CSJ - SL961-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia

Sala de Cae: mitin Laboral

Sala de Deseenuestlin N." 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL961-2023 Radicación n.° 94527 Acta 15 Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por FERNELY SAAVEDRA CAICEDO, contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que adelantó contra DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

I. ANTECEDENTES Fernely Saavedra Caicedo, llamó a juicio al Departamento del Valle del cauca, (f.°198 a 235, subsanada a f.°239 a 275 Vto), para que se declarara, que: desempeñó el cargo de obrero en la Secretaria de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, desde el 27 de julio de 1994 y hasta el 31 de diciembre de 1999; la ineficacia de la terminación del vínculo; «es beneficiario de los

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Radicación n.°94527 efectos ex tunc de la sentencia del 22 de mayo de 2014, proferida por la Sección Segunda - Subsección A (...) que declaró la nulidad de los decretos números 1867 del 22 de diciembre de 1999 (...) y el 0015 del 21 de enero de 2000»; no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio,

por lo que «tiene derecho a la reinstalación en el cargo de Obrero que desempeñó hasta el día 31 de diciembre de 1999 (...)» o en su defecto «tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de Jubilación en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo (...)». Consecuencialmente, requirió que el demandado, fuera condenado a: reinstalarlo en el cargo que desempeñó hasta el día 31 de diciembre de 1999, en la Secretaría de Obras Públicas o en otro de igual o superior categoría «con efectos ex tunc o retroactivos desde el 01 de enero de 2000»; el pago de salarios, prestaciones legales y extralegales; aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos), desde el 1 de enero de 2000 y hasta el día en que fuera efectivamente reinstalado o en subsidio de lo precedente, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, consagrada en el artículo 67 de la convención colectiva. Así mismo, demandó que todas las condenas fueran indexadas y las costas del proceso. Como fundamentos fácticos, en lo que guarda relación con el recurso extraordinario, aseveró que por medio del Decreto 1234 de 5 de julio de 1994, el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, «lo nombra» como

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Radicación n.°94527 trabajador oficial en el cargo de obrero y «se posesiona» el 27 de julio de 1994.

Refirió que el 17 de febrero de 1998, los representantes de la entidad territorial y el sindicato de trabajadores del Departamento, suscribieron convención colectiva, con vigencia desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2000. El 24 de diciembre de 1999 entre el Gobernador de la entidad territorial y el sindicato de trabajadores, celebraron un acuerdo de revisión convencional, en el que se adoptaron unas «tablas de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales» y «los trabajadores activos que no quedaran incluidos en los casos contemplados en la cláusula primera del acuerdo convencional, en la cláusula segunda les dieron la opción de acogerse a una tabla de retiro». Relató que los asalariados que desearan acogerse a la tabla de retiro, debían manifestar su voluntad antes del 31 de diciembre de 1999, con la correspondiente carta de renuncia, de lo contrario el Gobernador del Departamento o su delegado, aplicaba el retiro discrecional. Por lo anterior, el 30 de diciembre de 1999, presentó su renuncia para acogerse a la tabla indemnizatoria en los términos del Acuerdo de Revisión Convencional del 24 de diciembre de 1999, por lo que en total laboró «5 años, 05 meses y 04 días» y mediante Resolución 061 de 19 de enero de 2000, le fue reconocida la indemnización.

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Radicación n.°94527 Afirmó que el 30 de agosto de 2000, radicó derecho de petición, tendiente a obtener el pago de pensión de jubilación

anticipada con el 75% que dispuso el literal F, del compendio extralegal; mediante resolución 1459 de 10 de octubre de 2006, se negó la prestación, por lo que interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación, que fueron negados el 29 de diciembre de 2006 y el 25 de abril de 2007, respectivamente. En un giro del relato, describió que a través del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, el Gobernador estableció la nueva estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central, pero esa norma fue declarada nula por el Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección A, en decisión del 22 de mayo de 2014, con radicado 0019-11, así como también se anuló el Decreto número 0015 del 21 de enero de 2000, que determinó la escala de salarios. Expuso que la decisión atrás aludida, fue notificada por edicto del 13 de junio de 2014, lo que condujo a que el 15 de junio de 2017, radicara petición «tendiente a obtener el reconocimiento de los efectos ex tunc, el reintegro, el pago a título de indemnización de los salarios, prestaciones sociales convencionales y legales (...) en subsidio la pensión de jubilación (...)». La solicitud fue contestada de manera negativa el 9 de agosto de 2017. Apuntó que, según lo descrito, «resulta necesario que por los efectos de la sentencia de nulidad del 22 de mayo de 2014», su situación debía volver al estado inicial, por lo que

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Radicación n.°94527 «tiene derecho al reconocimiento de los efectos retroactivos o ex tunc de la referida sentencia de nulidad». El Departamento del Valle del Cauca, al dar respuesta a la demanda (f.°293 a 301 Vto, subsanada de f.°308 a 310 Vto), salvo a la declaratoria del nexo laboral, se opuso a las pretensiones. De los hechos, aceptó: la existencia del contrato de trabajo; los extremos temporales; el acuerdo convencional y extraconvencional; las fechas de vigencia del compendio extralegal; las estipulaciones concernientes a la jubilación; que se acordó una indemnización para los trabajadores activos que no alcanzaran los requisitos pensionales extralegales; los asalariados para acogerse a la indemnización, debían retirarse antes del 31 de diciembre de 1999; el accionante expresó su voluntad de retiro el 30 de diciembre de 1999; la entidad territorial le aceptó la renuncia; le fue reconocida la indemnización; el 30 de agosto reclamó la pensión; la petición anterior fue contestada negativamente; y que interpuso recursos en vía gubernativa. En su defensa expresó que Fernely Saavedra Caicedo, se vinculó con el Departamento mediante contrato de trabajo, toda vez que de acuerdo a la labor, fungió como trabajador oficial. Destacó que el accionante estuvo afiliado al sindicato de trabajadores del Departamento del Valle del Cauca, por lo que era beneficiario de la convención colectiva con vigencia entre el 1 de enero de 1998 y 31 de diciembre de 2000.

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Radicación n.°94527 Adujo que en virtud de la dificil situación financiera por la que atravesaba el Departamento del Valle del Cauca, se solicitó la revisión del acuerdo extralegal, lo que condujo a que se adicionaran algunas cláusulas, de las que destaca las siguientes: «Cláusula 1. ADOPTAR UNA TABLA DE PENSIONES DE JUBILACIÓN VITALICIAS ESPECIALES (...) y «CLÁUSULA 2.

LOS TRABAJADORES ACTIVOS QUE NO QUEDEN INCLUIDOS EN

LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LA CLÁUSULA 1 PODRÁN

ACOJERSE A LA SIGUIENTE TABLA DE RETIRO (...)».

Anotó que el accionante, no logró acreditar los requisitos establecidos en la cláusula de «PENSIONES DE JUBILACIÓN VITALICIAS ANTICIPADAS ESPECIALES», pues para la fecha no contaba con el tiempo de servicios exigido, por lo que «en un acto voluntario y siendo una decisión unilateral del demandante, se acogió a la tabla de retiro voluntaria, presentando su renuncia», por eso le fue reconocida la indemnización de conformidad con la cláusula 2 de la revisión del acuerdo convencional. Enunció que, la situación de Saavedra Caicedo, se resolvió con sustento en la revisión de la convención colectiva, lo que impide que a una situación consolidada, se le apliquen los efectos ex tunc de la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 1687 de 1999. Como excepciones de mérito planteó prescripción, y las que llamó: inexistencia de la obligación, y cobro de lo no

debido.

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Radicación n.°94527 El Agente del Ministerio Público, intervino en el proceso (f.°303 a 305 Vto), en síntesis dijo: Si bien el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de mayo de 2014 (...) declaró la nulidad del Decreto 1867 de 1999 y la circular 0015 del 21 de enero de 2000, se debe tener en cuenta que la terminación del contrato de trabajo del actor se dio por su voluntad al presentar renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba en el ente territorial para acogerse al plan de retiro voluntario, que si bien tiene como una de sus razones la reestructuración de la planta de Cargos del Departamento del Valle del Cauca, la relación laboral no termina por supresión de empleos de la planta global del ente territorial, sino por su decisión de acogerse a un plan de retiro adoptado en la revisión convencional (...). Agregó que la declaratoria de nulidad del decreto 1867 de 1999, no afectaba la situación del accionante, toda vez, que se trataba de una situación consolidada desde el momento en que presentó renuncia. Propuso las excepciones de prescripción, compensación e inexistencia de la obligación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, concluyó el trámite y emitió fallo el 5 de febrero de 2020, en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación frente a la totalidad de las pretensiones elevadas en contra de la demandada como se explicó con antelación.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, de todas y cada una de las pretensiones (...).

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TERCERO: COSTAS a cargo de la parte vencida (...).

Disconforme, apeló el accionante.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, profirió fallo el 26 de marzo de 2021, en el que confirmó el fallo de primer nivel, e impuso costas en la alzada.

El sentenciador plural, al inicio de su fallo, dijo que el problema jurídico se centraba en «determinar si es procedente el reintegro del señor (...) en virtud de la nulidad declarada en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 22 de mayo de 2014 (...) para lo cual habrá de evaluarse si la misma tiene efectos ex tunc respecto de la terminación del contrato que el actor sostuvo con el DEPARTAMENTO (...)»; y enunció que en caso de no proceder lo anterior, debería estudiar de manera subsidiaria, si tenía derecho a la pensión de jubilación. Para resolver los problemas jurídicos, adujo que Saavedra Caicedo, fue vinculado al Departamento del Valle del cauca en el cargo de obrero código 971, en el Distrito de Buga, Secretaría de Obras Públicas, mediante Decreto 1234 de 1994 (f.°158 a 160) y posesionado el 27 de julio de 1994 (f.°161), y presentó renuncia al cargo a partir del 31 de diciembre de 1999 (f.°162), acogiéndose a la tabla de

indemnización pactada en el acuerdo de revisión convencional del 24 de diciembre de 1999.

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Radicación n.°94527 Manifestó que para la solución del caso, lo primero que debía hacer, era elucidar «los efectos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 22 de mayo de 2014 dentro del proceso con radicado Adujo el ad quem, que la Corporación antes aludida, dentro de los expedientes 19993971-01 y 2011-1324-01, enserió que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo es ex tunc, es decir, que el acto estaba viciado desde su expedición, en consecuencia, retrotrayendo las cosas al estado anterior del acto. Dijo que en lo atinente a las situaciones jurídicas consolidadas, el Consejo de Estado, adoctrinó que «una vez ocurrida la caducidad, la actuación administrativa queda en firme y para el afectado ya no tiene incidencia alguna (...)», por lo que existe «un deber ineluctable para la parte para ejercer las actuaciones encaminadas a enjuiciar su situación particular en término oportuno, sin que resulte ser un óbice la existencia del acto general», y sin que deba esperar a que se resuelva sobre la legalidad de ese acto general, para que pueda incoar las acciones relativas a su situación individual. Agregó que esta Corporación en fallo CSJ SL3502-2019, instruyó que, aunque la decisión anulatoria de un acto administrativo tenía efectos respecto de las situaciones generadas con ocasión de la expedición de aquel, excepcionalmente había situaciones materializadas que

debían quedar en pie. Lo anterior, porque la nulidad de un acto administrativo tiene incidencia directa en la restauración del orden jurídico abstracto, por eso, como lo recordó el Consejo de Estado en sentencia 2012-00010-00,

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Radicación n.°94527 «no es aquella la vía para reclamar prerrogativas subjetivas atadas a la esfera patrimonial de un posible afectado con el acto viciado», toda vez, que para ello existe la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y en esta jurisdicción, la acción ordinaria laboral. Para desestimar lo pedido, sostuvo, que en esta causa transcurrieron «14 años desde la renuncia del señor (...) que acaeció el 31 de diciembre de 1999 (f7.162), y la Sentencia del Consejo de Estado que invoca como acto invalidante de su desvinculación, emitida el 22 de mayo de 2014, sin que la (sic) demandante hubiere iniciado en término oportuno la petición administrativa o respectiva acción (...)». Subrayó que el proceso de nulidad del acto administrativo, «no es excusa para que el trabajador inicie las acciones administrativas o jurisdiccionales que considere, habiéndole prescrito al actor en el presente asunto la acción para reclamar las acreencias que solicita en el libelo introductor», pues transcurrieron más de 3 años desde que finiquitó el vínculo el 31 de diciembre de 1999 (f.°162) y la primera petición, que fue radicada el 15 de junio de 2017 (f.°192 a 195), ligado a que «para el momento en que se da la

declaratoria de nulidad del decreto 1867 de 1999, la situación del señor FERNELY SAAVEDRA CAICEDO estaba más que consolidada, sin que pueda resultar afectada por los efectos de la citada decisión de nulidad». Expresó que «en el sub lite no se alegó en el libelo introductor la existencia de un vicio del consentimiento, SCLMPT-10 V.00 'o Radicación n.°94527 inducción a error que pretende el recurrente activo argumentar en el recurso de apelación, momento procesal para el cual este supuesto aparece como un hecho nuevo, que en virtud del principio de consonancia y congruencia no puede ser dilucidado» y tampoco se adujo que el accionante hubiese estado en situación de debilidad manifiesta que activara la garantía de estabilidad laboral reforzada. Aseveró que, incluso de haberse referido en la demanda a la existencia de un vicio del consentimiento, tampoco procedería su declaratoria, debido a que esta Sala de casación, en sentencia CSJ SL2887-2020, adoctrinó que los empleadores están legitimados para promover planes de retiro compensados, a su vez, los trabajadores, se hallan facultados para aceptar de manera libre o proponer fórmulas de negociación, sin que la nulidad del decreto de restructuración del Departamento, «implique la ineficacia de los mismos, pues lo cierto es que para el momento en que se celebró entre las partes el acuerdo de retiro voluntario, dicha disposición se encontraba surtiendo efectosj urídicos, es decir, que no tenía la capacidad de inducir a error al trabajador (...)»,

toda vez, que la reestructuración fue real y en efecto acaeció. Por lo argumentado, debía confirmar la absolución frente al reintegro. Procedió al análisis de la petición subsidiaria, es decir, la pensión de jubilación. Explicó que esta prestación se hallaba consagrada en el artículo 67 de la convención colectiva (f.°54 a 125), «regularizada en el artículo 2 del Acuerdo de Revisión Convencional pactado por las mismas

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Radicación n.°94527 partes (f°126 a 135)» y estableció como requisitos de causación, que el trabajador hubiese laborado para el Departamento un mínimo de 10 arios, y alcanzara la edad de 60 arios, exigencias que no satisfacía el actor, pues solo laboró 5 arios, 5 meses y 4 días (f.°168), por lo que debía confirmar el fallo del a quo.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación del fallo del Tribunal, en sede de instancia, se revoque la sentencia de primer grado, y en su lugar se proceda a: «declarar la ineficacia de la terminación del vínculo laboral (...) en su calidad de Trabajador Oficial, que es beneficiario de los efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado (...)», y se

disponga el reintegro sin solución de continuidad con el pago de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales. Agregó que también debía accederse a las pretensiones subsidiarias, es decir, el reconocimiento y pago de la pensión convencional, la indexación e intereses moratorios.

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Radicación n.°94527 Con el anterior propósito plantea un cargo, que no recibió réplica y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de los artículos: 13, 43, 467, 468, 469, 470, 471, y480 del CST; 53, 122 y 123 de la CN; en concordancia con el Decreto 1617 del 29 de septiembre de 1977, la ordenanza 017 de 6 de diciembre de 1989 y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66 y 67 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el Departamento del Valle del Cauca y el Sindicato de

Trabajadores del Departamento. Como causa eficiente de la trasgresión normativa, enuncia los siguientes dislates:

1. No dar por demostrado estándolo, que el señor Fernely Saavedra Caicedo es beneficiario de los efectos ex tunc de la sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda - Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado con radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

2. Dar por demostrado sin estarlo, que la desvinculación del

cargo de Obrero clasificado como un trabajador Oficial se consolidó con la renuncia presentada a partir del 30 de diciembre de 1999. 1. (sic) No dar por demostrado estándolo, que es ineficaz o inexistente el oficio calendado del 30 de diciembre de 1999 por medio del cual el señor Fernely Saavedra Caicedo presentó renuncia del cargo de Obrero, con la finalidad de acogerse a la tabla de jubilaciones vitalicias anticipadas especiales.

3. No dar por demostrado estándolo, que al demandarse la nulidad de los Decretos números 1867 del 22 de diciembre de

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Radicación n.°94527 1999 y 0015 del 21 de enero de 2000 impidió que se consolidara la reforma administrativa mediante el cual se estableció la estructura administrativa y la planta global de cargos a nivel central del Departamento del Valle del Cauca y desaparecieran todos los cargos de trabajadores oficiales.

4. No dar por demostrado estándolo, que los actos y actuaciones que se realizaron para desvincular del cargo de Obrero al señor Fernely Saavedra Caicedo, corren la misma suerte de la nulidad que se profirió en contra del Decreto No. 1867 del 22 de diciembre de 1999 (acto administrativo general principal).

5. Dar por demostrado sin estarlo, que hubo solución de continuidad desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en que fue notificada y ejecutoriada la sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda - Subsección A (...) con

radicación No. 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11).

6. No dar por demostrado estándolo, que la renuncia presentada por el señor (...) a partir del 31 de diciembre de 1999 para acogerse a la tabla de jubilaciones anticipadas es ineficaz.

7. Dar por demostrado sin estarlo, que el fundamento por el cual se motivó la renuncia de los trabajadores oficiales no tiene o no mantiene en el tiempo la presunción de legalidad, al declararse nulo el Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999 por falsa motivación y desviación del poder.

8. No dar por demostrado estándolo, que el Departamento del Valle del Cauca no ha dado cumplimiento a la Sentencia del 22 de mayo de 2014 proferida por la Sección Segunda - Subsección A (...) en los términos del el (sic) literal k del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

9. No dar por demostrado estándolo, que el señor Fernely Saavedra Caicedo tiene derecho al reintegro en el cargo de obrero con efectos retroactivos o ex tunc desde el día 01 de enero de 2000, u otro de igual o superior categoría.

10. Omitir para dar por no demostrado, estándolo, que el señor (...) tiene derecho a que se reconozca y pague a título de indemnización los salarios, prestaciones sociales (legales y convencionales) dejados de percibir desde el día 01 de enero de

2000.

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Radicación n.°94527

11. No dar por demostrado estándolo que el tiempo transcurrido

desde el día 01 de enero de 2000 hasta la fecha en q7ue quede ejecutoriado y en firme la sentencia es sin solución de continuidad, para efecto del tiempo de servicios para acceder a la pensión de jubilación en los términos del artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo. Asevera que los citados yerros resultaron de la mala apreciación de: el decreto extraordinario 1617 de 1977; ordenanza 017 de 6 de diciembre de 1989; convención colectiva con nota de depósito del 24 de febrero de 1998; Decreto 1867 de 22 de diciembre de 1999; copia acuerdo de revisión convencional del 24 de diciembre de 1999; copia sentencia de 22 de mayo de 2014, proferida por la Sección Segunda - Subsección A, con radicación 76001 23 31 000 2005 01449 01 (0019-11); registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía de Fernely Saavedra; Decreto 1234 de 5 de julio de 1994, por el cual se hacen unos nombramientos en la Secretaría de Obras Públicas departamentales; acta de posesión 1075 de 27 de julio de 1994; oficio por medio del cual Fernely Saavedra Caicedo, presenta renuncia al cargo de obrero; copia del Decreto 004 del 7 de enero de 2000, por el que se aceptan unas renuncias presentadas por los trabajadores oficiales departamentales. Así mismo, dentro del listado de pruebas mal apreciadas, enunció: resolución 061 de 19 de enero de 2000,

por la cual se liquida una indemnización; resolución 3332 de 17 de marzo de 2000, por la cual se liquida el auxilio de cesantía; Resolución 8790 de 2000, que resolvió petición de pago de «excedencia de cesantías»; constancia de tiempo de servicios y salarios; constancia número 0562 de 16 de mayo

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Radicación n.°94527 de 2008, sobre tiempo de servicios; derecho de petición radicado con el número 0000134963 del 30 de agosto de 2006; copia de la resolución1459 de 2006, que resuelve una solicitud de pensión de jubilación; recurso de reposición y en subsidio apelación, con radicado 0000145053; resolución 1771 de 29 de diciembre de 2006, que resuelve un recurso de reposición; resolución 102 del 25 de abril de 2007, que resuelve un recurso de apelación; derecho de petición en interés particular, con radicado 44678 de 15 de junio de 2017; oficio 0102-035-01-1092717 de 9 de agosto de 2017, expedido por el Subdirector de Gestión Humana del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación; carpeta de la historia laboral que la encartada allegó con la subs anación de la contestación. Manifiesta que se encuentra demostrado que mediante Decreto 1234 de 1994, expedido por el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, se «nombra» a Saavedra Caicedo en el cargo de obrero, «posesionándose a partir del día 27 de julio de 1994», en un cargo clasificado como de

trabajador oficial, con sustento en el Decreto Extraordinario número 1617 de 1977, y mediante ordenanza 017 de 6 de diciembre de 1989, se clasificó como trabajador oficial al «cargo de obrero». Anota que también está demostrado que de acuerdo con el articulo 5 de la Convención Colectiva, se reconoce como trabajadores oficiales a quienes se hayan vinculado por contrato de trabajo, cualesquiera haya sido la forma de vinculación. Así mismo, el articulo 6 reconoce como

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Radicación n.°94527 trabajadores oficiales a todas las personas que hayan tenido el tratamiento con base en lo estipulado en cánones convencionales y departamentales vigentes y el artículo 7 extralegal, contempla las normas de clasificación de personal. Dice que también se acreditó por el recurrente la calidad de trabajador oficial en los términos del Decreto Extraordinario Número 1617 de 1977, unido a que demostró el cargo de «Obrero dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca», desde el 27 de febrero de 1994 y hasta el 31 de diciembre de 1999, es decir durante 5 arios, 05 meses y 04 días. Alega que por medio del Decreto 1867 del 22 de diciembre de 1999, el Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, estableció la nueva estructura administrativa y la planta de personal global de cargos, fundamentado en un estudio técnico que simulaba una grave crisis económica y financiera, lo que implicaba la eliminación de los cargos de

trabajadores oficiales, y que solo quedaran los de empleados públicos. Como consecuencia de la anterior reforma administrativa, los trabajadores que decidieran acogerse a la tabla de retiro deberían manifestar su voluntad antes del 31 de diciembre de 1999, con la correspondiente carta de renuncia, de lo contrario el Gobernador o su delegado aplicaba el retiro discrecional o unilateral y cita el literal c),

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Radicación n.°94527 de la cláusula 3. Aduce que Saavedra Caicedo, presentó renuncia al cargo de obrero, lo que conllevó que el Gobernador del departamento, mediante Decreto 0004 del 07 de enero de 2000, aceptara en forma masiva las renuncias allegadas, para luego liquidar y reconocer una indemnización por la supresión del cargo de obrero. Argumenta que está probado que se indujo a error al asalariado, como a los demás trabajadores, para que manifestaran su consentimiento, toda vez que la reforma en su momento era válida, con presunción de legalidad por encontrarse en un acto administrativo de carácter general, pero también «Está probado que el derecho no se consolidó» porque se presentó demanda contencioso administrativa de nulidad contra el acto de carácter general contenido en los Decretos 1867 de 1999 y, 0015 de 2000, que fueron el (fundamento principal de la reforma administrativa, y la motivación [de] la desvinculación del servicio de todos los trabajadores oficiales en el Departamento del Valle del Cauca». Indica que el derecho no se consolidó con la renuncia, ((ya que él presentó demandas las cuales cursaron yf ueron de

conocimiento de la Sala Laboral del Tribunal Superior» y para comprobar tal aseveración, copia el radicado de un proceso que al parecer adelantó junto con otros trabajadores ante el Juzgado 4 laboral del Circuito de Cali y enuncia como fuente

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Radicación n.°94527 un link. Aduce que lo anterior demuestra que estamos ante un choque de principios, como el de cosa juzgada, y seguridad jurídica, versus los de equidad y justicia, en concordancia con el artículo 21 del CST, por lo que «el derecho no se consolidó porque el señor Saavedra (...) acudió a la justicia ordinaria para rebatir su renuncia», proceso que fue conocido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y luego conocido por esta Corporación en fallo notificado el 27 de Julio de 2017. Recalca que el Decreto 1867 de 1999, que fue anulado por el Consejo de Estado, tenía relación directa con el Acuerdo de Revisión Convencional, que establecía una indemnización para el retiro del servicio. Enuncia los motivos en que se apoyó el fallo de nulidad, luego dice que la sentencia se notificó por edicto del 13 de junio de 2014, fue desfijado el 17 de junio, y dentro del término presentó reclamación administrativa. Exterioriza que el artículo 2536 del Código Civil contempla que la prescripción ordinaria es de 10 arios, en concordancia con el literal K, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que ordena un término de 5 arios para buscar la ejecución de una sentencia, unido a que la decisión judicial

que declara el acto nulo, beneficia o habilita a reclamar una afectación «buscando que se ejecute dicho pronunciamiento judicial donde se pretenda extender los efectos «ex tunc o retroactivos», toda vez que en su criterio «los efectos de las

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Radicación n.°94527 sentencias de nulidad de los actos administrativos generales también tienen efectos erga omnes (...) lo que implica que las cosas o situaciones particulares y concretas vuelvan a su estado anterior por los mismo[s]e fectos ex tunc o retroactivos», lo que conlleva al reintegro. Refiere que el fallo CSJ SL4782-2018, constituye un precedente aplicable a su situación, pues la nulidad de los actos administrativos retrotrae las cosas al estado en el que se encontraban, e insiste que «en su momento con el Acuerdo de Revisión Convencional se indujo a error a todos los trabajadores oficiales», siendo «ineficaz la forma como se indujo a la terminación del vínculo de manera anticipada», dado que si se declaró nulo el Decreto 1867 de 1999, fue porque se probó la falsa motivación y desviación del poder. Cita los artículos 13 y 43 del CST, luego enuncia que también resulta ineficaz la terminación del vínculo debido a que a partir del 1 de enero de 2000 continuaron dichos cargos de trabajadores oficiales de manera tercerizada. Desciende al tema de la pensión exp