CSJ - SL922-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL922-2023 Radicación n.° 95446 Acta 09 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO UNALTRASAP contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a GRUPO

C. LOZANO NILO SAS.

I. ANTECEDENTES Unaltrasap llamó a juicio a Grupo C. Lozano Nilo SAS, con el fin de que se declarara que existió un contrato sindical que finalizó por decisión unilateral de dicha sociedad sin que cumpliera con su obligación de pagar los salarios y los aportes al sistema de seguridad social.

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Radicación n.° 95446 En consecuencia, solicitó que fuera condenada al pago de $810.281.334 conforme constaba en «85 facturas de venta y en documento compuesto de tres folios emanado del departamento contable de [la accionada]», la indemnización moratoria, desde el 1º de febrero de 2012, más las costas procesales. Las pretensiones se fundamentaron en que, el 19 de octubre de 2009, se suscribió un contrato sindical entre las partes en contienda que terminó el 31 de enero de 2012, cuyo objeto era:

[…] la prestación de servicios y/o la ejecución de obras relacionadas en forma directa y/o indirecta con la actividad agroindustrial hortofrutícola, consiste esta entre otras, en desarrollar la siembra y establecimientos de cultivos de frutas y hortalizas, la ejecución de labores culturales o mantenimiento de los mismos y las labores de cosecha, transporte, beneficio y empaque de los frutos; el control de malezas y el mantenimiento de los sistemas de drenajes, la operación y mantenimiento del sistema de riego, el mantenimiento de las instalaciones de campo, la planta empacadora y demás instalaciones físicas que EL SINDICATO deberá velar y actividades que deberá cumplir a través de sus afiliados. Anotó que, en el parágrafo de la cláusula octava del acto jurídico, se estipuló que «si quien incumple es la empresa, esta indemnizará a la organización sindical con el monto del valor del contrato sindical que falte por ejecutarse»; que en la décima primera entre las obligaciones de la empresa se convino la de «1.- pagar en las oportunidades establecidas la contraprestación económica pactada por la ejecución de las obras y/o prestación de servicios»; en la décima tercera, acerca de los precios se acordó:

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Radicación n.° 95446 […] objeto del presente contrato sindical, mediante una suma de dinero no determinada pero determinable, pagadera por periodos de catorce (14) días conforme al procedimiento establecido entre las partes en el anexo n.° 1, que resulte suficiente para garantizar a los afiliados que ejecutan el contrato sindical, un ingreso

mínimo equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, en proporción a los días completos en que se ejecuten las labores, sin perjuicio del descanso semanal proporcional a los días efectivos de servicio prestados en la respectiva semana, así como el pago de la porción que corresponde al Sindicato, respecto de las cotizaciones al Sistema Integral de Seguridad Social. El PARÁGRAFO PRIMERO, puntualiza que LA EMPRESA y EL SINDICATO, podrán acordar un sistema de compensaciones por unidad de obra, el PARÁGRAFO SEGUNDO, precisa que entre LA EMPRESA y EL SINDICATO, podrán acordar un sistema de compensaciones variable que retribuya la obtención de resultados superiores a los estándares que sirven de soporte a la estructura de costo que asegura la viabilidad económica de LA

EMPRESA.

Y que el artículo vigésimo, relativo a la responsabilidad laboral, declaró: […] el reciproco entendimiento respecto que el Contrato Sindical, se asimila a Contrato Laboral Colectivo, comporta la obligación de la organización sindical a prestar servicios y/o ejecutar obras a través de sus afiliados, remarca que no se puede inferir la existencia de una relación de trabajo subordinado entre la organización sindical y la empresa, convicción que se deriva de los artículos 482 y 483 del Código Sustantivo de Trabajo y el Decreto 657 del 03 de marzo de 2006. Aseguró que las actividades se desarrollaron a cabalidad por los trabajadores afiliados a la organización sindical en los horarios establecidos por la accionada y, que cada 14 días percibieron «de la empresa a través del

sindicato, los salarios en razón a los servicios prestados y las obras realizadas». Esgrimió que el 31 de enero de 2012 se dio el finiquito de la relación contractual por causa imputable al Grupo C. Lozano Nilo SAS habida cuenta incumplió su obligación de

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Radicación n.° 95446 realizar los pagos, pues «acumu[ló] 14 quincenas, es decir 7 meses sin cancelar la contraprestación [y] habiendo descontado la parte correspondiente a [los aportes] del trabajador, omitió desde el mes de abril, trasladarlos a la seguridad social integral». Apuntó que el representante legal de la demandada en Documento del 19 de septiembre de 2011, certificó que la compañía le adeudada a Unaltrasap «los recursos relacionados con el pago salarial de los trabajadores sindicalizadas que prestaron su labor en la finca el Nilo dentro del contrato que se tiene de asociación»; que dicho sujeto tras los múltiples requerimientos que se le hicieron emitió, el 13 de febrero de 2012, un compromiso de pago, en un escrito denominado «Reestructuración del contrato de arrendamiento de los establecimientos de comercio Agropecuaria el Nilo S. A., Futas Exóticas de Colombia S. A., Frexcoo S. A los Viñedos de Getsemaní S. A», en el que en el numeral 1º del literal c), se pactó: El arrendatario se obliga a que los recursos que se generen de las actividades productivas y comerciales de tales bienes, los destinará exclusivamente al pago de todos los pasivos: seguridad

social, salarios y prestaciones sociales de los trabajadores a cargo de la Sociedad: GRUPO C. LOZANO NILO SAS., a la fecha de la restitución de los establecimientos de comercio objeto de este acuerdo, incluyendo las obligaciones contraídas con los trabajadores del contrato sindical afiliados a la organización denominada UNALTRASAP y ASOPROCAIP. Señaló que, el 5 de febrero de 2012, se les comunicó la intención por parte de la accionada de «apoyar el pago del sindicato en lo relacionado con la retención causada con nuestra operación y que no ha cubierto»; que el 2 de dicho mes

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Radicación n.° 95446 pero del 2013, el presidente de la organización sindical remitió comunicación de cobro al Grupo C. Lozano Nilo SAS en donde se le informó que la deuda ascendía $2.972.000 más los respectivos intereses moratorios y, que obtuvo respuesta el día 7 en la que se le indicó que estaban en proceso de validación de los valores (f.°5-18 primera instancia, expediente digital). El juzgado de conocimiento mediante auto dictado el 9 de noviembre de 2017, nombró a Phanor Vásquez Mondragón como curador ad litem de la llamada a juicio (fl.163 del cuaderno principal) y el 17 de abril de 2018 tuvo por no contestada la demanda (f.°172, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral de Roldanillo, Valle del Cauca, por proveído del 10 de abril de 2019 (f.°190 audiencia, 191-193

acta, primera instancia, expediente digital), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que, entre el sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO "UNALTRASAP" y la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., el 8 de octubre de 2009 se suscribió un CONTRATO LABORAL COLECTIVO - CONTRA TO SINDICAL, contrato que fue depositado ante las autoridades administrativas del trabajo el 14 de octubre siguiente, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR que la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., incumplió con las obligaciones contractuales contraídas a raíz de la suscripción del citado CONTRATO LABORAL COLECTIVO - CONTRATO SINDICAL, para con el

sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO "UNALTRASAP" , por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones,

CONDENAR a la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., a pagar a la UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO "UNALTRASAP", la suma de $810.281.334,oo, cantidad que deberá ser cubierta debidamente INDEXADA, tomando como IPC inicial el 1º de febrero de 2012, teniéndose como IPC final el del mes en el que se pague la obligación, tal como se explicó en la parte motiva, con

base en la siguiente fórmula: […] CUARTO: ABSOLVER a la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., frente a todas las demás pretensiones formuladas en su contra por parte del sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO "UNALTRASAP", por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído […] (Negrilla y mayúscula del texto original).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al analizar el recurso de apelación propuesto por el curador ad litem, mediante sentencia del 30 de junio de 2022, revocó la de primer grado, absolvió y no impuso costas para esa instancia (f.°15-77 segunda instancia, expediente digital).

En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver era «si en el caso se probó la existencia de un contrato sindical» y, de ser así, «si con la documental allegada se demostra[ba] la responsabilidad de la encausada frente a las querencias de la parte actora, en los términos señalados por la primera instancia».

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Radicación n.° 95446 Para dar respuesta a tales problemáticas acudió al artículo 482 del CST, de donde infirió que como requisitos formales para la celebración de un contrato sindical se requería: «i) que [constara] por escrito y ii) que uno de sus ejemplares [fuera] depositado en el Ministerio de la Protección Social a más tardar 15 días después de su firma»; además,

anunció que, en cuanto a la duración, revisión y extensión de dicho acto jurídico la citada norma estableció que: «las partes de[bían] someterse a lo dispuesto sobre el particular por las normas que rigen el contrato individual de trabajo», lo caracterizó y definió como un negocio «solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores, y que goza de autonomía administrativa e independencia financiera por parte de la organización sindical». . Seguidamente, en cuanto la naturaleza civil o laboral de este tipo de vinculaciones, hizo referencia a lo expresado por la doctrina, la Corte Constitucional y esta Sala en providencia CSJ SL3086-2021, para luego analizar las probanzas que reposaban en el expediente así:

1. Contrato sindical (f.°116 a 125 del cuaderno principal).

Esgrimió que fue suscrito por los representantes legales de C. Lozano Nilo SAS y el Unaltrasap el 8 de octubre de 2008, que tenía sello de depósito ante el Ministerio del Trabajo del día 14 de dicho mes y año, es decir «dentro del

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Radicación n.° 95446 término indicado por el artículo 482 del [CST]», lo que desvirtuaba lo alegado por el curador ad litem en cuanto a que dicho documento carecía de los requisitos previstos en tal precepto; coligiendo que era «claro que entre las partes se suscribió un contrato de dicha índole, con el lleno de los

requisitos legales»; lo que además, daba al traste con el alegato según el cual el medio de prueba en comento era insuficiente por tratarse de copias simples que no podían reputarse de auténticas, pues insistió en que contaba con la respectiva nota de presentación ante el aludido ente ministerial, motivo por el que podía «generar efectos probatorios sin necesidad de recurrir [al artículo 54A del CPTSS] citado por el apelante».

2. Facturas y demás documentos (f.°23 y siguientes, primera instancia, expediente digital).

Memoró que el distanciamiento del recurso de alzada recayó en que: i) las facturas estaban dirigidas a dos personas jurídicas diferentes por un lado Grupo C. Lozano SAS y no frente a la llamada a juicio Grupo C. Lozano Nilo SAS, de forma tal que a la segunda no le eran oponibles los que tenían como destinataria la primera y, ii) otros documentos carecían de firma o de «determinación de la persona que los elabora o suscribe por lo que no [podían] ser usados para beneficio de la misma parte demandante que los aporta». En tal virtud, memoró que el proceso se instauró contra la empresa «GRUPO C. LOZANO NILO SAS […] con

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Radicación n.° 95446 NIT.0900314219-9, como se evidencia[ba] del escrito inicial»; que el auto que admitió la demanda se profirió respecto de dicha sociedad; que en el certificado de existencia y representación legal se reiteraba esa razón social, motivo por

el cual al analizar tales probanzas: […] con las facturas y demás documentos de los que se duele el recurrente, es claro que a éste le asiste razón en cuanto, los servicios que se facturan a folios 21, 38, 53, 64, 75, 82, 95 y 104, corresponden a los brindados en favor de la empresa GRUPO C. LOZANO SAS.; no así a la demandada GRUPO C. LOZANO NILO SAS.; a los referidos por el apelante, la Sala agrega los documentos de folios 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 44, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 (subrayado del texto original). En algunos de los documentos referidos, no se visualiza de forma clara la empresa frente a la cual se presenta la factura; en otros el documento no tiene aceptación y en un tercer grupo, se impone una firma ilegible de la cual no se desprende su autor o procedencia. Estos son los documentos en referencia: [inserta pantallazos]. Advirtió, además, que «los documentos obrantes a folios 105 a 107 no con[tenían] rúbrica que permi[tiera] conocer su autoría o procedencia […] por lo que al desconocerse su origen

mal [podía] considerarse como prueba que beneficia a quien los aporta». Memoró que el juez singular estimó que la demandada «omitió el pago de 14 quincenas a los trabajadores del sindicato, además que desde el mes de abril del año 2010 dejó de trasladar los aportes con destino al sistema de seguridad social integral», aspecto frente al que expresó que el Grupo Lozano C. Nilo SAS no ostentaba la calidad de empleador frente a los trabajadores afiliados a la organización sindical

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Radicación n.° 95446 promotora del juicio, pues esa condición la tenía ésta última quien era la encargada de sufragar los derechos laborales reclamados. En ese escenario, acotó que era a la parte actora a quien le correspondía probar que efectivamente prestó sus servicios a favor de la llamada a juicio, lo que no encontró acreditado en el plenario, ya que «de la revisión de la documental detallada en párrafos anteriores, lo que se desprende es la venta de unos servicios prestados por el SINDICATO, no así que los mismos fueron en efecto en beneficio de la llamada a juicio», puesto que: […] si bien el folio 108 del plenario da cuenta de lo dicho por el fallador de inicio, en el sentido que con fecha 19 de septiembre de 2011 el representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS. certificó que esa sociedad adeudaba a UNALTRASAP los recursos relacionados con el pago salarial de los trabajadores sindicalizados que prestaron sus servicios en la finca El Nilo, de dicho documento no se desprende que tal deuda se soporte en las copias de las facturas de venta elaboradas por UNALTRASAP,

de las cuales, como quedó dicho ya, algunas son presentadas ante una empresa diferente a la pasiva -GRUPO C. LOZANO SAS.- y otras no tienen demostración de su aceptación. Por lo anterior, exigió que se hubiese probado «la efectiva prestación de servicios por parte del sindicato a favor del GRUPO C. LOZANO NILO SAS en la forma y por los conceptos detallados en el escrito primigenio» (mayúscula del texto original) y que ante la ausencia de ello «no operó presunción alguna a favor del extremo activo, en el entendido que el contrato sindical, conforme a la jurisprudencia relativa al tema, comparte regulación con el contrato individual de trabajo, en consecuencia, es susceptible de aplicación del

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Radicación n.° 95446 artículo 24 del [CST]», razón por la cual lo que se imponía era recovar la decisión de primer grado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Unaltrasap, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado (f.°3 recurso extraordinario, demanda, expediente digital).

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica y que se procede a estudiar a continuación

VI. CARGO ÚNICO Se acusa a la providencia dictada por el colegiado de violar por la vía indirecta en la modalidad de aplicación

indebida:

[…] los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 1° y 2° de la Ley 50 de 1990; en relación con los artículos 28, 127, 140, 143, 373 núm. 3°, 480, 481, 482, 483 y 484 del Código Sustantivo Del Trabajo; la Ley 26 de 1976 que ratificó el Convenio 87 de 1948 de la Organización Internacional del Trabajo; los Decretos 657 de 2006 y 1429 de 2010; los artículos 26, 27 y 35 del Código del Comercio; los artículos 555-1, 617, 619, 629, 658-3 y 755 del Estatuto Tributario Nacional; así como por violar en forma indirecta dichos preceptos sustanciales, derivados de la violación de medio de los

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Radicación n.° 95446 artículos 25, 28, el artículo 24 de la Ley 712 de 2001, que agregó el artículo 54A al CPTSS, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en asocio con los artículos 167, 243, 244, 245, 246, 250, 260 y 281 del Código General del Proceso. Igualmente, se violan en forma indirecta dichos preceptos sustanciales por la violación de medio de los artículos 25, 39 y 53 de la Constitución Política. Afirma que lo previo fue consecuencia de que el administrador de justicia incurriera en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por acreditado, estando plenamente demostrado, que

los servicios que se facturan a folios 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,39, 41, 43, 44, 48, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 corresponden a los prestados por el sindicato demandante a la demandada GRUPO C. LOZANO NILO SAS.

2. Dar por establecido, contra la evidencia que milita en los autos, que los servicios que se facturan a folios 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,39, 41, 43, 44, 48, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104, 100, 101, 102, 103 y 104, corresponden a los prestados por el sindicato demandante en favor de la empresa

GRUPO C. LOZANO SA.S., la cual no fue integrada como parte pasiva de la litis.

3. No dar por acreditado, estando plenamente demostrado, que

el sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP” fungía como responsable de los pagos a los trabajadores afiliados a ese sindicato y, en tal condición, tenía la obligación de pagar la contraprestación económica pactada por la ejecución de las obras y/o prestación de servicios al GRUPO C. LOZANO NILO SAS. y, además, trasladar aportes con destino al sistema de seguridad social integral, en condición de patrono afiliador.

4. Dar por acreditado, sin evidencia que soporte ello, que el GRUPO C. LOZANO NILO SAS. no se benefició y, por ende, no estaba en la obligación de pagar la contraprestación económica pactada por la ejecución de las obras y/o prestación de servicios por parte del sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES

DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP”.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que el sindicato UNIÓN

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Radicación n.° 95446 NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP” no probó la prestación efectiva del servicio a favor de GRUPO C. LOZANO NILO SAS., pues según el análisis de la prueba documental hecha por el Tribunal, lo que se desprende es la venta de unos servicios prestados por el SINDICATO, no así que los mismos

fueron en beneficio de la sociedad llamada a juicio.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el sindicato UNIÓN

NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP” acreditó procesalmente la prestación efectiva del servicio a favor de GRUPO C. LOZANO NILO SAS en virtud de un indiscutido contrato sindical, además del incumplimiento de ésta sociedad, la cual tenía entre sus obligaciones, entre otras, la prevista en la cláusula DÉCIMO PRIMERA como era la de pagar la contraprestación económica pactada por la ejecución de las obras y/o prestación de servicios realizada por los afiliados al sindicato UNALTRASAP.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el documento de folio 108 no indica que el 19 de septiembre de 2011 el representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS., certificó que esa sociedad adeudaba al sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP” los recursos relacionados con el pago salarial de los trabajadores sindicalizados que prestaron sus servicios en la finca El Nilo.

8. No dar por demostrado, estándolo, que efectivamente el documento del folio 108 del cuaderno 1 da cuenta de que, tal como lo concluyó el sentenciador de primer grado, el 19 de septiembre de 2011 el representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO S.A.S. certificó que esa sociedad adeudaba a sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP” los recursos

relacionados con el pago salarial de los trabajadores sindicalizados que prestaron sus servicios en la finca El Nilo, deuda que estaba soportada en las copias de las facturas de venta elaboradas por UNALTRASAP. Expone que los yerros fácticos enunciados fueron consecuencia de « […] la errónea o deficiente valoración de las siguientes piezas procesales y pruebas obrantes en el cuaderno de primera instancia», lo que desarrolla así:  El texto de la demanda que dio origen al presente proceso; el auto interlocutorio n.° 024 del 17 de abril de 2018 que tuvo

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Radicación n.° 95446 por no contestada la demanda respecto a la demandada GRUPO C LOZANO NILO SAS., dado que el Curador ad litem nombrado no emitió pronunciamiento alguno dentro del respectivo termino de traslado; y, finalmente, la audiencia pública de oralidad n.° 128 del 5 de septiembre de 2018, en la que se declaró fracasada la etapa conciliatoria, se fijó el litigio y se decretaron las pruebas pedidas por el sindicato demandante.  El certificado de existencia y representación emitido por la Cámara de Comercio de Cartago, el cual da cuenta de que el señor Carlos Enrique Lozano Ramírez ostentaba la condición de representante legal de la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., y que la misma estaba identificada con el NIT 0900314219.  El CONTRATO LABORAL COLECTIVO – CONTRATO SINDICAL entre el representante legal de la UNIÓN NACIONAL DE

TRABAJADORES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO

“UNALTRASAP”, y el representante legal de la sociedad GRUPO

C. LOZANO NILO SAS., contrato que fue depositado ante las autoridades administrativas del trabajo el 14 de octubre siguiente (f.°116 a 125).  El documento fechado 19 de septiembre de 2011, en el que el representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS. certificó que esa sociedad adeudaba a UNALTRASAP los recursos relacionados con el pago salarial de, al menos 14 meses, de los trabajadores sindicalizados que prestaron sus servicios en la finca El Nilo (f.°115)  Las 85 facturas de venta de servicios elaboradas por UNALTRASAP y recibidas por la empresa demandada GRUPO C.

LOZANO NILO SAS., que acreditan un saldo a favor del sindicato por valor de $810.281.334,oo (f.°21 a 114).  El documento que da cuenta de la restitución del establecimiento de comercio AGROPECUARIA EL NILO S. A. a partir del día 15 de febrero del año 2012, ante el incumplimiento reiterado de pagos de salarios y prestaciones de los trabajadores de las sociedades INVERSIONES GRUPO C LOZANO SAS., INVERSIONES GRUPO C LOZANO NILO SAS y del sindicato UNALTRASAP, además de otros compromisos de tipo civil y comercial, adquiridos mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento en el año 2009 ( f.°128 a 132).  Comunicación del 23 de octubre de 2012, mediante la cual el Doctor Álvaro Zarama Medina le solicitó al representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS. información acerca del

cumplimiento de las obligaciones adquiridas al momento de la restitución del establecimiento de comercio (f.°133 a 134).  Comunicación del 31 de julio de 2012, mediante la cual el

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Radicación n.° 95446 representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS. le oficia a la directora de la DIAN en la regional de Tuluá, con la cual plantea varias posibles salidas para el cubrimiento de las obligaciones de esa sociedad, entre las cuales se hace referencia a las deudas a favor del sindicato UNALTRASAP (f.°135 a 140).  Comunicación del 5 de septiembre de 2012, a través de la cual el representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS. le informa al representante de UNALTRASAP que esa sociedad le ha manifestado a la DIAN su intención de cumplir con las obligaciones derivadas de los servicios prestados por los sindicatos UNALTRASAP y ASOPROCAIP (f.°142 a 143).  Comunicación del 9 de octubre de 2012, por medio de la cual el representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS. informa acerca del avance de las negociaciones para el pago de los pasivos, proponiendo la entrega de unos bienes en dación en pago (f.°144 a 145).  Correo electrónico del 11 de febrero de 2013, dirigido al representante legal del GRUPO C. LOZANO NILO SAS., por el representante de UNALTRASAP, en el cual solicita el pago de la suma de $3’393.000,oo con el objeto de cubrir una deuda con la

DIAN, generada por un proceso de cobro coactivo adelantado en contra del sindicato (f.°146 y 147). Para desarrollar la acusación, recuerda que el Tribunal acogió la tesis del juez singular relativa a que en el plenario se acreditó la suscripción del contrato sindical entre las partes en contienda (f.°116-127 cuaderno principal) el 8 de octubre de 2009, documento que contaba con la nota de depósito ante el Ministerio de Trabajo dentro del término exigido por el artículo 482 del CST, de forma tal que tenía plenos efectos probatorios y que, respecto de dicho elemento de convicción, se deduce:  Que el señor Carlos Enrique Lozano Ramírez, en su condición de representante legal de la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., identificada con el NIT 0900314219, suscribió y/o celebró un contrato sindical el 8 de octubre de 2009 con el representante legal del sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL

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Radicación n.° 95446 SECTOR AGROINDUSTRIAL Y PECUARIO “UNALTRASAP”.  Que el objeto del referido contrato sindical era que el sindicato se comprometía a la prestación de servicios y/o ejecución de obras relacionadas en forma directa y/o indirecta con la actividad agroindustrial hortofrutícola, mantenimiento de tales cultivos, labores de cosecha, transporte, beneficio y empaque de los productos, control de malezas, operación y mantenimiento de riego e instalaciones de campo de la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., funciones éstas que debía cumplir el sindicato

contratante a través de sus afiliados.  Que en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato sindical se establecieron una serie de obligaciones para las partes, entre ellas, para el sindicato la de ejecutar y velar, a través de sus afiliados, la prestación de los servicios y/u obras contratadas y, para la sociedad GRUPO C. LOZANO NILO SAS., la de pagar oportunamente la contraprestación económica pactada por la ejecución de las obras y/o prestación de servicios. Con referencia a tales apreciaciones, explica que el NIT (número de identificación tributaria) es exclusivo en la DIAN y «permite la individualización inequívoca de los inscritos, para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control cambiario y, en especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza»; que el mismo surge cuando el obligado se inscribe en el RUT (registro único tributario), lo que además cobija la razón social «que es un nombre puede ser conformado por los nombres y/o apellidos de uno o varios socios» y el tipo de sociedad, mientras que el «nombre comercial» tiene como finalidad «distinguir un negocio o producto de otro en el comercio», de forma tal que «todas las empresas deben tener una denominación o razón social, pero no necesariamente registrar un nombre en él comercio. Igualmente, una empresa puede poseer varios nombres comerciales, distintos de su razón o denominación social». Explica que, dentro de las diferentes funciones que

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Radicación n.° 95446 ejercen las cámaras de comercio, están las de verificar si

existe homonimia frente a la razón social, el nombre o la sigla de la sociedad, caso en el cual deberán abstenerse de matricularla, lo que busca evitar que se presenten confusiones ante terceros (artículo 35 del C.Co) y que la Superintendencia de Industria y Comercio por su parte se encarga de todo lo relacionado con la propiedad industrial, la que genera: […] derecho de exclusividad sobre marcas, lemas, etc. Que hayan sido registradas, mientras que la inscrip