CSJ - SL962-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL962-2023 Radicación n.° 88692 Acta 09 Ibagué (Tolima), quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Por remisión de la Sala de Descongestión Laboral n.° 1, integrada por los magistrados Martín Emilio Beltrán Quintero, Dolly Amparo Caguasango Villota, y Olga Yineth Marchán Calderón (ponente), y, de conformidad con los artículos 2.° de la Ley Estatutaria 1781 de 2016 y 26 del Acuerdo n.° 48 de 16 de noviembre de 2016, la Sala decide el recurso de casación interpuesto por EUDENIS CASAS BERTEL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 27 de enero de 2020, en el proceso ordinario laboral que instauró ENILSE ISABEL DESCHAMPS ANAYA contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES), LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL, LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO y la hoy

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Radicación n.° 88692 recurrente en su calidad de NOTARIA SEGUNDA DEL

CÍRCULO DE CARTAGENA.

AUTO No se acepta el impedimento presentado por el magistrado, doctor FERNANDO CASTILLO CADENA, para adoptar la decisión que en este trámite corresponde, al estimar que no se cumplen las exigencias descritas en la ley. Se reconoce personería para actuar como apoderado

sustituto de Colpensiones al doctor Luis Enrique Salinas identificado con la cédula de ciudadanía 9.873.975 y tarjeta profesional 186.558 del C. S. de la J. en los términos y para los efectos del poder que obra en el expediente digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES

Enilse Isabel Deschamps Anaya demandó a Colpensiones, a Eudenis Casas Bertel como Notaria Segunda de Cartagena y a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de que se declare que laboró al servicio de la citada notaría del 2 de abril de 1976 al 31 de marzo de 2016, que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

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Radicación n.° 88692 En consecuencia, solicitó condenar a las demandadas, individual o conjuntamente, a pagar a Colpensiones y en su favor, el cálculo actuarial mediante bono o título pensional, por el periodo 1976 a 1994, a fin de completar las semanas necesarias para el reconocimiento de su pensión; los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación, y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró de manera continua e ininterrumpida al servicio de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, del 2 de abril de

1976 al 31 de marzo de 2016; que es beneficiaria del régimen de transición, el cual mantiene de acuerdo con las exigencias legales previstas para el efecto. Indicó, que le fue expedido el Certificado 004 para Bono Pensional por parte de la Gerente Administrativa y Financiera de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, en el que se dejó constancia que el vínculo laboral inició el 2 de abril de 1976, en el cargo de protocolista. Que para adelantar el trámite de su pensión, solicitó a la notaría actualizar la anterior información, pero se le comunicó que no había sufrido variación alguna, y que no existía obligación, por cuanto conforme con la Circular Conjunta del 18 de abril de 2008, solo recaía en las entidades públicas la obligatoriedad de certificar la información laboral en los formatos B1, B2 y B3, no así para las entidades privadas, categorizándose los notarios del país dentro de la segunda clasificación antes anotada.

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Radicación n.° 88692 Adujo, que al examinar su historia laboral, advirtió que de manera inexplicable, la empleadora Eudenis Casas Bertel, Notaria Segunda del Círculo de Cartagena, solo efectuó cotizaciones a partir del mes de marzo de 1998, por lo que solo cuenta con 869 semanas de aportes, las que resultan insuficientes para acceder a su derecho pensional, debido a la grave omisión en que incurrió, tal y como lo reseñó Colpensiones mediante la Resolución GNR 254770 de 29 agosto de 2016. Finalmente sostuvo, que es una mujer de 60 años de

edad y que de haberse efectuado las cotizaciones que echa de menos, hubiese accedido a una pensión a partir del año 2011. Al dar respuesta a la demanda, la señora Eudenis Casas Bertel, en su condición de Notaria Segunda de Cartagena, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó lo relativo a la solicitud del certificado para bono pensional y la respuesta que se le dio; frente a los restantes supuestos fácticos manifestó, que algunos no eran ciertos y otros no le constaban. En su defensa, no propuso excepciones de fondo, pero precisó que los empleados de las notarías y los notarios fueron afiliados forzosos de la Caja de Previsión NacionalCajanal, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 059 de 1957, y al tenor de lo previsto en la Ley 86 de 1988, la mayoría pasaron a cotizar al Fondo de Previsión

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Radicación n.° 88692 Social de Notariado y Registro - Fonprenor, entidad que recibió aportes hasta el 30 de noviembre de 1997, calenda en la que entró en liquidación y, con la vigencia de la Ley 100 de 1993, aquellos fueron libres de afiliarse al fondo de pensiones que eligieran. Puso de presente, que la notaría es sólo la sede donde cumple sus funciones el notario, la cual no tiene personería jurídica y, por ende, es el notario como persona natural quien responde por las obligaciones resultantes de la actividad notarial; de manera que no se reúnen los presupuestos para

declarar la existencia de una sustitución patronal en los términos previstos por el artículo 67 del CST. Por su parte, Colpensiones al contestar la demanda, igualmente se opuso a la totalidad de las pretensiones y frente a los hechos afirmó no constarle o no constituirse como tales. En su defensa, propuso como excepciones, inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido y la innominada o genérica. A su turno, la UGPP al dar respuesta, también se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no le constaban. Como argumentos de defensa señaló, que no era la entidad competente para el otorgamiento de la pensión de

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Radicación n.° 88692 vejez de la demandante, sino Colpensiones, pues a partir del 30 de junio de 2009, todos los afiliados de Cajanal se trasladaron al ISS, y por regla general quien reconoce la pensión es la última Caja o Fondo al cual realizó el aporte el servidor público. Además, planteó como excepciones de fondo, prescripción, inexistencia de la causa petendi y cobro de lo no debido, falta de derecho para pedir, buena fe y la genérica y, como previas, la de inepta demanda por no presentar reclamación administrativa ante la UGPP y falta de competencia, las cuales fueron desatadas en favor de la referida entidad en audiencia el 29 de noviembre de 2017 y, en consecuencia, se dispuso a desvincularla del trámite

procesal (archivo 24 y 25 exp. digital). A través de providencia del 3 de mayo de 2017, se admitió la reforma a la demanda, en el sentido de incluir como parte pasiva a la Nación – Ministerio del Trabajo, con el fin de que fuera condenada, como representante legal y judicial del Consorcio FOPEP, para asumir la cuota parte pensional que le corresponda, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas entre febrero de 1994 y noviembre de 1997, a Fonprenor (Liquidado), por parte de la señora Eudenis Casas Bertel, en calidad de empleadora. Así también, para que se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, teniendo en cuenta las semanas efectivamente cotizadas en dicho régimen, previo pago del bono o cuota parte a cargo de la

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Radicación n.° 88692 Nación – Ministerio de Trabajo y de la UGPP, por el periodo comprendido entre abril de 1976 y enero de 1994. La UGPP y Eudenis Casas, contestaron la reforma de la demanda dentro de la oportunidad procesal, reiterando lo expuesto en la respuesta de la demanda inicial, mientras que, a Colpensiones, se le tuvo por extemporánea la contestación por haber sido presentada fuera del término. A su turno, La Nación - Ministerio del Trabajo, una vez notificada del auto que ordenó su integración a la litis y de la reforma a la demanda, dio respuesta, oponiéndose a las pretensiones y; en cuanto a los hechos, manifestó que no le constaban.

Como razones de defensa, adujo que el Fondo de Pensiones Públicas a nivel nacional era una cuenta especial de la Nación, adscrita al Ministerio de Trabajo, sin personería jurídica, cuyos recursos se administraban mediante encargo fiduciario en los términos previstos en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993, el que se encontraba suscrito con el Consorcio FOPEP 2015, cuya finalidad fue la de subrogar a los Fondos o Cajas del Nivel Nacional que tuvieran a su cargo la concesión de pensiones de servidores públicos, pero únicamente como entidad pagadora, correspondiendo en el caso concreto el estudio y reconocimiento del derecho a la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo previsto en el capítulo 8 del Decreto 1833 de 2016.

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Radicación n.° 88692 En su defensa, propuso como excepciones, la falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de fundamentos fácticos y jurídicos, prescripción y caducidad, y la “genérica”.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 7 de marzo de 2018 resolvió:

1. DECLARAR no probadas las excepciones de fondo formuladas por COLPENSIONES y la señora EUDENIS CASAS BERTEL.

2. DECLARAR que la demandante, señora ENILSE DESCHAMPS ANAYA, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión legal de vejez desde el 2 de abril de 2016, en adelante, en

cuantía inicial para ese año de $994.849, la cual al año 2018 asciende a la suma de $1.095.082, la cual deberá ser reajustada anualmente con la variación porcentual del IPC, y a razón de 13 mesadas por año.

3. CONDENAR a la demandada COLPENSIONES a pagarle a la demandante ENILSE DESCHAMPS ANAYA la suma de $25.775.553 por concepto de mesadas pensionales causadas desde el 2 de abril de 2016 hasta el 28 de febrero de 2018.

4. CONDENAR a la demandada COLPENSIONES a pagarle a la demandante ENILSE DESCHAMPS ANAYA las mesadas pensionales causadas desde el 1 de marzo de 2018 en adelante, en cuantía mensual de $1.095.082, la cual deberá ser reajustada anualmente con la variación porcentual del IPC, y a razón de 13 mesadas por cada año.

5. CONDENAR a la demandada COLPENSIONES a pagarle a la demandante ENILSE DESCHAMPS ANAYA las mesadas pensionales adeudadas debidamente indexadas a la fecha de su cancelación efectiva.

6. CONDENAR a la demandada EUDENIS CASAS BERTEL a consignarle a COLPENSIONES el valor del cálculo actuarial correspondiente a las cotizaciones en pensión de la demandante ENILSE DESCHAMPS ANAYA, comprendidas entre el 2 de abril de 1976 y el 31 de enero de 1994, de acuerdo con la liquidación que al efecto realice el respectivo fondo de

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Radicación n.° 88692 pensiones con observancia del Decreto 1887 de 1994.

7. AUTORIZAR a la demandada COLPENSIONES para que reclame a la entidad que asumió el pasivo pensional de FONPRENOR el pago de las cotizaciones realizadas por la demandante entre febrero de 1994 y noviembre de 1997.

8. ABSOLVER a COLPENSIONES y a la señora EUDENIS CASAS BERTEL de las demás pretensiones de la demanda.

9. ABSOLVER al MINISTERIO DEL TRABAJO y a la UGPP de todas las pretensiones de la demanda.

10. COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada, para tales efectos se señala como agencias en derecho la suma de $2.577.555 que equivale al 10% del retroactivo. Esta suma de dinero estará a cargo de ambas demandadas, por partes iguales.

11. Envíese el expediente en consulta al superior por haber sido adversa la sentencia a COLPENSIONES.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, mediante fallo del 27 de enero de 2020 dispuso: PRIMERO: REVOCAR parcialmente el ordinal décimo de la sentencia apelada y consultada de fecha 1 de marzo de 2018, proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ENILCE DECHAMPS ANAYA contra COLPENSIONES Y OTROS, para en su lugar disponer: ABSOLVER a la demandada COLPENSIONES de las costas del proceso impuestas en primera instancia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado

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Radicación n.° 88692 fijó como problemas jurídicos a resolver: i) si la demandante tenía derecho a la pensión de vejez, conforme al régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y si cumplía los requisitos legales para ello; ii) si la demandada Eudenis Casas Bertel como titular de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, dependencia para la cual trabajó la demandante, debía responder por el pago del cálculo actuarial correspondiente al período del 2 de abril de 1976 al 31 de enero de 1994, por operar la sustitución patronal; iii) si había lugar al pago de intereses moratorios que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y iv) si Colpensiones debía ser condenada al pago de las costas del proceso. En el marco antes expuesto, indicó que los fundamentos legales y jurisprudenciales aplicables para sustentar la tesis que expondría, correspondían a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 67 del CST, y lo expuesto en las sentencias CC T-927-2010 y CC SU913-2009. Abordó el tema de la procedencia del reconocimiento de la pensión de vejez, encontrando que la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por conservarlo a través del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2005, pues pese a

que cumplió 55 años de edad el 22 de octubre de 2011, a la entrada en vigor de la reforma constitucional había acreditado servicios durante 29 años. Afirmó, que el sentenciador de primer grado había acertado al aplicar el Acuerdo 049 de 1990, pues aun cuando

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Radicación n.° 88692 la afiliación a Colpensiones se dio el 1° de marzo de 1998, esto es, con posterioridad al 1° de abril de 1994, era preciso tener en cuenta que desde la expedición del Decreto Legislativo 059 de 1957, tanto el notario como sus empleados fueron afiliados forzosos de Cajanal y, hasta el 31 de enero de 1994, fecha a partir de la cual pasaron a cotizar a Fonprenor, entidad que recibió aportes hasta el 30 de noviembre de 1997, cuando operó su liquidación. Advirtió, que a partir de la Ley 100 de 1993, tanto los notarios como sus empleados fueron afiliados al entonces ISS hoy Colpensiones, de manera que hubo personas que se pensionaron por jubilación por parte de Cajanal hoy a cargo de la UGPP, o por Fonprenor hoy a cargo del Ministerio de Trabajo, al tenor de los lineamientos fijados en el Decreto 2527 de 2000, o, en su defecto, precisó, se causó el bono pensional o la cuota parte para aquellos que debían ser pensionados por otros Fondos o Cajas. Evento este último, que estimó correspondía al caso sometido a su escrutinio, en el que a la promotora de la contienda le asistía el derecho a ser pensionada por

Colpensiones, al amparo del Acuerdo 049 de 1990, dado que los tiempos laborados en favor de los notarios, son privados y las normas que regulan la prestación de sus servicios son las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, correspondiéndole a este como persona natural el pago de los aportes pensionales a qué hubiere lugar, según el artículo 121 del Decreto 2148 de 1983.

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Radicación n.° 88692 En ese orden de ideas, sostuvo que le asistía razón al juez singular, en la selección de la norma que gobierna la controversia, al igual que respecto del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez deprecada, en tanto se acreditó un total de 976 semanas cotizadas al ISS hoy Colpensiones y 197 a Fonprenor, más los tiempos servidos desde el 2 de abril de 1976 hasta el 31 de enero de 1994, los que equivalían a 930.42 semanas, para un total de 1923.42, que resultan suficientes para consolidar el derecho pensional implorado; y, por ende, debía confirmar la sentencia consultada en este aspecto. En torno a la obligación de pago del cálculo actuarial y la sustitución patronal declarada respecto de la demandada Eudenis Casas Bertel, sostuvo que al sustentarse el reconocimiento de la pensión de vejez en tiempos servidos por la demandante a favor de personas naturales que fungieron como notarios de la Notaría Segunda del Círculo de Cartagena, precisó lo siguiente. Que de conformidad con lo establecido en la

Constitución Política, la función notarial es un servicio público, el cual, aunque prestado por particulares bajo la figura de la descentralización por colaboración, jurisprudencialmente se tiene, que deben aplicárseles las normas generales que regulan las controversias del derecho individual y colectivo, como el artículo 53 de la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que aquellos son empleados particulares, tal como se precisó en las providencias de la Corte Constitucional CC T-927-2010 y

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CC SU913-2009.

Añadió, que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2148 de 1983, reglamentario del estatuto del notariado, bajo la responsabilidad del notario se podrá crear los empleos que requiera para el eficaz funcionamiento de la notaría a su cargo y deberá cumplir con las obligaciones que para con sus subalternos le señalan las normas legales. Por consiguiente, concluyó, que en aplicación del régimen laboral general, no era razonable concluir que los empleados adquirían un vínculo laboral con el notario sin ninguna relación con la oficina o el establecimiento en el que prestaban sus servicios, en tanto la vinculación de estas personas se da para la realización de las tareas que componen la función notarial, de manera que, como estos empleados eran contratados por quién era titular de la notaría, pero para el servicio de la persona jurídica y no para su servicio personal, nada impedía que cuando ocurría un cambio de notario, sobreviniera una sustitución patronal,

como se dijo en la sentencia CC T-927-2010. Destacó, que según el artículo 67 de la CST, se entendía por sustitución patronal un cambio de empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsistiera la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufriera variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios, por lo que la sola ocurrencia no extinguía, suspendía, ni modificaba los contratos de trabajo existentes, y en esa medida, cuando ocurría un cambio de notario y

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Radicación n.° 88692 siempre que el establecimiento continuara con el giro ordinario de sus actividades, que es el ejercicio de la función notarial, operaba una sustitución de empleadores. En los términos expuestos, adujo que al analizar el caso en concreto, no le asistía la razón al apoderado judicial de la demandada Eudenis Casas Bertel, cuando indicó que la sustitución patronal no era la figura aplicable al caso, toda vez que la demandante era empleada pública y cumplía funciones públicas, pues aun cuando la actora fue vinculada a través de un acta de posesión tal como constaba a folio 119 del plenario, en el cargo de secretaria, y luego pasó a ser protocolista nivel I, la forma de vinculación en estos casos no era la que determinaba bajo qué prerrogativa se regía la relación laboral. Lo anterior, por cuanto aquella era una trabajadora particular según las voces del artículo 131 de la Constitución Política y, por ende, estaba regida por el Código Sustantivo del Trabajo, siéndole aplicable lo preceptuado en el artículo

67 del citado Código, en torno a la sustitución de empleadores, de la que se cumplía con sus presupuestos. Pues se dio el cambio de empleador, y aunque no se determinó cuál era el anterior, la norma no exigía que tuviera que estipularse para que se originara la sustitución patronal, en razón a que solo se impone la existencia de variación de patrono, conforme aconteció en el presente asunto, ya que estaba plenamente demostrado que la demandante venía vinculada a la Notaría Segunda de Cartagena desde el 2 de

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Radicación n.° 88692 abril de 1976, al servicio de diferentes notarios, siendo su última empleadora la señora Eudenis Casas Bertel. Por otro lado, dijo que era evidente que no hubo variación en el giro de actividades de la notaría, pues aquella mantuvo las mismas funciones, es decir, sin variación o giro de los negocios y, por último, se estableció que el contrato de trabajo de la demandante no había finalizado, ya que, prestó sus servicios de manera continua desde el año 1976. Puso de presente, que aun cuando el apoderado judicial de la demandada Eudenis Casas Bertel, en su recurso de apelación, manifestó que la actora conocía los extremos del contrato de trabajo que existió, en consideración al acuerdo transaccional que suscribió y, de que existía un contrato pactado en el año 2011, que indicaba que el extremo inicial era el 6 de julio de 1994, y no antes, lo demostrado al interior del proceso era diametralmente distinta a la indicada por el

recurrente, por cuanto la demandada Eudenis Casas al tomar posesión en el cargo de notaria, no canceló el contrato de trabajo que la actora venía ejecutando a favor del empleador anterior, lo que generaba la sustitución de empleadores, ya que continúo realizando las mismas actividades en la notaría y, solo fue hasta el año 2011, cuando se elaboró un documento contractual que formalizó la relación laboral con efectos anteriores. Resaltó, además, que la demandante venía laborando desde el año 1976, como lo respaldaba la certificación expedida por la demandada visible a folio 35 del plenario.

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Radicación n.° 88692 En lo que tiene que ver con la no vinculación o llamado al proceso de aquellos notarios anteriores a la posesión de la demandada, quienes así mismo fueron los empleadores de la accionante, destacó que, tal carga le correspondía a la convocada al proceso, de manera que la omisión de su vocero judicial no podía atribuírsele al juez de primera instancia, pues si procuraba con ello liberarse de alguna obligación o responsabilidad, debió invocarlos al proceso». A pesar de lo señalado, destacó que los efectos de la sustitución patronal, al tenor del artículo 67 del CST, era que ambos empleadores respondieran solidariamente por las obligaciones que a la fecha de la sustitución fueran exigibles al antiguo empleador; de manera que si el nuevo las satisfacía podía repetir contra aquel, por lo que la demandada Eudenis Casas Bertel podía hacerlo. Precisó, que aun cuando en la contestación de la demanda Eudenis Casas Bertel, indicó que desde el 2 de abril

de 1976 y hasta el 31 de enero de 1994, los aportes pensionales eran realizados por los antiguos notarios a Cajanal, y que por ello expidió en favor de la actora la certificación para el bono pensional, se tiene que, en el documento que milita a folio 117 y 118 proveniente de dicha entidad, hoy UGPP, esta indicó que, no se encontraron aportes pensionales a favor de la demandante y que tampoco poseía los archivos históricos con los que pudiera certificar la afiliación, el tiempo y el valor cotizado a pensiones con anterioridad al primero de abril de 1994.

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Radicación n.° 88692 Por consiguiente, concluyó el fallador, que al no existir afiliación ni reporte de cotización en Cajanal, lo procedente en virtud de la sustitución patronal y con el fin de preservar el derecho a la pensión, es que la demandada debía asumir las cotizaciones morosas a fin de que se pueda financiar la prestación por vejez en el sistema pensional. En consecuencia, confirmó la decisión de primer grado respecto a la sustitución patronal y sobre el pago del cálculo actuarial a cargo de Eudenis Casas Bertel. Luego, se adentró en el reparo de la parte demandante, relativo al reconocimiento de los intereses moratorios, previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y acotó que, estos no eran procedentes, por cuanto al momento en que la demandante deprecó la pensión de vejez a Colpensiones, no cumplía los requisitos para acceder a ella,

dado que no contaba con el número de semanas exigidas, debido a la omisión de pago del empleador durante los tiempos servidos, motivo por el cual no existía en cabeza de dicha entidad obligación alguna de reconocimiento pensional y, por ende, tampoco se configuraba la mora alegada. Finalmente, en lo que concierne a la imposición de costas a Colpensiones en primera instancia, afirmó que le asistía la razón a la apelante, por cuanto existía una razón válida para que la entidad hubiese negado la pensión a través del acto administrativo que reposaba de folio 32 a 34 del expediente, razón por la cual dispuso la revocatoria parcial

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Radicación n.° 88692 del ordinal décimo de la sentencia apelada, para en su lugar, absolver a Colpensiones de las costas procesales impuestas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Eudenis Casas Bertel, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que la Corte case parcialmente la sentencia fustigada, en cuanto la condenó a pagar el valor del cálculo actuarial correspondiente a las cotizaciones en pensión de la demandante, comprendidas entre el 2 de abril de 1976 y el 31 de enero de 1994, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado en lo atinente a esta condena y, en su lugar, la absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal

primera de casación, frente a los que presenta réplica la demandante y Colpensiones. La Corte resolverá de manera conjunta el primero y el segundo, en tanto se dirigen por la vía directa y se complementan entre sí, y luego el tercero, que se encausa por la senda de los hechos.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del artículo 1° del Acto Legislativo 59 de 1957, lo que llevó la aplicación indebida de los artículos 67 del CST y 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en relación con los artículos 2, 9 y 14 de la Ley 86 de 1988.

Para demostrar el cargo, aludió de manera somera a las consideraciones que el sentenciador de segundo grado hizo en torno al pago del cálculo actuarial de los aportes causados entre el 2 de abril de 1976 y el 31 de enero de 1994, por haber operado sustitución patronal, argumento que asegura, es equivocado, en la medida en que desde la expedición del Decreto Legislativo 59 de 1957, el objetivo fundamental y primario del legislador, fue que existiera una entidad que respondiera por las prestaciones sociales de los notarios, registradores y sus empleados, como lo indica expresamente la segunda consideración de dicha disposición, y se vierte en su artículo 1°, al señalar que dichos servidores serían afiliados forzosos a Cajanal. Precisó, que con similar propósito la Ley 86 de 1988,

creó el Fondo de Previsión Social de Notariado y RegistroFonprenor, previendo que la afiliación de los empleados de las notarías a Cajanal, quedaría automáticamente cancelada desde cuando Fonprenor asumiera sus obligaciones como la nueva entidad de previsión social.

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Radicación n.° 88692 Señaló, que lo anterior impone concluir, que el tiempo servido por la demandante en el lapso ya referido, a efecto de generar cualquier prestación social, estaba a cargo única y exclusivamente de aquellas cajas previsionales; de manera que, en caso de que los aportes que pasan de una a otra entidad sean insuficientes o inexistentes, quedan a cargo del Tesoro Nacional, de conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 9 de la Ley 86 de 1988. Adujó, que esa conclusión, en casos similares, ha sido avalada por esta Corte, como ocurrió en procesos adelantados en contra del ISS, en los cuales ha resultado condenado al pago de pensiones de jubilación, obligándolo a reconocer tiempos de servicio de trabajadores particulares que no fueron afiliados por sus empleadores, pero cuyas certificaciones laborales fueron acreditadas, como ocurrió en

la CSJ SL1981-2020.

Agregó, que uno de los elementos esenciales para que se configure la sustitución de empleadores, es la identidad de establecimiento, pero una notaría no es una persona jurídica ni una empresa propiamente dicha, pues no tiene absoluta libertad para celebrar toda clase de contratos, y en esa medida, no puede contraer derechos ni obligaciones. En atención a lo anterior, la relación sustancial laboral

se da entre el notario y el empleado a quien aquel contrate para que le colabore en el ejercicio de la función notarial, la que corresponde a una función pública que el gobierno permite sea prestada por particulares bajo las condiciones

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Radicación n.° 88692 fijadas por este, el que dispone los costos y aranceles que deben ser sufragados por la prestación del servicio, así como el destino de sus ingresos, conforme lo señala la Ley 6ª de 1992 y Ley 363 de 2016. Argumentó, que dentro de la figura de la sustitución de patronos, es elemental decir que entre el nuevo y el antiguo, se celebran conversaciones para concretar el traspaso del establecimiento, los me