CSJ - SL934-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL934-2023 Radicación n.° 90316 Acta 11 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el once (11) de marzo de dos mil veinte (2020), en el proceso que instauró a la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES y a OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A. hoy SKANDIA

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A Se acepta el impedimento manifestado por la Magistrada Cecilia Margarita Durán Ujueta y reconoce personería a la sociedad World Legal Corporation S. A., representada legalmente por Miguel Ángel Ramírez Gaitán,

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Radicación n.° 90316 para que actúe en representación de Colpensiones en los términos del poder general otorgado1 . A su vez, se acepta la sustitución de dicho poder en la abogada María Alejandra Ríos Henao2.

I. ANTECEDENTES Juan Carlos López Castrillón llamó a juicio a Colpensiones y a Old Mutual S. A. para que se declarara: i) que su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), fue nulo y, ii) que, por tanto, para todos

los efectos legales, se encontraba válidamente afiliado al de prima media con prestación definida (RPMPD). Pidió, adicionalmente, que aquellas respondieran por las costas procesales y lo que resultare demostrado. Narró que nació el 4 de abril de 1959; que entre el 20 de octubre de 1976 y el 31 de enero de 1997 cotizó 212,90 semanas en el ISS, hoy Colpensiones; que estuvo vinculado como servidor público ininterrumpidamente entre el 16 de noviembre de 1982 y el 22 de septiembre de 1992, aportando a Cajas de Previsión nacionales y territoriales 212,14 ciclos. Aseveró que el 13 de enero de 2000 se trasladó del RPMPD al RAIS; que el asesor del fondo privado no le entregó información transparente sobre la ventajas y desventajas de 1 F. ° 25 a 26, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022035750354», cuaderno digital de la Corte. 2 F. ° 27 ib.

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Radicación n.° 90316 dicho régimen; que no le efectuó proyecciones; que le manifestó que podría pensionarse a cualquier edad y que su derecho estaría en riesgo en el ISS, pues iba a desaparecer. Puntualizó que ha cotizado a la AFP codemandada desde febrero de 2000, acreditando, a mayo de 2017, 408,57 semanas; que, durante su permanencia en dicha administradora, tampoco ha recibido ninguna asesoría; que

el 25 de enero de 2017 solicitó ante aquella la proyección de su pensión y la entrega de la constancia de asesoría; que Old Mutual S. A. respondió el 14 de febrero siguiente, indicándole que él aceptó todas las condiciones del régimen, que la ilustración se suministró conforme a las normas vigentes y que, en caso de continuar cotizando, su mesada ascendería a $3.191.000, pero si cesaba en los aportes sería de $2.376.000. Destacó que el 27 de febrero de 2017, pidió la nulidad de su traslado a la administradora del RAIS y a Colpensiones, la cual fue despachada desfavorablemente por la segunda al día siguiente, mientras que la primera, guardó silencio (f.° 2 a 8, cuaderno principal). Old Mutual S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento y de traslado de régimen del actor y las solicitudes presentadas por éste. Dijo sobre los demás, que no le constaban o que no eran supuestos fácticos. Formuló como excepciones de mérito las de

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Radicación n.° 90316 prescripción de la acción de nulidad, «cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación» y buena fe (f. ° 46 a 70, ib). Colpensiones se resistió a las súplicas. Aceptó la fecha de natalicio del accionante, las peticiones radicadas y la respuesta otorgada por dicha entidad. Dijo que los restantes no le constaban.

Propuso los medios exceptivos perentorios de inexistencia del derecho y de la obligación, «excepción error de derecho no vicia el consentimiento», buena fe, prescripción, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas e innominada o genérica (f. ° 109 a 134, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá el 16 de enero de 2020, absolvió a las enjuiciadas de los pedimentos del actor, a quien condenó en costas (acta de f. ° 172, en relación con el CD de f.° 169, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por mayoría, el 11 de marzo de 20203, al decidir la apelación del demandante, confirmó la primera decisión y no impuso costas. 3 Audiencia reconstruida en diligencia celebrada el 24 de junio de 2020 (f. ° 196, cuaderno principal).

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Radicación n.° 90316 Dijo que debía determinar si era procedente: i) declarar la «nulidad» del traslado de régimen y, en caso de que así fuere, si ii) debía ordenarse el retorno del reclamante al RPMPD. Precisó que tendría en cuenta todo el material probatorio aportado, así como los artículos 13, 61 y 112 de la Ley 100 de 1993; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 1502, 1508 y 1509 del CC; 5° y 11 del Decreto 692 de 1994 y el

Decreto 720 de 1994, así como las sentencias de la Corte «identificadas con las radicaciones 31989, 31314, 33083, 56174, 65791, 68838 y 68852». Tuvo por acreditado que el accionante: i) se trasladó de régimen a la edad de 40 años, contando con 143.29 semanas cotizadas al ISS y 57.28 laboradas a entidades públicas (f.° 135 y 11, respectivamente); ii) no era beneficiario del régimen de transición, por cuanto a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 35 años y menos de 15 de servicios; iii) no estaba incurso en ninguna prohibición para cambiar de régimen, pues no tenía 55 de los primeros ni gozaba de pensión de invalidez; iv) suscribió la «solicitud de vinculación» al RAIS de manera libre, espontánea y sin presiones y, v) recibió y conoció el reglamento del fondo, así como el plan que seleccionó, tal como se dejó constancia en el mismo formulario (f.° 71, ib). Adujo que el cambio de régimen pensional cumplió con los requisitos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994, pues

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Radicación n.° 90316 dicho precepto permitía que la manifestación de voluntad se efectuara en formatos preimpresos, de donde emergía que aquel fue libre, espontánea y sin presiones; que se le asesoró sobre todos los aspectos e implicaciones del mismo al régimen de ahorro individual y que no existía razón alguna para que la AFP se lo negara, pues según los artículos 112

de la Ley 100 de 1993 y 5° del Decreto 692 de 1994, le estaba vedado rechazar una solicitud cuando la persona cumplía los requisitos para tal fin. Agregó que el accionante es abogado y conocedor de la Ley 100 de 19993, como lo manifestó en su interrogatorio; que el error de derecho, según la definición doctrinal, se refiere a la existencia, naturaleza o extensión de los derechos que son objeto del negocio jurídico y por expreso mandato del artículo 1509 del CC, no vicia el consentimiento; que el afiliado aceptó en su interrogatorio que la decisión de trasladarse obedeció a que el asesor le habló de unas bondades del régimen y que sabía la situación por la que estaba pasando el ISS, que llevó a la liquidación de la entidad, lo cual desvirtuaba la inducción al error, porque no existió discordancia entre lo pretendido y lo obtenido que era el traslado de régimen. Resaltó que el promotor de la demanda no negó que se le hubiere suministrado información, sino que esta fue deficiente, […] supuesto fáctico que permite corroborar que, efectivamente Skandia, Hoy Old Mutual le suministró asesoría al demandante sobre los aspectos e implicaciones, al punto que al aplicar los

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Radicación n.° 90316 artículos 10 y 11 del Decreto 720 de 1994, que se refieren a las responsabilidades y obligaciones de los promotores, se encuentran cumplidas en la medida en que se le entregó al demandante el reglamento del fondo como dejó constancia […] y durante la vigencia del vínculo ha recibido la información que ha

estado contenida en los extractos, como lo reconoció el demandante en el interrogatorio. Estimó que, según lo dicho por la Corte en «sentencia proferida con radicado 68838», los jueces evalúan el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que correspondía cumplirse, de manera tal que, para el año 2000, no existían los compromisos generados con la Ley 1328 de 2009, es decir, con posterioridad al traslado; que si bien las administradoras tienen la responsabilidad de brindar asesoría desde la expedición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que los aspectos pensionales están regulados en la misma norma, sin que su desconocimiento pueda servir de excusa, acorde con el salvamento de voto de la sentencia «68852». Reiteró que las consecuencias del traslado operan en virtud de la ley, de la cual era conocedor el actor, pues, en virtud de las funciones que ejercía por su trabajo, debía aplicar la Ley 100 de 1993, como lo aceptó en su interrogatorio. Planteó que, para aplicar el precedente jurisprudencial, los supuestos fácticos deben ser iguales (CC C836-2001); que la Corte ha declarado «la nulidad o ineficacia» del traslado en casos en los cuales los petentes tenían un derecho adquirido o una «expectativa próxima de pensión», lo que no acaece en este asunto, por cuanto al señor López Castrillón le faltaban

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Radicación n.° 90316 20 años para arribar a la edad de jubilación cuando se

trasladó (13 de enero de 2000), pues para dicha calenda tenía 40 y tal requisito se incrementó con la Ley 797 de 2003 a 62 años y 1300 semanas aportadas. Explicó, en perspectiva de la forma en que se define el monto pensional en ambos regímenes, que cualquier proyección que se realice al momento de la afiliación no pasa de ser una simple estimación en la que inciden múltiples variables; que la afectación del monto de la prestación por circunstancias ajenas al momento de la manifestación de la voluntad del traslado, […] se hace presente, entre otras razones, por la obligación de permanencia en los regímenes en periodos previos a adquirir el derecho a la pensión, obligación que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C10242004, pero que no tienen incidencia en la validez de la voluntad del traslado del sistema general de pensiones, máxime cuando la misma ley les dio un plazo de gracia a los afiliados para modificar el régimen y en este caso no fue agotado por la demandante dentro del periodo que correspondía. Concluyó que se acreditó que el petente recibió la información, por lo que no se configuraba un acto inexistente; que no se demostró un vicio del consentimiento que diera paso la nulidad del mismo, pues no se trató de un objeto o causa ilícita, error de hecho, fuerza o dolo: que tampoco estaban dados los supuestos legales y jurisprudenciales para declarar la nulidad o ineficacia del traslado al RAIS (actas de f. °180 y196 y CD de f. ° 195, ib).

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Radicación n.° 90316

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia impugnada y que, en sede de instancia, se revoque la decisión inicial y se acceda a las pretensiones, condenando en constas «como corresponda» (f. ° 4, archivo «Recursos Extraordinarios Casación Memorial_2021062337276», cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y pasan a estudiarse conjuntamente, por su afinidad temática y argumentativa.

VI. CARGO PRIMERO Denuncia que la sentencia confutada quebranta directamente la ley sustancial por «falta de aplicación» de, […] los artículos 48 y 53 de la Carta Política y violación medio del artículo 167 del Código General del Proceso en concordancia con el artículo 145 del CPL, que condujo a la interpretación errónea del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 21, 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 y 34 ibidem modificado por el art. 10 de la Ley 797 en cita y 1502 y 1508 del Código Civil e infracción directa de los artículos 105 y 287 de la Ley 100 de 1993, reglamentados por los artículos 4° y 12 del Decreto 720 de 1994, artículo 272 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 90316 Asegura que del contenido de la sentencia «radicado 31989 de 2008, reiterada en las sentencias radicados 31314 de 2008 y 33083 de 2011», emerge una sub regla relativa a que, en casos donde se pretende la nulidad del traslado, se invierte la carga de la prueba, correspondiéndole a la administradora de pensiones acreditar que actuó con la debida diligencia en el suministro de información clara, racional y objetiva al afiliado. Refiere que la debida asesoría para la correcta selección de régimen, que la Constitución (artículo 48) y la ley (literal b) del artículo 13 Ley 100 de 1993), pretenden asegurar como principio universal, implica como obligación para el promotor de la AFP, el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensiónales, a fin de que en su labor de ilustración sobre el producto ofrecido pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación específica acerca de lo que más le conviene y lo que podría perjudicarle a quien pretende migrar de esquema de pensiones. Señala como equivocada y apartada de la postura de la Corte la deducción del Tribunal, según la cual, la declaratoria de ineficacia solo procede cuando se tiene un derecho adquirido o una expectativa próxima de pensión y que la inversión probatoria solo opera cuando se es beneficiario del régimen de transición, en tanto el amparo constitucional y legal en estos casos involucra a todos los afiliados (CSJ

SL12136-2014).

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Radicación n.° 90316 Endilga desacierto a la conclusión del colegiado relativa a que, para la fecha del cambio de régimen, no existía obligación de información y que, en todo caso, debía estudiarse de acuerdo con la norma vigente para dicha época, pues esta Corporación ha orientado que dada la naturaleza y debida diligencia en cabeza de los fondos privados de pensiones, desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el Decreto Ley 656 de 1994 o el Decreto 720 de 1994, la carga de la prueba se traslada a las AFP, debiendo demostrar que actuaron con la debida diligencia en el suministro de información adecuada y coherente con la situación pensional del interesado al momento de la afiliación (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314). Insiste en que no se le suministró la información debida del traslado; que es ilógico considerar que los extractos ilustraban sobre el derecho pensional; que el juez plural desconoció que el haz probatorio demostró la omisión en que incurrió el fondo privado, no solo al momento del traslado, sino también a lo largo de su permanencia en el RAIS; que solo en respuesta a derecho de petición efectuado con ocasión del proceso, Old Mutual S. A. proyectó la mesada; que en el año 2011, antes de incurrir en la prohibición legal para retornar al RPMPD, se le pudo informar sobre las alternativas con las que contaba, pero no se hizo así. Recalca que la carga de la prueba se impone en cabeza de la AFP, en tanto debe verificar la idoneidad, honestidad,

trayectoria, especialización y/o profesionalismo de los

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Radicación n.° 90316 vendedores o promotores (artículo 4° Decreto 720 de 1994), así como el deber de suministrar información suficiente, amplia y oportuna a los posibles afiliados al momento de la promoción del traslado o su revisión (artículo 12 ibidem), en razón de ser esta información la esencia, el principal o único motivo a tener en cuenta por el afiliado para la toma de tan trascendental decisión. Aduce que la no satisfacción de dicha carga constituye un elemento de juicio suficiente para anular o invalidar el acto de afiliación al RAIS, cuando nace en virtud del traslado del RPMPD, ya que era obligación del fondo de pensiones cumplir el presupuesto del artículo 1508 del CC; que la asesoría cobra importancia en tratándose de las referencias técnicas y legales que sustentan el sistema y que diferencian el monto pensional a obtener en cada uno de los regímenes; que debió, por lo menos, informársele sobre la destinación de cada uno de los porcentajes de su aportes, así como los requisitos para obtener la prestación por vejez en ambos subsistemas (CSJ SL4964-2018). Sostiene que, en los términos del precepto 1604 del CC, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo, sin que se libere de ella aportando los documentos suscritos ni llenando los espacios vacíos de los que tiene en su poder, sino que debe demostrar realmente que la información plasmada correspondía a la realidad y atendía

las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, en las voces del artículo 13 de la Ley 100 de 1993; que el formulario de afiliación no es prueba suficiente del

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Radicación n.° 90316 suministro de información (CSJ SL12136-2014). Memora que existe ineficacia de la afiliación cuando quiera que: i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la ilustración brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del CC, corresponde a las AFP allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993; que de acuerdo con la jurisprudencia, una de las consecuencias de la nulidad es la devolución, por parte del fondo, del 100 % de lo recibido (CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989) Plantea que el juez de la alzada debió aplicar el canon 272 de la Ley 100 de 1993, que prevé la inaplicación de disposiciones lesivas a los asociados cuando quiera que con ellas se menoscabe la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores, dándole prevalencia a los principios mínimos del precepto 53 Constitucional (f. ° 4 a 12, archivo ib).

VII. RÉPLICA Colpensiones defiende, frente a la impugnación en su

conjunto, que según el artículo 4° del Decreto 2241 de 2010, existen obligaciones en cabeza de los afiliados al sistema

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Radicación n.° 90316 general de pensiones; que el silencio de estos en el transcurso del tiempo se entiende como una decisión consciente de permanecer en el régimen seleccionado y la única forma de desvirtuarlo es demostrando la preexistencia de una fuerza que hubiere viciado el consentimiento; que de acuerdo con el deber de información explicado en la sentencia CSJ SL17595-2019, cuanto más experto es el afiliado, menos asimetría existe con la información del mercado. Añade que existen actividades de los afiliados que dan cuenta de un verdadero entendimiento del sistema y que se han denominado como actos de relacionamiento (CSJ SL4132018); que respecto a la presunción de los artículos 9° y 1509 del CC, la Corte Constitucional en decisión CC C993-2006 señaló que el error de derecho no da lugar a la nulidad del negocio jurídico; que en la CC C1024-2004 y CC SU062-2010 se precisó que el derecho a la libre elección no es absoluto y, por ende, tampoco lo es el derecho a trasladarse. Dice que de los artículos 48 y 334 de la CP, emerge que la declaración injustificada de ineficacia del traslado al RAIS afecta la sostenibilidad financiera del sistema y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social (CC T489-2010). Reprocha que con la declaración de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado se crea de manera

injustificada y desproporcionada una obligación con efectos patrimoniales en cabeza de Colpensiones, «única administradora del RPMPD», que alberga un mayor número

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Radicación n.° 90316 de afiliados (f.° 1 a 7, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022035750354», ibidem). Old Mutual S. A. indica que el ataque de derecho inserta argumentaciones fácticas, lo que no es posible en un cargo orientado por la senda jurídica y, además, no cuestiona todos los argumentos del Tribunal, que atañen con que: i) el recurrente es abogado y conocedor de la Ley 100 de 1993; ii) en todo caso el error de derecho no vicia el consentimiento; iii) el monto de la pensión se decide cuando se cumplen los requisitos para acceder a ella y no al momento de la afiliación y, iv) el impugnante no hizo uso del periodo de gracia para retornar al RPMPD.

Precisa que el colegiado: i) tuvo por demostrado que el afiliado recibió asesoría al trasladarse de régimen y no desconoció la obligación de información en cabeza de las AFP; ii) no soslayó las reglas ni la jurisprudencia sobre la inversión de la carga de la prueba y, iii) consideró los criterios para aplicar el precedente en el caso puntual, así como que no fue determinante para aquel la circunstancia de que el acudiente en casación no tuviera una expectativa legítima (f. ° 8 a 11, archivo «[…]2022035442723», ib).

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la decisión confutada por trasgredir indirectamente la ley sustancial, en el sub motivo de aplicación indebida del literal b) del artículo 13 de la Ley 100

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Radicación n.° 90316 de 1993; 48 y 53 de la CP; 167 del CGP, aplicable en virtud del 145 del CPTSS; 1502 y 1508 del CC. Arguye que dicho quebrantamiento acaeció como consecuencia de los siguientes yerros manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la afiliación a SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A. por parte del señor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN, se dio luego de haber sido debidamente asesorado por la AFP y estar preparado sobre los aspectos e implicaciones del traslado.

2. No dar por demostrado, estándolo, que SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A. no entregó al señor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN al momento del traslado información fundamentada, transparente y oportuna sobre los efectos y consecuencias del traslado de Régimen pensional, así como de no estar preparado sobre este especifico tema pensional para dimensionar los riesgos que se presentarían.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que durante el tiempo de afiliación del señor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN a SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A. se cumplió con el deber de información permanente mediante los extractos que le hacía llegar la AFP.

4. No dar por demostrado, estándolo, que la información

contenida en los extractos enviados por la AFP no contienen información o son el medio expedito para concluir los beneficios pensionales del afiliado.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que para la fecha de traslado del señor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN a SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A. no existía obligación por parte de las Administradoras del RAIS de dar información completa, oportuna y transparente sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al régimen de Ahorro Individual con

Solidaridad.

6. No dar por demostrado, estándolo, que efectivamente las AFPs siempre desde su vigencia, han tenido la obligación de suministrar información completa, oportuna y transparente sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la sola firma del formulario de traslado conlleva la manifestación libre y voluntaria, debidamente informada del demandante, señor JUAN

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Radicación n.° 90316

CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN.

8. No dar por demostrado, estándolo, que efectivamente con la sola firma del formulario de vinculación del señor JUAN CARLOS

LÓPEZ CASTRILLÓN a SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.

A., no se puede concluir estar el afiliado debidamente informado sobre los efectos y consecuencias del traslado de Régimen pensional.

9. No dar por demostrado, estándolo, que SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A. asaltó en la buena fe al señor JUAN CARLOS

LÓPEZ CASTRILLÓN para que se trasladara del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el entonces ISS al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por ella administrado. Relaciona como pruebas calificadas apreciadas equivocadamente:

1. Libelo introductorio.

2. Formulario de afiliación y/o traslado.

3. Copia cédula ciudadanía del recurrente.

4. Copia historia laboral expedida por COLPENSIONES.

5. Copia historia laboral consolidada expedida por SKANDIA S.

A.

6. Interrogatorio de parte formulado al señor JUAN CARLOS

LOPEZ CASTRILLÓN.

7. Interrogatorio de parte formulado a la AFP SKANDIA S. A.

Apunta que el colegiado omitió apreciar:

1. Escrito de contestación de demanda por parte de la AFP

SKANDIA S. A.

2. Proyecciones de la pensión de vejez.

Señala que el juzgador plural no observó que desde el gestor se pretendió la declaratoria de nulidad y/o ineficacia del traslado al RAIS debido a la falta de información transparente, eficiente y veraz al momento de suscripción del respectivo formulario, información que, desde el nacimiento del RAIS con la Ley 100 de 1993, ha sido imperativo suministrarla, siendo la omisión de tal obligación lo que se

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Radicación n.° 90316 traduce en el engaño al que fue sometido por parte de la otrora SKANDIA; que en el debate probatorio, la discusión de las condiciones de eficacia del traslado «viciado» por no ser

libre y voluntario, fue la razón principal del proceso adelantado. Asevera que era imposible tener su traslado como libre y voluntario con la sola suscripción del formulario de afiliación; que dicho documento, así como el interrogatorio de parte absuelto por él, fueron indebidamente apreciados ya que de ellos no afloraba el conocimiento previo del cambio de condiciones pensionales, ni el consentimiento informado, sino que, el primero, es un documento o formato que contiene una aceptación general de dicho régimen, no siendo viable al suscriptor modificar dicha manifestación, convirtiéndose así en un contrato de adhesión y, el segundo, no llevaba a concluir que, por haber desempeñado cargos relacionados con el sistema general de pensiones, tuviera una preparación respecto de su futura pensión. Acentúa que la Corte, en la «sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008», adoctrinó que las AFP no se exoneran de cualquier tipo de responsabilidad afirmando que el afiliado firmó una solicitud de traslado donde se lee que la decisión fue voluntaria, libre, espontánea y sin presiones; que Old Mutual no aportó prueba ni siquiera sumaria de la asesoría supuestamente suministrada; que el engaño causado por la asimetría en la instrucción lo pueden sufrir beneficiarios o no del régimen de transición, por manera que cualquier persona puede solicitar la ineficacia de su traslado

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Radicación n.° 90316 (f.° 12 a 15, archivo «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial_2021062337276», ib).

IX. RÉPLICA Old Mutual S. A. denota que el colegiado entendió con acierto el objetivo del proceso y lo pretendido en la demanda ordinaria, así como lo dicho en la contestación; que aquél no concluyó que el traslado fue libre y voluntario con la sola suscripción del formulario de afiliación, pues lo cierto es que ello lo infirió de lo manifestado por el recurrente en su interrogatorio de parte, confesión que no fue controvertida en el cargo.

Recrimina que la impugnación no realizó ningún esfuerzo para demostrar cuál fue el error en la valoración de las copias de la cédula de ciudadanía y de las historias laborales de Skandia y Colpensiones, interrogatorio de parte «formulado a la AFP Skandia» y proyecciones de la pensión de vejez. Enfatiza que el censor es abogado, por lo que no podía alegar su total desconocimiento respecto del sistema general de pensiones; que la ineficacia de un acto jurídico, cuando se sustenta en la falta de un consentimiento informado, no puede obedecer a criterios generales aplicados en forma indiscriminada, sin tener en cuenta las condiciones particulares del afiliado, entre ellas, el grado de conocimiento que pueda tener de las normas legales (f. ° 9 a 11, archivo

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Radicación n.° 90316 «Recursos Extraordinarios_Casacion_Memorial De Partes E intervinientes_2022035442723»).

X. CONSIDERACIONES Aunque en el cargo inicial se planteó la «falta de aplicación» y, a pesar de que se puede entender que ello se

dirige a adjudicar la infracción directa de la normativa a que se refiere (CSJ SL994-2017, CSJ SL20406-2017 y CSJ SL5540-2019), lo cierto es que, de su lectura completa se comprende que lo que se quiso proponer fue la violación medio del artículo 167 del CGP que llevó a la interpretación errónea del literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, así como la infracción directa de los preceptos 272 ibidem y 12 del Decreto 720 de 1994. Además, si bien se introdujeron cuestionamientos atinentes a la valoración del acervo probatorio, tal circunstancia es superable excluyéndolos del control de legalidad por no resultar acordes con el sendero escogido

(CSJ SL3155-2022, CSJ SL2002-2022, CSJ SL2003-2022,

CSJ SL2012-2022, CSJ SL2290-2022, CSJ SL1148-2022,

CSJ SL874-2022, CSJ SL413-2022, CSJ SL154-2022).

Ahora, a pesar de que uno de los cuestionamientos se formuló por la senda fáctica, emerge en indiscutido: i) que el señor López Castrillón nació el 4 de abril de 1959 (f.° 11, cuaderno principal); ii) que se afilió al RPMPD el 20 de octubre de 1976 (f.° 136, ib); iii) que el 13 de enero de 2000 suscribió formulario de afiliación a Skandia, hoy Old Mutual

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 90316

S. A. (f.° 71, ibidem); iv) que el traslado al RAIS se hizo efectivo a partir del 1° de