CSJ - SL977-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL977-2023 Radicación n.° 76834 Acta 14 Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Procede la Sala, a dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, en la sentencia de tutela CSJ STP3500-2023, proferida el 28 de febrero de 2023, dentro de la acción de amparo instaurada por RUTH ELENA BARACALDO LAMPREA contra la Sala de Casación Laboral de Descongestión n.° 2, con ocasión del juicio ordinario laboral adelantado por la mencionada señora

contra la ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA

SINFÓNICA.

En dicha acción constitucional, se resolvió, lo siguiente:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad de RUTH ELENA BARACALDO

LAMPREA.

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Radicación n.° 76834

2. DEJAR SIN EFECTOS la decisión del 11 de julio de 2022 emitida por la Sala de Descongestión #2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual casó la sentencia del 22 de junio de 2016 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral

110013105003201300359. En consecuencia, ORDENAR a esa Corporación que, en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta decisión, emita una nueva providencia

conforme a los precedentes relacionados en las consideraciones de este fallo y, en caso de no compartirlos, exponga los motivos correspondientes. La Sala Penal, para arribar a ese desenlace, estimó que se desatendieron las sentencias CC SU049-2017 y CC SU087-2022 y, de manera expresa, sostuvo: En esas decisiones, la Corte Constitucional estableció, entre otros aspectos, que para efectos del reconocimiento del fuero por debilidad manifiesta por salud no es determinante ni fundamental entrar a determinar «ni el tipo de limitación que se padezca, ni el grado o nivel de dicha limitación». Precisó, en tal sentido, lo siguiente: «para determinar si una persona es beneficiaria o no de la garantía de estabilidad laboral reforzada no es perentoria la existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral. (…) la protección depende de tres supuestos: (i) que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación». En consecuencia, procede esta Sala a resolver el recurso de casación interpuesto por RUTH ELENA BARACALDO LAMPREA y la ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el

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Radicación n.° 76834 veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016) en el proceso ordinario laboral adelantado entre los recurrentes.

I. ANTECEDENTES Ruth Elena Baracaldo Lamprea llamó a juicio a la Asociación Nacional de Música Sinfónica, para obtener, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, ejecutado desde el 30 de mayo de 2006 al 31 de igual mes pero de 2012, el reintegro al cargo que desempeñó al momento de la finalización de su vinculación, a uno apto a su condición de salud, con el pago de salarios, prestaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, desde el momento en que quedó cesante, hasta que efectivamente retornara a su sitio de trabajo.

También solicitó el pago de la indemnización de 180 días, por no tramitarse la autorización del Ministerio del Trabajo, conforme a lo ordenado por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, con las sumas generadas por los perjuicios materiales (lucro cesante y daño emergente), morales y vida en relación, por las enfermedades causadas por la culpa de su empleador y la indexación (f.° 1 a 24 del cuaderno 1). Sustentó esas suplicas afirmando que suscribió contrato individual de trabajo a término indefinido con la convocada; que el cargo que ejecutó, fue el de músico violista - viola tutti; que el último salario que devengó fue de $3.014.044; que la labor encomendada, la ejecutó con total ausencia de normas y políticas de salud ocupacional,

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Radicación n.° 76834 situación que, dijo, se evidenció, en la falta de examen médico de ingreso, cuando fue vinculada; que, durante la vigencia de la relación, no se ordenaron y tampoco practicaron, valoraciones médico-ocupacionales preventivas y solo, en el mes de enero de 2011, cuatro meses antes de ser despedida sin justa causa, se le realizó, por primera vez, uno de ellos. Sostiene que, con sustento en el historial clínico, empezó a padecer una serie de patologías relacionadas con los miembros superiores (brazos, hombros, codos, manos, muñecas), tales como síndrome de túnel carpiano bilateral y bursitis del hombro izquierdo de la que tuvo conocimiento la enjuiciada; que el 27 de febrero de 2012, presentó quebrantos de salud y fue incapacitada por 4 días, situación que fue informada a su empleador, a través de correo electrónico; que el 14 de marzo de igual año, fue citada a descargos, diligencia que se llevó a cabo el 15 ídem y, con Comunicación del 22 de mismo mes y anualidad, se le impuso una sanción de suspensión, sin derecho a remuneración, por 8 días. Expresó, que fue perseguida y acosada laboralmente, con la imposición de sanciones y llamados de atención, sin fundamento legal ni fáctico y, que el 31 de mayo de 2012 se dio por terminado, de forma unilateral y sin justa causa, su contrato de trabajo, sin contar con la previa autorización del

Ministerio del Trabajo; que por los actos negligentes de la accionada, en materia de salud ocupacional y la inclemente persecución, retaliación y acoso laboral, le causaron

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Radicación n.° 76834 perjuicios sicológicos, que la han llevado a padecer cuadros de ansiedad, depresión, alteraciones anímicas e incluso la pérdida del interés en la vida misma. La demandada se opuso a las pretensiones, excepto a lo concerniente a la vigencia de la relación laboral y el último sueldo devengado. En cuanto a los supuestos de hecho, aceptó la modalidad de vinculación, pero indicó que el desempeño de la actora fue deficiente y que cumplió con todas las normas de salud ocupacional. En su defensa, formuló la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones (f.° 195 a 214 ejusdem). Después, la demandante reformó su líbelo inicial (f.° 282 a 291 ib.) y, para ello, narró que la enjuiciada era la responsable directa de la seguridad de sus trabajadores, siendo de su carga revisar las condiciones de los lugares donde ensayaban y presentaban las obras, agregando que era sometida a jornadas de ensayos dobles, que eran injustificados y generaron agotamiento físico, mental y emocional, siendo un escenario, frente al cual, la enjuiciada, no tenía ningún programa de rehabilitación, prevención y corrección de las secuelas que podía generar. La convocada, frente a lo anterior (f.° 465 a 467 del mismo paginario), indicó que la jornada laboral, en ningún

caso superó la máxima establecida por la ley y «el hecho que en algunos momentos se hayan hecho ensayos dobles no

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Radicación n.° 76834 implica que se ha variado la jornada de trabajo inicialmente pactada», sin que, por esa razón, se hubieran presentado las afecciones de salud mencionadas por la accionante que, en todo caso, no son consecuencia directa de la relación laboral.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 26 de mayo de 2016 (f.° 785 a 787 del cuaderno 2), declaró que la terminación del contrato efectuada el 31 de mayo de 2012, era legal y, por lo tanto, absolvió a la accionada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, relacionadas con el reintegro y demás suplicas sustentadas en la Ley 361 de 1997. Condenó a la enjuiciada al pago de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de las partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con el fallo cuestionado en el recurso (f.° 803 a 821 del cuaderno 2), el veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), revocó el de primer grado y, en su lugar, ordenó el reintegro de la demandante al mismo cargo o a uno de igual o mayor categoría, con el pago de salarios, prestaciones sociales y

demás acreencias laborales, causadas desde el 1° de junio de 2012, hasta que retornara a su sitio de labores, atendiendo las recomendaciones que sobre las enfermedades de la actora, realizaran las entidades correspondientes. Ordenó el

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Radicación n.° 76834 pago de $18.084.266 por concepto de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y absolvió de las demás pretensiones. En lo que interesa al recurso de casación, fijó como problemas jurídicos a resolver, si la demandante, cuando fue despedida, gozaba de estabilidad laboral reforzada y, de obtener respuesta positiva, definiría si debía ser reintegrada, con el pago de las indemnizaciones del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y del 216 del CST. Señaló, que no fue objeto de controversia que entre las partes en contienda, se ejecutó un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 30 de mayo de 2006 hasta el 31 de igual mes, pero de 2012; que la convocante desempeñó el cargo de violines tutti y el último salario devengado fue de $3.014.044,28. En cuanto a la estabilidad laboral reforzada, recordó, que en inició el Estatuto Laboral previó, como justa causa, para finalizar el vínculo contractual, la enfermedad contagiosa o crónica, cuya curación no hubiera sido posible en el término de 180 días, pero la Corte Constitucional, moduló esa disposición, en observancia del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Expresó, que esta Corporación fijó los criterios de

aplicación de esa preceptiva, determinando que debía acreditarse una limitación moderada.

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Radicación n.° 76834 Sin embargo, manifestó que esa posición podía morigerarse con lo dicho por la Corte Constitucional, siendo viable la protección para los trabajadores con calificación laboral, como aquellos que presentan una disminución en su salud, pues, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debía desentrañarse al tenor de la exequibilidad condicionada de la sentencia CC C-531 de 2000 y CC C-458 de 2015, en el entendido, que aun cuando se efectuara el pago por concepto de indemnización, no convertía en eficaz el despido, si con anterioridad, no medio trámite ante el ministerio respectivo y citó las providencias CC T-281 de 2010, CC T-850 de 2011 y CC T-1040 de 2001. Indicó, que esa jurisprudencia constitucional aplicaba cuando el trabajador probara que era una persona de especial protección, «así no posea de parte de las respectivas entidades, la calificación del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral». Descendió al caso bajo examen y encontró que, con carta del 31 de mayo de 2012, la accionada decidió dar por terminado, de manera unilateral y sin justa causa, el contrato de trabajo de la actora, y halló, previo a esa situación, que desde el año 2007 la señora Baracaldo Lamprea comenzó a presentar problemas relacionados con su brazo y hombro izquierdo, tanto que, en septiembre de

2008 y marzo de 2009, la EPS Colsanitas, requirió al empleador, para que allegara los documentos pertinentes para la calificación del origen de las enfermedades, esto era,

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Radicación n.° 76834 síndrome de manguito rotador izquierdo y síndrome del túnel carpiano de mano izquierda. Expuso, que el 16 de julio de 2008, la empresa, junto con la ARL analizaron el puesto de trabajo de la promotora del pleito, «dado el cuadro clínico de 1.5 años de evolución», y se concluyó que «la demandante, estaba haciendo un sobre esfuerzo en hombro, codo, mano y muñeca bilateral»; que en el mes de octubre de 2010, se realizó una evaluación de aptitud ocupacional, donde se indicó, que la petente no podía realizar actividades físicas que implicaran movimientos repetitivos, debiéndose efectuar pausas cada 2 horas; que se presentaron múltiples incapacidades durante la vigencia de la relación, siendo la última del 27 de febrero al 1° de marzo de 2012, iniciando nuevamente el proceso de calificación y, la EPS Sanitas fijó que las patologías eran de origen profesional, situación confirmada por la ARL Colmena el 6 de junio de igual año. Observó, que el 22 de marzo de 2012, la accionada, suspendió del cargo a la demandante por el término de 8 días y le indicó que realizaría los trámites correspondientes para que la valoraran. Con lo anterior, definió que para la fecha de la terminación de la vinculación, la empleadora conocía de los

padecimientos que aquejaban a la trabajadora y, aun cuando las enfermedades no habían sido objeto de calificación con porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no impedía concluir que esta era sujeto de protección, conforme a la Ley

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Radicación n.° 76834 361 de 1997, ya que, reiteró, la Corte Constitucional señaló, que no era necesario contar con el grado de invalidez al tratarse de actos humanitarios de asistencia social. Lo anterior, lo llevó a declarar la ineficacia del despido y a ordenar el reintegro de la señora Baracaldo Lamprea, con el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En un título que denominó la enfermedad profesional, expresó que no fue motivo de controversia los padecimientos relativos al síndrome del túnel carpiano y de bursitis del hombro, los que, desde mayo de 2012, fueron diagnosticados por la EPS como de origen profesional, al igual de la ARL y que «la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez (folios 82, 84 a 87, 768 a 770 u 782 a 786), está última, estableciendo un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 11.65%, con fecha de estructuración 30 de mayo de 2012». En cuanto a la culpa del empleador, citó el artículo 216 del CST y la sentencia de casación con radicación 41405, e informó que analizaría el acervo probatorio allegado al plenario, con sustento en los artículos 60 y 61 del CPTSS, ocupándose, también, del interrogatorio de parte del representante legal de la accionada, el absuelto por la

reclamante, con los testimonios de Melva Bibiana Ordoñez Velandia, Leonardo Federico Hoyos Naranjo e indicó lo siguiente:

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Radicación n.° 76834 Visto lo anterior, encuentra la Sala que si bien la demandante para la época en que prestó sus servicios a la demandada empezó a presentar la sintomatología de las enfermedades que padece, por lo que inició su proceso de calificación de origen de la misma, el cual no se llevó a cabo, iniciándolo nuevamente días antes de su retiro, ello no es óbice para inferir que existe culpa de la accionada en la ocurrencia de estas, pues de los testimonios recepcionados y de la documental allegada, específicamente del análisis del puesto de trabajo realizada (sic) el 16 de junio de 2008 (f.° 36 a 46), la comunicación de a la EPS Sanitas del 19 de mayo de 2008 (f.° 141) y el dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (f.° 782 a 788), se establece la exoneración de la accionada en este aspecto. Lo anterior, teniendo en cuenta en primer lugar, que las enfermedades de la actora fueron catalogadas como de origen profesional tanto por la EPS como por la ARL el 31 de mayo y el 6 de junio de 2012 (folios 82 a 87), de lo cual tuvo conocimiento la demandada cuando ya había finiquitado la relación laboral, de ahí que las incapacidades dadas a la demandante por la EPS Sanitas durante la vigencia del contrato de trabajo hayan sido por enfermedad general. De otro lado, según la documental de folios 36 a 46, 141 y 782 a

788, la señora […] desde hacía más de 20 años venía tocando dicho instrumento, en tanto prestó sus servicios para la Filarmónica de Bogotá, como independiente dictando clases y como supernumeraria en otras orquestas y en la orquesta sinfónica anterior a la asociación, de ahí que tampoco se le puede endilgar culpa de la mentada enfermedad a la pasiva, cuando la actora ha venido desempeñando la misma labor por mucho tiempo, sin que se tenga certeza de la fecha en que realmente adquirió la misma, sumado, a que según lo dicho por la testigo Melva y por la actora en su interrogatorio, durante su estadía en la asociación, también ensayaba y hacía presentaciones esporádicas con la asociación de música de cámara, además de dictar clases particulares de vez en cuando, luego es claro que durante el mismo período que estuvo vinculada con la accionada, también ejecutó actividades de violista en calidad de independiente, de ahí que no se pueda hablar de culpa de la demanda (sic) cuando ella ejercía las mismas actividades así fuera esporádicas, por fuera de la Asociación. Ahora, si bien la recurrente manifiesta que la implementación de los ensayos dobles por parte de la convocada, afectó el estado de salud de la accionante, al punto de causarle las enfermedades que padece, lo cierto es que dichas afirmaciones no encuentran sustento dentro del expediente, pues nótese como los testigos Melva y Leonardo, se contradicen al indicar la primera, que los ensayos dobles iniciaron en el año 2009, mientras que el segundo refiere que ello se dio para el año 2011, como también, una

mencionada (sic) que eso (sic) daba dependiendo del director y la

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Radicación n.° 76834 carga de trabajo, a lo que el otro aduce que eso fue constante, no obstante, independiente de las contradicciones enunciadas, para las datas en comento la actora ya presentaba las enfermedades aludidas, pues estas empezaron a manifestar (sic) para el año 2007, tan así, que en el 2009 empezó su proceso de calificación, de ahí que los aludidos ensayos no sean una causa de las enfermedades de la señora Ruth; pues además de no tener certeza de la fecha en que estos se impusieron, tampoco se sabe la periodicidad de los mismos, sumado a que, se itera, la sintomatología de dichos padecimientos se presentó con anterioridad a la imposición de dichos ensayos. Finalmente, según lo dicho por las testigos (sic) Ruth Lamprea y Melva Ordoñez y por la demandante en su interrogatorio, cuando le eran otorgadas las incapacidades no las tomaba por completo o le solicitaba al médico que no se las diera por muchos días, situación que evidencia una falta de cuidado en su salud, luego tampoco es dable culpar a la pasiva de sus padecimientos cuando ella no atendía en debida forma los requerimientos médicos. Así las cosas, como quiera que no evidencia culpa de la demandante en la ocurrencia de las enfermedades profesionales que padece la actora, las cuales fueron diagnosticadas como tal con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, es por lo que lo sobre este punto no se fulminará condena. Además, absolvió de los perjuicios morales, porque

entendió, que estos dependían de la existencia de la culpa del empleador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por las partes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se proceden a resolver (f.° 3 del cuaderno de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN (ASOCIACIÓN

NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA)

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Radicación n.° 76834 Solicita la casación parcial de la decisión y, en sede de instancia, confirme la del Juzgado, en cuanto la absolvió de las pretensiones relacionadas con la ineficacia del despido. En su defecto pretende que esta Corporación, cuando tome el lugar del Tribunal, decida el fondo del litigio, expidiendo una nueva decisión, que niegue las reclamaciones de la demandante. Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán conjuntamente, pues aun cuando se presentan por vías diferentes, tienen similar argumentación y persiguen el mismo fin (f.° 8 a 34 del cuaderno de la Corte).

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

En su desarrollo, indica que la preceptiva relacionada en la proposición jurídica no estaba llamada a regular este asunto, porque no se siguen los presupuestos fijados por esta Corporación, que indica, que solo produce efectos en aquellos casos donde se presente una limitación en grado severo o profundo y cita la sentencia de casación con radicación

38992. Dice que, en este proceso, la accionante cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 11.65 %, con fecha de

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Radicación n.° 76834 estructuración el 30 de mayo de 2012, lo que implica, que no se configuran los requisitos para estarse al fuero de estabilidad laboral reforzada.

VII. CARGO SEGUNDO

Lo presenta en los siguientes términos: CAUSAL PRIMERA DE CASACIÓN, VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 169 DE 1896 (QUE SUBROGÓ EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 153 DE 1887), EL ARTÍCULO 7° DEL

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y LOS ARTÍCULOS 13, 29,

83, 230 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA POR

INFRACCIÓN DIRECTA (FALTA DE APLICACIÓN) AL

DESCONOCER Y APARTARSE DE LA DOCTRINA PROBABLE

ESTABLECIDA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA

DE CASACIÓN LABORAL Y QUE RESULTA PLENAMENTE

APLICABLE AL CASO SUB LITE, VULNERANDO LOS

PRINCIPIOS DE IGUALDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y

CONFIANZA LEGITMIA.

Al sustentarlo, realiza un recuento sobre la doctrina probable, e indica que esta Sala ha determinado los parámetros para aplicar lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, estableciendo su operancia en grados de limitación moderada, severa o profunda, posición, que no siguió el Tribunal.

VIII. CARGO TERCERO Denuncia el fallo, por la senda directa, por la infracción del artículo 64 del CST.

Para desarrollarlo, cita la sentencia objeto del recurso, y reitera los argumentos expuestos en la primera acusación.

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IX. CARGO CUARTO Acusa la decisión, por la vía indirecta, por la aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Al sustentarlo, realiza las mismas aseveraciones contenidas en los cargos primero y tercero; luego, relaciona los medios de prueba, con los que en segunda instancia se resolvió la litis, realizando la crítica respectiva, e indica que se omitió valorar el dictamen del 3 de diciembre de 2015, de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que le dictamina una pérdida de capacidad laboral a la demandante del 11.65 %, insuficiente para hacerle producir efectos a la estabilidad laboral reforzada.

X. RÉPLICA Dice, que el alcance de la impugnación, esta formulado erróneamente, porque está incompleto y no indica, con claridad, lo pretendido.

Frente a la primera acusación, informa que la modalidad de aplicación indebida, no es la propia para buscar infirmar la decisión de segunda instancia, en atención a que el sustento del Tribunal fue fáctico. Respecto al cargo segundo, expresa que la proposición jurídica, el sentido y modalidad de la violación y la

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Radicación n.° 76834 sustentación del cargo están erróneamente formulados y

además versan sobre normas adjetivas o procesales. En cuanto a la tercera oposición, indica que el sentido y modalidad de la violación, la proposición jurídica y la sustentación del cargo igualmente están equívocamente presentados. Y en relación con el cuarto ataque, afirma que no se enuncian los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, agregando que se sustenta en pruebas no aptas en la casación del trabajo (f.° 39 a 55 del cuaderno de la Corte).

XI. CONSIDERACIONES A la opositora no le asiste razón cuando cuestiona la forma en la que se presenta el alcance de la impugnación, como que en ese acápite la recurrente solicita que se case parcialmente la decisión de segundo grado, para que, en sede de instancia, se confirme la del Juzgado. Siendo eso así, de manera clara mostró su intención, no solo frente a la decisión cuestionada en este recurso, sino también, cuando esta Corporación haga las veces del Tribunal, pues no debe obviarse que el ad quem ordenó el reintegro de la accionante, y es esa la determinación que cuestiona la Asociación

Nacional de Música Sinfónica. Tampoco acierta la réplica cuando indica que la acusación inicial está planteada equivocadamente, porque, conforme dice, el Juez de la apelación se sirvió de los medios

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Radicación n.° 76834 de convicción que analizó, para decidir en la forma como lo hizo, pues, pasa por alto, que el fallo cuestionado se soportó en otro componente de índole jurídico, con el que estimó que

la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debía analizarse con sustento en las sentencias CC C-5312000 y CC C-458-2015, ya que el pago de la indemnización, no convertía en eficaz el despido, si con anterioridad no se solicitó el permiso ante el Ministerio del Trabajo, conforme lo expuesto en las sentencias CC T-287-2010, CC T-850-2011 y CC T-1040-2001, providencias con las que definió que la estabilidad perseguida por la demandante, era viable cuando se demostrara que era una persona de especial protección, aun cuando no tuviera la calificación del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, dado que, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional, no era necesario contar con un grado de invalidez, al tratarse de actos humanitarios de asistencia social. Entonces, la premisa principal de la decisión cuestionada fueron los efectos que le otorgó al artículo 26 de la Ley 361 de 1997; de ahí que no erró la recurrente al confrontarla, ya que, si logra su cometido los razonamientos de hecho realizados en la decisión cuestionada, se verían afectados por la determinación a adoptar, en caso de encontrar un error jurídico al momento de aplicar esa norma. Superado lo anterior, para resolver el tópico propuesto en las tres primeras acusaciones que se presentan por el camino de puro derecho, es suficiente, para esta Sala, remitirse a la parte considerativa de decisión de tutela, donde

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Radicación n.° 76834 se indicó que la Corte Constitucional, en las sentencias CC

SU-049-2017 y CC SU-087-2022, precisó que, para la protección de las personas en condición de debilidad manifiesta, no era determinante, tampoco fundamental, establecer el tipo de limitación y el grado o nivel de esa limitación, pues lo importante es acreditar, que el trabajador se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte, de manera significativa el normal y adecuado desempeño de sus actividades; que esa condición las conozca el empleador y, que no exista una justificación suficiente para su desvinculación. Lo expuesto enseña que el Tribunal otorgó una intelección adecuada al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y no incurrió en la aplicación indebida de esa disposición, porque halló, con sustento en los medios de convicción que analizó, que la demandada, con carta del 31 de mayo de 2012, decidió terminar, de manera unilateral y sin justa causa, el contrato de trabajo de la convocante, pese a que esta, desde el año 2007 presentó problemas relacionados con su brazo y hombro izquierdo y, en septiembre de 2008 y marzo de 2009, la EPS Sanitas requirió al dador del empleó, para que le remitiera los documentos a efectos de establecer el origen de esas patologías. Igualmente encontró que el 16 de julio de 2008 la compañía, con la ARL, procedieron a analizar el puesto de trabajo de la reclamante, en atención al cuadro clínico de 1.5 años de evolución, concluyendo que la demandante estaba

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Radicación n.° 76834

haciendo un sobre esfuerzo en hombro, codo, mano y muñeca bilateral. Además, vio que en octubre de 2010 se realizó una evaluación de aptitud ocupacional donde se fijó que la accionante no podía realizar actividades físicas que implicaran movimientos repetitivos, estimando la necesidad de efectuar pausas cada 2 horas. Notó, que la señora Baracaldo Lamprea presentó varias incapacidades en vigencia de la relación laboral y destacó, que la pasiva de la litis, el 22 de marzo de 2012, la suspendió de su cargo, por el término de 8 días. Como se ve, el Tribunal siguió los lineamientos de la Corte Constitucional, pues entendió de manera correcta el texto legal que gobierna este asunto y procedió a otorgarle los efectos propios de esa preceptiva, al estimar que antes del despido el empleador conocía de la situación de salud de la demandante, que le impedía realizar de manera adecuada y significativa su actividad y, también que el despido, no era una causal suficiente para su desvinculación, al realizarse de manera unilateral y sin justa causa. Siendo eso así, en los temas jurídicos, no se cometió ningún error, e igual sucede con la última imputación porque no se señalaron los errores de hecho cometidos por el Juez de segunda instancia.

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Radicación n.° 76834 En todo caso, los medios de convicción relacionados en la acusación, dan cuenta de las situaciones advertidas por el ad quem, tal como se mostró con anterioridad. Finalmente debe decirse que la Sala no puede ocuparse del dictamen de

pérdida de capacidad laboral, porque no es un medio hábil en este recurso extraordinario. Por lo expuesto, los cargos no prosperan. Sin costas.

XII. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN (RUTH ELENA BARACALDO LAMPREA) Pretende la infirmación parcial de la decisión del Tribunal, respecto a la absolución de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, para que, en sede de instancia «REVOQUE» la de primer grado y «CONDENE a la demandada […]» al pago de todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y se estudia a continuación (f.° 62 a 85 del cuaderno de la Corte).

XIII. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia, por la vía indirecta, en la modalidad de aplic