contrata los servicios profesionales del abogado GUSTAVO ANTONIO SANDS MARTELO, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, para que este último presente Demanda Ejecutiva de mayor cuantía y demanda de restitución de bien inmueble arrendado, prueba anticipada para

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Radicación n.°94066 pre-constituir la existencia de un contrato de arrendamiento, demanda ordinaria de enriquecimiento sin justa causa en contra de la CLÍNICA (...) y GERALD ANTONIO MEZA VALDEZ en virtud al incumplimiento de los demandados en el pago de los cánones de arrendamiento y a la devolución de un inmueble de propiedad de la firma CARPEGO SAS. TERCERA.- En cumplimiento a lo indicado en la cláusula anterior, los aquí contratantes especifican cual (sic) es el alcance de las actividades que en virtud del presente contrato ejecutará el contratista en favor del contratante y en contra de la clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret y Gerald Antonio Meza Valdez para lo cual, CONTRATISTA y CONTRATANTE fijan puntualmente que (sic) otras actividades se incluyen para que sean ejecutadas por el contratista y en virtud a ellos acuerdan que el contratista ha de instaurar en contra de Clínica (...) y Gerald Antonio Meza Valdez, las siguientes acciones así:

A. El CONTRATISTA ha de iniciar una demanda ejecutiva singular de mayor cuantía por los cánones de arrendamiento que a la fecha adeuden los señores GERALD ANTONIO MEZA

VALDEZ y la CLÍNICA CARDIOVASCULAR JESÚS DE NAZARET.

B. El CONTRATISTA ha de instaurar demanda de restitución de bien inmueble arrendado en contra de los señores GERALD ANTONIO MEZA VALDEZ y la CLÍNICA (...).

C. El CONTRATISTA ha de pre-constituir una prueba anticipada consistente en pre-constituir la existencia de una (sic)

contrato de arrendamiento y la calidad en que los señores GERALD ANTONIO MEZA VALDEZ y la CLÍNICA CARDIOVASCULAR (...) se encuentran ocupando un inmueble de propiedad del otorgante CARPEGO SAS, cuya identificación, medidas y linderos ha de aportar en la correspondiente demanda el CONTRATISTA, inmueble este que se identifica (...)

D. EL CONTRATISTA podrá iniciar demanda ordinaria de enriquecimiento sin justa causa en contra de los demandados

(—)

F. EL CONTRATISTA ha de escoger el procedimiento que estime adecuado para los fines propuestos con las anteriores demandas en procura de exigir judicial y extrajudicialmente la restitución del inmueble anunciado anteriormente y el pago de los dineros que por concepto de pago de cánones de

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Radicación n.°94066 arrendamiento le adeuden los señores (...) a favor de CARPEGO SAS, y/o del señor IVAN DAVID CHIRINO PEREZ, inclusive el contratista podrá buscar los medios que le permitan continuar con algunas acciones judiciales que se iniciaron con anterioridad en contra de los señores GERALD ANTONIO MEZA VALDEZ y la CLÍNICA CARDIOVASCULAR JESUS DE NAZARET, persiguiendo los mismos fines y en todo caso de ser posible, lograr la restitución del inmueble por una parte, y por la otra la recuperación de los cánones de arrendamiento a través de procedimientos judiciales que se hubieren adelantado con anterioridad en los juzgados SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA y TRECE CIVIL MUNICIPAL el contratante ha de

estimar satisfechos sus propósitos y declarará al CONTRATISTA cumplido con el objeto del contrato y procederá a cancelar al contratista el precio o el porcentaje que hubieren acordado con base en este contrato o el manifestado en los poderes que el contratante ha de firmar para el otorgamiento de los correspondientes poderes. Por su parte el CONTRATANTE reconoce que las gestiones arriba indicadas las ha confiado al contratista y que esta ha de desarrollarlas a su favor.

CUARTA: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA manifiestan que entre estos pactaron como honorarios profesionales un 25% del valor total de las pretensiones causadas hasta el momento de presentación de la demanda y de las que se causen en lo sucesivo y durante el trámite de los procesos correspondientes, incluidos los intereses y multas que se causaren por las gestiones encomendadas.

Procedió a examinar las gestiones adelantadas, así: Mencionó que a folio 53 del «expediente digital», se encuentra copia de actuaciones ejercidas por el demandante «denominadas diligencia de reconstrucción de proceso de restitución de inmueble arrendado radicado 2006-00124 adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena», en el proceso que promovió Carmen Ruth Pérez

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Radicación n.°94066 Gómez, contra la Clínica Cardiovascular y Gerald Antonio Meza Valdez. En el folio 45 del «expediente digital», subrayó que aparecía despacho comisorio del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, dirigido al Inspector de Policía, para

que llevara a cabo la diligencia de lanzamiento del arrendatario, es decir, la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazareth, lo que efectivamente ocurrió en diligencia del 18 de octubre de 2017. Del folio 57 a 59, resaltó que se encontraba «actuación surtida dentro del proceso verbal - prueba anticipada tramitado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, bajo el radicado 2016-594», en el que los hoy demandados actuaron como accionantes, y en varias de las diligencias fungió como apoderado Ignacio Román Vega, quien en el presente litigio fue citado como testigo de la parte actora, e indicó que con el aludido proceso se buscaba que Gerald Meza, aceptara que adeudaba $3.000.000.000, en cánones de arrendamiento, pero tal persona no confesó deber tal monto, en la diligencia adelantada como prueba anticipada, y tampoco aceptó la deuda en una audiencia de conciliación que se adelantó ante la Cámara de Comercio. Aseveró que el testigo aludido (Román Vega), también narró que el demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado, por cuenta de dicho trámite había sido condenado penalmente, «por la utilización de unos testigos que posteriormente indicaron que lo que declararon en dicho

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Radicación n.°94066 procesof ue porque la señora Carmen Pérez les dijo que debían dar determinadas declaraciones». Así mismo, a partir de la narración de Román Vega, dijo que «él en calidad de apoderado de los hoy demandados inició

un proceso ordinario verbal que correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena», en el que se buscaba que se declarara que Gerald Meza y la Clínica Vascular, adeudaban por cánones de arrendamiento la suma de $3.000.000.000, trámite que se hallaba «actualmente vigente, sin que se le hubiere revocado el poder que le otorgó el demandado» y «no se ha logrado recuperar ningún monto por cuenta de cánones de arriendo». Retomó el contrato de prestación de servicios profesionales y aseveró: (...) especialmente de la cláusula cuarta colige la Sala que las partes acordaron el pago de honorarios en favor del profesional del derecho Sands Martelo en un 25% del valor total de las pretensiones causadas hasta la fecha de presentación de la demanda y de las que se causaren en lo sucesivo y durante el trámite de los procesos correspondientes, incluidos los intereses y multas, entendiéndose que esa presentación de la demanda hace referencia a todos los procesos determinados en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios encaminados a obtener el recaudo de los cánones de arrendamiento adeudados a los hoy demandados por parte del señor Gerald Meza (...) y la Clínica (...) y la restitución de un inmueble de propiedad de la parte demandada, sin que del clausulado del contrato se pueda extraer que se pactó de manera expresa que además de ese porcentaje los demandados debían reconocerle adicionalmente un 25% del valor del avalúo comercial del inmueble que el demandante logró restituirle al demandado luego de iniciar ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena actuaciones

tendientes a obtener la reconstrucción del proceso que había iniciado la madre del señor Chirino Pérez, esto es, la señora Carmen Ruth Pérez Gómez( Q.E.P.D) contra el señor Gerald Meza Valdez y la Clínica (...) y en el cual se había dictado sentencia

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Radicación n.°94066 favorable a ésta, y el posterior acompañamiento y defensa dentro del trámite policivo de lanzamiento del inmueble (...). Luego, expuso que, aunque realizó gestiones tendientes a recaudar los cánones de arrendamiento, el demandante no logró ninguna suma de dinero por ese concepto, y adicionalmente, la demanda ordinaria, «para obtener el reconocimiento de la deuda de los cánones de arriendo», no fue presentada por él, sino por el abogado Gabriel Román Vega, como se desprendía de los folios 87 y 89, por lo que «sería éste el legitimado a reclamar el pago de honorarios», unido a que, en su testimonio dijo que ese proceso aún se encontraba en curso, sin que existiera revocatoria del poder que condujera a la regulación de sus honorarios. De lo descrito, concluyó que el demandante solo desplegó a favor de los demandados, las siguientes diligencias: i) reconstrucción del proceso de restitución de inmueble, que previamente promovió Carmen Ruth Pérez desde el 2006, y que había terminado a favor de ella; ii) atención de la diligencia policiva de lanzamiento; iii) el proceso verbal de prueba anticipada ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena; y iv) solicitud de audiencia de

conciliación ante la Cámara de Comercio. Señaló que estas actuaciones tuvieron lugar entre los arios 2017 a 2018, es decir, después de 3 arios de la suscripción del contrato de prestación de servicios, que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2014. Afirmó que la Sala echaba de menos la prueba pericial, que era importante para la tasación de honorarios, pero según lo disertado, no erró el a

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Radicación n.°94066 quo, al condenar a la suma de 5 SMLMV, conforme lo dispuesto en Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, del CSJ, pues el fallador de primer grado, le asignó un salario mínimo por cada una de las diligencias de conciliación, lanzamiento y por la prueba anticipada, mientras que le otorgó 2 salarios mínimos, por la reconstrucción.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en cuanto confirmó las condenas que impuso el sentenciador de primer nivel, y en sede de instancia ose modifiquen las condenas impuestas a las demandadas por el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Cartagena, teniendo en cuenta los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios profesionales en el 25% de lo allí estipulado» y no el monto de 5 SMLMV, así como las costas y gastos del proceso.

Con dicho propósito plantea dos cargos, que no

recibieron réplica, y se analizará de manera conjunta, dada su argumentación similar e identidad de propósito.

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Radicación n.°94066

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa «FALTA DE APLICACIÓN», de los artículos 1602, 1603, 1618, 1620, 1622, 1627, 2142, 2143, 2144, y 2184 del CC., en concordancia con los artículos 2353 a 2369 ejusdem; numeral 6, del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, 33 y 34 del CPTSS y 36 del CST.

Como causa eficiente de la trasgresión normativa, enuncia los siguientes errores: Dar por establecido sin estarlo que los honorarios profesionales se debían liquidar por la tarifa de honorarios de abogados y desconocer las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales. No dar por establecido estándolo que entre las partes se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales donde se determinó el porcentaje pactado por honorarios profesionales de acuerdo con los resultados obtenidos. No dar por establecido estándolo que el porcentaje pactado se debía liquidar sobre el 25% del valor de las pretensiones causadas por las gestiones encomendadas y no como lo consideraron los juzgadores de instancia en 5 SMLMV. Asevera que los citados yerros resultaron de la mala apreciación del: contrato de prestación de servicios suscrito el 24 de septiembre de 2014; interrogatorio de parte que absolvió Iván David Chirino Pérez, en donde manifestó que

las gestiones encomendadas eran las de la cláusula 7, del contrato de prestación de servicios; y las documentales obrantes a folios 45, 53, 57 a 59 del expediente. Además, de la preterición del documento denominado actualización y aclaración de las cuantías perseguidas dentro de las

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Radicación n.°94066 gestiones de recuperación de inmueble de propiedad de Carpego SAS.

En el desarrollo dice: «está en discusión el porcentaje que bilateralmente el Doctor Gustavo Sands suscribió con los aquí demandados referente a la realización de actividades profesionales a fin de obtener la recuperación de un inmueble que tenía y disfrutaba la Clínica (...) al igual que obtener el pago de los canones insolutos». Invoca el artículo 2142 del CC, atinente al contrato de mandato, y menciona que el sentenciador de segundo nivel, al proferir su sentencia lo hizo con desconocimiento de algunas pruebas, entre ellas la confesión, al punto que esta Corporación, requirió al Tribunal para que le remitiera todas las pruebas, y este a su vez, conminó al juzgado para que allegara las faltantes.

Alega que dentro de los medios no apreciados, se encuentra documento suscrito por Chirino Pérez el 18 de julio de 2017, «en donde se regula de manera clara y precisa, aspectos sobre la cuantía en cuanto a la reconstrucción del proceso de Restitución (...) y el proceso ejecutivo», que de haberlo valorado, habría revocado la sentencia de primer nivel. En armonía con lo anterior, cita el interrogatorio de parte absuelto por el aquí demandado y subraya que (fue

claro en manifestar que la gestión encomendada al contratista GUSTAVO SANDS MARTELOf ue para adelantar las gestiones contenidas en los literales A y B, de la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios profesionales» y enuncia que la confesión se concreta a los siguientes puntos:

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Radicación n.°94066 Iván David Chirino Pérez, manifestó que suscribió el contrato de prestación de servicios para las gestiones allí contenidas y aceptó que todas las tareas encomendadas se circunscribieron a ejecutar los mandatos contenidos en la cláusula séptima, que las partes denominaron como «obligación A y obligación B»; y que en el contrato de prestación de servicios, se especificó con claridad en qué consistían las obligaciones, que se enfocaban en que «de ser posible lograr la restitución del inmueble por una parte, y, por la otra, la recuperación de los cánones de arrendamiento», lo que se haría «a través de procedimientos judiciales que se hubieren adelantado con anterioridad en los juzgados

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA O TRECE CIVIL

MUNICIPAL».

Alega que en el contrato de prestación de servicios, se aceptó que «el contratista ha de escoger el procedimiento que estime adecuado para los fines propuestos con aquellas demandas en procura de exigir, judicial y extrajudicialmente, la restitución del inmueble anunciado (...)», y argumenta que también pactaron que podía contratar, bajo su

responsabilidad, otro u otros profesionales que adelantaran parte de las obligaciones. Anota que las anteriores afirmaciones emergen de la prueba de confesión que los juzgadores de instancia desconocieron, aunado a que Chirino Pérez confesó que, la contratación del abogado Román Vega fue socializada con él, dio su visto bueno y que aquella contratación para la

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Radicación n.°94066 ejecución de diligencias por parte de otro abogado, sería parte del acuerdo contractual. Destaca que el juez de segundo nivel, aseveró que la demanda para obtener el reconocimiento de los cánones adeudados, no fue presentada por el aquí demandante, sino por Román Vega, con lo cual desconoció, que según el debate probatorio de las instancias, este último hacía parte del buffet de abogados de Sands Martelo, por lo que atendería el proceso ordinario bajo su dirección y así se extractaba del interrogatorio de parte de Chirino Pérez. Afirma que aunque el sentenciador plural, consideró los documentos aportados con la demanda, «les hace producir un efecto distinto al contenido expresamente en el documento», al asignar porcentajes de honorarios diferentes a los acordados por las partes, lo que vulnera las normas del Código Civil, especialmente el artículo 1622 ejusdem, por ende, debía dar aplicación a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, y no la tarifa del Colegio Nacional de Abogados. Afirma que el contrato de prestación de servicios se compone de un enunciado y nueve cláusulas, ode las cuales solo las cláusulas primeras (sic), tercera fueron tenidas en

cuenta por el Tribunal», pero omitió las estipulaciones restantes, «inclusive, la cláusula séptima, que modifica las cláusulas primera y tercera, también fue desatendida». Anota que transcribe las cláusulas que fueron observadas por el ad quem y luego copia las que en su criterio, no tuvo en cuenta el juez plural.

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Radicación n.°94066 Reproduce las estipulaciones primera, tercera, y cuarta y apunta que, en cuanto a la gestión encomendada, con la diligencia de reconstrucción del proceso, la de lanzamiento y la prueba anticipada, el Tribunal la dio por acreditada. Argumenta que, de la cláusula TERCERA, debe apreciarse el literal F, que en realidad corresponde al literal E), en el que las partes acordaron: EL CONTRATISTA ha de escoger el procedimiento que estime adecuado para los fines propuestos con las anteriores demandas en procura de exigir judicial y extrajudicialmente la restitución del inmueble anunciado anteriormente y el pago de los dineros que por concepto de cánones de arrendamiento le adeuden los señores GERALD (...) y la CLÍNICA CARDIOVASCULAR (...) inclusive el contratista podrá buscar los medios que le permitan continuar con algunas acciones judiciales que se iniciaron con anterioridad en contra de los señores GERALD (...) y la CLÍNICA CARDIOVASCULAR (...) persiguiendo los mismos fines, y en todo caso de ser posible lograr la restitución del inmueble por una parte, y por la otra la recuperación de los cánones de arrendamiento atreves (sic) de procedimientos judiciales que se

hubieren adelantado con anterioridad en los juzgados SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Y TRECE CIVIL MUNICIPAL, el contratante ha de estimar satisfechos sus propósitos y declarará al CONTRATISTA cumplido con el objeto del contrato y procederá a cancelar al contratista el precio o el porcentaje que hubieren acordado con base en este contrato o el manifestado en los poderes que el contratante ha de firmar (...). Alude al artículo 1627 del CC, aduce que las partes pactaron el 25% del valor de las pretensiones, de acuerdo con las cláusulas cuarta y séptima del contrato de prestación de servicios, sin embargo, el Tribunal le restó importancia al acuerdo. Menciona que el fallo CSJ SL694-2013, enserió que los jueces no pueden regular los honorarios pactados y también transcribe segmentos de la sentencia de la Sala de

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Radicación n.°94066 Casación Civil de «Junio 28/1989», por lo que debe respetarse lo establecido en el contrato de mandato.

VII. CARGO SEGUNDO Por la vía directa acusa aplicación indebida, de los mismos preceptos que listó en el anterior cargo.

Expone que el Tribunal no le dio al contrato de prestación de servicios el valor que tiene, como lo impone el artículo 2142 del CC, que define lo que es el contrato de mandato, desconocieron el acuerdo de los honorarios. Enuncia los artículos 2142, 2149 y 2150 del Código Civil, y afirma que el mandato tiene el carácter de remunerado, en este evento pactaron un porcentaje, unido a que el mandato

se ejerce por cuenta y riesgo del mandante, en los términos del artículo 2142 del CC y junto con los artículos 2054 y 2143 del CC, que facultan a las partes para que motu proprio indiquen el valor de la gestión. Razona que en el presente caso, el litigio versó sobre el incumplimiento de los demandados de pagar los honorarios profesionales al abogado litigante, de acuerdo a lo pactado en el contrat