CSJ - SL917-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL917-2023 Radicación n.° 95157 Acta 09 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) en el proceso que DAYLIS PATRICIA GONZÁLEZ MAESTRE, NELVIS DOLORES BOLAÑO y ÁNGELA MILENIS CONTRERAS NÚÑEZ le adelantaron a EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ y solidariamente a la recurrente y al

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

– FONADE hoy EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL

DESARROLLO TERRITORIAL -ENTERRITORIO.

I. ANTECEDENTES

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Radicación n.° 95157 Daylis Patricia González Maestre llamó a juicio Eduvilia María Fuentes Bermúdez y solidariamente a la NaciónMinisterio de Educación Nacional y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - Fonade, para que se declarara que con la primera existió un contrato de trabajo del 22 de agosto al 15 de diciembre de 2011 y que tenía derecho al reconocimiento de prestaciones sociales y vacaciones. Adicionalmente, se declarara ineficaz la extinción del vínculo contractual y en consecuencia, se condenara al pago

de salarios y prestaciones por el tiempo que duró cesante y las costas. En subsidio de la ineficacia, exigió la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Informó que la demandada Eduvilia María Fuentes Bermúdez, en su condición de propietaria y representante legal del establecimiento de comercio Colegio Gabriela Mistral, la vinculó a través de contrato de trabajo celebrado el 22 de agosto de 2011, en el cargo de docente, para que desarrollara actividades pedagógicas, conforme al plan de atención integral a la primera infancia. Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional celebró con Fonade el convenio interadministrativo 211012, con el objeto de que gestionara el Programa de Atención Integral de la Primera Infancia (PAIPI). Que entre otras obligaciones, el segundo debía contratar las personas naturales y jurídicas que seleccionara el ente ministerial para

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Radicación n.° 95157 ejecutar el programa y, en tal virtud, esta entidad suscribió con Eduvilia María Fuentes Bermúdez convenios, que tenían como objetivo la prestación integral en educación inicial, cuidado, nutrición de los niños y niñas menores de cinco años en condición de vulnerabilidad vinculados al PAIPI. Aseveró que el salario devengado fue de $1.500.000 mensuales, por el cumplimiento de sus obligaciones, sometidas a horario; que recibió órdenes de la empleadora, hasta que el lazo finalizó el 15 de diciembre de 2011, sin el pago de prestaciones y demás derechos, como aportes al

sistema de seguridad social y que elevó peticiones al Ministerio y a Fonade en busca del pago de sus acreencias laborales, pero fueron negadas. Acotó que, entre otras atribuciones, el Ministerio de Educación Nacional atiende la educación inicial de calidad en el marco de una atención integral con enfoque diferencial de inclusión social y, por eso, existía la Unidad de Primera Infancia. Por su parte, Fonade agenciaba los proyectos de desarrollo a través de la preparación, financiación y administración de estudios y su ejecución; por tanto, eran solidariamente responsables de las obligaciones laborales, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo (f.° 3-8 cuaderno1, expediente digital). Fonade se opuso al éxito de las pretensiones, en cuanto a los hechos aceptó la existencia del PAIPI, del convenio con el Ministerio y las obligaciones que adquirió. También, la reclamación administrativa, su respuesta y la celebración del

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Radicación n.° 95157 pacto derivado del convenio interadministrativo con Eduvilia María Fuentes Bermúdez, dentro del que no aparecen vinculadas las accionantes para la ejecución del mismo. Aclaró que la empleadora de las actoras, como contratista de Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial Enterritorio, estaba «obligada a cumplir con los pagos oportunos de los salarios a sus contratistas, como se pactó en el contrato suscrito entre FONADE y la señora FUENTES». Negó la solidaridad, en tanto no es «el dueño ni beneficiario de las actividades y servicios recibidos por parte de la demandada».

Fonade llamó en garantía a Confianza S.A., no obstante, mediante providencia del 6 de febrero de 2018 el Juzgado Laboral del Circuito San Juan del Cesar tuvo «como ineficaz el llamamiento en garantía a la empresa COMPAÑÍA

ASEGURADORA FINANZASCONFIANZA S.A.».

Alegó como medios exceptivos de fondo los de inexistencia de la figura jurídica de la solidaridad y póliza de seguros que ampara incumplimiento de obligaciones laborales (f.° 70-99, cuaderno1, ibidem). La Nación - Ministerio de Educación Nacional se resistió a las pretensiones, admitió los mismos supuestos fácticos que Fonade, en relación con ese Ministerio. Exigió a las actoras que demostraran la existencia del contrato de trabajo, en particular la prestación del servicio al ente ministerial y que esta jurisdicción no tenía competencia para conocer del conflicto jurídico.

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Radicación n.° 95157 Propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la solidaridad, cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, prescripción, buena fe y la genérica (f.° 249-258, ib.). Eduvilia María Fuentes Bermúdez no dio respuesta a la demanda (f.°115-116, ibidem). El 26 de febrero de 2018, el juez ordenó acumular el proceso, a los instaurados por Nelvis Dolores Bolaño y Ángela Milenis Contreras Núñez (fl. 119, cuaderno 1, ib.). Los hechos y las pretensiones de la demanda inicial eran idénticos a los

que quedaron descritos, salvo el salario que, ascendió a $1.000.000 y 2.400.000 mensuales y los cargos de auxiliar docente y coordinadora, respectivamente (f.°115-116 ibidem). Igual aconteció con los escritos de contestación a la demanda instaurada por la accionante inicial, en tanto coincidían con lo ya relatado, salvo las excepciones de fondo propuestas por Fonade, el cual adicionó las de cobro de lo no debido, falta de causa para pedir, prescripción y buena fe (f.°240-269 y 420-449, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, concluyó el trámite y profirió fallo el 17 de octubre de 2019, en el que resolvió (f.° 293-295, cuaderno1, expediente

digital):

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Radicación n.° 95157

PRIMERO: DECLARAR que DAILYS (sic) PATRICIA GONZÁLEZ MAESTRE, NELVIS DOLORES BOLAÑO y ÁNGELA MILENIS CONTRERAS NÚÑEZ, celebraron sendos contratos de trabajo con la señora EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ, conforme lo manifestado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ, a cancelar a LAS DEMANDANTES, las

sumas de dinero por los siguientes conceptos: A DAILYS (sic) PATRICIA GONZÁLEZ MAESTRE: a) Por Cesantías $470.833.

b) Por Intereses de Cesantías, 17.734. c) Por Primas de Servicios 470.833. d) Por Vacaciones, 235.416.

A NELVIS DOLORES BOLAÑO: a) Por Cesantías $333.852. b) Por Intereses de Cesantías, $12.575. c) Por Primas de Servicios $333.852. d) Por Vacaciones, $156.944.

A ÁNGELA MILENIS CONTRERAS NÚÑEZ: a) Por Cesantías $753.333. b) Por Intereses de Cesantías, $28.375. c) Por Primas de Servicios $753.333. d) Por Vacaciones, $376.667. DECLARAR la ineficacia de la terminación de los contratos de trabajo y consecuencialmente condenar a la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ a pagar a cada una de las actoras un día de salario diario a partir del 16 de diciembre de 2011 hasta tanto se verifique la cancelación de los aportes por seguridad social y parafiscalidad correspondientes a los últimos meses de labores de las trabajadoras, así: $80.000 diarios a ÁNGELA CONTRERAS, $33.333 diarios a NELVIS BOLAÑOS y $50.000 diarios a DAILYS (sic) GONZÁLEZ.

TERCERO: DECLARAR que EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es solidariamente responsable de las obligaciones que la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ tiene para con las demandantes, haciendo la salvedad que se limita sólo a las causadas en los periodos comprendidos entre el 29 de

agosto y el 15 de diciembre de 2011 en el proceso de DAILYS (sic) GONZÁLEZ, entre el 18 de noviembre y el 15 de diciembre de 2011, en el de NELVIS BOLAÑO y entre el 30 de septiembre y el 15 de diciembre de 2011 en el de ÁNGELA CONTRERAS, esto, en cuanto a las condenas por primas, intereses de cesantías y vacaciones, y plenamente solidario respecto a las cesantías e indemnización por ineficacia de la terminación de la relación laboral.

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Radicación n.° 95157

CUARTO: ABSOLVER a FONADE de todas y cada una de las pretensiones formuladas por las demandantes.

QUINTO: Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la solidaridad, presentadas por el apoderado de FONADE, parcialmente probada la de prescripción y no probadas las demás interpuestas por el apoderado del Ministerio de Educación Nacional en la contestación de las demandas.

SEXTO: Costas a cargo de los demandados EDUVILIA MARÍA

FUENTES BERMÚDEZ y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL.

SÉPTIMO: Se fijan Agencias en Derecho a favor de cada una de las demandantes y contra los demandados EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, en la suma de $14.229.481 M/L. A DAILYS (sic) GONZÁLEZ; $9.490.294 A NELVIS BOLAÑOS y $22.767.170 a

ÁNGELA CONTRERAS NÚÑEZ.

OCTAVO: Remítase el expediente al Tribunal Superior de este distrito judicial para que se resuelva el grado jurisdiccional de consulta. La anterior sentencia, queda legalmente notificada a las partes en estrados (negrillas del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA En virtud del grado jurisdiccional de consulta surtido en favor del Ministerio de Educación Nacional y en razón al recurso de apelación interpuesto por la misma entidad estatal, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante providencia del 16 de diciembre de 2020 (f.°41-57 cuaderno de segunda instancia, expediente digital), confirmó la del Juzgado.

Señaló que en razón de la consulta y apelación le competía dilucidar si el a quo acertó al colegir que la parte actora acreditó la existencia del contrato de trabajo y, en caso afirmativo, resolvería si se configuraron los presupuestos del

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Radicación n.° 95157 artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, para declarar solidariamente responsable al Ministerio de Educación Nacional. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal en forma preliminar estableció que entre las demandantes y Eduvilia María Fuentes Bermúdez, existió contrato de trabajo «en punto a establecer los extremos temporales de la relación laboral, los mismos serán fijados con base en lo afirmado en la demanda, atendiendo a la presunción declarada, esto es, del 22 de agosto al 15 de diciembre de 2011, como fue declarado en primera instancia».

Así mismo encontró acertada la declaración de «ineficacia de la terminación del contrato de trabajo», de suerte que no aparece demostrado en el proceso que la empleadora hubiese cumplido el deber de probar el pago oportuno de los aportes a la seguridad social y parafiscalidad, por lo que era procedente la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del CST y concordó con lo estimado por el juzgado en lo relacionado con la excepción de prescripción. Discurrió que el Ministerio de Educación Nacional, atendió el Programa de Atención Integral a la Primera Infancia - PAIPI, para subsidiar la atención integral a los niños y niñas menores de cinco (5) años y/o hasta su ingreso al grado obligatorio de transición, en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 –Código de la Infancia y la Adolescencia.

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Radicación n.° 95157 Añadió que el Decreto 5012 de 2009, determinó los objetivos del ente ministerial, dentro de los cuáles se evidenció la obligatoriedad de prestar un servicio educativo con calidad, que se relacionó con anterioridad y precisó: Entre los objetivos que atañen al Ministerio se resaltan: 1.1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema. 1.3. Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en

condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior. 1.4. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las Entidades Territoriales para una adecuada gestión de los recursos humanos del sector educativo, en función de las políticas nacionales de ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad y la eficiencia del servicio educativo y la pertinencia. 1.6. Velar por la calidad de la educación, mediante el ejercicio de las funciones de regulación, inspección, vigilancia y evaluación, con el fin de lograr la formación moral, espiritual, afectiva, intelectual y física de los colombianos. Recordó el objeto del Convenio interadministrativo No. 211012 suscrito entre el Ministerio de Educación y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, como las obligaciones atribuidas al ente ministerial, emanadas de su cláusula tercera. Así las cosas, tuvo por demostrado que para el ente ministerial emerge la responsabilidad solidaria por tener a su cargo: Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la

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Radicación n.° 95157 atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Ministerio de Educación Nacional,

concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta Corporación case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia «revoque o modifique» el fallo de primer grado, en cuanto «confirma […] que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es, solidariamente responsable de las obligaciones que la demandada EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ tiene para con DAILYS (sic) GONZÁLEZ MAESTRE, NEVIS (sic)

DOLORES BOLAÑOS y ÁNGELA CONTRERAS NÚÑEZ».

Con tal propósito formula dos cargos, sin réplica. Inicialmente se abordará el estudio del primer ataque y, de ser necesario, se hará lo propio respecto del segundo.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por «violación directa de los artículos 34, 35, 36 del C.S.T. por aplicación indebida y errónea apreciación de las pruebas que condujo a adoptar la decisión recurrida».

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Radicación n.° 95157 Asevera que la citada violación se dio porque el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL es solidariamente responsable, de los dineros adeudados por parte de la señora EDUVILIA FUENTES BERMÚDEZ, por considerar que se dan todos los elementos señalados en el artículo 34 del CST.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que por haber intervenido el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en el convenio

interadministrativo de gestión de proyectos n.° 212 (211304/11 FONADE) (SIC) del 11 de mayo de 2011, y el contrato 211304 es solidariamente responsable por ser beneficiario. En la demostración del cargo, aduce que los desaciertos del juez plural se produjeron por «[…] la apreciación o valoración y errónea interpretación de los convenios interadministrativos de Gestión de Proyectos» que suscribió con el Fondo Financiera de Proyectos de Desarrollo Fonade y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar «Convenio Interadministrativo de Gestión de Proyectos n.° 211034 (722) […] y los contratos que suscribió FONADE (211238, 2111239 ambos del 2011) con el operador EDUVILIA MARÍA FUENTES BERMÚDEZ propietaria del establecimiento de comercio Colegio Gabriela Mistral». Expuso que la colegiatura para abordar el tema de la solidaridad, se remitió a lo dispuesto por el artículo 34 del CST y a los elementos para que proceda una condena en tales condiciones que, recuerda, se apoyó en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, el Decreto 5012 de 2009 y el Convenio interadministrativo No. 211012 rubricado por el ente Ministerial y Fonade.

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Radicación n.° 95157 Menciona que, se equivoca el Tribunal al dar por demostrado que las labores desarrolladas por las demandantes corresponden a las normales ejercidas por el Ministerio y ser beneficiario directo de las contrataciones,

pues en verdad: «NO ES FUNCIÓN DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL VELAR POR LA ATENCIÓN

INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, ESA FUNCIÓN

CORRESPONDE A UNA POLÍTICA PÚBLICA».

Pone énfasis en que, de conformidad con los artículos 6º y 121 de la Constitución Política, ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas a las atribuidas en la Constitución Política y la ley, además que las funciones propias del Ministerio de Educación Nacional se encuentran contenidas en el Decreto 5012 de 2009, del cual reproduce los cánones 1º a 19. Precisa que, el gobierno nacional se propuso como meta brindar atención integral a los niños de 0 a 5 años, para lo cual se expidió el Documento Conpes 109 Social 2007 y como primer objetivo de la política se planteó «Fortalecer y aumentar las coberturas de educación inicial en sus modalidades de atención integral en los entornos comunitario, familiar e institucional; garantizando su sostenibilidad financiera», para lo cual se estructuró el Programa Integral de la Primera Infancia -PAIPI-, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Explica que, como una estrategia de cobertura de esta Política Pública, el Ministerio de Educación y Fonade

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Radicación n.° 95157 firmaron el convenio interadministrativo de gestión de proyectos, cuyo objeto fue «La GESTIÓN por parte de FONADE DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIAPAIPI, en el marco de estrategia de atención a través de

prestadores del servicio». Acotó que, en desarrollo del citado convenio, Fonade suscribió ocho contratos con Eduvilia María Fuentes Bermúdez, propietaria del establecimiento de comercio denominado Colegio Gabriela Mistral, entre los cuales se encuentran los 2011238 y 2111239 ambos del 2011, los que tenían su propia interventoría y en los que se especifica que serán ejecutados con «absoluta autonomía e independencia», sin que exista vínculo laboral alguno con Fonade ni el Ministerio, lo cual llevó a que la señora Eduvilia contratara autónomamente a varias personas, entre ellas a las accionantes, como se obliga en cada uno de los referidos contratos, de los cuales trascribe algunos apartes. Expuso que, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 5012 del 2009, que señala sus funciones, no ejecuta directamente el servicio de educación, que es un ente asesor y generador de política pública, de suerte que nada tiene que ver con el objeto del contrato de prestación de servicios, pues va encaminado a atender directamente la educación inicial y nutrición de los niños menores de cinco años; por tanto, se trata de actividades diametralmente diferentes a las que desarrolla la señora Eduvilia Fuentes como propietaria del establecimiento de comercio denominado Colegio Gabriela Mistral, que ofrece sus servicios a aquellos.

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Radicación n.° 95157 Afirma que las actividades desarrolladlas por Eduvilia Fuentes en ningún momento podrían ser realizadas directamente por él y que el entendimiento del Tribunal equivaldría a decir que esta entidad por el hecho de tener a cargo la política nacional de educación «[…] debe responder

de forma solidaria por todos los salarios y prestaciones que se le deben pagar a los maestros en el territorio nacional por el simple hecho de tener a su cargo la política nacional de educación». Reitera que, el error de la sentencia de segunda instancia consiste en no entender que el Ministerio no presta el servicio educativo, sino que lo vigila y lo evalúa «interpretando de manera errónea el art. 34 y el convenio interadministrativo del 11 de mayo de 2011», para lo cual se apoya en doctrina de autores nacionales. Acota que, cuando el artículo 34 del CST consagra la responsabilidad solidaria por el beneficiario del trabajo o dueño de la obra «[…] excepciona dicha responsabilidad cuando se trata de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, en esa excepción está la situación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, pues a este no le corresponde la prestación del servicio de educación, le corresponde vigilar y evaluar su prestación». Soporta su argumento en las sentencias CSJ SL37742021 y CSJ SL1062-2022, en las que se concluyó la improcedencia de la solidaridad reclamada en unos casos de similares connotaciones a las del sub lite.

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Radicación n.° 95157 Para demostrar el segundo error planteado, expone que el Tribunal concluyó de manera equivocada, que Fonade solo actuó como simple administrador, no obstante suscribir el contrato con la señora Fuentes Bermúdez, es un mero administrador del convenio y no es el beneficiario de este; que las funciones de aquella, van encaminadas a otorgar servicios de asesoría, asistencia técnica y financiera. Además

frente a este tipo de convenios existe un concepto claro por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Acota que el convenio celebrado con el Fonade tenía como finalidad la constitución de un fondo de administración, con asidero legal en la Ley 30 de 1992, situación que se enmarca en la figura del mandato, de que trata el artículo 2142 del CC y en la cual el mandatario responde hasta por la culpa leve, en los términos del artículo 2155 de la misma codificación. Añadió que dio por acreditado por los testimonios que la entidad realizaba visitas y daba órdenes al prestador del servicio. Destaca que, Fonade es una entidad que tenía entre sus funciones, la de realizar la gerencia y ejecutar proyectos, por tanto, no puede hablarse de que no tiene responsabilidad en el presente asunto; precisamente el parágrafo quinto de la cláusula cuarta del mencionado contrato, da cuenta de que le correspondía al gerente administrador del contrato, es decir, a la mencionada entidad, velar por el cumplimiento de dicha obligación previo a los pagos.

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Radicación n.° 95157 Es decir, que al realizarse cada pago a la señora Fuentes Bermúdez, Fonade debió verificar el cumplimiento por parte de la contratista, de sus obligaciones, incluyendo las responsabilidades atinentes a la contratación laboral (f.° 20 a 35, cuaderno de la Corte, expediente digital).

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida los artículos 65, 186, 187, 192, 249, 253, 254, 256, 306 y 307 del CST y, 1º de la Ley

52 de 1975. Denuncia como error del Tribunal «no tener por probado, estándolo, que el ministerio de educación nacional actuó de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones legales». Expone que la sentencia cuestionada declaró la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo y señaló que la conducta procesal de la empleadora a la luz del artículo 65 del CST, no cumplió con la carga de probar el pago oportuno de los aportes a la seguridad social y parafiscales. Recuerda que las indemnizaciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del CST, modificado por el 29 de la Ley 789 de 2002, en términos de la jurisprudencia, tienen un carácter sancionatorio, pues se generan cuando el empleador se sustrae, sin justificación atendible de sus obligaciones en el pago de salarios y

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Radicación n.° 95157 prestaciones sociales y, en el presente asunto, se le condenó a cancelar la sanción moratoria, desde el 15 de diciembre de 2011 hasta tanto se verificara la cancelación de los aportes a la seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos tres meses de labores de las trabajadoras.

Afirma que: […] la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, que se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador como lo ha expuesto la jurisprudencia, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de buena fe, de quien pretende

obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud. Reprocha la sentencia de segunda instancia, porque no realizó una valoración probatoria del Convenio suscrito el 11 de mayo de 2011 entre el Ministerio de Educación Nacional y Fonade, el segundo acuerdo interadministrativo de gestión de proyectos n.° 212 (211012/11 Fonade) y el suscrito entre aquel y Eduvilia María Fuentes Bermúdez y de su conducta, acorde a los postulados de la buena fe, ya que estuvo dirigida a dar cumplimiento a la política del gobierno nacional, la cual se propuso como meta brindar atención integral a niños de 0 a 5 años de edad, acorde con los documentos Conpes 109 Social de 2007. Acotó que, debe tenerse en cuenta, que, en desarrollo del citado convenio, entre el Fonade y la prestadora del servicio Eduvilia María Fuentes Bermúdez, en calidad de propietaria del Colegio Gabriela Mistral, se suscribió el

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Radicación n.° 95157 Contrato n.° 211238, 2111239 de 2011, estando la interventoría a cargo del Consorcio C&R Zona Norte; y que la hoy Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial Enterritorio le competía efectuar los desembolsos a la citada señora, los cuales solo se realizaban si se encontraba acreditado y certificado el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. Alega que, siempre actuó de buena fe, bajo el entendimiento de que la señora Fuentes Bermúdez, se encontraba cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y que, tanto Fonade como el interventor, estaban realizando en

debida forma su labor. Expuso que, en esa dirección reposa en el proceso el informe final del interventor –contrato de interventoría suscrito entre el Fonade y el interventor, en el que se certificó que la señora Fuentes Bermúdez - Colegio Gabriela Mistral, cumplió con sus obligaciones de cancelación de salarios, prestaciones y seguridad social; además, certificación expedida por la citada señora, en la cual manifestó estar al día con los pagos a sus trabajadores de aportes a la seguridad social y parafiscales. Por último, aduce que el Tribunal pasó por alto darle una correcta valoración al convenio interadministrativo y al contrato suscrito entre Eduvilia Fuentes Bermúdez y el Fonade, y su conducta; que no tiene como velar porque los empleadores cumplan con su obligación de afiliación a sus trabajadores y el pago de la seguridad social, pues aquella se

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Radicación n.° 95157 encuentra a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social – UGPP, entidad que tiene entre sus competencias principales, realizar las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social – SGSS (f.° 35 a 39, cuaderno de la Corte, expediente digital).

VIII. CONSIDERACIONES Recuerda la Sala que lo perseguido por el recurrente es la casación parcial de la sentencia de primera instancia, en cuanto confirmó la declaratoria de responsabilidad solidaria de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, de cara a

las obligaciones laborales y de seguridad social de la demandada principal para con las actoras, de manera que, no se discuten por la entidad recurrente las demás conclusiones y determinaciones surtidas en las instancias. Aunque en el escrito contentivo de la demanda de casación se dijo que el primer cargo se encaminaba por la vía directa, ello no deja de ser apenas un lapsus calami, pues en la sustentación del ataque y su demostración, se desprende una acusación propia del sendero indirecto, en tanto se señalan errores de hecho, se acusa la apreciación errónea de medios de convicción y su discurrir contiene aspectos fácticos en relación con la inconformidad de la entidad recurrente sobre la responsabilidad solidaria de la NaciónMinisterio de Educación Nacional, ello frente a las

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Radicación n.° 95157 obligaciones laborales de la empleadora de las demandantes, en los términos del artículo 34 del CST. En virtud de lo anterior, del examen de los medios de convicción acusados como indebidamente apreciados, concretamente del Convenio interadministrativo 212 (211012), se obtiene lo siguiente: El referido acuerdo fue suscrito por la ministra de educación nacional de ese entonces y el gerente general de Fonade, el que tuvo por objeto «LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PAIPI», para lo cual se hicieron, entre otras, las siguientes consideraciones: 1) El Programa de Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI financia la atención integral en cuidado, salud, nutrición y educación inicial de niños y niñas menores de cinco (5) años,

primordialmente aquellos pertenecientes a los niveles I y II del SISBEN o que se encuentren en condición de desplazados hasta su ingreso al grado obligatorio de transición y sea asumidos por el sistema público educativo; 2) Que EL MINISTRO viene atendiendo un programa orientado a la ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA para subsidiar la atención integral