CSJ - SL951-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL951-2023 Radicación n.° 94458 Acta 14 Bogotá, D. C., tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación presentado por DIMANTEC LTDA., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de agosto de 2021 dentro del proceso ordinario laboral adelantado por la empresa recurrente contra el SINDICATO NACIONAL DE

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA,

METALÚRGICA, SIDERÚRGICA, ELECTROMETÁLICA,

FERROVIARIA, COMERCIALIZADORAS,

TRANSPORTADORAS, AFINES Y SIMILARES DEL

SECTOR, SINTRAIME-.

I. ANTECEDENTES La sociedad Dimantec Ltda. promovió demanda ordinaria laboral para que se declare que la huelga ilegal

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Radicación n.° 94458 adelantada por el sindicato accionado entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2013 causó perjuicios ciertos y comprobados a las empresas Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda. y que, por virtud de la fusión de estas dos sociedades, es la demandante quien representa los intereses de esta última. En virtud de lo anterior, solicita que con fundamento en los artículos 378, 379 y 380 del CST y 2341 y ss del CC, se condene a la organización sindical demandada a reparar plenamente los perjuicios materiales por daño emergente y

lucro cesante, daño en el buen nombre y en vida de relación, así como perjuicios morales. Para sustentar sus pretensiones, manifestó que entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2013, Sintraime adelantó un cese de actividades en las empresas Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda.; para ello, el «8» de marzo de 2013 el sindicato notificó a la sociedad demandante su decisión de iniciar una huelga y cese ilegal de actividades. Frente a lo anterior, las empresas mencionadas adelantaron unos procesos laborales para obtener la declaratoria de ilegalidad de dicha huelga: en primera instancia el Tribunal de Barranquilla negó tal petición, pero al resolver los recursos de apelación, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencias CSJ SL4691-2014 y CSJ SL 2953-2014, accedió a sus pretensiones. Aseguró que, en razón a la actuación ilegal del sindicato, a las empresas Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda. no les fue posible operar ni desarrollar su objeto social entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2013, los trabajadores no

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Radicación n.° 94458 sindicalizados no pudieron laborar y no se causaron salarios en su favor. Lo anterior impidió cumplir los compromisos contractuales adquiridos con los clientes y la realización de actividades promocionales para generar nuevas ventas de servicios. Lo anterior causó graves perjuicios para las empresas, por cuanto no pudieron desarrollar los contratos a los que estaban obligadas, se generó una mala imagen en el mercado y frente a sus trabajadores, así como un deterioro

de las relaciones con los clientes. Afirmó que también se afectó la capacidad para generar nuevos negocios, la facturación de las empresas, los procesos financieros y fiscales, el mantenimiento de equipos y la posibilidad de mantener el talento en la organización. Además, para defender sus intereses, «la empresa» tuvo que incurrir en costos no previstos, como honorarios de abogados y la atención en los procesos y tuvo que asumir el pago de los aportes a seguridad social integral, aun sin recibir la prestación personal del servicio. Todas estas circunstancias evidencian los graves perjuicios generados por la huelga ilegal adelantada por Sintraime, organización que no tuvo en cuenta el marco legal en que debía obrar, ni las afectaciones que generaba su comportamiento para la «empresa», los trabajadores y la economía de la región. Sintraime fue representado en el proceso a través de curador ad litem, quien dio contestación a la demanda. Frente a las pretensiones manifestó «me opongo, me atengo a lo que se pruebe», «que se prueben los perjuicios» y «que se pruebe la fusión empresarial»; en relación con los hechos

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Radicación n.° 94458 señaló que no le constaban y que se estaba a lo que se acreditara en juicio. Como argumento de defensa indicó que se debían demostrar todos los hechos que fundamentan las pretensiones de la parte actora y que en caso de duda debía acudirse al principio in dubio pro operario en favor de la organización sindical accionada. Formuló las excepciones denominadas falta de

legitimación en la causa por activa, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe de la demandada, inexistencia de la obligación a cargo de la demandada de cancelar obligación alguna, mala fe de la demandante, enriquecimiento sin causa y prescripción. La sociedad demandante presentó reforma a la demanda inicial para adicionar como pruebas, el dictamen pericial elaborado por la «firma KPMG» sobre los perjuicios generados a la empresa Trateccol Ltda., así como otros documentos y testimonios. La parte accionada no se pronunció frente a esta reforma, como se señaló en auto del 21 de marzo de 2018 (folio 360).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia dictada el 23 de enero de 2020, resolvió: PRIMERO: CONDENAR a la demandada SINTRAIME al pago a favor de la demandante DIMANTEC LTDA., quien se fusionó con

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Radicación n.° 94458 TRATECCOL LTDA., de la suma de $3.756.855.407 correspondiente a los perjuicios materiales por lucro cesante pasado, que se generaron a la empresa demandante debido a la huelga promovida por la demandada entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2013.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada SINTRAIME de las demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante.

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta y se releva del estudio de los demás medios exceptivos conforme a las resultas del proceso.

CUARTO: sin costas en esta instancia.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá conoció los recursos formulados por las dos partes y mediante sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 revocó la decisión de primer grado y en su lugar, absolvió al accionado de todas las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Estableció como problema jurídico determinar si la sociedad actora tiene derecho al pago de la indemnización por lucro cesante, daño emergente e indexación de las condenas, «conforme los requisitos sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico para ello». Indicó que no existía controversia frente a los siguientes hechos: i) mediante sentencia CSJ SL4691-2014 la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el cese de actividades de Sintraime en la empresa Trateccol Ltda., ocurrido entre el 14 de marzo y el 3 de abril de 2013 en los proyectos mineros el

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Radicación n.° 94458 Descanso, Pribbenow, Calenturitas y la Jagua (folios 66 a 112 y 159 a 164); ii) a través de sentencia CSJ SL2953-2014 esta misma corporación declaró ilegal el cese de actividades de Sintraime en la empresa Dimantec Ltda. realizado del 14 de marzo al 3 de abril de 2013 (folios 113 a 158 y 165 a 69) y iii) Dimantec Ltda. absorbió por fusión a Trateccol Ltda. según escritura pública del 22 de noviembre de 2013 (folio 28). Resaltó que la procedencia de la indemnización de

perjuicios por responsabilidad contractual exige: i) la existencia de una relación jurídica entre el reclamante y la persona de quien se predica el incumplimiento de una obligación; ii) el comportamiento doloso o culposo del agente dañoso que conllevó la omisión, mora o incumplimiento defectuoso de la obligación derivada de la relación jurídica existente; iii) un daño generado por la conducta de la parte que incumple el deber contractual, el cual debe ser cierto, determinable y cuantificable, y que no deba ser soportado jurídicamente por el afectado. Aclaró que en materia laboral no se ha definido de manera autónoma, la noción de responsabilidad, por lo que debía acudir al régimen civil para determinar sus elementos y alcance. Señaló que el numeral 4 del artículo 450 del CST prevé que las sanciones contempladas en esta norma para los casos de suspensión colectiva del trabajo ilegal no excluyen la acción del empleador contra los responsables en aras de obtener la indemnización de los perjuicios causados. Explicó que esta disposición contiene un evento de

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Radicación n.° 94458 «responsabilidad contractual», pues el derecho a la huelga se deriva de la existencia de un contrato de trabajo, el cual les impone a las partes la garantía y desarrollo del derecho de asociación y negociación colectiva siguiendo los plazos, trámites y condiciones establecidas para ello en las leyes laborales. Por tanto, adujo que todo incumplimiento de las obligaciones contempladas por el derecho laboral colectivo, que genere un daño, conlleva responsabilidad del agente

dañoso frente al afectado, siempre que se cumplan los presupuestos de la «responsabilidad civil extracontractual». Recordó que la parte demandada había controvertido la condena indemnizatoria por lucro cesante, con fundamento en que los dictámenes periciales no tuvieron en cuenta que el servicio disminuyó pero que la operación nunca cesó, y tampoco consideraron otros factores como el mercado, para explicar la reducción de la facturación de las empresas durante el cese ilegal de actividades. El Tribunal resaltó que esta circunstancia afectó gravemente las actividades comerciales de la demandada, tanto en las sedes administrativas como en los talleres ubicados en Soledad (Atlántico) y en los proyectos mineros donde prestaban servicios de mantenimiento de maquinaria pesada minera. Refirió que todos los testigos solicitados por la parte actora, señores Dorian Barraza Durán, Bruno Campanela Díaz, Heyke Antonio Domínguez Mendoza, Danilo López Salcedo, Ayleen Morales Osorio, Gladys Rubio Forero,

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Radicación n.° 94458 Eduardo Santiago Araújo Solórzano, Suzy Mariene Araújo Duarez, José David Romero Meza, Milena Díaz Miranda y Juan Carlos Hernández Díaz, habían señalado de forma consistente, espontánea y congruente, que el cese ilegal de actividades promovido por Sintraime generó dificultades para el ingreso del personal a los proyectos mineros, a los talleres y a la sede administrativa; imposibilitó la salida de los trabajadores que se encontraban al interior de estos lugares

de trabajo, lo que implicó que las empresas debieran asumir costos para la logística de suministro de camarotes, colchones, ropa, elementos de aseo, comida, agua, para las personas atrapadas, así como traslados vía aérea para evacuar al personal y procurar víveres, pues el sindicato había bloqueado las vías terrestres. El colegiado estimó que estas circunstancias también fueron descritas en las sentencias mediante las cuales la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad del cese de actividades, y permitían acreditar que la organización sindical, de manera consciente y coordinada, omitió cumplir los parámetros legales y jurisprudenciales que regulan el derecho legítimo a la huelga, dando lugar al sistemático incumplimiento de las obligaciones contractuales laborales por parte de los trabajadores sindicalizados y la imposibilidad de prestar los servicios por el personal que así lo pretendía. Consideró que esta situación causó un daño económico a Dimantec Ltda. y a Trateccol Ltda., pues todos los testigos informaron que la facturación de estas sociedades se basaba

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Radicación n.° 94458 en el número de horas trabajadas por el personal, y durante el cese de actividades, tan solo del 30% al 40% de los trabajadores pudieron ingresar a los proyectos y prestar sus servicios, pero sin lograr cumplir las tareas asignadas por los clientes, pese al sobreesfuerzo laboral realizado. Según los declarantes, esto generó una disminución ostensible de la facturación, pérdida de la reputación y credibilidad de las

empresas, con el ingreso de compañías competidoras a los proyectos, por lo que las mencionadas empresas dejaron de ser las únicas proveedoras de mantenimiento de maquinaria. Sostuvo que, aunque no había duda de la existencia del daño económico generado, debía revocar la condena impuesta en primer grado, por cuanto la parte accionante no demostró uno de los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad y, por ende, la indemnización, esto es, la determinación y cuantificación del daño antijurídico soportado. Dijo que las pruebas documentales y testimoniales no precisaban ni cuantificaban el monto del perjuicio causado, pues tan solo demostraban el daño cierto, pero no su valoración económica. Ahora, los dictámenes periciales (folios 41 a 61 y 280 a 316) indicaban que Trateccol Ltda. sufrió una disminución de la facturación del -16,74% equivalente a $969.000.000 y Dimantec Ltda., del -23,55% en marzo de 2013 ($1.436.116.264) y de -22.16% en abril de 2013 ($1.350.974.234); también se concluyó que los gastos extraordinarios de la primera empresa fueron de

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Radicación n.° 94458 $387.505.859 y de la segunda, $244.122.930 (folios 48, 53, 296, 299). Sin embargo, el Tribunal precisó que esta cuantificación de los daños hecha «en los informes» no estaba soportada en sus anexos, por lo que se debía concluir que sus resultados

no fueron debidamente respaldados probatoriamente. Aclaró que el primer dictamen señalaba en su índice que del Anexo V al IX obraban los listados de centros de costos y proyectos, relación de facturación de enero de 2013 a julio de 2013 y de conceptos facturados como misceláneos, procedimientos efectuados para calcular las horas de servicio y el informe de horas de personal asignado a cada proyecto (folio 42), y se aclaraba que estaban insertos en un disco compacto (CD) adjunto al dictamen; empero, que al revisar dicho CD, constató que los «anexos anunciados» tan solo correspondían a correos electrónicos en 9 folios, relativos al cruce de mensajes entre la firma que presentó el concepto (KPMG) y la empresa Dimantec Ltda. Así, resaltó que ninguno de los correos sustentaba los costos relacionados en el informe ni mostraba las facturas de los gastos extraordinarios como las cobradas por horas hombre mensuales, ni ninguno de los otros datos que supuestamente estaban contenidos en los anexos del reporte según lo indicado en su índice (CD folio 317, folios 20 a 28 archivo «informe_Dimantec_Tratecol_v2firmado».)

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Radicación n.° 94458 Dijo que esta misma omisión se presentaba en el segundo dictamen pericial (folios 289 a 315), pues, aunque en su índice se advertía que en los anexos V al VII allegados en CD, se consignaban los gastos extraordinarios relacionados con la huelga, la relación de facturación de

enero a julio de 2013, el informe de horas del personal asignado a cada proyecto (folios 290), lo cierto era que el CD anunciado a folio 306, no fue aportado al proceso. Aclaró que el documento anexo al dictamen correspondía a una copia impresa de correos electrónicos enviados entre la firma autora del informe (KPMG) y la demandante, sin que en ellos obraran los documentos enunciados en el índice de esta segunda experticia. Así las cosas, pese a que en ambas pruebas periciales se adujo que los soportes de los resultados obtenidos se encontraban en los documentos anexos, lo cierto era que en estos únicamente obraban los mensajes entre los peritos y Dimantec Ltda., pero sin incluir una sola prueba que respaldara las conclusiones presentadas. Consideró que en razón a que las conclusiones de los dictámenes no estaban soportadas, como lo dispone el numeral 10 del artículo 226 del CGP, debía concluir que el daño, pese a ser cierto, no fue debidamente cuantificado ni determinado por la parte actora, por lo que no accedería a sus pretensiones indemnizatorias. En ese orden, adujo que le asistía razón al sindicato demandado en su apelación, en cuanto ahí cuestionó que los dictámenes periciales tenían

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Radicación n.° 94458 errores en la determinación de los rubros y que no demostraba que las cifras fijadas por los peritos fuesen resultado del cese de actividades, pues reiteró que no se allegó ninguna prueba que reflejara las conclusiones del

dictamen. De esa manera dijo que era innecesario abordar los reparos del recurso de apelación de la actora, dado que partían de que se mantuviese la responsabilidad impuesta a Sintraidime, lo que era improcedente.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la empresa demandante Dimantec Ltda., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte recurrente pretende que esta corporación case la decisión impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer grado en cuanto absolvió de la indexación de las condenas y la confirme en todo lo demás.

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, el cual no es replicado.

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VI. CARGO ÚNICO Acusa la decisión de segundo grado por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 51, 66 A y 145 del CPTSS, 57 de la Ley 2 de 1984, 226 a 228, 320 y 328 del CGP; violación de normas adjetivas que fue el medio de quebranto de los artículos 378, 379, 380 y 450 del CST, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 y 2341 del CC, 19 del CST y 16 de la Ley 446 de 1998.

Indica que el colegiado incurrió en los siguientes errores fácticos:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la legalidad de los

dictámenes periciales presentados por la demandante formó parte del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado contra el fallo de primera instancia.

2. No dar por demostrado, estándolo, que en la sustentación del recurso de apelación el apoderado del demandado no puso en duda la validez y legalidad de los dictámenes periciales aportados por la demandante.

3. No dar por probado, aunque lo está, que al contestar la demanda inicial el apoderado de la parte demandada expresó no tener reparos al dictamen aportado por la actora para probar los perjuicios ocasionados a la demandante Dimatec

Ltda.

4. No tener por probado, aunque lo está, que la parte demandada no se pronunció sobre la adición a la demanda, en la cual se incluyó el dictamen pericial para demostrar los perjuicios ocasionados a Trateccol Ltda.

5. No tener por acreditado, pese a que lo está suficientemente, que al decretarse como pruebas los dictámenes de folios 41 – 54 y 289 a 305, la parte demandada no se pronunció sobre su validez, ni sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 226 del CGP.

6. No tener por probado, a pesar de que lo está, que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia en

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Radicación n.° 94458 la que se le puso en conocimiento los dictámenes periciales presentados por la demandante, la parte llamada a juicio no los contradijo.

7. No dar por demostrado, aunque lo está, que las demandantes

(sic) sufrieron perjuicios económicos materiales por lucro cesante por la suma de $3.756.855.407. Señala que los anteriores errores se derivaron de la equivocada valoración de las siguientes pruebas y piezas procesales:

1. Sustentación del recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de primer grado.

2. Demanda y contestación de la demanda (folios 1 a 26 y 273 a

276).

3. Reforma a la demanda (folios 277 y 278)

4. Documentos de folios 307 a 315.

5. Dictamen pericial -concepto técnico de analista independiente, del 1 de diciembre de 2015 (folios 41 a 61)

6. Dictamen pericial – concepto técnico de analista independiente del 21 de junio de 2016 (folios 289 a 306.

Igualmente, por la falta de apreciación de las siguientes piezas procesales:

1. Audiencia de decreto de pruebas celebrada en primera instancia (folios 405 y 406).

2. Reforma a la demanda inicial (folios 277 y 278)

3. Auto del 21 de marzo de 2018 proferido por el Juzgado 8

Laboral del Circuito de Bogotá (folio 360). Aclara que tan solo denuncia las pruebas que considera mal valoradas, pues las demás fueron apreciadas correctamente o no inciden en los hechos materia de debate.

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Radicación n.° 94458 Considera que las conclusiones del Tribunal no fueron acertadas, como quiera que la ilegalidad de los dictámenes por la supuesta falta de sus anexos no hizo parte de los

argumentos expuestos por el Sindicato demandado al sustentar el recurso de alzada. Además, esta presunta omisión no fue advertida en las instancias procesales pertinentes, por el contrario, no existió objeción formal alguna sobre la validez de los dictámenes, tal como lo dio por probado la a quo. Insiste en que las pruebas y piezas denunciadas evidencian que ni el requisito previsto en el numeral 10 del artículo 226 del CGP ni la legalidad de los dos dictámenes periciales aportados por la parte actora, fueron debatidas en el recurso de apelación y tampoco se ventilaron en el trámite procesal, razón por la cual, estos temas no podían ser abordados por el colegiado. Explica que en la sustentación del recurso de apelación de la parte demandada no se advierte mención alguna a la validez de los dictámenes ni a la insuficiencia en los documentos allegados como soporte de ellos. Tan solo se discute que no reflejaban el impacto que pudieron tener en el mercado las pérdidas económicas de Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda., lo que no significa que los peritajes carecieran de validez, como equivocadamente lo entendió el Tribunal. Resalta que la apelación no se refirió a la falta de soporte documental ni a la falta de validez como prueba de

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Radicación n.° 94458 estos dictámenes, por tanto, no había ningún motivo para que el colegiado se pronunciara sobre esta cuestión no controvertida en segunda instancia. Recuerda que en virtud

del principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS en armonía con el artículo 320 del CGP, la competencia del Tribunal se limita a los específicos puntos sometidos a su consideración a través del recurso de alzada, sin que sea posible extenderla a asuntos no debatidos, para lo cual cita algunos apartes del proveído CSJ AL1364-2022. Destaca que la postura de la parte demandada al impugnar la decisión de primer grado coincide con la adoptada durante el trámite del proceso frente a los dictámenes periciales denunciados. Esto, dado que su legalidad o la falta de cumplimiento de requisitos para ser tenidos en cuenta como prueba nunca fueron puestos de presente por la pasiva. Asegura que el juez plural no advirtió que, al pronunciarse frente a las pruebas aportadas por la parte actora, el sindicato accionado manifestó expresamente no tener objeción alguna sobre el dictamen allegado a folios 41 a 61 y elaborado por la firma KPMG, pues, al referirse a esta prueba, identificada con el número 1.3. el demandado adujo: «sin reparos». Además, con la reforma a la demanda se presentó otro dictamen pericial para acreditar los perjuicios sufridos por la empresa Trateccol Ltda., sin que la parte accionada se hubiese pronunciado al respecto, y así se indicó en auto del

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Radicación n.° 94458 21 de marzo de 2018. De ello se colige que no existió ninguna glosa a la experticia aportada y no se cuestionó su validez como medio de prueba por falta de requisitos legales.

Menciona que el Tribunal no advirtió que la parte pasiva estuvo conforme con la decisión del juez de primer grado de decretar como prueba los aludidos dictámenes, pues guardó silencio y no se opuso a que fuesen incorporados como tales (folios 405 y 406). En esa medida, insiste, la legalidad e «idoneidad probatoria» de esos medios probatorios allegados por la parte actora no fueron discutidas en el proceso, nada se dijo sobre la supuesta falta de los documentos que los soportaran, aspectos que tampoco fueron materia de la alzada, por el contrario, allí se partió de la legalidad de estas pruebas. Siendo ello así, el ad quem no tenía competencia para pronunciarse sobre tal asunto no incluido dentro de los temas que se le solicitó revisar, lo que implica una transgresión al artículo 66A del CPTSS. Además de lo expuesto, la recurrente asegura que la deficiencia referida por el colegiado no existió, toda vez que a folios 307 a 315 obran los correos electrónicos que fueron relacionados en el dictamen pericial del 1 de diciembre de 2015 (folios 41 a 61) y a los que se hace alusión en los anexos V a IX, mencionados como fuente de la información analizada para la elaboración de la experticia. Frente a los documentos que comprende cada anexo se relacionó a folios 60 y 61, lo siguiente:

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Anexo v: Listado de costos y proyectos. Ver correo con listado de centros de costos y proyectos en CD adjunto a este concepto técnico.

Anexo vi: Relación de facturación de enero a julio de 2013. Ver

correo con la relación de facturación de enero a julio de 2013 en CD adjunto a este concepto técnico.

Anexo vii: Relación de conceptos facturados como misceláneos.

Ver correo con la relación de conceptos considerados como misceláneos por Dimantec en CD adjunto a este concepto técnico.

Anexo viii: Procedimientos efectuados para calcular las horas de servicio. Ver correo con la indicación de los procedimientos efectuados por Dimantec en el año 2013 para cada proyecto en CD adjunto a este concepto técnico.

Anexo ix: Informe de horas del personal asignado a cada proyecto. Ver correo con archivo de horas del personal asignado a cada proyecto en condiciones normales durante 2013 en CD adjunto a este concepto técnico.

De lo anterior concluye que es posible analizar el dictamen pericial por encontrarse error en la valoración de la prueba calificada; que sí cuenta con los documentos que sirvieron de soporte para su elaboración, por lo que cumple las exigencias del numeral 10 del artículo 226 del CGP. Por tanto, este medio de prueba ha debido tenerse en cuenta para acreditar que a las sociedades mencionadas se les causó perjuicios por la huelga ilegal promovida y adelantada por la organización sindical demandada.

VII. CONSIDERACIONES De manera preliminar se aclara que en el presente asunto no fue objeto de cuestionamiento la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de esta controversia, y en todo caso, se resalta que esta corporación

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Radicación n.° 94458 ya ha conocido conflictos entre un empleador y un sindicato,

relativos a la indemnización de perjuicios derivados de actuaciones relacionadas con el ejercicio de derechos laborales colectivos, tal como ocurrió en decisión CSJ SL3597-2020. Precisado lo anterior, se recuerda que el colegiado concluyó que, aunque se podía establecer la existencia de un daño económico a la sociedad demandante derivado del cese ilegal de actividades llevado a cabo por la organización sindical demandada, no estaba acreditada la «determinación y cuantificación» de dicho perjuicio, lo que impedía acceder a las pretensiones de la accionante. Explicó que los dictámenes periciales allegados al proceso no evidenciaban este hecho, toda vez que no se aportó prueba alguna que respaldara sus conclusiones o resultados. Así, señaló que las determinaciones de los peritos en cuanto a los gastos extraordinarios, pérdida de facturación, horas hombre mensuales, entre otras, no estaban sustentadas y, que datos como la relación de listados de centros de costo y proyectos, la facturación de enero a julio de 2013, los conceptos facturados como misceláneos, los procedimientos para calcular las horas de servicio y el informe de horas de personal asignado a cada proyecto, a los que se aludía en estos dictámenes, no se habían anexado. La censura estima que esta consideración del colegiado desbordó su competencia en los términos del artículo 66A del CTPSS, puesto que de las pruebas y piezas probatorias

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Radicación n.° 94458 denunciadas se aprecia que la legalidad, validez e idoneidad

probatoria de los dictámenes periciales denunciados no fue cuestionada por la accionada en la alzada ni discutida en el trámite del proceso. En todo caso, señala que la deficiencia advertida por el ad quem no existe, pues, los dictámenes periciales sí cuentan con los soportes documentales que echó de menos el Tribunal. Bajo el anterior planteamiento, le corresponde a la Sala determinar si el juez de la alzada transgredió la competencia fijada por el artículo 66A del CTPSS, al pronunciarse frente a los dictámenes periciales y descartar que estos demostraran la cuantificación del daño alegado por la parte actora, debido a la ausencia de soporte probatorio de sus conclusiones. Para ello, se pasa a estudiar los medios de prueba y piezas procesales denunciados.

1. Recurso de apelación de la parte demandada: El sindicato demandado Sintraime, a través de curador ad litem, sustentó la apelación contra la sentencia de primer grado. En su cuestionamiento a los dictámenes periciales que sirvieron de fundamento para establecer el lucro cesante pasado, por el cual fue condenado, expuso: que estas pruebas presentaban errores en cuanto a: i) la determinación de los rubros en que ordinariamente debía incurrir la demandante para el desarrollo de su actividad; ii) no tener en cuenta que, en curso de la huelga, la labor de las empresas Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda. se pudo ver reducida pero no se dejó de ejecutar y; que iii) tampoco se consideraron

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factores externos como el mercado, que incidieron en el tema particular de la facturación de las referidas sociedades. De esas precisas temáticas, la Sala no advierte que el colegiado hubiese desbordado la competencia otorgada por el artículo 66A del CPTSS, por el contrario, siendo que la materia objeto de cuestionamiento en la apelación de la demandada fue la capacidad probatoria de los dictámenes periciales frente a la determinación de los rubros en que las empresas Dimantec Ltda. y Trateccol Ltda. incurrieron en el desarroll