CSJ - SL940-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL940-2023 Radicación n.° 92203 Acta 14 Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLEMENCIA TÉLLEZ RODRÍGUEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 3 de julio de 2019, en el proceso que instauró contra la COLFONDOS S.A. PENSIONES Y

CESANTÍAS y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES COLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Clemencia Téllez Rodríguez, demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) y a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (en adelante Colfondos S.A.), con el fin de que se declarara la

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Radicación n.° 92203 ineficacia del traslado que se produjo entre una y otra entidad el 11 de septiembre del 2000. Conforme a lo anterior, solicitó que, para todos los efectos, se entendiera vinculada sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media, de manera que Colfondos S.A. debía trasladar a Colpensiones todos los aportes y rendimientos generados en dicho fondo. Así mismo, solicitó se condenara a Colfondos S.A pagar los perjuicios materiales por no haber actuado de buena fe en el proceso de afiliación. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que

nació el 30 de octubre de 1961 y que se afilió al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) el 7 de octubre de 1983 en el cual aportó 745,14 semanas, más seis años en los que su empleador estaba en mora. Alegó que su cambio al fondo privado se produjo a causa del error al que fue inducida por el asesor comercial, al no brindarle una información adecuada ni suficiente acerca de las ventajas y desventajas que tenía el cambio entre los regímenes pensionales, y porque le planteó que con la liquidación del ISS, perdería sus aportes. Informó que el 11 de septiembre de 2000, con efectividad el 1º de noviembre de 2000, se trasladó al Régimen de Ahorro Individual administrado por Colfondos S.A.

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Radicación n.° 92203 Manifestó que elevó varias solicitudes a las demandadas requiriendo que se declarara la ineficacia del traslado y que en julio del 2014 fue resuelta negativamente por Colpensiones. Ante la imposibilidad de aceptar el traslado, instauró acción de tutela contra las dos entidades, la cual fue declarada improcedente el 19 de agosto de 2016. Al contestar la demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, la reiteración de las solicitudes de traslado y su negativa y la presentación de la tutela. Frente a los demás, dijo en su mayoría que no le constaban. Argumentó que la señora Téllez Rodríguez no aportó

ninguna prueba que acreditara que existieron vicios en el consentimiento, a saber, error, fuerza o dolo, por lo que era válido el acto jurídico de traslado. En su defensa, propuso las excepciones de prescripción, buena fe, presunción de legalidad de los actos administrativos, inexistencia del derecho por falta de causa y título para pedir. Colfondos S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las fechas de nacimiento y de la solicitud de traslado al fondo y el salario

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Radicación n.° 92203 que devengaba la demandante al momento de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. De los demás dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación; falta de legitimación en la causa por pasiva y de presupuestos legales y jurisprudenciales para ser merecedora de un traslado; prescripción de la acción para solicitar la anulación del traslado; buena fe; validez de la afiliación; compensación y pago; obligación a cargo exclusivamente de un tercero; nadie puede ir en contra de sus propios actos; petición antes de tiempo y ausencia de vicios del consentimiento.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 6 de febrero de 2019, resolvió: PRIMERO: Declarar la Ineficacia de la razón jurídica de afiliación

y cotización de la demandante Clemencia Téllez Rodríguez al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, celebrada en su momento con COLFONDOS, según formulario de afiliación calendado el 11 de septiembre de 2000, como obra a folio 141 del expediente.

SEGUNDO: Condenar a COLFONDOS a realizar el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida tanto de la relación jurídica de afiliación, como el valor de saldos, aportes y rendimientos que se hayan consignado en la cuenta de ahorro individual de la demandante.

TERCERO: Condenar a COLPENSIONES a aceptar el traslado de la señora CLEMENCIA TÉLLEZ RODRÍGUEZ y a recibir el monto de los aportes, saldos pensionales y rendimientos, ordenado en el numeral anterior, sin que ello implique el reconocimiento del beneficio del régimen de transición, al no tener derecho alguno sobre el particular.

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Radicación n.° 92203

CUARTO: Declarar no probadas las excepciones formuladas de COLFONDOS y COLPENSIONES, de acuerdo con la parte motiva de esta decisión.

[…] ADICIÓN DE SENTENCIA: El Despacho absolverá a las demandadas de cualquier tipo de perjuicio material consolidado, daño emergente o lucro cesante, con ocasión a la ineficacia del negocio jurídico sometido a consideración.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 3 de julio de 2019, al resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de

Colpensiones, revocó el fallo de primera instancia y en su lugar absolvió a las demandadas. El Tribunal estableció como problema jurídico determinar «[…] la procedencia o no de la nulidad del traslado que realizó la actora clemencia Téllez Rodríguez del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad». Para resolverlo, trajo a colación las sentencias que identificó con los radicados 31989 de 2008, reiterada en la 31314 de la misma anualidad, la 33383 de 2011 y recientemente la CSJ SL4964-2018 para señalar que, todas las entidades de pensiones deben otorgar a sus beneficiarios información completa, clara y comprensible en todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la

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Radicación n.° 92203 determinación de las condiciones para el disfrute, de lo contrario incurrirían en un engaño que llevarían a la nulidad del traslado. Aclaró que, en los fallos reseñados, los supuestos implicaban demandantes que eran beneficiarios del régimen de transición, situación que no era el caso. Consideró que la señora Téllez Rodríguez firmó el formulario de afiliación en donde manifestaba que la elección se efectuó en forma libre espontánea, sin presiones y, que los datos allí consignados eran verdaderos Agregó que aquella solicitó el traslado del régimen en el 2008, que fue negado por Colfondos S.A. y sólo en el 2018 recurrió a la acción ordinaria para solicitar la nulidad de la

afiliación, por lo que entendió que no hubo error o vicio alguno en el consentimiento pues por decisión propia optó por permanecer en él, aun conociendo las supuestas desventajas que le representaba. Por último, señaló en su interrogatorio de parte manifestó que se afilió sin preguntarle al asesor sobre el Régimen de Ahorro Individual y que confiaba en la información impartida, sin demostrar que el cambio pensional le generó un perjuicio cierto y real.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 92203 Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos presentados y de acuerdo con los alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia acusada, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primera instancia.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta toda vez que los fundamentos y razones de la decisión les son aplicables.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa los artículos, […] 4,10 y 12 del Decreto 720 de 1994, el artículo 97 del decreto 663 de 1993 –Estatuto Orgánico del Sistema Financierolos artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 en relación con el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993, los artículos 13, 21,

48 y 53 de la Constitución Política; junto con el inciso final del artículo 11 del Decreto 692 de 1994; con los artículos 1, 2, 3, 4, 33 y 287 de la ley 100 de 1993; además el artículo 4 de la Ley 169 de 1896; el artículo 97 del Decreto 663 de 1993; los artículos 4 y 12 del Decreto 720 de 1994 y los artículos 9, 10, 14, 16, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. En la demostración del cargo argumenta que la sentencia del Tribunal ignoró el artículo 21 de la Constitución Política pues interpretó las disposiciones

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Radicación n.° 92203 legales en favor del fondo de pensiones haciendo más gravosa su situación y desconociendo el precedente judicial que la favorece. A su vez, que violó su artículo 13, cuando concluyó que solo para ciertos afiliados se podía constituir un traslado ineficaz por la omisión en la información. Afirma que se ignoró que las normas de seguridad social advierten que todo afiliado al momento de un traslado de régimen pensional tiene derecho a ser informado acerca de las implicaciones de este acto, así como de las diferencias entre ellos, para la toma de una decisión informada, y que de no encontrarse demostrado esto, este resulta ineficaz. Añade que resultó infringido su derecho a la libre escogencia de sistema pensional, lo que forma parte del derecho fundamental a la seguridad social que se debe garantizar a todos los habitantes del país. Dice además, que en la sentencia el Tribunal quebrantó el artículo 53 de la

Constitución Nacional que consagró los principios fundamentales mínimos de los trabajadores. Señala que cuando se atenta contra la libertad de afiliación de una persona, además de las sanciones de multa dispuestas para quienes incurran en tales conductas, se establece como efecto jurídico la ineficacia de la afiliación, pues, el afiliado goza de libertad para escoger el régimen al cual quiere pertenecer, por esta razón, la Ley 100 de 1993 en

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Radicación n.° 92203 su artículo 13 literal b) exige que los traslados se efectúen de manera libre y voluntaria por el afiliado. Manifiesta que este acto debe estar precedido de un consentimiento informado que, sin duda, requiere de la participación activa de las administradoras del sistema pensional, en cumplimiento de las obligaciones consagradas en diversos preceptos reglamentarios, tales como el artículo 97 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), 4º y 15 del Decreto 656 de 1994 y 4º, 10 y 12 del Decreto 720 de 1994. Resalta que un entendimiento contrario atenta contra los derechos del trabajador y torna inaplicable el Sistema General de Pensiones en los términos del artículo 272 de la Ley 100 de 1993 Crítica que la sentencia exonera a Colfondos S.A, de la carga de probar que cumplió con su deber de información sobre el traslado de régimen pensional. Finalmente reitera que lo que resultaba relevante determinar en el proceso con las pruebas aportadas, era establecer con certeza, si durante su vinculación a Colfondos

S.A. existió la información y asesoría suficientes de parte de esta, tarea que el juzgador no realizó.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de violar por interpretación errónea

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Radicación n.° 92203 del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en relación con el 13, 48 y 53 de la Carta Política; el inciso final del 11 del Decreto 692 de 1994; 1º, 2º, 3º, 4º, 36, 271 y 272 de la Ley 100 de 1993; 4º de la Ley 169 de 1896; 14 y 15 del Decreto 656 de 1994; 4º y 12 del Decreto 720 de 1994 y 9º, 10º, 14, 15, 16, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo. En la demostración del cargo manifiesta que la norma aplicada es la acertada, no obstante, el Tribunal la interpretó erróneamente, cuando consideró que la selección libre y voluntaria que hace el afiliado del régimen mediante la vinculación a una administradora de fondos de pensiones, no requiere cumplir con los principios de consentimiento informado y de buen consejo, en relación con la asesoría que deben brindar las entidades. Así mismo, que la interpretó erróneamente, al considerar que la selección libre y voluntaria de que habla en particular el literal b) del artículo aludido, solo es aplicable para aquellos afiliados beneficiarios del régimen de transición, porque gozaban de derechos adquiridos o expectativas legítimas. Indica que lo anterior es una forma restringida de

interpretación de las normas de seguridad social y un desconocimiento de su carácter de orden público y su irrenunciabilidad. Además, que revela un desapego a los principios de especialidad y favorabilidad aplicables a los conflictos en pensiones.

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Radicación n.° 92203 Crítica que el Tribunal señala que los efectos de la ineficacia son solo para beneficiarios del régimen de transición, pues eso significaría que las administradoras de fondos de pensiones podrían inducir en error o engañar a aquellos afiliados cuya expectativa pensional estuviera lejana. Sostiene que la jurisprudencia de esta Corporación no discrimina su aplicación si se tiene o no un derecho consolidado, un beneficio transicional, o si se está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Reprocha que se exonerara a Colfondos S.A de la obligación de información completa y veraz que exige la ley, al tramitar su traslado de régimen pensional. Refiere que son estas instituciones las que tienen la obligación de brindar una asesoría personalizada, que suministre al afiliado información suficiente, adecuada y veraz respecto de las condiciones y efectos del cambio y el impacto de esa decisión en la pensión, además demostrar de forma fehaciente que cumplieron con todos los presupuestos y requerimientos que la ley les ha impuesto. Señala que esta Sala ha establecido que el deber de buen consejo en la asesoría entregada por las administradoras de fondos de pensiones no basta con que se haya dado una mínima e irrelevante información sobre los

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Radicación n.° 92203 regímenes pensionales, sino que debe cumplir con unos requisitos mínimos que permitan al afiliado hacer uso del libre albedrío, orientado por su voluntad y conocimiento de las ventajas y desventajas de su decisión. Concluye que el Tribunal desconoce la jurisprudencia de esta Sala e interpreta erróneamente el contenido de las sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL 9 de septiembre de 2008, radicado 31989, CSJ SL 6 de diciembre de 2011 radicado 31314, CSJ SL194472017, CSJ SL17595-2017, CSJ SL4132018 y CSJ STL-1677 de 2019.

VIII. RÉPLICA Colpensiones señala que la sentencia del Tribunal se encuentra ajustada a derecho de conformidad con lo dispuesto por el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, que determina que los afiliados cuentan con el derecho de escoger libremente el fondo de pensiones en el cual deciden pensionarse.

Señala que la recurrente de manera injustificada pretende imputar responsabilidad al fondo de pensiones producto de la falta de asesoría al momento del traslado de régimen pensional, censurando que la entregada no fue suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones del traslado, desconociendo que el deber de información que tienen las administradoras ha sido progresivo y a través de varias etapas como ella misma lo acepta.

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Radicación n.° 92203 Agrega que, si la señora Téllez Rodríguez consideró que

había incurrido en un vicio del consentimiento o ineficacia del traslado de régimen pensional, debió promover en su momento las acciones correspondientes para lograr el retorno correspondiente. Dice que no es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta los de legalidad y debido proceso, que no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga. Señala que es insuficiente la simple manifestación de la afiliada de que no fue informada acerca de las consecuencias de traslado y la diferencia actual de la mesada pensional respecto del Régimen de Prima Media, sustrayéndola de cualquier obligación probatoria e invirtiendo de manera directa la carga de la prueba en desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Frente a la técnica del recurso sostiene que el cargo dirigido bajo la modalidad de interpretación errónea no establece cuál es el entendimiento equivocado de la norma que realizó el Tribunal, cuál el correcto y su incidencia en el fallo.

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Radicación n.° 92203 Agrega que en los cargos se realizan manifestaciones fácticas y probatorias, sin que se evidencie argumentación jurídica alguna que permita evidenciar un error protuberante a la hora de entender o aplicar la ley sustancial.

Añade que, para la fecha de la afiliación de la demandante al fondo de pensiones, las disposiciones contenidas eran los artículo 11 del Decreto 692 de 1994, en el que se establecieron los elementos del formulario de afiliación a los fondos de pensión, al igual que el 11 y 12 del Decreto 720 de 1994 complementado con el 105 y 287 de la ley 100 de 1993, los cuales fueron cumplidos por el fondo de pensiones sin que se evidencien conductas que atenten contra la legalidad y validez de los negocios jurídicos o la interpretación contraria a la finalidad o el deseo del legislador, en cuanto a la libertad de escogencia del régimen pensional de los afiliados. Aduce que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, para romper los yerros que se atribuyen, es de importancia acreditar el engaño por parte de los fondos de pensiones, relacionados con la deficiente información en el traslado del régimen. Por último, concluye que, Así mismo no puede dejarse de lado la autonomía y libertad con que cuentan los jueces a la hora de formar su convencimiento, sumada a la presunción de legalidad y acierto de los fallos judiciales, lo que constituye la labor del recurrente desvirtuar y evidenciar los yerros que faculten la intervención de la Corte. Al no estar acreditada la incursión en error por parte del Tribunal

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Radicación n.° 92203 acerca de la interpretación errónea, junto con su influencia en el fallo, se encuentra destinado a ser desechado el cargo por carecer

de fundamentos para desvirtuar la presunción de acierto y legalidad que gozan las sentencias de instancia. No puede pasarse por alto que a la fecha el recurrente ya cuenta con el derecho pensional causado en el régimen de ahorro individual por tanto no es operante la ineficacia o nulidad de traslado, por cuanto ocasionaría un detrimento patrimonial al régimen de prima media administrado por Colpensiones al tener que dar cumplimiento no a un simple retorno de saldos y continuidad del aporte, sino al reconocimiento de una pensión de vejez la cual no se configuró conforme a la reglas de financiación de dicho régimen, hecho que genera una afectación al principio de sostenibilidad financiera del sistema, por tanto su estudio deberá equipararse en este caso al traslado de régimen de un pensionado.

IX. CONSIDERACIONES Analizado el cargo presentado por la recurrente, no le asiste razón a la réplica frente a los errores de técnica que señala. Entiende la Sala que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Tribunal se equivocó al declarar que no era ineficaz el traslado realizado por la demandante, con ocasión de una falta al deber de información atribuible al fondo privado, toda vez que no se vio comprometida ninguna expectativa legítima y que, además, se suscribió libre y voluntariamente el formulario de afiliación.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se ocupará de reiterar su jurisprudencia sobre (i) el deber de información; (ii) la carga de la prueba; (iii) la ausencia un derecho consolidado o estar próximo a obtenerlo para que proceda la ineficacia del traslado y (iv) el caso concreto.

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1. El deber de información: origen, contenido y alcance El Sistema General de Pensiones ha supuesto el deber de asegurar a la población contra las contingencias de vejez, invalidez y muerte. En este sentido, la Ley 100 de 1993 formuló una compleja estructura de protección que integra dos regímenes pensionales, el de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad.

Estos últimos cuentan con distintas características, que beneficiarán a sus afiliados en tanto así sean las situaciones particulares de cada uno. Entre varios factores, la modalidad y el tiempo en que se cause la pensión, la forma de administrar los fondos, el modo de liquidar las mesadas, entre otras variables que afectan y conciernen a los integrantes del sistema, dan cuenta de la necesidad de que estos decidan a qué régimen desean pertenecer, según sus intereses, haciéndolo de manera libre y voluntaria, con conocimiento pleno e informado. Para tales fines, las entidades, como entes encargados de la gestión, tienen el deber incondicional de hacer conocer todo lo que implica pertenecer y trasladarse de un régimen a otro. Dicho lo anterior, y contando con el rol de las administradoras como especializadas en el Sistema, ha sido clara la obligación de informar idónea y oportunamente acerca de las ventajas y desventajas que recaen sobre el

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Radicación n.° 92203 afiliado, en tanto este se vincule o traslade entre regímenes, más aún, cuando puedan existir afectaciones relevantes para

sus integrantes y el disfrute de sus derechos. De este modo, el alcance del referido deber ha sido reiterado en numerosas ocasiones por esta corporación, así basta mencionar, por ejemplo, la sentencia CSJ SL 22 noviembre 2011, radicación 33083, en la que se estimó: Las administradoras de pensiones lo son de un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, según lo prescribe el artículo 97 de la Ley 100 de 1993; la ley radica en ellas el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculen a ellas, y cuyos deberes surgen desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora. Es razón de existencia de las Administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, con conocimientos y experiencia, que resulten confiables a los ciudadanos quienes les van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o para su familia cercana en caso de muerte prematura. Esas particularidades ubican a las Administradoras en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, la misma que, por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, tanto desde la perspectiva del artículo 48 como del artículo 335, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares. Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de

cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual. Sobre esta base, cabe precisar que el deber de

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Radicación n.° 92203 información no puede presumirse ni entenderse satisfecho con la simple firma expresa en el formulario de afiliación, dado que, aun cuando consignada proyecte la decisión tomada por el trabajador y por lo menos, pueda llegar a acreditar el conocimiento del acto jurídico que está suscribiendo, no implica que dicha decisión fue tomada de manera ilustrada y libre, mucho menos da cuenta de un procedimiento en donde el afiliado hubiera recibido información clara, completa, cierta y oportuna. Sobre ello, en sentencia CSJ SL19447-2017 la Corte ha explicado: Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino

soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado». Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad,

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Radicación n.° 92203 encontrándose o no la persona en transición (subraya la Sala). ii. La carga de la prueba Para la Sala es pertinente esbozar lo que la jurisprudencia de esta Corte ha reiterado al respecto frente a la pretensión de ineficacia en el acto de traslado por incumplimiento del deber de información. Así, se ha indicado que la relación asimétrica que puede

existir entre el «afiliado lego» y las administradoras especializadas se torna evidente en tanto estas últimas cumplen su objeto social desarrollando el Sistema General de Pensiones con su labor de fiduciaria, y a su vez, de ellas depende en gran medida la forma en que se satisfagan los derechos de sus afiliados, por lo que poseen la facilidad para proveer a los jueces de todos los medios de convicción que permitan dar certeza de que, en el traslado, el afiliado contaba con todos los elementos de juicio suficientes para decidir libre y voluntariamente (CSJ SL12136-2014). En esta medida, la procedencia de una inversión en la carga de la prueba no solo se ha fundamentado sobre la posición probatoria entre afiliados y administradoras sino también, en virtud de criterios de justicia y equidad. Al respecto, esta Sala, en sentencia CSJ SL1452-2019, enfatizó lo siguiente: Paralelamente, no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quién está en una posición probatoria complicada -cuando no imposibleo de

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Radicación n.° 92203 desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo

de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento. Mucho menos es razonable invertir la carga de la prueba contra la parte débil de la relación contractual toda vez que, como se explicó, las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego. A tal grado es lo anterior, que incluso la legislación (art.11, literal b), L. 1328/2009), considera una práctica abusiva la inversión de la carga de la prueba en disfavor de los consumidores financieros. Para añadir, el artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearla», fundamento que reafirma razonablemente la carga de las administradoras de pensiones para que demuestren el cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones. iii. Alcance de la jurisprudencia por omisión al deber de información: no es necesario poseer un derecho consolidado o estar próximo a obtenerlo Se ha precisado en decisiones de esta Corporación que, uno de los motivos para declarar la ineficacia del acto jurídico de traslad