CSJ - SL958-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL958-2023 Radicación n.° 93636 Acta 12 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por SONIA BENJUMEA SARRIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020), en el proceso que instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP.

Téngase a la firma Viteri Abogados SAS, representada legalmente por Omar Andrés Viteri Duarte, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los términos y para los efectos del mandato conferido, obrante en el cuaderno digital de la Corte.

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Radicación n.° 93636 A su vez se reconoce personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, como apoderado judicial de la UGPP, para los fines otorgados en aquel mandato.

I. ANTECEDENTES Sonia Benjumea Sarria llamó a juicio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social “UGPP” con el fin de que fuese condenada al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir del 21 de agosto de 2017,

junto con las mesadas ordinarias y adicionales e intereses moratorios. En subsidio, pidió la indexación. Fundó sus peticiones, básicamente, en que la Empresa Puertos de Colombia, por Resolución n.º 907 de 1991, reconoció al señor Alfredo Ramírez Pinzón una pensión de jubilación, en cuantía de $307.134.02, con efectividad desde el 1º de diciembre de 1990; que su compañero permanente falleció el 21 de agosto de 2017 con quien convivió en forma continua y permanente desde el 2 de agosto de 2006 hasta la data de su deceso; que reclamó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la demandada, pero la negó con el argumento de que para la fecha de la muerte del pensionado ella residía transitoriamente en la ciudad de Cali por cuestiones laborales. Dijo, que a pesar de que intentó trabajar en la ciudad de Cartagena a distancia, debido a su profesión de diseñadora de confecciones a partir de marzo de 2012 fue

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Radicación n.° 93636 indispensable para su contratante que estuviera laborando en forma presencial desde la ciudad de Cali, aspecto que no entendió la accionada; que ante la difícil situación económica por la que estaba pasando junto con su pareja y ante las deudas bancarias hicieron que se trasladara a trabajar a dicha ciudad, previa acuerdo con su compañero quien debido a su estado de salud y por conservación de los bienes, este prefirió seguir viviendo en Cartagena. Arguyó, que la relación de pareja con el fallecido, el

ánimo de convivencia, ayuda mutua, lazos afectivos, solidaridad y sostenimiento económico siguieron incólumes durante todo el tiempo en que estuvo viviendo en Cali; que el pensionado la tuvo afiliada a los servicios de salud de la Empresa Puertos de Colombia; que cuando gozaba de vacaciones, licencias o permisos viajaba a Cartagena; que en el tiempo que vivió en Cali se comunicaba a diario con su compañero permanente para estar pendiente de su salud y de sus condiciones generales de bienestar. Refirió, que con Resolución n.º RDO 045716 de 2017, la UGPP dio respuesta negativa a su petición de sustitución, decisión que fue confirmada por el Acto n.º RDP 001892 de 2018, al desatar la reposición y a través de la Determinación n.º RDP 004127 de 2018 al resolver el de apelación, quedando agotada la reclamación administrativa (f.º 3 a 13 demanda inicial y f.º 76 a 78, del escrito de subsanación del cuaderno del juzgado).

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Radicación n.° 93636 La demandada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la condición de pensionado del causante de Puertos de Colombia, la cuantía inicial de su mesada pensional, la data de su deceso, la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, el argumento por el cual se negó, la expedición de las resoluciones por las cuales se zanjó la petición y se resolvieron los recursos de reposición y apelación. Sobre los restantes señaló que no le

constaban. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia del derecho a la pensión, cobro de lo no debido; buena fe para efecto de costas, improcedencia de indexar, exoneración de intereses moratorios, prescripción y la innominada (f.º 84 a 94, y f.º 135 a 139, del escrito de subsanación, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 19 de noviembre de 2019 (f.º 154 a 155, en relación al acta y f.º 159 en lo que respecta al CD, del cuaderno del

Juzgado), dispuso: PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP., a reconocer y pagar en forma vitalicia a la señora SONIA BENJUMEA, de condiciones civiles conocidas dentro del proceso,

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Radicación n.° 93636 pensión de sobrevivientes, en modalidad de sustitución pensional en calidad de compañera supérstite del señor ALFREDO RAMÍREZ PINZÓN en cuantía equivalente al 100 % de la mesada pensional que estaba devengado éste a la fecha de su muerte, a razón de 14 mesadas por año. La cuantía de la

obligación con corte a 31 de octubre del año 2019 asciende a la suma de $ 156.885.197,55.

TERCERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, a reconocer y pagar a la señora SONIA BENJUMEA de condiciones conocidas dentro del proceso, indexación sobre la totalidad de las mesadas pensionales desde la fecha en que se hace exigible cada mesada y hasta que se efectúe el pago de la obligación.

CUARTO: ABSOLVER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP de las demás pretensiones que en su contra haya formulado la señora

SONIA BENJUMEA.

QUINTO: COSTAS a cargo de la UGPP y a favor de la demandante, tasándose como agencias en derecho la suma de

$10.000.000.

SEXTO: AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP a descontar del monto del retroactivo generado por mesadas pensionales ordinarias, el monto de los aportes a la seguridad social y remitirlos de manera directa a la EPS a la que esté afiliada la accionante.

SÉPTIMO: La presente sentencia, debe CONSULTARSE en favor de la UGPP.

OCTAVO: INFORMAR al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la remisión del presente expediente al Superior Jerárquico. (Mayúsculas y resaltado en el

texto).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por decisión del 30 de

octubre de 2020, resolvió:

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1. REVOCAR la sentencia apelada y en consecuencia se DECLARAN PROBADAS las excepciones propuestas por la UGPP, ABSOLVIÉNDOLA de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. COSTAS en primera instancia a cargo de la demandante a favor de la demandada, para lo cual deben fijarse las agencias en el momento procesal oportuno (f.º 14 a 16, del cuaderno del

Tribunal). El ad quem precisó que en este asunto se estaba ante el deceso de un pensionado por vejez, acaecido el 21 de agosto de 2017, siendo la reclamante, quien afirma ser la compañera permanente del fallecido hasta el deceso. Advirtió, que conforme a la apelación de la demandada la actora no logró acreditar la convivencia con el pensionado fallecido dentro de los cinco años anteriores a su deceso, como lo exige el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Acorde con lo anterior, examinó el testimonio de la señora Bertha Cruz Ortega, del que adujo que no se lograba extraer con claridad y sin lugar a dudas, que entre la demandante y el causante existiera una convivencia como

pareja, puesto que durante el tiempo que dijo conocer a la actora en el año de 2006 hasta la fecha de la muerte del causante, afirmó haberlo visto en dos oportunidades, una de ellas en la casa de la accionante y la otra en el centro de Cali, siendo la mayor parte de la residencia del fallecido la ciudad de Cartagena; que la testigo indicó que no viajó a esa capital, por lo que no podía dar fe que en esa ciudad también se

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Radicación n.° 93636 extendió la convivencia de quienes manifiestan eran pareja en Cali, localidad en la que tampoco a pesar de ser el domicilio de la deponente, no tuvo contacto directo de la relación que dice existió entre el señor Alfredo Ramírez Pinzón. Precisó, que las declaraciones extra juicio aportadas al proceso, pese a que fueron rendidas por personas en las ciudades de Cali y Barranquilla, tenían que ser examinadas con detenimiento; que de la lectura literal de cada una de ellas, los declarantes no precisaron la ciudad en la cual se llevó a cabo la convivencia de la pareja, puesto que las versiones de los deponentes domiciliados en Cali hacen ver que aquella fue en esta, igual para los declarantes cuya residencia era Barranquilla, aspecto que al tratarse de una convivencia compartida entre ciudades, ameritaba mayor especificación en sus dichos, datos como porqué conocen a la pareja, si son amigos o vecinos, por qué les consta de la existencia de esa relación de pareja, así como el detalle de que pudo haberse desarrollado dicha convivencia en

ciudades compartidas, pero que ninguno de los deponentes dieron cuenta de ello. Determinó, que tampoco las declaraciones extrajuicio dieron cuenta de la convivencia entre la señora Sonia Benjumea y el de cujus, desarrollada en diferentes ciudades por cuestiones laborales, como lo permite la jurisprudencia en estos casos, bien por salud o por trabajo de unos de los integrantes de la familia o pareja.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Sonia Benjumea Sarria, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case totalmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la de primer grado, «revisándola únicamente en cuanto a la procedencia de los intereses de mora respecto de lo cual mi poderdante había formulado recurso de apelación»

. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se pasan a estudiar en forma conjunta, toda vez que se suplen de igual elenco normativo, se dirigen por la misma vía y persiguen similar propósito.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, […] la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que modificaron, en su orden, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; así como el artículo 48 de la Ley 100/93, en armonía con lo dispuesto en los artículos 13, 15,48 y 53 de la

Constitución Política. Dice que la trasgresión de las normas se procede, por la incursión de los siguientes errores de hecho:

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Radicación n.° 93636 1°.- No dar por demostrado, estándolo, la convivencia en unión marital de hecho que vinculó al causante Alfredo Ramírez y a su compañera permanente Sonia Benjumea Sarria la cual superó en mucho los cinco años exigidos por la ley para acceder a la sustitución pensional deprecada por esta. 2º.- No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia de Sonia Benjumea Sarria y Alfredo Ramírez se extendió por un tiempo promedio a los 11 años durante el cual los compañeros se ocuparon mutuamente de las necesidades comunes de carácter espiritual, material, salud, compartiendo techo, lecho y mesa y, en los tiempos en que no lo pudieron hacer por razones de trabajo de la compañera, mediante la permanente preocupación por el otro, llamadas, visitas, Etc. 3°.- No dar por demostrado, estándolo, que la Señora Sonia Benjumea Sarria reúne todas las exigencias fácticas y jurídicas que la Ley 797 del 2003 en sus artículos 12 y 13 tienen dispuesto para que pueda acceder a la sustitución pensional de su compañero permanente. 4.- Dar por probado, no estándolo, que en el proceso no quedó demostrada la convivencia que la ley exige para acceder mi mandante a la sustitución pensional de su compañero fallecido. Señala, que tales yerros fueron producto de la no

valoración de las siguientes pruebas: A.- La declaración rendida por el causante señor Alfredo Ramírez ante el notario sexto de Cartagena en la cual reconoció y confesó que tenía una relación marital de hecho con la Sra. Sonia Benjumea Sarria la cual inicio desde mediados del año 2006. Que, por virtud de ella, los compañeros mutuamente se encargaban de atender todas las necesidades de su compañera y compañero permanente cumpliendo con los deberes de asistencia y fidelidad. (Folio 34 repetido en otros). B.-Constancia de afiliación a salud del Fondo pasivo a nombre de la Sra. Benjumea Sarria en calidad de beneficiaria del Sr Ramírez, su compañero permanente. (Fol. 53 repetido en otros). C.- Carnet expedido por el Fondo pasivo a nombre de la Sra. Benjumea Sarria como beneficiaria del mismo por tener como compañero al Sr Ramírez, jubilado de aquél. (Fol. 39, repetido en otros). D.-Petición elevada por el finado Sr. Ramírez al Fondo Pasivo social a fin de que trasladaran los servicios de salud de su

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Radicación n.° 93636 compañera Benjumea Sarria a la ciudad de Cali por su traslado por razones de trabajo a la misma ciudad. (Folios 35, repetido en otros). E.- Certificación expedida por la Señora María Patricia Correa en su condición de empleadora de la Sra. Benjumea Sarria en donde hace constar la realidad del trabajo que tenía está en ciudad y las condiciones en que debía. F.- Los documentos fotográficos que dejan ver el diario vivir del

Señor Rodríguez y su compañera permanente Benjumea Sarria compartiendo sus actos sociales y de vida. (Folios 57 a 63). Y, por la errada estimación de la prueba testimonial. Precisa, que el ad quem se limitó a fundar su decisión, en forma única, en el testimonio de la señora Bertha Cruz Ortega, citando sin un análisis adecuado de las numerosas declaraciones extrajuicio que se aportaron al proceso, para concluir que no se demostró la convivencia con el causante, y negar la sustitución pensional reclamada. Refiere, que el colegiado ignoró por completo las pruebas documentales denunciadas, que si las hubiese tenido en cuenta, otra sería la conclusión, esto es, la convivencia con el pensionado fallecido por un tiempo promedio a los 11 años, periodo suficiente para acceder al derecho demandado. Aduce, que junto con su compañero permanente, Alfredo Ramírez, declararon ante el Notario Sexto de Cartagena, que: i) desde hace dos años y seis meses vienen haciendo vida marital; ii) asentaron su residencia en la ciudad de Cartagena en la dirección ahí indicada; iii) su compañera está a su cargo y, iv) por tal razón la tenía inscrita

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Radicación n.° 93636 en los servicios de salud que tiene en el Fondo de los Ferrocarriles Nacionales (f.º 34); prueba que demuestra la convivencia de dos años y seis meses. Indica, que con la prueba documental adosada a f.º 35, se colige que a 1º de agosto de 2011, ya habían sumado cinco

años de convivencia, en el que el causante solicitó al Fondo de Ferrocarriles Nacionales que el servicio de salud al que la traía afiliada le fuera prestado en la ciudad de Cali a la que transitoriamente se debía trasladar por razones de trabajo a fin de sustentar las obligaciones que los tenían agobiados, labores que se ejecutaba para la empresa Confecciones Pacor de propiedad de la señora María Patricia Correa, según constancia que ésta expidió y que milita a f.º 51 y 52. Señala, que la conducta desplegada por el pensionado, se produce por obvias razones, en favor de quien se tiene una determinada obligación: la de ayuda, cuidado que impone entre los cónyuges o compañeros permanentes la ley civil colombiana. Advierte, que a f.º 39 se visualiza el carnet que el Fondo Pasivo le expidió haciéndola titular de los beneficios que dicha entidad presta a los pensionados afiliados a ella y a su compañera o esposa y, a f.º 53 obra constancia de la afiliación a salud que hizo el pensionado al Fondo Pasivo, a su favor como compañera que era de él. Impone, que tales documentales no hacen más confirmar la convivencia real y material que mantuvieron y

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Radicación n.° 93636 desconocida por el colegiado, primero en Cartagena donde convivieron por espacio aproximado a los dos años y, continuó intercalada en la misma ciudad y en Cali, a la que tuvo que trasladarse por motivos de trabajo a fin de ayudar a cubrir la necesidades económicas que aquejaban a la

pareja, aprovechando su profesión de diseñadora de modas y por atractiva oferta laboral de la propietaria de Confecciones Pacor ubicada en aquella. Anota, que, en tales términos, se exhiben los errores protuberantes del Tribunal al deducir que con los testigos allegados a los autos no se lograba demostrar la convivencia entre la pareja Ramírez – Benjumea, cuando dichos documentos dan cuenta de la misma. Añade, que esa prueba documentaria da cuenta no solo del tiempo de esa convivencia sino la forma cómo se ejecutó por razones de trabajo, esto es, la certificación expedida por la propietaria del establecimiento de comercio en donde prestó los servicios. Puntualiza, que si alguna duda subsistiera respecto de esos puntos en concreto, la prueba no calificada a través del testimonio de la señora Bertha Cruz Ortega y de las declaraciones extraprocesales aportadas se encargan de aclararla, toda vez que, el ad quem, para desatender el valor probatorio de la testigo Cruz Ortega, precisó en forma por demás lacónica que la deponente solo había visto dos veces al demandante en la ciudad de Cali, dos veces que pudieron haber sido años, ya que la testigo no las limitó en el tiempo,

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Radicación n.° 93636 y, que no habiendo viajado a Cartagena no le podía constar la convivencia en dicha ciudad. Destaca, que el juez de apelación ignoró, en forma por demás grosera, ilegal e inconstitucional que la abundante prueba testimonial recibida extrajudicialmente de testigos radicados en Cali y Cartagena, sí dio noticia de la convivencia

y que aun aceptando la supuesta existencia de la falencia probatoria resaltada por aquel, resulta lamentable que una corporación de segundo grado desprecie la justicia en la forma en que lo hizo, absteniéndose de llenar el supuesto vacío, que no existía dado que el material probatorio allegado era suficiente, haciendo uso de sus deberes - no facultadesde oficio para interrogar a los testigos que según él no le satisfacían, conducta con la cual, en términos de la sentencia CC SU-219-2021, constituye un defecto fáctico negativo, que debe corregirse por vía constitucional. Resalta, que el testimonio de la señora Bertha Cruz Ortega, único soporte del Tribunal para negar el derecho reclamado, fue responsivo, concreto e informó con conocimiento de causa, que hizo que el a quo le reconociera el derecho pensional perseguido, en tanto que afirmó que i) conoció al señor Ramírez porque Sonia se lo presentó estando conviviendo en el lugar en donde ella vivía; ii) dicha convivencia, promediando los años 2011 y 2012 se dio en Cartagena y luego continuó en Cali en donde se trasladó la demandante por circunstancias económicas que le impusieron trabajar para solventar necesidades comunes a la pareja; iii) compartieron con la demandante lugar de

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Radicación n.° 93636 trabajo en el establecimiento de comercio de la Sra. María Patricia Correa; iv) constantemente viaja ella a Cartagena o él a Cali; v) la actora tenía como plan de vida que una vez pagara las deudas, regresaría inmediatamente a Cartagena

para continuar con la convivencia estable y definitiva con su compañero y, v) que con el resultado del trabajo de la accionante le ayudó a su compañero a pagar gastos de sus hijos especialmente los que había adquirido por un viaje que había hecho una de las hijas de aquel. Aduce, que estos mismos hechos fueron puestos de presente por los testigos que rindieron su declaración en forma extraprocesal y que por no haberse pedido su ratificación adquieren el carácter de plena prueba en términos del CGP, dichos que aparecen en los folios 40 a 50. Sostiene, que del análisis en conjunto de dicho material probatorio surge una conclusión opuesta a la del Tribunal, la convivencia con el pensionado fallecido, en donde se desataca las circunstancias en la que esta se dio, realidad que el ad quem ignoró en forma por demás simplista y atentatoria de sus derechos laborales. Reitera, que si el colegiado hubiese tenido en cuenta las pruebas que no estimó, habría confirmado la decisión del a quo, por lo que aplicó indebidamente los preceptos de orden nacional señalados como violados a consecuencia de los evidentes errores de hecho producidos por la no valoración de los medios probatorios denunciados (Demanda de casación, cuaderno digital de la Corte).

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Radicación n.° 93636

VII. CARGO SEGUNDO Acusa, […] la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, violación que sirvió

de medio para violar a su vez los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que modificaron, en su orden, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; así como el artículo 48 de la Ley 100/93, en armonía con lo dispuesto en los artículos 13, 15, 48 y 53 de la Constitución Política. Señala como errores de hecho, los siguientes: 1°.- No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia en unión marital de hecho que vinculó al causante Alfredo Ramírez y a su compañera permanente Sonia Benjumea Sarria, quedó debidamente probada. 2º.- No dar por demostrado, estándolo, que la convivencia de Sonia Benjumea Sarria y Alfredo Ramírez se extendió por un tiempo promedio a los 11 años durante el cual los compañeros se ocuparon mutuamente de las necesidades comunes de carácter espiritual, material, salud, etc. 3°.- No dar por demostrado, estándolo, que la Señora Sonia Benjumea Sarria reúne todas las exigencias fácticas y jurídicas que la ley 797 del 2003 en sus artículos 12 y 13 tienen dispuesto para que pueda acceder a la sustitución pensional de su compañero permanente. 4.- Dar por probado, no estándolo, que en el proceso no quedo demostrada la convivencia que la ley exige para acceder mi mandante a la sustitución pensional de su compañero fallecido. Destaca que dichos equívocos se produjeron con fundamentos en las mismas probanzas reseñadas en el cargo anterior.

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Radicación n.° 93636 Reproduce el artículo 60 CPTSS y que dice el Tribunal lo trasgredió, en tanto que se limitó a formar su convencimiento únicamente con la declaración rendida por la testigo Bertha Cruz, que a la postre lo llevó a la conclusión de que en este asunto no se demostró la convivencia con el fallecido y por ende a negar el derecho reclamado. Detalla, que el colegiado no tuvo en cuenta las pruebas calificadas antes citadas como era su deber, en atención a la norma referida, que le hubiera permitido arribar a una determinación diferente a la que adoptó, esto es, la acreditación de la convivencia, por un tiempo promedio a los 11 años, periodo suficiente para acceder al derecho demandado. Reitera, en el discurrir de su escrito, los mismos argumentos expuestos en precedencia y destaca que la omisión probatoria llevó al quebranto de la normativa denunciaba, por cuanto el ad quem se abstuvo, en forma injustificada, como era su obligación legal, de valorar todo el material probatorio recaudado en el proceso dentro las oportunidades legales (Demanda de casación, del expediente digital de la Corte).

VIII. RÉPLICA La UGPP dice, frente al primer cargo, que no existe la aplicación indebida del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, toda vez, que para cuando se solicita una prestación de sobrevivientes,

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Radicación n.° 93636 bien sea en calidad de cónyuge o compañera permanente, es

pertinente acreditar en principio dicha calidad, pero que esta debe ir acompañada de la demostración de la convivencia como requisito esencial, en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante. Trae jurisprudencia al respecto y refiere que la carga de la prueba de la convivencia en ese periodo está en cabeza de quien pretende se le reconozca la pensión de sobrevivientes, pues este no nace de la simple existencia del vínculo matrimonial o de la manifestación de la existencia de una unión marital de hecho. Añade, que en este asunto la recurrente no aportó elemento probatorio alguno que demostrara la convivencia en los términos visados por la Corte, puesto que no se pudo determinar con certeza dicha convivencia en tanto que los testigos aportados no dieron certeza y claridad de ello. Advierte, que mediante Informe n.º 17520 de 2017, se pudo constatar la inexistencia de una convivencia ininterrumpida dentro de los últimos 5 años anteriores al deceso del pensionado. De cara al segundo ataque, refiere que la valoración que efectúo el Tribunal se ajusta a las reglas de apreciación de la prueba habida consideración que se hace bajo las pautas de la sana critica.

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Radicación n.° 93636 Sostiene, que en este asunto no se pudo determinar ninguna de las circunstancias para la asunción de la pensión de sobrevivientes, en tanto que los testigos no fueron conducentes en demostrar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la relación de pareja, entre la

demandante y el causante. Aduce, que las fotografías arrimadas al proceso, deben tener requisitos legales para su valoración, pues no basta aportarlas al proceso, sino acreditar las fechas en que fueron tomadas, ya que de no ser así su estimación es improcedente, en la medida que el fallador no puede presumir las fecha en que fueron tomadas. Ultima, la denegación del derecho pretendido, pues considera que el Tribunal realizó un análisis en conjunto de las pruebas en el proceso (Escrito de oposición, del cuaderno digital de la Corte).

IX. CONSIDERACIONES El error de hecho en material laboral se presenta cuando […] el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida»1.

1 CSJ SL2879-2019

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Radicación n.° 93636 Y para que se configure, es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestren y, como lo ha prohijado la Corte, se presente en forma notoria, protuberante y manifiesta. Es por lo anterior, que esta Corporación ha sido reiterativa en cuanto a predicar el respeto por la libertad e independencia de la labor de juzgamiento en las instancias, en atención a lo preceptuado por el artículo 61 del CPTSS y a lo consagrado en el artículo 228 de la CN, de manera que solo cuando el equívoco del juez de alzada se exhiba

irracional y desafiante del sentido común y de las reglas de la sana crítica, podrá la Corte rectificar el desafuero, en perspectiva de lograr el imperio del orden jurídico y de reparar el perjuicio irrogado al recurrente2. Así las cosas y conforme a la reseña procesal, para el colegiado la actora no probó el requisito de convivencia, exigido por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 13 de la 797 de 2003, toda vez que del testimonio rendido por la señora Bertha Cruz Ortega y de las declaraciones extrajuicio no se lograba extraer la misma. En contraposición a ello y desde el punto de vista fáctico, lo que pretende acreditar la censura, contrario a lo concluido por el Tribunal, es que la convivencia de la pareja Ramírez - Benjumea se dio en el presente asunto, a partir de

2 CSJ SL4141-2019

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Radicación n.° 93636 las pruebas denunciadas como no apreciada por el ad quem y de las que estimó con error se logra acreditar la misma. En tales condiciones a la Sala le corresponde definir si en el asunto el juez de segundo grado se equivocó al considerar que la demandante no demostró la convivencia con el pensionado fallecido que le permitiera acceder a la pensión de sobrevivientes perseguida, quien falleció el 21 de agosto de 2017. A efecto, para el análisis objetivo de las pruebas denunciadas, no se encuentra que las mismas consigan demostrar un error de hecho con el carácter de ostensible,

como a continuación se pasa a explicar:

1. De la declaración extrajuicio rendida por el causante señor Alfredo Ramírez Pinzón junto con la de la demandante, ante el Notario Sexto de Cartagena, el 3 de febrero de 20093, que no es prueba calificada en casación, se consignó que: […] vivimos en unión libre entre nosotros de profesión u oficio Pensionado y Diseñadora de Modas, respectivamente.

PREGUNTADO: Por el motivo de la presente declaración.

CONTESTARON: Declaramos bajo la gravedad del juramento que es cierto y verdadero que nosotros desde hace dos (2) años y seis (6) meses, convivimos en unión libre de carácter permanente y desde esa misma época, hacemos vida marital y vivimos bajo el mismo techo y actualmente tenemos nuestra residencia en el Barrio Martínez Martelo (…), asimismo yo, ALFREDO RAMÍREZ PINZÓN, declaro que tengo a mi cargo a mi compa