CSJ - SL910-2023
Detalles
- Título
- CSJ - SL910-2023
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Laboral
- Año
- 2023
MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL910-2023 Radicación n.° 91884 Acta 14 Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS – COLFONDOS S.A. contra la sentencia proferida los días 24 y 28 de febrero de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LUZ STELLA CARMONA LLANOS, en nombre propio y en representación de su hija menor DANIELA PÉREZ CARMONA, contra la sociedad recurrente y LUIS ALBERTO CHICA GUTIÉRREZ,
TECNOCASA ANTIOQUIA E.U., ANTONIO CÉSAR RIVERA,
PAULA ANDREA RESTREPO, CARLOS GÓEZ BOTERO,
GOEZ CONSTRUCCIONES S.A.S., CONSTRUCCIONES HERGIR S.A.S y HERNÁN DE JESÚS JURADO MORA; contienda en la que se vinculó como llamada en garantía a
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS. S.A.; como
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Radicación n.° 91884 interviene ad excludendum a MARICELDA SEPÚLVEDA, quien actúa a nombre propio y en representación de su hijo menor JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA, este último igualmente vinculado como litisconsorte necesario.
I. ANTECEDENTES Luz Stella Carmona Llanos, actuando en nombre propio
y en representación de su hija Daniela Pérez Carmona, pidió lo siguiente:
1. Que se declare que CARLOS GÓEZ BOTERO como persona natural y como representante legal de GOEZ CONSTRUCCIONES S.A.S. no pagó a mi mandante LUZ STELLA CARMONA LLANOS y los hijos menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA, las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo.
2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene solidariamente a CARLOS GÓEZ BOTERO como persona natural y a la sociedad GOEZ CONSTRUCCIONES S.A.S., al reconocimiento y pago de las CESANTÍAS, INTERESES
A LAS CESANTÍAS, PRIMA, VACACIONES, SALARIOS NO
PAGADOS CORRESPONDIENTES A LA ULTIMA QUINCENA DE
ENERO DE 2014 Y LA PRIMERA DE FEBRERO DE 2014,
SANCIÓN POR NO PAGO DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES
A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
3. Que se declare que COLFONDOS S.A. debe reconocer a favor de la señora LUZ STELLA CARMONA LLANOS en calidad de compañera permanente y a los menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA con tarjeta de identidad 970424-08020, representado legalmente por su madre señora MARICELDA SEPÚLVEDA, pensión de sobreviviente, en virtud del lleno de los requisitos legales, para acceder a este beneficio.
4. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a COLFONDOS S.A. a pagar a favor de la señora LUZ STELLA CARMONA LLANOS un 50% en calidad de compañera y a los menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 un 25% y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA con tarjeta de identidad 970424-08020,
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Radicación n.° 91884 representado legalmente por su madre señora MARICELDA SEPÚLVEDA otro 25%, de la pensión de sobreviviente, así como el pago del retroactivo desde el momento del fallecimiento y los intereses moratorios conforme al artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el momento en que debió hacerse el reconocimiento, esto es, desde el 12 de febrero de 2014.
5. SUBSIDIARIAMENTE A LAS PRETENSIONES 3 y 4
ANTERIORES solicito que se declare que COLFONDOS S.A. debió reconocer en vida del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ HERNANDEZ, pensión de invalidez, a partir de la fecha de estructuración de dicho estado, la misma que en virtud del fallecimiento deberá ser sustituida a favor de la señora LUZ STELLA CARMONA LLANOS en calidad de compañera permanente y a los menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA con tarjeta de identidad 970424-08020, representado legalmente por su madre
señora MARICELDA SEPÚLVEDA.
6. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a COLFONDOS S.A. a pagar a favor de la señora LUZ STELLA CARMONA LLANOS un 50% en calidad de compañera permanente y a los menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 un 25% y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA con tarjeta de identidad 970424-08020, representado legalmente por su madre señora MARICELDA SEPÚLVEDA otro 25% de la pensión de invalidez, así como el pago del retroactivo desde el momento de la estructuración del estado de invalidez, y los intereses moratorios conforme al artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el momento en que debió hacerse el reconocimiento.
7. SUBSIDIARIAMENTE A LAS PRETENSIONES 3, 4, 5 y 6
ANTERIORES solicito que se declare que LUIS ALBERTO CHICA,
TECNOCASA ANTIOQUIA E.U., ANTONIO CESAR RIVERA,
PAULA ANDREA RESTREPO, CARLOS GOEZ BOTERO, GOEZ CONSTRUCCIONES S.A.S, CONSTRUCCIONES HERGIR S.A.S. y HERNAN DE JESUS JURADO MORA, por los faltantes en los aportes a seguridad social en vida del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ HERNANDEZ, deberán reconocer de forma SOLIDARIA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, a partir del 12 de febrero de 2014, a favor de la señora LUZ STELLA CARMONA LLANOS en
calidad de compañera permanente y a los menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA con tarjeta de identidad 970424-08020, representado legalmente por su madre
señora MARICELDA SEPÚLVEDA.
8. Que como consecuencia de la anterior declaración, se
condene DE FORMA SOLIDARIA a LUIS ALBERTO CHICA,
TECNOCASA ANTIOQUIA E.U., ANTONIO CESAR RIVERA,
PAULA ANDREA RESTREPO, GOEZ BOTERO CARLOS GOEZ
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Radicación n.° 91884 CONSTRUCCIONES S.A.S, CONSTRUCCIONES HERGIR S.A.S. y HERNAN DE JESUS JURADO MORA a pagar a favor de la señora LUZ STELLA CARMONA LLANOS un 50% en calidad de compañera permanente y a los menores DANIELA PÉREZ CARMONA identificada con tarjeta de identidad 1.001.361.008 un 25% y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA con tarjeta de identidad 970424-08020, representado legalmente por su madre señora MARICELDA SEPÚLVEDA otro 25%, de la pensión de invalidez, así como el pago del retroactivo desde el momento de la estructuración de estado de invalidez, y los intereses moratorios conforme al artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el momento en que debió hacerse el reconocimiento. Como «pretensiones comunes a cualquiera de las condenas» y en caso de probarse el estado de invalidez de la
menor Daniela Pérez Carmona, pidió que la condena del porcentaje de su pensión sea de por vida y que dicho beneficio sea debidamente acrecido a medida que desaparezca el derecho de su hermano y en caso del fallecimiento de su madre; junto con la indexación, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. En respaldo de tales pedimentos, en síntesis, relató que su compañero permanente José Daniel Pérez Hernández, laboró para varias empresas, siendo el último empleador el señor Carlos Góez Botero, quien después de vincularlo constituyó una sociedad denominada Góez Construcciones S.A.S., lo que llevaba a considerar a esta empresa como solidariamente responsable. Indicó que Carlos Góez no le pagó a ella ni a sus hijos las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo que lo unió a su compañero. Explicó que el causante convivió en unión libre con ella desde el año 2001, de cuya unión nació Daniela Pérez Carmona el 9 de julio de 2003,
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Radicación n.° 91884 quien padece «retraso mental que la convierte en inválida» y por lo cual tendría derecho a la pensión en forma vitalicia, como se narró en la demanda inicial. Informó que su compañero comenzó a sufrir «CÁNCER EN LOS SENOS PARANASALES», aproximadamente cinco años antes de su muerte; expuso que Pérez Hernández falleció el 12 de febrero de 2014; que en nombre propio y en representación de su menor hija presentó a Colfondos S.A. la
solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada con el argumento que también se presentó a pedir la prestación la cónyuge sobreviviente Maricelda Sepúlveda, quien actuaba en representación de su hijo menor José Luis Pérez Sepúlveda, motivo este por el cual le solicitó al juez del conocimiento del presente asunto su vinculación en calidad de interviniente. Expuso que el Fondo de pensiones dio respuesta el 12 de marzo de 2014 negando la pensión pretendida; le indicó que José Daniel Pérez Hernández sólo acreditaba un total de 47 semanas en los últimos tres años de vida, esto es, entre el 12 de febrero de 2011 y el 12 de febrero de 2014 (fecha del deceso), lo que conllevaba que solo procedía la devolución de saldos a favor de los menores; que respecto a ellas, es decir, a la aquí demandante en calidad de compañera y a la cónyuge, se dejaba constancia que la situación se perfilaba como una posible convivencia simultánea, por tanto, se debía dirimir el conflicto ante un juez de trabajo.
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Radicación n.° 91884 Manifestó que de acuerdo con el reporte expedido por Colfondos, el causante cotizó 65,141 semanas entre el 12 de febrero de 2011 y el mismo día y mes de 2014, sin contabilizar los ciclos que no fueron aportados por los empleadores demandados; de modo que, incluso teniendo en cuenta solo el número de aportes registrados en la historia laboral, en el presente caso se cumplía con la densidad de cotización mínima para dejar causado el derecho pretendido. Expresó que de no lograrse demostrar que ella y los
hijos menores del causante tenían derecho a la pensión de pensión de sobrevivientes, el fallecido causó en vida una pensión de invalidez por enfermedad común, que debía sustituirse. Planteó que en caso de que ninguna de estas dos prestaciones resultara viable, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes estaría a cargo de todos aquellos empleadores que presentan mora en el pago de aportes, de manera solidaria. Por último, precisó que Construcciones Hergir S.A.S. fue demandada en virtud de que el día 31 de enero de 2013 presentó una afiliación a nombre del difunto señor José Daniel Pérez Hernández. Carlos Alberto Góez Botero, quien actuó en nombre propio y en calidad de representante legal de Góez Construcciones S.A.S., al dar contestación a la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, dijo no
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Radicación n.° 91884 conocer que la actora fuera compañera permanente de José Daniel Pérez Hernández, pues este vivía con su progenitora Ana Fabiola Hernández y sus hermanos; además, que la señora Hernández dependía económicamente del fallecido, a quien le canceló las acreencias laborales a las cuales tenía derecho el causante. Aceptó que celebraron un contrato de obra, que inició el 24 de julio de 2013 y terminó por cumplimiento de obra y en legal forma el día 30 de diciembre de esa misma anualidad. Arguyó que para el mes de enero de 2014 se dio inició a otra obra en la que el señor José Daniel Pérez Hernández solo
laboró hasta el día 24 de ese mismo mes y año, dado que a partir de esa fecha y hasta su fallecimiento fue incapacitado, dándose la terminación del contrato el día 12 de febrero de 2014. Como excepciones, formuló las de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, improcedencia de la sanción, buena fe, pago de la obligación y dirigirse la demanda contra persona diferente a la obligada. Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, manifestó que los archivos de la entidad evidenciaban que el causante presentaba vinculaciones con el señor Góez Botero así: data de iniciación de relación «201307-24», fecha de terminación de contrato «2014-02-12», presentando una deuda presunta desde «2013-09» hasta «2014-02», la cual estaba en el área de cobro jurídico.
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Radicación n.° 91884 En su defensa, señaló que se debía probar los hechos narrados frente a terceros, la fecha del fallecimiento, enfermedad y discapacidad; que, de acuerdo con el reporte de semanas, Pérez Hernández para la fecha del fallecimiento, hecho ocurrido el 12 de febrero de 2014, contaba con apenas 47 semanas cotizadas en los tres últimos años, número insuficiente para el reconocimiento de la pensión. Aclaró que a reclamar la prestación de sobrevivientes se presentaron tanto la aquí demandante en calidad de compañera como la señora Maricela Sepúlveda en condición de cónyuge, al igual que los menores José Luis Pérez Sepúlveda y Daniela Pérez
Carmona, representados por sus respectivas progenitoras. En virtud de ello, expresó que esa AFP les reconoció a los hijos menores la condición de beneficiarios y frente a la conyugue y la compañera permanente informó que su petición era rechazada por no haber acreditado la convivencia necesaria para ser acreedoras a dicha pensión; además que, frente al conflicto de beneficiarias, no podía otorgar la pensión sin la certeza de quién ostentaba esa calidad, lo cual debía definirse mediante una decisión judicial. Como excepciones de fondo, formuló las que denominó: inexistencia de la obligación reconocimiento al pago de la pensión de sobrevivencia; inexistencia de la obligación reconocimiento al pago de a pensión de invalidez; conflicto de beneficiarias; inexistencia de la obligación de pagar intereses
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Radicación n.° 91884 moratorios; buena fe; prescripción; compensación y pago y la genérica. Asimismo, llamó en garantía a la Compañía Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. dado que con esta entidad suscribió la póliza colectiva, la cual tenía a su cargo la suma adicional requerida para financiar el capital necesario para el pago de las eventuales pensiones de invalidez y sobrevivencia que se causaran a favor de afiliados de la Sociedad Administradora, que eran precisamente las aquí reclamadas. La citada aseguradora, al acudir al proceso en tal calidad, dijo no constarle los hechos de la demanda inicial. Se opuso a las pretensiones. Formuló las excepciones de
inexistencia del derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, conflicto de la calidad de beneficiarios, prescripción, improcedencia de acumulación de intereses moratorios e indexación, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de costas y la genérica. Frente al llamamiento en garantía, adujo que la póliza suscrita se limitaba a cubrir única y exclusivamente el monto adicional que fuera necesario para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, siempre y cuando el capital de la cuenta individual del asegurado, incluidos los aportes, rendimientos financieros y el bono pensional, si existieren,
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Radicación n.° 91884 resultaren insuficientes para sufragar la prestación económica a largo plazo. Igualmente, puso de presente para que opere el amparo previsional, se debían reunir la totalidad de los requisitos de ley para causar el derecho a la pensión de invalidez, tal y como se pactó en el clausulado de la póliza suscrita. Como excepciones, enlistó las de ausencia de cobertura de la póliza, límite asegurado e improcedencia de condena de intereses moratorios, inexistencia del derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, conflicto de la calidad de beneficiarios, prescripción, improcedencia de acumulación de intereses moratorios e indexación, improcedencia de intereses
moratorios y costas. Construcciones Hergir S.A.S., dio respuesta a la demanda; pero la misma fue dada por no contestada por el juez del conocimiento, que lo fue el Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, a través de providencia del 27 de enero de 2015, en razón a que dentro del término de ley no subsanó las deficiencias advertidas. El menor José Luis Pérez Sepúlveda, hijo del causante, quien también fue vinculado a la contienda como litisconsorte necesario por el juez del conocimiento, actuó mediante curadora ad litem, quien, al dar respuesta a la demanda, dijo desconocer los hechos y que se atiene a lo que
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Radicación n.° 91884 resulte probado en el proceso. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación de la actora, prescripción y la genérica. Tecnocasa Antioquia E.U. contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones. Frente a los supuestos fácticos dijo que no le constaban. Como hechos de defensa argumentó que, si bien existían faltantes en las cotizaciones, lo cierto era que la obligación de otorgar la pensión de sobrevivientes recaía sobre Colfondos S. A. y no sobre los otros demandados, pues aunque estuvieran en mora en el pago de sus aportes, es la AFP quien debe procurar la cancelación de las cotizaciones en mora, incluso por medio de un cobro ejecutivo, cosa muy distinta a lo que ocurriría si los anteriores patronos jamás hubieran vinculado al causante a un fondo de pensiones.
Como excepciones, enlistó las de inexistencia de la obligación, ausencia de obligación por haberse configurado previamente la pensión de invalidez, inexistencia de solidaridad y responsabilidad exclusiva de Colfondos S.A. Hernán de Jesús Jurado Mora, al dar respuesta a la demanda, también se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Respecto a los hechos, dijo desconocerlos en su gran mayoría, salvo el referido a la relación laboral que tuvo con el causante y que se inició en enero del año 2007 y finalizó en el mes julio del año 2011. En su defensa, puso de presente que durante la relación subordinada efectuó las
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Radicación n.° 91884 cotizaciones al Sistema General de Pensiones como lo corroboraba la prueba documental que allegaba al proceso. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, inexistencia de pruebas, cobro de lo no debido y prescripción. Paula Andrea Restrepo, Antonio César Rivera y Maricelda Sepúlveda, acudieron al proceso por medio de curador ad litem, quienes al dar respuesta a la demanda aceptaron la enfermedad, las incapacidades y la muerte del causante; las reclamaciones y su respuesta; y los documentos laborales existentes de la relación entre el fallecido y Tecnocasa Antioquia EU que se aportaron al expediente; de los demás, dijeron que no eran ciertos o no eran tales. Se opuso a las pretensiones de la demanda «hasta tanto se demuestre la relación laboral del causante y los supuestos empleadores con los extremos temporales
inequívocos y por ende las semanas de cotización en mora». Así mismo, solicitó demostrar la calidad de beneficiarios de los demandantes y la discapacidad de la hija del causante. Como excepciones de fondo, planteó las de inexistencia de la obligación y prescripción. Finalmente, Maricelda Sepúlveda, en calidad de interviniente ad excludendum, reclamó para sí el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente que le correspondía, conjuntamente con el porcentaje de su hijo menor de edad José Luis Pérez Sepúlveda, ello en razón de
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Radicación n.° 91884 que era la cónyuge sobreviviente del señor José Daniel Pérez Hernández con quien convivió por más de cinco años, y que, como consecuencia de lo anterior, solicitó que se rechacen todos los pedimentos elevados por la señora Carmona Llanos. En sustento de su petición, indicó que contrajo matrimonio con el causante el día 24 de diciembre de 1994, fecha desde la que inició una convivencia permanente e ininterrumpida, siempre atenta a sus necesidades, hasta enero de 2013, dado que posteriormente, por su estado delicado de salud, aquel convivió con su madre hasta su fallecimiento. También informó que de dicho matrimonio nació José Luis Pérez Sepúlveda, quien igualmente era acreedor de todos los derechos discutidos en el litigio. Asimismo, precisó que durante los años de convivencia no tuvo conocimiento que el causante fuera compañero permanente de la señora Luz Stella Carmona Llanos y menos durante el tiempo que se relaciona en la demanda inaugural.
De otro lado, esbozó que el 13 de mayo de 2015 radicó demanda en el Juzgado Quince Laboral con el fin de solicitar pensión de sobrevivientes, no obstante, su apoderado no le dio información clara y verídica del proceso, sobre el cual, posteriormente, se enteró de su archivo definitivo el 2 de julio de 2015. Finalmente, señaló que su matrimonio no fue disuelto y que al momento del óbito seguía vigente el vínculo marital. Frente al escrito demandatorio que allegó la señora Maricelda Sepúlveda, se manifestaron algunas de las partes,
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Radicación n.° 91884 como es el caso de Colfondos S.A., quien indicó que ésta no tenía derecho a la pensión reclamada, aduciendo argumentos similares a los que trazó para oponerse a la demanda de la señora Carmona Llanos; y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, reconocimiento al pago de la pensión de sobrevivencia, conflicto de beneficiarias, buena fe, prescripción, compensación, pago y la genérica o innominada. Del mismo modo, Luz Stella Carmona contestó oponiéndose a las súplicas. Arguyó que el causante convivió con ella como compañera por «más de los últimos 5 años de vida»; «y la unión y convivencia con la pretensora había finiquitado». Propuso como excepción de fondo, la que denominó «convivencia con mi mandante». Y el curador ad litem del menor José Luis Pérez Sepúlveda, dio respuesta a esta demanda, manifestando que
se atenía a lo que resultara probado dentro de proceso con los medios legales, para lo cual formuló como excepciones la genérica, prescripción e inexistencia de la obligación.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 11 de febrero de 2019, dispuso: Primero: NEGAR la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias, elevadas por la señora LUZ STELLA CARDONA LLANOS en contra COLFONDOS S.A., por las razones esbozadas en la parte motiva.
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Segundo: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCIMIENTO AL PAGO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA, por las razones expuestas en la parte considerativa.
Tercero: ABSTENERSE de examinar las restantes excepciones, de conformidad con el artículo 282 de la Ley 1564 de 2012
Cuarto: CONDENAR a la empresa TECNOCASA ANTIOQUIA E.U, a realizar el pago de los aportes al fondo de pensiones COLFONDOS S.A. desde el 2 febrero de 2013 hasta el 31 de mayo de 2013 tiempo que fue laborado por el señor JOSÉ DANIEL PÉREZ HERNANDEZ obteniendo como ingreso un salario mínimo.
Quinto: NEGAR la totalidad de las pretensiones en contra de ANTONIO CESAR RIVERA, PAULA ANDREA RESTREPO, CARLOS GOEZ BOTERO representante legal de GOEZ
CONSTRUCCIONES S.A.S, CONSTRUCCIONES HERGIR S.A.S y HERNAN DE JESUS JURADO MORA, por lo expuesto en lo parte motiva.
Sexto: CONDENAR al fondo de pensiones COLFONDOS S.A. o reconocer y pagar a la señora MARICELDA SEPÚLVEDA, la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ HERNANDEZ, en un porcentaje del 50%, a partir del 13 de febrero de 2014, adeudándole un retroactivo de
DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS ($19'121.267).
Así mismo, le deberá continuar pagando a partir del 1° de febrero de 2019 el 50% de un salario mínimo de cada año, sin perjuicio de los incrementos a futuro.
Séptimo: CONDENAR al fondo de pensiones COLFONDOS S.A. o reconocer y pagar a la menor DANIELA PÉREZ CARMONA, la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ HERNANDEZ, en un monto del 25%, a partir del 13 de febrero de 2014, adeudándole un retroactivo de
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS
CATORCE PESOS ($9'560.614).
Así mismo, le deberá continuar pagando a partir del 1° de febrero de 2019 el 25% de un salario mínimo de cada año, sin perjuicio de los incrementos anuales Octavo: CONDENAR al fondo de pensiones COLFONDOS S.A. o
reconocer y pagar al joven JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA, la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor JOSÉ DANIEL PÉREZ HERNANDEZ, en un monto del 25%, a partir del 13 de febrero de 2014, adeudándole un retroactivo de
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS
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Radicación n.° 91884 CATORCE PESOS ($9'560.614), advirtiendo que como el joven cuenta con 22 años, el fondo pagará al mismo hasta que cumpla los 25 años de edad siempre y cuando demuestre su condición de estudiante, una vez finalizada esta condición sus derechos se incrementaran a favor de la menor DANIELA PÉREZ CARMONA.
Noveno: Del retroactivo pensional ordenado, se autorizó al fondo demandado, descontar el aporte al sistema de seguridad social en salud.
Décimo: CONDENAR a MAPFRE a completar la suma adicional que sea necesaria para el capital que financie el monto de la pensión requerida.
Décimo primero: DECLARAR probada las excepciones de Inexistencia de la obligación de reconocer y pagar los intereses de mora, Buena Fe y por ende se NIEGA la pretensión.
Décimo Segundo: DECLARAR probada la excepción de COMPENSACION, se autoriza por parte de COLFONDOS S.A. compense el dinero que fue pagado por devolución de aportes.
(Negrillas del texto original).
III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por apelación de Luz Stella Carmona Llanos, Colfondos
S.A., Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. y Góez Construcciones, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien mediante sentencia proferida los días 24 y 28 de febrero de 2020, dispuso lo siguiente: PRIMERO: MODIFICAR el numeral DÉCIMO SEGUNDO de la sentencia materia de apelación proferida el 5 de diciembre de 2018 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará así: DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de COMPENSACIÓN respecto a MARICELDA SEPÚLVEDA y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA a COLFONDOS S.A. autorizando a COLFONDOS S.A. para que compense el dinero que fue pagado por devolución de aportes.
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SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de COLFONDOS S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., fijándose las agencias en derecho en la suma de $877.803 a cargo de cada una, y a favor de MARICELDA SEPÚLVEDA, DANIELA PÉREZ CARMONA y JOSÉ LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA a prorrata. En primera instancia se REVOCA la absolución proferida a favor de TENOCASA ANTIOQUIA E.U., y en su lugar, se CONDENA EN COSTAS de primera instancia a dicha persona jurídica a favor de
MARICELDA SEPÚLVEDA, DANIELA PÉREZ CARMONA y JOSÉ
LUIS PÉREZ SEPÚLVEDA a prorrata. Tásense.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado.
En lo que en estricto rigor interesa al recurso de casación, el fallador de segundo grado comenzó por dilucidar si Luz Stella Carmona Llanos, en calidad de compañera permanente y Maricelda Sepúlveda, en su condición de cónyuge supérstite, real y efectivamente habían demostrado las exigencias legales para ser beneficiarias de la pensión de sobrevivencia. Aludió a lo previsto por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, aplicables al caso dado que el causante murió el 12 de febrero 2014, normas que dijo eran claras en señalar que tendrán derecho a la pensión de sobreviviente los miembros del grupo familiar del afiliado que hubiere cotizado 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, punto sobre el que no había controversia, pues el fallador de primer grado concluyó que José Daniel Pérez Hernández dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivencia a favor de sus beneficiarios y no fue objeto de apelación.
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Radicación n.° 91884 Indicó que al estar acreditado que el afiliado dejó causado el derecho para que sus posibles beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes, resaltó que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 del 2003, era diáfano en prever que son beneficiarios de la pensión de sobreviviente, entre otros,
en forma vitalicia el cónyuge o compañero o compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad y acredite la existencia de vida marital con el causante por espacio mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la data del deceso, lo cual es carga de los eventuales beneficiarios, tal como lo tiene adoctrinado la Corte. Citó jurisprudencia en su apoyo. Especificó que la Sala de Casación Laboral en sentencia CS SL1510-2014, precisó que la hipótesis del inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, «tiene aplicación también para el evento en que, luego de la separación de cuerpos y de hecho del cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, el causante no establezca una nueva comunidad de vida», por lo que la convivencia de los cinco años de qué trata la norma para el cónyuge puede ser cumplida en cualquier tiempo, sin que se exija que continúe actuante el vínculo afectivo al momento del fallecimiento, como previamente lo exigía la Corte; según la sentencia CSJ SL5169-2019. Expresó que la calidad de cónyuge de la interviniente y la vigencia del vínculo matrimonial al momento de la muerte
SCLAJPT-10 V.00 18
Radicación n.° 91884 del causante, se demostró con el registro civil de matrimonio expedido con posterioridad al óbito (f.° 438), en el que consta que la pareja contrajo nupcias por el rito católico el 24 de
diciembre de 1994, sin que allí aparezca anotaciones de liquidación de sociedad conyugal, divorcio o nulidad del matrimonio. De forma que, el tema que ameritaba un análisis probatorio más exhaustivo, era si la citada interviniente cumplía con el requisito de la convivencia, para lo cual debía establecer si se comprobó que lo era ininterrumpida con el causante como mínimo durante cinco años en cualquier época. Sobre ello, precisó que la interviniente Maricelda Sepúlveda, desde el escrito petitorio del derecho pensional, manifestó que contrajo matrimonio católico el 24 de diciembre de 1994 y que se sep
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