CSJ - SL949-2023

República de Colombia Corto Sistema de Justicia bala de Candis La oral Sala de DosamossON N.'3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL949-2023 Radicación n.° 90352 Acta 14 Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ACE SEGUROS S.A. hoy CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. contra la sentencia proferida el 28 de julio de 2020, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, dentro del proceso que instauró en su contra GUSTAVO ADOLFO ORTÍZ NAVIA, en representación de sus hijas JOG y MARÍA

ANTONIA ORTÍZ GIFtALDO.

I. ANTECEDENTES Gustavo Adolfo Ortíz Navia, en representación de sus hijas JOG y María Antonia Ortiz Giraldo, llamó a juicio a la sociedad ACE Seguros S.A. hoy Chubb Seguros Colombia S.A., para que se declarara que la fallecida Lina María Giraldo Jiménez, se encontraba amparada con «FUERO

ESPECIAL DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR SALUD»,

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Radicación n.° 90352 debido a que al momento de su retiro, por acuerdo transaccional suscrito como trabajadora de la demandada, padecía la enfermedad catastrófica «CÁNCER DE MAMA EN PROGRESIÓN, METÁSTASIS CEREBRALES MULTIPLES, METASTASIS VERTEBRALES A COLUMNA LUMBAR»; que se declarara la

ilegalidad e ineficacia del referido acuerdo por cuanto «adolece de causas objetivas ciertas y justificables [...] está revestido de ilegalidad e ineficacia, siendo los derechos transados ciertos e indiscutibles». En consecuencia, se condenara a la accionada a reconocer y pagar la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en virtud de la ilegalidad e ineficacia de la transacción celebraba y por omisión de la solicitud de autorización previa del «Ministerio de Trabajo» para el retiro de la trabajadora; los salarios dejados percibir desde el 5 de octubre de 2010 hasta el 22 de noviembre de 2012,f echa del deceso de Lina María Giraldo Jiménez; los aportes al sistema de seguridad social en pensión, junto con sus intereses, suspendidos por el acuerdo transaccional celebrado, que afectó el derecho a la pensión de sobrevivientes de sus beneficiarios «al dejar de cotizar 110 semanas»; las vacaciones causadas por los arios 2010 a 2012; la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (CST); la indexación de las condenas, y, las costas procesales. Como fundamento de sus pretensiones, relató que Lina María Giraldo Jiménez, laboró para ACE Seguros S.A., mediante contrato de trabajo a término indefinido, entre el 10 de septiembre de 2002 y el 5 de octubre de 2010, que

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Radicación n.° 90352 terminó mediante acuerdo transaccional suscrito entre las partes, por «las decisiones internas y políticas del empleador);

que devengó como último salario la suma de $6.695.000 (integral); que para la fecha de terminación del contrato, la causante se encontraba en tratamiento y control médico debido a que había sido diagnosticada con «cáncer de mama», desde el 19 de marzo de 2007 y «en condición de debilidad manifiesta». Señaló que, a pesar de su enfermedad, Lina María Giraldo cumplió cabalmente con sus labores, «motivo por el cual, el llamado del empleador a transar no dejó de sorprenderla», pues tenía pleno conocimiento de su delicado y grave estado de salud. Dijo que, en el acuerdo transaccional, la accionada se comprometió a pagar por un lapso de 6 meses, contado desde el 1 de noviembre de 2010, el plan de medicina prepagada y le ordenó que para el pago de los aportes obligatorios al sistema de salud, debía afiliarse como trabajadora independiente, lo que representó su afectación económica y desprotección, que agravó su salud. Resaltó que el 4 de octubre de 2012, la EPS Sanitas, a la cual se encontraba afiliada la causante, remitió al fondo de pensiones «concepto de rehabilitación desfavorable por cáncer de mama metastásico».

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Radicación n.° 90352 Por último, afirmó que presentó reclamación por los derechos laborales de la causante y la demandada mediante comunicación del 30 de octubre de 2013, respondió negativamente por considerarla improcedente, en razón a que el contrato laboral había terminado por mutuo acuerdo

(f.°1 all del cuaderno 1). ACE Seguros S.A. hoy Chubb Seguros Colombia S.A., al responder, se opuso a todas las pretensiones de la demanda; en cuanto a los hechos, admitió el vínculo laboral con la trabajadora fallecida, sus extremos, el monto del último salario devengado, la celebración del acuerdo transaccional, su compromiso de pagar el plan de medicina prepagada, con la aclaración de que fue un beneficio derivado de dicho acuerdo, el cual «cumplió a cabalidad», la petición elevada por el demandante el 22 de octubre de 2013 y su respuesta negativa; sobre los demás, dijo que no eran ciertos. Arguyó en su defensa, la inexistencia de estabilidad laboral reforzada de Lina María Giraldo Jiménez, a la fecha de terminación del contrato de trabajo, toda vez que no contaba con una situación de salud que generara dicha estabilidad laboral y le restara legalidad a lo pactado; que la transacción no representó ningún detrimento económico, desempleo ni desprotección del sistema de seguridad social; y, que «la única persona llamada a controvertir el contenido del acuerdo transaccional suscrito, era la misma señora Giraldo Jiménez, quien no lo hizo a pesar de contar con el tiempo suficiente para tal fin».

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Radicación n.° 90352 Propuso como excepciones previas y simultáneamente, como de mérito, las de prescripción y cosa juzgada y, además, la de compensación (f.°366 a 380 cuaderno 2). El a quo, profirió sentencia inicialmente el 10 de octubre

de 2017 (f.°420 y 421), mediante la cual absolvió a la demandada, pero con fundamento en la decisión del Tribunal que decretó su nulidad parcial a instancia de la apelación de la parte actora, dictó auto el 14 de marzo de 2019 (f.°425) y ordenó integrar la iitis con los herederos indeterminados de la causante, quienes representados por Curador ad litem, al contestar, aceptó la mayoría de los hechos de la demanda, excepto los relacionados con el grave estado de salud de Una María Giraldo Jiménez, el acuerdo sobre la medicina prepagada, la afiliación a salud como trabajadora independiente y su detrimento patrimonial, pues indicó que estos supuestos no le constaban. Como razones de defensa, adujo que, de conformidad con las pruebas allegadas con la demanda, es posible deducir que la terminación del vínculo laboral se dio en el momento en el cual la señora Lina María Giraldo Jiménez, se encontraba en tratamientos por su enfermedad. Expresó que en el expediente no reposaba prueba que acreditara que el empleador tenía conocimiento de la situación de la trabajadora. Que, [...] sin embargo, de las condiciones particulares del caso, concretadas en las incapacidades que le fueron concedidas [...], el concepto de rehabilitación desfavorable que le fue emitido, así como las secuelas dejadas por la enfermedad en el fisico de la extinta Lina María Giraldo

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Radicación n.° 90352 Jiménez, permiten deducir que el empleador se encontraba enterado de la situación de salud de la empleada, y aun así, optó por dar por

terminado el vínculo laboral. En esa medida, es posible que se presentara un vicio en el acuerdo transaccional suscrito, que daría lugar a la invalidez del mismo (f.°366 a 385 cuaderno 2).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo dictado el 28 de febrero de 2020 (f.° CD 456), resolvió: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones propuestas por ACE SEGUROS S.A. hoy CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA., particularmente, de oficio, la de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: ABSOLVER a ACE SEGUROS S.A. hoy CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por MARÍA ANTONIA ORTIZ GIRALDO y JOG, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante y en favor de la entidad demandada [...].

Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Judicial de Cali, en sentencia del 28 de julio de 2020 (f.°17 a 27 cuad.

Tribunal), decidió: PRIMERO:R EVOCAR la sentencia apelada, para en su lugar, dejar sin efectos la terminación de la relación laboral pactada mediante acuerdo transaccional el 5 de octubre de 2010 entre la señora LINA MARIA

GIRALDO y ACE SEGURO (sic) SA. hoy CHUB SEGUROS COLOMBIA

S.A.

SEGUNDO: DECLARAR la continuidad de la relación laboral entre la señora LINA MARIA GIRALDO y ACE SEGURO (sic) S.A. hoy CHUB SEGUROS COLOMBIA S.A. hasta el 22 de noviembre de 2012, fecha del fallecimiento de la ex trabajadora.

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Radicación n.° 90352

TERCERO: CONDENAR a ACE SEGURO (sic) S.A. hoy CHUB SEGUROS COLOMBIA S.A. a pagar a MARIA ANTONIA ORTÍZ GIRALDO y JOG representadas por su padre GUSTAVO ADOLFO ORTÍZ NAVIA las siguientes sumas: • $170.945.667 por salarios dejados de percibir, correspondiéndole la suma de $85.472.833 a cada una. • $40.170.000 por concepto de indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, correspondiéndole la suma de $20.085.000,00 a cada una.

CUARTO: CONDENAR a ACE SEGURO (sic) SA. hoy CHUB SEGUROS COLOMBIA S.A. a realizar el pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social en pensión de la señora LINA MARIA GIRALDO por el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2010 y el 22 de noviembre de 2012, indicando que estas deberán ser pagadas al fondo de pensiones en el que se encontraba la señora LINA MARIA GIRALDO al momento de su fallecimiento, incluidos los intereses

moratorios establecidos por la Superintendencia Financiera para tal fin. QUINTO. AUTORIZAR a ACE SEGURO (sic) S.A. hoy CHUB SEGUROS COLOMBIA S.A. a descontar de lo condenado en la presente providencia la suma de $60.808.897, pagada a la señora LINA MARIA GIRALDO a título de transacción. SEXTO. COSTAS en ambas instancias a cargo de ACE SEGURO (sic) S.A. hoy CHUB SEGUROS COLOMBIA SA. por resultar vencido en juicio. Liquídense como agencias en derecho en esta instancia la suma de 1 SMLMV. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal luego de referirse a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de 1991, sobre «igualdad de oportunidades para los trabajadores, calidad del trabajo, estabilidad en el empleo, la especial protección a los trabajadores discapacitados», dijo que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, contiene una premisa que regula la no discriminación a personas en situación de discapacidad, estableciendo que sus limitaciones no podrán ser obstáculo para una vinculación laboral, «a menos que sea incompatible e insuperable con el cargo a desempeñar, tampoco podía ser despedida o su

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Radicación n.° 90352 contrato terminado, en razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo». Indicó las diferencias entre las tesis que sobre el tema debatido han sostenido la jurisprudencia de esta Corporación

y la Corte Constitucional; expresó que aquella, fijó su posición con fundamento en el inciso 2 del artículo 5 de la Ley 361 de 1997, en concordancia con el 7 del Decreto 2463 de 2001, y para la procedencia de la estabilidad laboral reforzada en personas con discapacidad, era menester mi) la acreditación de una limitación severa o profunda que implica la demostración de una pérdida de capacidad laboral superior al 25% ii) que el empleador conozca tal situación; y, iii) que se demuestre el nexo de causalidad entre el despido y la discapacidad», disertación que apoyó en las sentencias CSJ SL 15 jul. de 2008, rad. 32532, «reiteradas en los radicados 35606 de 2009, 36115 y 37235 de 2010, 39207 de 2012, 41867 de 2013 y[ . SL12657 de 2015». Y que para la segunda Corporación, tal protección no se circunscribía a los casos expresamente contemplados en la Ley 361 de 1997, porque ella procedía por aplicación directa de la Constitución respecto a personas con afectación en su salud que «les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, clasificándolas como personas en debilidad manifiesta, que pueden verse discriminadas por ese hecho», y por tanto, era obligatorio que el empleador solicitara el permiso al Ministerio del Trabajo para despedir, con independencia de la modalidad de contrato; agregó que en sentencia CC SU-049-2017, se precisó que este 8

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Radicación n.° 90352 derecho no se circunscribía a las personas con situación permanente o duradera de debilidad manifiesta, en tanto la Constitución Política no hace tal diferenciación, «sino que se refiere genéricamente, incluso, a quienes experimentan ese estado def orma transitoria y variable». Refirió que tras realizar un estudio detallado de las diferencias objetivas que existían entre las tesis expuestas y con fundamento en el artículo 241 superior, los principios de favorabilidad y supremacía constitucional, reiteraba la posición adoptada por ese Tribunal, orientada en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, por dos razones: i) la estabilidad laboral reforzada es un derecho de orden constitucional; y ii) esta Corte, como órgano de cierre en la materia, «tiene competencia para unificar la interpretación correspondiente, cuando hayan criterios dispares en la jurisprudencia nacional, según el artículo indicado, y asilo hizo saber en la sentencia SU-049 de 2017». Conforme lo expuesto, estableció que se debían cumplir los siguientes requisitos: 1) que «el peticionario» se encuentre en situación de discapacidad, o en estado de debilidad manifiesta que le impida o dificulte el desempeño de sus labores en condiciones regulares; 2) que el empleador tenga conocimiento de tal situación; y, 3) que el despido se efectúe sin permiso del Ministerio del Trabajo. Examinó la historia clínica de la ex trabajadora fallecida y coligió que,

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[...] fue diagnosticada en el ario 2007 con cáncer de mama a raíz de un tumor maligno presentado en dicha zona (fl. 260) y en ese mismo ario, fue incapacitada por un total de 180 días en razón a su patología (II.. 12), razón por la que además ingresó por urgencias los días 1 de mayo, 6 de junio y 13 de diciembre de 2007 (fls. 221, 229 y 258), ocasiones en las que fue hospitalizada por interregnos de tiempo entre 6 y 10 días (fls. 179, 236 y 257). [...] para los arios 2008, 2009 y 2010 continuó consultando de manera frecuente por urgencias relacionadas con astenia, adimia, hiporexia, malestar general y decaimiento, e incluso, sufrió alteraciones en la memoria por cefalea, todo lo anterior, calificado como síntomas producidos por su patología inicial, cáncer de mama, además fue sometida a múltiples exámenes, continuando con su tratamiento de quimioterapia y radioterapia (fl. 230 y ss). [...] que en el 2012, el cáncer de mama hizo metástasis en el cerebro (fls. 88 y 91) y la columna (fi. 54), por lo que el 4 de octubre de 2012, luego de 90 días de incapacidad, recibió concepto de rehabilitación desfavorable por su diagnóstico de cáncer de mama metastásico (fl. 22). [...] el 22 noviembre de 2012, la señora LINA MARIA falleció a causa de las múltiples lesiones metastásicas asociadas con edema perilesional en el cerebro.

Indicó que el demandante Gustavo Ortiz Navia, durante el interrogatorio, manifestó que en el ario 2007, Lina María Giraldo, inició su tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que (después le quitaron el seno, le hicieron una reconstrucción, siguió el tratamiento y los controles»; que para el ario 2009, [... ] tenía la prepagada (sic), la veían varios médicos [...] el último control lo tuvo en junio de 2010, le dijeron tómate estas pastillas y nos vemos a los 6 meses, a los 6 meses que llegó, que ya no estaba en ACE SEGUROS, le encuentran unos ganglios que venían de mucho antes, pero no le encontraban la metástasis que tenía en la columna, luego tuvo unos dolores de cabeza [...] de un momento a otro, desmayos y luego le encontraron el cáncer en el cerebro y ya no había nada que hacer, fue el último ario [...]. Dedujo que, contrario a lo alegado por la demandada, halló acreditado que Lina María Giraldo, al momento de la terminación de la relación laboral mediante la firma del acuerdo transaccional con la compañia accionada, 10

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Radicación n.° 90352 «experimentaba una disminución fisica relevante con ocasión del cáncer de mama que padecía, patología que la puso en un estado de discapacidad, toda vez que derivado de ello, sufrió molestias y fuertes dolores que incidieron en sus habilidades fisicas», y por tanto, estaba «suficientemente demostrado que sus condiciones de salud le impedían el desempeño regular de sus labores».

Precisó que con lo anterior, se desvirtuaban las afirmaciones de ACE Seguros S.A. hoy Chubb Seguros Colombia S.A., en el sentido de que desconocía la especial condición de salud de la señora Lina María Giraldo, en primer lugar, porque al contestar el hecho 3 de la demanda, indicó que para el ario 2007, se encontraba en tratamiento (f.°367); y, en segundo lugar, las incapacidades y hospitalizaciones de la trabajadora a raíz de su patología cancerígena en el ario 2007 y siguientes, no fueron pocas, « llegando a ser incluso de 180 días», razón por lo cual, resultaba ilógico que las largas ausencias laborales de la trabajadora y la patología que las generaban, no fueran de conocimiento del empleador; sin embargo, a pesar de ello, al momento de suscribir el acuerdo transaccional, no tuvo en cuenta las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se hallaba por su patología de cáncer de mama, que redujo de manera sustancial su capacidad fisica, que la hacía acreedora de la protección de estabilidad laboral reforzada, hecho cierto e indiscutible. En ese horizonte concluyó que, si bien la transacción no requería para su validez el aval de ninguna autoridad, siendo suficiente la expresión de voluntad consciente y libre

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Radicación n.° 90352 de apremios, esta no podía vulnerar derechos ciertos e indiscutibles del trabajador; invocó la sentencia de esta Corte, CSJ SL2503-2017, de la cual reprodujo los requisitos de validez allí reseñados y aseveró que en el presente caso, se

transaron derechos ciertos e indiscutibles y en consecuencia, dicho acto se tornaba ineficaz y desde esa arista, derivaba en el reintegro del trabajador, pero por imposibilidad física de su materialización, dado el fallecimiento de Lina María Giraldo, no existía impedimento para declarar la continuidad de la relación de trabajo al dejar sin efectos el acuerdo transaccional y el pago de las acreencias laborales causadas entre la data de terminación y la del deceso de la trabajadora. Señaló que no prosperaba excepción de prescripción propuesta, porque la obligación se hizo exigible para María Antonia y JOG, hijas de Lina María Giraldo, a partir de la fecha de su muerte, el 22 de noviembre de 2012 (f.°26); que Gustavo Adolfo Ortiz, en su representación, el 22 de octubre de 2013, presentó reclamación a la compañía enjuiciada (f.°399) y la demanda fue radicada el 15 diciembre de 2015 (f.°351 cuaderno 1), además de que ambas descendientes eran menores de edad, razón por la cual, se encontraba suspendido el término prescriptivo, conforme lo dispuesto en los artículos 2530, 2541 del Código Civil, 68 del Decreto 2820 de 1974 y la jurisprudencia de esta Corte, qCSJ 81,10641-2014» Así, revocó la sentencia de primer grado, para en su lugar impartir las condenas a favor de los actores y a cargo de la demandada.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el

Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la recurrente a la Corte, de manera principal, que «CASE» la sentencia impugnada y una vez constituida en Tribunal de instancia, confirme la absolutoria de primer grado. En subsidio, «CASE PARCIALMENTE» el fallo recurrido y en sede instancia, «confirme la absolución de primera instancia respecto del pago de la indemnización de 180 días de salario contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997».

Con tal propósito, formula cuatro cargos por la causal primera de casación, que fueron replicados oportunamente. Por cuestiones de método, la Sala estudiará inicialmente de manera conjunta los cargos segundo y tercero y luego los restantes, dada la similitud en la via y modalidad de ataque y normas denunciadas.

VI. CARGO SEGUNDO Acusa a la sentencia recurrida de violatoria por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del articulo 26 de la Ley 361 de 1997.

En sustento del mismo, señala que el Tribunal se equivocó en la valoración de las pruebas, por cuanto dedujo que al momento de la suscripción del acuerdo transaccional

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Radicación n.° 90352 que dio por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la trabajadora gozaba de una estabilidad laboral reforzada. Indica que el ad quern incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) se encontraba ejecutando con normalidad sus

labores y no padecía ningún tipo de alteración médica que le impidiera ejecutar su contrato de trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que para el momento de la terminación del contrato de trabajo y desde hace más de un ario, la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) no presentaba ningún tipo de incapacidad médico laboral. No dar por demostrado, estándolo, que para el ario 2010, fecha de la terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo, la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) no requirió ningún servicio médico. - No dar por demostrado, estándolo, que existió una confesión por apoderado en cuanto a que la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) cumplió a cabalidad todas sus obligaciones laborales hasta el momento de la terminación de su contrato de trabajo, lo que deviene en la inexistencia de restricciones o de imposibilidad de ejecutar el contrato de trabajo por asuntos de salud. - Dar por demostrado, sin estarlo, que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) contaba con una limitación de salud que la hacía acreedora de una estabilidad laboral reforzada. - Dar por demostrado, sin estarlo, que la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo atendió a la situación médica de la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) como un acto discriminatorio. - Dar por demostrado, sin estarlo, que, para la fecha de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la señora Lina María Giraldo

(q.e.p.d.) contaba con una discapacidad relevante. Anuncia que los mencionados errores se derivaron de la equivocada apreciación de: i) el «Documento con asunto 'Remisión a fondo de pensiones' emitido por la EPS Sanitas con fecha 4 de octubre de 2012» (f.°21); ii) el «Documento con 14

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Radicación n.° 90352 asunto 'Certificación de Utilización de Servicios', emitido por la EPS Sanitas con fecha 11 de octubre de 2012» (f.°23 y 24); y, iii) la historia clínica de la causante Lina María Giraldo Jiménez (f.°44 y ss). Y, por falta de valoración de confesión «la mediante apoderado - Hecho 5 de la demanda». Con invocación de la sentencia CSJ SL3144-2021, de la que transcribe varios segmentos, aduce que conforme el criterio sentado por la jurisprudencia de esta Corte, no cualquier situación médica del trabajador genera la condición de estabilidad laboral reforzada, por cuanto son aquellas situaciones de una discapacidad relevante, las que ameritan dicha protección. Arguye que el juez colegiado, realizó una valoración parcializada de las pruebas documentales relacionadas, debido a que coligió que la fallecida Lina María Giraldo, tenía una discapacidad que le generaba una estabilidad laboral reforzada, sin observar que si bien, se advertía la presencia de una situación médica, en ningún momento se estableció una pérdida de capacidad laboral, mucho menos superior al 15%. En respaldo de su disertación, expresa que la indebida

apreciación cobra mayor fuerza, si se analiza que del contenido del documento denominado «Remisión a fondo de pensiones», emitido por la EPS Sanitas con fecha 4 de octubre de 2012, se desprende que existió una incapacidad prolongada que superó los 180 días, lo que nunca se desconoció. Sin embargo, el Tribunal no observó que en él

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Radicación n.° 90352 «se indica con absoluta claridad y contundencia, que tal periodo de incapacidad ocurrió en el año 2017( sic) y no más allá de dicho año», es decir, 3 arios antes de la terminación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes. Asegura que de esta prueba documental, no se puede inferir que la ex trabajadora contaba con una discapacidad relevante para el mes de octubre de 2010, pues incluso, durante ese ario, no se presentó ningún tipo de incapacidad médica y prestó sus servicios laborales con normalidad y sin restricción o impedimento alguno. Sobre la «Certificación de Utilización de Servicios», calendada el 11 de octubre de 2012, allegada por los demandantes (f.°23 y 24) emitida por la EPS Sanitas mediante la cual relacionó pormenorizadamente las fechas y servicios prestados a la ex trabajadora durante los arios 2007 y 2012, señaló que llevó al juzgador plural a colegir de ella, la información que le generaba una estabilidad laboral a la trabajadora y la hacía incapaz para suscribir un contrato de transacción para terminar el contrato laboral por acuerdo con su empleador. Empero que el Tribunal inadvirtió en su criticada

valoración, que dicha certificación «demuestra con claridad que para el año 2010 no existió ningún tipo de prestación de servicios médicos», situación que prueba que para la fecha de terminación del contrato, no solo la ausencia de pérdida de capacidad laboral superior al 15%, sino que la trabajadora se encontraba en buen estado de salud, lo que le permitía 16

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Radicación n.° 90352 ejecutar las actividades laborales sin ningún tipo de inconvenientes, circunstancia confesada por el apoderado de las demandantes en los términos del artículo 193 del CGP, pues en el hecho 5 de su demanda, afirmó que Lina María Giraldo «trabajó y cumplió a cabalidad con sus funciones y obligadot ies laborales hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo». (Subrayas fuera del texto original). Con lo expuesto, insiste en que la situación de salud de la ex trabajadora nunca la alejó del normal ejercicio de sus actividades laborales, lo que aunado a las certificaciones que demuestran que en el ario 2010 no existió ningún tipo de atención médica, conduce a concluir la inexistencia de una discapacidad relevante para la fecha de terminación del contrato de trabajo, prueba de confesión no apreciada por el Tribunal, lo cual, aunado a la indebida apreciación de los documentos denunciados, derivó en el «craso error» de aplicación indebida de la norma. Sostiene que, sobre la estabilidad laboral reforzada, la sentencia CC C-049 de 2017, indica que esta condición recae exclusivamente sobre quien presenta una afectación en su

salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, lo que no se demostró en el presente trámite procesal. En cuanto a la historia clínica de Lina María Giraldo (f.°44 y ss), afirma que fue observada por el ad quem, de «manera genérica y vaga», dedujo la existencia de una situación de salud que determinaba una supuesta

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Radicación n.° 90352 estabilidad laboral reforzada, pero su indebida apreciación lo llevó a «pasar por alto» que ninguno de los documentos refleja una pérdida de capacidad laboral que determinara una situación de discapacidad relevante para el momento de la terminación del contrato de trabajo y tampoco de una situación de salud que limitara el normal ejercicio de las actividades de la ex trabajadora. Por último, dice que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto de haber analizado correctamente el acervo probatorio, habría concluido que para el momento de la terminación del contrato de trabajo, Lina María Giraldo no contaba con alguna incapacidad, restricción o recomendación médica y ni siquiera recibió atención médica en dicho ario, lo que suponía que para el momento de su finalización, no existía una estabilidad laboral reforzada; en virtud de ello, solicita a la Corte casar la sentencia cuestionada y confirmar la absolutoria de primer grado. VU. CARGO TERCERO Denuncia la sentencia impugnada por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del «artículo 15 del

Código Sustantivo del Trabajo y de los artículos 2469, 2470, 2476, 2483 y 2484 del Código Civil, en relación con los artículos 1508, a 1516 del Código Civil». En desarrollo de la acusación, afirma que la errada valoración de las pruebas condujo al sentenciador plural a

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Radicación n.° 90352 desconocer la inexistencia de vicios en el consentimiento que determinaran la ilegalidad del acuerdo de transacción celebrado, mediante el cual se dio por terminado el contrato de trabajo. Señala que el ad quem incurrió en la comisión de los siguientes errores de hecho manifiestos: - No dar por demostrado, estándolo, que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) no existió ningún tipo de vicio en el consentimiento, ni por error, ni por fuerza, ni por dolo. - No dar por demostrado, estándolo, que, para el momento de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la señora Lina María Giraldo (q.e.p.d.) contaba con plenas facultades fí