CSJ - SL9584-2017

FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente SL9584-2017 Radicación n° 44435 Acta n°.24 Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil diecisiete (2017) Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por JESÚS ANTONIO GALINDO RODRÍGUEZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente promovió contra la empresa DRUMMOND LIMITADA.

I. ANTECEDENTES Buscó el demandante que la sociedad DRUMMOND LIMITADA fuera condenada «al pago indexado de los daños por reparación plena y ordinaria de perjuicios» que incluyen los de orden material, moral y fisiológicos «partiendo desde la fecha del despido hasta el momento del fallo judicial y en forma futura desde el fallo hasta la terminación del pago de la obligación que se reclama, en una suma igual o superior a

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Radicación n.° 44435 $639.693.698 “de acuerdo con peritaje que ratificará o modificará el actuario designado por el despacho de la lista oficial», y las costas del proceso, debido al despido en estado de discapacidad, por lesión física causada por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Aclaró que, estuvo vinculado a la demandada del 16 de mayo de 1996 al 26 de julio de 2002; desempeñó funciones de operador de grúa en el Puerto de Ciénaga (Magdalena), recibió como último salario la suma de $2.976.564; sufrió

dos accidentes de trabajo: el primero de ellos el 15 de marzo de 1999 cuando recibió un golpe en la rodilla con un pedazo de ángulo que sobresale del peldaño, al subir la escalera, y cuyo peligro él le había advertido a la entidad, quien solo levantó un acta de accidente, pero no lo reportó; y otro el 9 de mayo de 2000 que le generó el desgarre del gemelo de la pierna izquierda, el cual se reportó a la ARP Colseguros el 7 de noviembre de 2002, es decir extemporáneamente, razón por la cual fue calificada como una enfermedad común para la cual le fijaron una disminución laboral del 11.25% de incapacidad permanente parcial, según dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez realizada el 6 de agosto de 2002, sin su presencia. También señaló que sufrió una «lesión en la columna vertebral con diagnóstico de discopatía degenerativa L4 – L5, como consecuencia del desplazamiento de la grúa, ascenso a la cabina de la misma, el maniobrar sentado y de pie y el descenso de la cabina de la grúa», por lo que el médico tratante recomendó se disminuyera la jornada laboral a solo

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Radicación n.° 44435 8 horas, pues su horario de trabajo se extendía entre 12 y 14 horas diarias, recomendación que ratificó la Junta Médica de Neurocirugía, Fisiatría y Medicina Laboral del ISS el 31 de mayo de 2002. Indicó que la empresa no le proporcionó fajas lumbosacras ni cinturones ergonómicos, como medio de

protección, ni realizó el mantenimiento adecuado de la máquina en lubricación y engrase para evitar la vibración, ni cambió oportunamente las piezas desgastadas, tampoco rotó el personal a pesar de tratarse de una «operación de suyo peligrosa y de alto riesgo por la intensidad en que se manifiesta la vibración de la grúa»; destacó que en la entidad hay 4 grúas y 4 operarios para ellas y que además «el espacio de trabajo es insuficiente y la silla de la grúa inadecuada». Comentó que, entre el 23 y el 25 de julio de 2002, estuvo hospitalizado en Barranquilla, y al presentarse a la empresa al día siguiente, le entregaron la carta de despido, sin atender que sufre «limitaciones graves para desempeñarse en cualquier labor que represente esfuerzo físico y de locomoción». Aseguró que, respecto de su problema lumbar, según dictamen de Medicina Laboral del ISS, de 5 de agosto de 2002, por «su evolución sus antecedentes personales, el tiempo en el oficio, su examen médico de ingreso, su registro de ausentismo, se considera que existe una suficiente

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Radicación n.° 44435 relación de causa efecto para determinar el origen de carácter profesional». Destacó que la accionada no contaba con programa de salud ocupacional, de acuerdo a las normas pertinentes, por lo que violó la Resolución 1016 de 1989 y la convención colectiva de trabajo en sus artículos 29 a 34; que el COPASO no se reunía 4 horas a la semana como era su obligación y, por ello, al momento del despido estaba

totalmente desamparado. Adujo que, si la empresa hubiera cumplido las normas y obligaciones en materia de salud ocupacional, le hubiera evitado el daño causado y, que como ello no ocurrió, aquella debe responder por la indemnización plena y ordinaria de perjuicios (folios 2 – 9). La accionada, al responder el libelo, aceptó la existencia del vínculo laboral dentro de los extremos temporales en él referidos y el valor del salario allí señalado, que aclaró, era mensual; los demás los negó o dijo que no le constaban; explicó que el golpe en la rodilla que sufrió el subalterno no le produjo consecuencia alguna, y que la lesión en el gemelo fue un simple desgarre muscular, originado en una malformación congénita, por lo que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez conceptuó la pérdida de capacidad laboral del 11.25%; que el trabajador siempre estuvo afiliado a la ARP Colseguros; que no hay relación de causalidad entre la enfermedad lumbar y la vinculación laboral con ella, pues ésta pudo ser adquirida

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Radicación n.° 44435 en sus más de 20 años como operador de grúa; que la «Empresa tomó las medidas pertinentes, al punto de que el tratamiento realizado por la Empresa y su ARP surtieron sus resultados y según examen de electromiograma realizado el pasado 14 de enero de 2003, por la ARP de Colseguros,

DENOTA QUE EL ACTOR NO TIENE NINGÚN COMPROMISO

NEUROLÓGICO, ES DECIR, NO PRESENTA NINGUN DÉFICIT DE

MOVIMIENTO Y SENSITIVO, EN OTRAS PALABRAS, ESTA

PRÁCTICAMENTE SIN SECUELAS».

Admitió que, en algunas ocasiones, el actor laboró horas extras, pero destacó que ordinariamente cumplía jornadas normales; que le suministró los elementos de protección exigidos para el desarrollo de la labor, según el programa de salud ocupacional, que siguió las recomendaciones de la ARP y las normas de seguridad industrial; además, de forma adecuada y oportuna, practicó el mantenimiento de la maquinaria en la que el demandante cumplía la actividad contratada, la cual no correspondía a una de carácter peligroso ni de alto riesgo; que «existen estudios sobre vibración en los cuales se demuestra el cumplimiento a las normas de seguridad industrial». Recabó en que ninguno de los accidentes, referenciados por el actor, le dejaron secuelas ni le produjeron disminución laboral, ni perjuicios materiales o morales; que la lesión en la columna vertebral con diagnóstico de discopatía degenerativa L4 – L5, fue tratada según parámetros médicos y que a la fecha de la respuesta de la demanda, el ex trabajador prácticamente está recuperado de manera total.

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Radicación n.° 44435 Por lo anterior, se opuso al éxito de las pretensiones y formuló a su favor las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido (folios 114 - 120).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Juzgado Primero Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá con sentencia del 28 de noviembre de

2008, absolvió a la demandada, gravó al actor con las costas procesales y dispuso que, en el evento de no ser apelada, la providencia se consultara con el superior (folios. 907 – 915).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

Al resolver la apelación interpuesta por el demandante, el Tribunal Superior de Bogotá, con sentencia del 30 de octubre de 2009, confirmó la del juez y le impuso las costas a la parte actora. En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador plural dejó fuera de debate la existencia del vínculo contractual dentro de las fechas indicadas por el libelista; anotó que como Galindo Rodríguez pretendía el pago de la indemnización plena de perjuicios que contempla el artículo 216 del C.S.T, era necesario advertirle que ésta difería de la prevista en la ley 100 de 1993, pues parte de una responsabilidad subjetiva derivada de la culpa del empleador, por lo que el trabajador no solo debía probar la ocurrencia del hecho, sino ese elemento, es decir, la culpa

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Radicación n.° 44435 patronal, tal y como lo indicaban las sentencias, de esta Sala de la Corte, del 29 de noviembre de 1982 que no identificó por radicación, y la de julio 30 de 2005 con radicado 22656, que transcribió en alguno de sus apartes. Precisó que tampoco había duda respecto a la ocurrencia de dos accidentes de trabajo, uno acaecido el 15 de marzo de 1999 y otro el 9 de mayo de 2000, que se habían reportado a la ARP Colseguros como constaba de

folio 20 al 28. A efectos de establecer la culpa del empresario, se refirió a: i) el certificado de existencia y representación de la demandada (folios 10 y 11) ii) al contrato de trabajo (folios 12 a 15), iii) la carta a través de la cual se comunicó al asalariado la decisión de prescindir de sus servicios, iv) la liquidación de prestaciones sociales (folios 16 a 18), v) los reportes de los accidentes de trabajo (folios 20 a 28), vi) el dictamen de la ARP Colseguros del 24 de enero de 2001 en el que se describe un desgarre muscular en la pierna izquierda, y del que transcribe el siguiente párrafo «Hemos realizado la evaluación y análisis del accidente de trabajo sufrido por el trabajador de la referencia el 9 de mayo de 2000, al presentar un desgarro muscular en la pierna izquierda realizando un entrenamiento, tal como se describe en el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que en la actualidad nos encontramos frente a una patología cuyo origen no se correlaciona con el Accidente de Trabajo ocurrido el 9 de mayo de 2000, sino que se trata de una patología

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Radicación n.° 44435 previa, de carácter congénito, la cual pudo verse afectada por el accidente de trabajo ocurrido bajo nuestra cobertura» (folios 29 a 31), vii) el dictamen del 23 de octubre de 2002 en el que se establece discapacidad del 11.25% de origen común (folio 55 a 71), viii) la historia médico laboral que

reposa de folio 55 a 71, ix) el análisis del puesto de trabajo realizado el 30 de enero de 2002 del que destacó el siguiente aparte: «Jesús Galindo es una persona que se desempeña como operador en PUERTO DRUMMOND, el trabajo como operador no exige gran esfuerzo físico, adelante podremos detallar las actividades que se presentan diariamente dentro de las funciones de Jesús como bien sabemos podemos llegar a hacer las condiciones mas propicias para el buen desarrollo de sus actividades laborales … Desplazamiento: el trabajo sólo requiere deslazamiento (sic) sobre superficies uniformes y permite el uso de ayudas con apoyos en miembros superiores con patrón normal de marcha y distancias que oscilan entre 35 y 50 metros cada 6 o 7 horas por espacios cortos de tiempo (5 y 10 minutos). Transporte de peso: El trabajo es liviano y requiere transportar objetos así: Esporádicamente o frecuentemente hasta 12 kg. Alcanzar: Ocasionalmente el trabajo exige alcanzar objetos que estén próximos. El individuo utiliza rangos de movimientos menores entre el área de la cintura y el hombro. Halar: El trabajo no requiere Halar objetos…» (folios 88 y 89. Las negrillas son del texto), x) el reclamo del actor sobre el accidente de trabajo de marzo de 1999 (folio 129), xi) la respuesta a aquel, xii) el dictamen médico del 28 de enero de 2002, del que destacó, entre otros, los siguientes renglones: «Conforme a los

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Radicación n.° 44435 conceptos emitidos en las últimas valoraciones realizadas por los médicos tratantes encontramos que la lesión generado por el Accidente de trabajo reportado, esto es Desgarro Muscular de la Pierna Izquierda ha sido superados, sin secuela alguna… Por lo anterior se determina que no existe alteración funcional secundaria al accidente de trabajo por Usted presentado bajo nuestra cobertura en riesgos profesionales y conforme a lo establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez Decreto 917 de 1999, Usted presenta una pérdida de capacidad laboral del CERO PUNTO CERO POR CIENTO (0.0%)» (Las negrillas son del texto), xiii) la investigación administrativa practicada por el Ministerio de la Protección social, del que copió, entre otros, el siguiente texto «De conformidad con el acervo probatorio y el análisis de los hechos… la lesión fue de tipo congénito y común, no existiendo por lo tanto relación de causalidad entre la lesión o dolor sufrido por el señor Galindo con el supuesto accidente de trabajo ocurrido en la ciudad de Cartagena. … No deja de ser extraña (sic) que la denuncia por parte del trabajador se hubiera dado dos años y medio después de sucedido los hechos, circunstancia que por lo tanto retrasó el inicio de la presente investigación (…) Por las razones expuestas este Despacho considera que no se dan las circunstancias de hecho y de derecho, para imponer sanción alguna a la empresa DRUMMOND LTDA..,» (folios 188 a 193), ivx) las actas de reuniones del COPASO (folios 605 a 646), xv) el diploma concedido por el Ministerio de la

Protección Social al COPASO por «ser eficiente en los logros obtenidos en el desarrollo de sus funciones y objetivos en el 2003» (folio 647), xv) los testimonios de Fernando David

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Radicación n.° 44435 Mora, Fernando Calderón y Álvaro Cantillo (folios 286 a 288), y xvi) la constancia de entrada de los demandantes (sic) a los procedimientos de seguridad adelantados por la empresa (folios 512 a 528) , y concluyó: Examinados y analizados, detalladamente, los elementos de juicio señalados en precedencia, es evidente que no solo no tienen la virtud de acreditar la culpa patronal, con fundamento en la cual se solicitó la indemnización plena de perjuicios, sino que, contrario a lo afirmado por el apelante, dan cuenta de la diligencia y cuidado que tenía la compañía demandada, con la Salud Ocupacional de sus trabajadores, en la fecha en que el demandante prestó allí sus servicios personales. De otra parte, resulta fundamental establecer que, si aún en gracia de discusión se admitiera que la plurimencionada culpa del empleador tuvo incidencia en la ocurrencia de los accidentes sufridos por el demandante, lo cierto es que tampoco procedería la indemnización plena de perjuicios, porque los perjuicios morales y material reclamados por el actor en su demanda, no fueron adecuadamente demostrados al interior del proceso. Entonces, teniendo en cuenta que el actor infringió la actividad probatoria que le incumbía, y omitió la demostración contundente de la culpa patronal en la que cifró sus pretensiones, habrá de confirmarse, en su integridad, la sentencia de primera instancia.”

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el actor concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolverlo.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pide el recurrente que se case la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, que se revoque y condene a la demandada «a reintegrar al demandante al cargo que venía ocupando a la fecha de su despido o a otro de igual o superior categoría por ser el despido ineficaz y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido

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Radicación n.° 44435 hasta su reintegro efectivo al cargo, con los incrementos legales y convencionales a que hubiere lugar; que no habido (sic) solución de continuidad, por tratarse de un despido que no produce efectos jurídicos, es decir por ser ineficaz, efectos que repercuten en el contrato de trabajo que unió a las partes y al pago de las costas del proceso en cada una de las instancias y en el trámite del recurso.» Con fundamento en la causal primera, formula tres cargos que tuvieron réplica, que se resolverán conjuntamente en tanto acusan similar elenco normativo y buscan el mismo propósito.

VI. CARGO PRIMERO Asegura el recurrente que la sentencia viola la ley sustancial por la vía directa, debido a la falta de aplicación de los artículos 1, 10, 11, 13, 14, 16, 56, 57, 161, 348 y 349 del C.S.T, 145 del C.P.T y S.S., 1, 2, 3,4, 8, 9, 11, 21

literales c, d, e, f, g, 26, 56, 58 del Decreto 1295 de 1994, la resolución 2400 de 1979, 81, 90, 97 de la Ley 9 de 1979, la ley 776 de 2002, el Decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 de 1986, los artículos 279 de la ley 100 de 1993, 63, 1604, 1613, 1614, 1615, 1738, 1757, 2341, 2347 del C. C., 60, 61 del CPC y 1, 2, 11, 13, 25, 53 y 228 de la C.N. Para demostrar el cargo asegura que la empresa «sabía que él (sic) demandante no solamente tuvo accidentes de trabajo sino que padecía varias enfermedades profesionales entre ellas la discopatía degenerativa L4, L5, que fue calificada por la Junta Regional del Magdalena y por la

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Radicación n.° 44435 Junta Nacional de Calificación de Invalides (sic) (Ver folios 328 a 333 y los 858 a 890) como enfermedad profesional con una calificación de 53.03%». Transcribe el artículo 1 del C.S.T y precisa que «De donde también resulta arbitrario y contrario a la ley que el Tribunal sostenga que el demandante no probó la culpa grave o el descuido de la empresa, pues al no aplicar normas de derechos sustancial y al abandonar la empresa, las obligaciones establecidas en los artículos 1, 2, 3,4, 8, 9, 11, 21 literales c, d, e, f, g, art. 26 sobre actividad riesgo

máximo, 56, 58 del Decreto 1295 de 1994 en particular al no brindarle una adecuada protección en la salud ocupacional relacionada con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al igual que el mejoramiento de las condiciones de trabajo incurrió en culpa grave pues la actividad realizada por el demandante es una actividad de riesgo máximo, culpa que está plenamente probada en el proceso y el Tribunal al no observar estar normas llega a la conclusión violatoria del derecho sustancial en especial lo relacionado con la Ley 776 de 2002, decreto 614 de 1984, resolución 2400 de 1979, resolución 2013 de 1986 en las cuales se organiza la forma como debe proteger el patrono al trabajador y en este caso no lo protegió». Afirma que, si se mira el artículo 63 del C.C., que copia, se establece la negligencia del empleador, porque es a él a quien le corresponde el deber de proteger al trabajador; que la empresa tenía conocimiento de la discopatía degenerativa que padecía el actor, según los reportes

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Radicación n.° 44435 médicos y los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez, y, por ello, le debió brindar una especial protección, sin que así lo hiciera pues desconoció el artículo 161 del C.S.T, y le impuso jornadas de trabajo de 12 y hasta 14 horas llegando a laborar a la semana 84 horas «en una grúa con alta vibración como lo determina el Documento de la entidad COLSEGUROS de fecha diciembre 26 de 2002»

que refiere se encuentra a folios 75, 76, 77 y 78 del plenario. Indica que la pasiva también violó el artículo 80 de la Ley 9 de 1979, normativa que igualmente transcribió, e insiste en que la accionada tenía conocimiento de la enfermedad profesional del trabajador, que realizaba una actividad de alto riesgo, que se le había recomendado reubicarlo y bajarle el horario, y no lo hizo. Agrega que los derechos mínimos de los trabajadores no se pueden diluir , que «la simple asistencia de la seguridad no es suficiente sino además que se cumpla la ley y el compromiso de proteger al trabajador incluso aun estando el trabajador en estado de discapacidad, el empleador, de acuerdo con el principio de solidaridad, debe tener un especial cuidado con los trabajadores que estén incapacitados más aun por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, como en el caso concreto, sin que pueda además ocurrir una desvinculación laboral, pues este grupo de la población, por la condición en la que se encuentran no pueden ser despedidos, sin embargo la empresa demandada lo despidió cuando el demandante

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Radicación n.° 44435 gozaba de una especial protección constitucional por estar en una situación de debilidad manifiesta, artículo 26 de la ley 361 de 1997. El H. Tribunal debió observar claramente el caso concreto y no limitarse a desconocer el derecho, que el trabajador debió recibir.» Precisa que el Estado Social de derecho «es el fundamento de la dignidad humana en el trabajo, garantizando los principios y derechos establecidos en la ley

y en la Constitución como fundamento en la protección a la vida, al derecho a la igualdad de oportunidades para los trabajadores, al trabajo digno y en condiciones justas, a la salud, a la estabilidad en el empleo. Normas constitucionales que el Honorable Tribunal no aplicó, desconociendo la prevalencia del derecho sustancial». Recaba en que el Tribunal no aplicó las normas denunciadas y violentó el derecho sustancial al no aplicarlas.

I. CARGO SEGUNDO Al igual que en el cargo anterior, denuncia por la vía directa bajo la modalidad de aplicación indebida, las mismas disposiciones, pero incluyendo el artículo 216 del C.S.T, y agrega que dicho quebranto fue el medio para vulnerar además los artículos 1, 7, 9, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21 del C.S.T , 1, 2, 13, 16, 23, 25, 29, 47, 53, 54, 93 y 95 de la C.N, los Convenios 158, 159 de la OIT, 5, 22, 23, 24, 26 de la Ley 361 de 1997, 1,2, 3, 6, 10, 15, 17, 41, 42,

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Radicación n.° 44435 43, 44, 152, 153, 154, 157 y 249 de la ley 100 de 1997 (sic) y 2, 4, 6 y 8 de la Ley 776 de 2002. Al dar desarrollo a la acusación, señala que el Tribunal aceptó que el actor sufrió varios accidentes de trabajo, pero

nada dijo sobre las enfermedades profesionales por hernias discales, ni tuvo en cuenta los dictámenes de las Juntas Regional y Nacional de calificación, ni el del perito actuario, y que a pesar de estar acreditado que antes del despido había iniciado el tratamiento para las enfermedades profesionales que dieron origen a la pérdida de la capacidad laboral en un 53.03%, según se reporta a folio 884 y 890, absolvió, sin procurar la búsqueda de la verdad real; señala que el sentenciador solo transcribió sentencias de la Corte y relacionó las pruebas «pero mal anotadas, en una forma sospechosa, pues no anota las que efectivamente demuestran la culpa patronal», lo que dio lugar a que se aplicara de manera «mala» algunos de los artículos del C.S.T y los del C.P.T y S.S, del C.P.C y de la Carta Política que denunció. Insiste en los mismos argumentos esgrimidos para respaldar el primer cargo, haciendo énfasis en las obligaciones del empleador, la definición que sobre culpa da el artículo 63 del C.C., para recabar en lo que considera fue la negligencia de la empresa al conocer el estado de salud del trabajador que la obligaba a reducirle el horario de trabajo sin que así lo hiciera, al igual que reitera el desconocimiento de derechos mínimos por parte de la entidad.

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Radicación n.° 44435 Añade que, de conformidad con los artículos 11, 35 y 40 del Decreto 2463 de 2001, cuyo texto copia, las «enfermedades profesionales determinadas al señor Jesús

Antonio Galindo Rodríguez como hemos visto a través de los hechos que rodearon su relación laboral pudieron haber sido prevista (sic) si la empresa Drummond Ltd., hubiera dado aplicación a las normas que en materia de seguridad en el trabajo han sido expedidas para tal fin. Las empresas administradoras de riesgos profesionales (ARP) no cumplen con sus obligaciones de vigilancia preventiva y operatividad de las reglas y en particular sobre el adiestramiento e idoneidad en los oficios de alto riesgo. Por tratarse de un jugoso negocio, solo se limitan al cumplimiento superficial y formal de una clientela empresarial a la cual deben lealtad sin restricciones como en este caso donde no exigieron a la empresa la reubicación del trabajador ni la disminución del horario de trabajo». Añade que fue la empresa quien actuó negligentemente y que el Tribunal no apreció el dictamen de la Junta Nacional, con el que se determina que el actor adquirió una enfermedad profesional «durante los largos años de ejercer un oficio, que como lo dice el documento Análisis Integral de Puesto de Trabajo asignado al operador de Grúa marina, conforme evaluación del Departamento Técnico de Salud Ocupacional de la empresa Drumond Ltd, no solo era de alto riesgo, sino que su labor debía prestarse en condiciones de incalculable desgaste de energía tanto física como síquica», documento que afirma, también consigna «el alto grado de exigencia» al que debe sumarse «el

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Radicación n.° 44435 equilibrio estático en el cargo desempeñado» pues debía mantener posiciones, inclinaciones y movimientos sin perder el equilibrio; que a lo anterior se debe atender que al

stress para no fallar y evitar el despido, se sumó el hecho de requerir de permisos e incapacidades «lo cual aumentó su ansiedad y angustia»; indica que la responsabilidad encomendada al trabajador superaba los limites laborales, y que sus compañeros vieron el cambio «de destacado deportista a enfermo con tratamiento por discopatía degenerativa L4L5 en los seis años de vínculo contractual laboral en la empresa Drummond Ltda» entidad que asegura, lo despidió a pesar de que acababa de salir de una hospitalización e iniciaría un tratamiento para recuperar su salud lumbar. Señala que la entidad sí conocía de las falencias físicas del actor, como prueba con la documental de folios 134 a 163 que corresponde al documento de la ARP Colseguros de fecha 4 de abril de 2002, «que da origen a la enfermedad profesional Hernia Discal», que el Tribunal no observó. Se remite al artículo 32 del Decreto 2436 de 2001 y agrega que, en caso de trabajadores discapacitados, la protección laboral es reforzada y «para tal evento no es necesario que la discapacidad tenga origen en la vigencia de la relación laboral pues en los mandatos constitucional no se infiere tal requisito. El quebranto de la norma, art. 26 de la ley 361 de 1997, se dá (sic) por parte del Tribunal cuando entendida bien en su alcance y significado le aplica a un caso que no es el que ella contempla, pues lo aplica a la

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Radicación n.° 44435 presunción legal que le corresponde desvirtuar a la demandada y dá (sic) por sentado que haciendo distinciones

que la norma en cita no trae en su texto, le da un alcance que ella no contempla cuando el art. 26 se encuentra respaldado por los principios protectores de los art. 1, 2, 3, 4 y 5 de la mencionada Ley, cuando como está probado en el proceso, el trabajador demandante no alcanzó a efectuar el procedimiento señalado para el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, pues como toda enfermedad profesional se produce en el tiempo y sus consecuencias con mayor razón después de una cirugía son de difícil apreciación en su resultado final además porque el mismo día de su reincorporación de su enfermedad fue despedido». Afirma que, es falsa la premisa del sentenciador al acoger el dicho de la demandada según el cual, al momento del despido el trabajador estaba laborando normalmente, por cuanto las pruebas son suficientes para demostrar la limitación que padecía el trabajador, con lo cual se violaron los artículos 228 y 53 de la Carta Política. Complementa su argumentación diciendo que el Tribunal dejó de observar la carta del ministerio de la Protección social de folio 838, en la que se certifica que entre los años 2000 a 2002 no figura inscrito COPASO de la empresa demandada; y que bastaba mirar los dictámenes de las Junta regional y nacional de invalidez para darse cuenta del grave deterioro que sufría el trabajador.

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Radicación n.° 44435 Que el sentenciador no tuvo en cuenta los artículos 4, 9 y 25 de la Constitución porque «El objeto de los procedimientos es la eficacia de los derechos sustantivos. Sin

el excesivo rigor para apreciar la prueba, el Ad - quem hubiese valorado todos los aspectos relevantes que ocurrieron en el proceso en especial la prueba que para estos casos es la establecida por los artículos 41, 42, 43 de la Ley 100 de 1993 a las cuales también el H Tribunal hizo una aplicación indebida.» De otra parte, afirma que la empresa adujo otros motivos como despido, que no son de recibo para desconocer los derechos del demandante y que, «El proceso que nos ocupa la culpa grave está dada y sustentada en los derechos del demandante, en el fuero del limitado físico, psíquico y sensorial contenido en el art. 26 de la Ley 361/97 el cual establece la prohibición al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo que lo vincula con un trabajador con limitaciones físicas sin la autorización del Ministerio de la Protección Social. Es esta una garantía especial a los trabajadores que en las condiciones del demandante, protege su derecho fundamental al trabajo a la salud y en especial a la vida». Dice que las normas, cuya aplicación solicita, se encaminan a la defensa de los derechos del discapacitado, que esa es la intención de la legislación; copia una fracción de la Sentencia C 531 de 2000 y repite que en el expediente hay pruebas que establecen la relación laboral, el estado de salud del actor, los accidentes de trabajo y la enfermedad

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Radicación n.° 44435 profesional que llevó a Colseguros atender al actor y notificarle a la empresa sobre el estado de discapacidad del 53.03%, al que el Tribunal no dio valor, como tampoco al

dictamen pericial sobre los perjuicios morales que aquel ha sufrido. Pretende «llamar su atención sobre el sentido de la ley 100» y de las demás disposiciones que denunció, que se establecieron para la dignificación de las personas con limitaciones económicas, sociales, culturales, además que los principios que rigen el derecho del trabajo como la irrenunciabilidad, buena fe, la estabilidad, igualdad, entre otros, son fundamentales, como se indica en varias sentencias que sobre dichos temas referencia. Culmina con la afir