CSJ - SL980-2023

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala da CasaciOn Laboral Sala ele Dsacaniastlim N. 3 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL980-2023 Radicación n.° 94691 Acta 15 Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 27 de octubre de 2021, en el proceso que en su contra instauró LICETH CAROLINA

ACOSTA CASTELLANOS.

Se reconoce personería al abogado Edén Antonio Alvarez Tatis, como apoderado de la demandante, en los términos y para los efectos del artículo 74 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 2213 del 2022.

I. ANTECEDENTES Liceth Carolina Acosta Castellanos llamó a juicio a Comcel S.A., para que se declarara que la terminación del

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Radicación n.° 94691 contrato de trabajo que habían celebrado fue injusta, cuando se hallaba en estado de debilidad manifiesta. Pidió la reinstalación en un cargo de igual o superior categoría al que desempeñaba al momento del despido y el pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones, causados desde el 7 de diciembre del 2017 hasta el reintegro. Así mismo, el pago de 10 horas extras semanales durante el tiempo que perduró la relación laboral, la sanción del artículo

26 de la Ley 361 de 1997, los aumentos legales, la indexación, los intereses corrientes y moratorios, y las costas. En subsidio, solicitó las indemnizaciones por despido injusto y la contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, así como la reliquidación de las prestaciones sociales (fl.°1 a 6 pdf. digital). Informó que el 21 de julio de 2015, celebró con la demandada un contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñarse como consultora de servicio personalizado a clientes, a cambio de un salario de $1.634.000, en jornada de lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 1:00 a 6:30 pm. Además, laboró «10 horas extras semanales» que no le fueron pagadas. Narró que durante la vigencia de la relación laboral estuvo sometida a tratamiento médico de «trastorno bipolar» que continúa a la fecha de presentación de la demanda. Que el empleador siempre tuvo pleno conocimiento de su padecimiento, pues se lo manifestaba a su jefe inmediato y a 2

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Radicación n.° 94691 sus compañeros de trabajo. Sin embargo, mediante misiva del 6 de diciembre de 2017, dio por finalizado el vínculo en forma injusta, sin tener en cuenta su condición de salud ni «realizar el procedimiento que establece la ley laboral para la terminación del contrato con personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta». Comcel S.A. se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, falta de título y causa, enriquecimiento sin causa,

pago, compensación, buena fe, «alcance de la Ley 361 de 1997», improcedencia e imposibilidad del reintegro, «mi representada no le causó perjuicio alguno a la actora» y prescripción (fls. 129 a 154 pdf. digital). Aceptó el contrato de trabajo, los extremos temporales, el cargo desempeñado y la remuneración. Precisó que acordaron la jornada máxima legal y que, en caso de que se hubiese extendido, «pagó de manera completa y oportuna las horas extras». Que no tuvo conocimiento de la patología de la demandante, ni que «fuera una persona discapacitada». De esta suerte, agregó, cuando finalizó el vínculo laboral, la actora no tenía alguna protección especial, pues no se daban las exigencias del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 27 de febrero de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena declaró probada la excepción de

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Radicación n.° 94691 «inexistencia de las obligaciones demandadas», absolvió a la accionada y gravó con costas a la actora (fl. cd. Exp. digital).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Se surtió por apelación de la demandante y culminó con la sentencia gravada (fls. 1 a 10 pdf. digital).

El Tribunal revocó la decisión del a quo y, en su lugar, condenó a Comcel S.A. a reintegrar a la demandante a un cargo de igual o similar categoría, compatible con su situación médica. Dispuso el pago de salarios, prestaciones

sociales, aportes a salud y pensiones, desde la fecha de desvinculación hasta la del reintegro. También, ordenó el pago indexado de 180 días de salario y autorizó descontar lo sufragado por indemnización por despido injusto. Absolvió en lo demás. En lo que interesa al recurso extraordinario, se propuso dilucidar si la demandante era beneficiaria de la protección que emana de la estabilidad laboral reforzada. Luego de mencionar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y los fallos CSJ SL2586-2020, CSJ SL4874-2020 y CSJ SL572-2021, halló no controversial la existencia del contrato de trabajo, ejecutado entre el 21 de julio de 2015 y el 6 de diciembre de 2017, finalizado por decisión «unilateral e injusta». Tras disertar sobre el alcance de la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de discapacidad, para 4

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Radicación n.° 94691 que sean despedidas por razón de su «limitación», reprodujo un acápite de la sentencia CSJ SL2586-2020. Aseveró que la Convención sobre Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, abrió paso a una concepción de discapacidad diferente a la tradicional perspectiva médica, que la asimilaba a una enfermedad o imperfección que era necesario corregir. Es decir, «la deficiencia o limitaciónf isica, intelectual, mental o sensorial de una persona, no es lo que la pone en situación de discapacidad» sino «la imposibilidad de participar

efectivamente en la sociedad, a causa de las limitaciones o deficiencias del entorno social». Precisó que, según la ley y la jurisprudencia, para que se activara la estabilidad laboral reforzada, debía acreditarse que el trabajador presentaba un estado de discapacidad, independientemente de su origen; además, que el empleador conozca esa condición, lo despida sin justa causa, sin la autorización del Ministerio del Trabajo (CSJ SL3772-2018). Estimó que como la terminación del contrato acaeció en 2017, no era procedente aplicar los grados de discapacidad del artículo 7.° del Decreto 2463 de 2001, porque este precepto fue derogado por el Decreto 1352 de 2013. Por tal razón, optó por abordar la solución al problema jurídico desde la aplicación de la Convención sobre Derechos de Personas en Situación de Discapacidad, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2006 «aceptada en Colombia por la Ley 1346 de 2009

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Radicación n.° 94691 (complementada posteriormente con la Ley 1618 de 2013, la sentencia CC C-458-2015 y la Ley 1996 de 2019)». Trajo a colación las sentencias CSJ SL3119-2020, CC C458-2015, CSJ SL572-2021 y CSJ SL1360-2018. Advirtió que en la última se admitió la presunción de despido discriminatorio, siempre que el trabajador demostrara la deficiencia fisica, psíquica o sensorial, para que se activara la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

De ahí que el empleador debía «demostrar las justas causas alegadas, so pena de que el acto se declare ineficaz y se ordene el reintegro del trabajador, junto con el pago de los salarios, prestaciones y la sanción de 180 días de salario». A continuación, descendió al análisis de las pruebas, así: A fin de acreditar la condición de discapacidad la demandante allegó las documentales visibles a folio[s] 34-95, que corresponde[n] a las historias clínicas del 26 de agosto, 5 de noviembre y 22 de diciembre de 2015; en el ario 2016 de los días 1 de enero, 19 de febrero, 11 de marzo, 12 de abril, 12 de mayo, 15 de junio, 19 de julio, 24 de agosto, 23 de septiembre, 24 de octubre, 25 de noviembre; y para el 2017 de 16 de marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 16 de junio, 14 de agosto, 14 de septiembre, 17 de octubre, y 22 de noviembre, documentos que fueron aportados en la oportunidad debida y que no fueron desconocidos por la demandada al contestar la demanda. De dichas documentales se desprende que, para el 26 de agosto de 2015, esto es, con posterioridad al inicio de la relación laboral, la demandante se realizó el diagnóstico de "trastorno afectivo Bipolar" y fue remitida a consulta para el tratamiento de síntomas; dentro del plenario no existe un examen de ingreso que dé cuenta de que a la fecha de iniciación del contrato, la actora padeciera la referida patología, no obstante, sí se observa que de

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Radicación n.° 94691 manera temprana, un mes después del inicio del contrato, tenía el diagnóstico del trastorno bipolar. En detalle, de las historias clínicas antes enunciadas se evidencia que, durante consulta en diciembre de 2015, se indicó que la actora tenía una actitud altiva, irritable por momentos, fondo ansioso sin alteraciones, con impresión diagnóstica "episodio hipomaniaco (sic) presente"; adicionalmente, en consultas de seguimiento durante los meses de septiembre y octubre de 2017, el médico tratante puntualizó que la demandante presentaba "poca respuesta al tratamiento en los últimos ocho meses con litio y ahora se llega a las dosis máxima sin respuesta y efectos adversos somáticos de temblor, alteraciones urinarias, intolerancia gástrica, problemas en la piel" e igualmente manifestó que presentaba comportamientos inadecuados en su conducta anímica, con manías y ansiedad, ánimo variable, con impresión diagnóstica de "episodio hipomaniaco (sic) presente". Así mismo, se evidencia que la actora presentaba un control mensual por psiquiatría y con un tratamiento médico vigente. Recordó que dentro del trámite de tutela que culminó con el fallo CC T057-2012, se requirió al grupo de salud mental del Hospital Federico Lleras Acosta, para que emitiera concepto sobre el «trastorno afectivo bipolar»; que esa institución le informó que dicha patología consiste «en la presencia de crisis psicóticas de exaltaciones afectivas y/o depresivas que alternan con periodos de completa normalidad

en las cuales la persona puede cumplir con todas sus funciones como cualquier individuo» y, además, en momentos críticos y de normalidad demandan tratamientos y cuidados diferentes. Resaltó que esta Corte, también se pronunció al respecto en el proveído CSJ AL3780-2021. Lo anterior, resultó suficiente para que diera por acreditado que la trabajadora padecía «trastorno afectivo bipolar» y estaba sujeta a controles mensuales, observación y dosificación de medicamentos. Añadió que tal condición

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7 Radicación n.° 94691 perduró durante todo el vínculo laboral, incluso a la finalización del mismo, cuando el médico tratante destacó la «poca respuesta al tratamiento con litio aun cuando había llegado a la dosis máxima», y diagnosticó «episodio hipomaniaco (sic) presente». Tras referir que, en la contestación a la demanda, la enjuiciada adujo que no conocía el estado de salud de su colaboradora, la existencia de la discapacidad o algún trámite relacionado con la materia, pues no contaba «con incapacidades vigentes», consideró que tales manifestaciones carecían de respaldo probatorio, dado que de las versiones de los testigos Andrés Castañeda Calderón, «Berlí Arnedo (sic) Flórez» y Víctor Rincón Cuadro se desprendía que la empresa sí tenía conocimiento. Entonces, concluyó que: [...] al estar demostrada la existencia de incapacidades conocidas por el analista de seguridad en el trabajo de la demandada, el reconocimiento por parte del testigo Berlí Arnedo (sic) Flórez,

superior de la actora, de haber sido informado, aunque de manera informal, acerca de la medicación, sumado a las desavenencias con compañeros de trabajo que llamaron la atención de su jefe inmediato, para la Sala, está suficientemente acreditado que el empleador sí tenía conocimiento de que la demandante padecía un trastorno mental. Acreditada la situación de discapacidad a la terminación del contrato y el conocimiento del empleador, se activa a favor de la demandante la presunción de despido discriminatorio contenida en la ley y la jurisprudencia, invirtiéndose entonces la carga de la prueba, debiéndose demostrar por parte de COMCEL S.A. que la culminación del contrato obedeció a una justa causa, motivada en un principio de razón objetiva, para liberarse de la responsabilidad frente a la ineficacia de dicha ruptura contractual. 8

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Radicación n.° 94691 Finalmente, expuso que, conforme la comunicación de 6 de diciembre de 2017, la relación de trabajo feneció por decisión unilateral y sin justa causa del empleador con el pago de la condigna indemnización, de suerte que estaban probados los presupuestos del despido discriminatorio.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Comcel S.A., fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN En un cargo que obtuvo réplica, pretende que la Corte case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa violación «directa», en la modalidad de aplicación

indebida, del artículo 26 de la Ley 361 de 1997; «por infracción directa», los artículos 41 de la Ley 100 de 1993, 1 de la Ley 361 de 1997 y 2 de la Ley 1618 de 2013. Denuncia la comisión de los siguientes errores de hecho: 1Dar por probado sin estarlo que, al momento de terminación del contrato de trabajo de la demandante, esta sufría una limitación de salud que le impedía o dificultaba sustancialmente el desarrollo de sus funciones en condiciones regulares.

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9 Radicación n.° 94691 2Dar por probado sin estarlo que la demandante informó a la demandada sobre la existencia de algún tipo de limitación que afectara sustancialmente el desarrollo de sus obligaciones y funciones como trabajadora. Sostiene que los errores fácticos ocurrieron por la pretermisión de la confesión ficta que declaró el juez en el desarrollo de la audiencia de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo, y 5 incapacidades médicas de la demandante durante la vigencia del contrato (fl. 176 a 180). También, por la errónea apreciación de la historia clínica (fl. 33 a 95) y los testimonios de Andrés Castañeda, Berly Ahumedo «Calderón (sic)» y Víctor Rincón. Asegura que en sentencias CSJ SL17945-2017 y CSJ SL2841-2020, se adoctrinó que no cualquier menoscabo de salud da lugar a la estabilidad reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sino aquel que afecte sustancialmente el

desarrollo de la labor contratada. Trae a colación pasajes de la decisión impugnada concernientes a la carga de la prueba y al conocimiento del empleador de la enfermedad de la trabajadora. Destaca que el a quo declaró la «confesión ficta o presunta» por inasistencia de la accionante a la audiencia de conciliación y al interrogatorio de parte, de suerte que dio por probado que a la terminación del contrato, aquella no informó sobre alguna discapacidad que generara la protección de marras. No obstante, ello no fue tenido en cuenta por el Tribunal, sino que, por el contrario, y soportado en los testimonios acusados dedujo que el patrono sí tenía 10

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Radicación n.° 94691 conocimiento de la enfermedad, pese a que lo había negado en la contestación a la demanda inicial. Sostiene que «salta a la vista» el error manifiesto delj uez colegiado de instancia, pues bastaba que escuchara «la primera audiencia del proceso y la audiencia de trámite y juzgamiento para que se percatara, sin ninguna dificultad de la expresa declaratoria de confesión judicial que deja sin piso alguno su afirmación en el sentido de que lo afirmado [...] en su contestación supuestamente carecía de respaldo probatorio». Aduce que los testimonios no acreditan que hubiese tenido conocimiento del estado de salud de la trabajadora. Que Andrés Castañeda, analista de seguridad y salud de la empresa, declaró que la actora solo allegó 5 incapacidades en toda la vigencia de la relación laboral «sin ser crónicas», ni «recurrentes en diagnósticos»; que tampoco se

reportaron recomendaciones médicas que limitaran el desempeño de las funciones, aunado a que la última incapacidad fue de un día el 30 de diciembre de 2016, un ario antes de la terminación del contrato que acaeció el 6 de diciembre de 2017. Asevera que Berly Ahumedo Calderón, coordinadora de servicio al cliente, testificó que, aunque la actora le expresó que tomaba algunos medicamentos, no sabia «el nombre de ellos». La testigo también relató que la demandante desempeñó las actividades de manera normal, sin que le hubiere informado sobre alguna recomendación médica. Que

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Radicación n.° 94691 Víctor Rincón solo especuló que la accionante tenía roces con sus compañeros debido a la enfermedad mental que padecía, que supuestamente era de conocimiento de la empresa. Afirma que los anteriores desafueros originaron la aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en tanto el ad quem dio por probado, sin estarlo, que tenía conocimiento de la existencia de la afectación de salud de la demandante, que limitaba el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Cita fragmentos de las sentencias

CSJ SL497-2021 y CSJ SL572-2021.

En un acápite que denomina «Errores relacionados con el estado de salud de la demandante», reproduce las conclusiones del juez de alzada, e indica que no tuvo en cuenta las incapacidades, de las que se extrae lo siguiente: a) A folio 177 obra certificado de incapacidad expedido por la EPS Sanitas con fecha 30 de Diciembre de 2016, es decir cerca de un

ario antes de la terminación del contrato de trabajo, es una incapacidad de 1 día y se observa a simple vista que el diagnostico (sic) fue "Faringitis aguda no especificada". b) A folio 178 se observa una incapacidad por 4 días del 14 al 18 de julio de 2016, es decir cerca de ario y medio antes de la terminación del contrato de trabajo y el código de diagnostico (sic) relacionado es B34.9 que de acuerdo con la Tabla de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Decima (sic) Revisión (Cie10), corresponde a "INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA". c) A folio 179 se observa una incapacidad por 3 días del 22 al 24 de marzo de 2016, es decir cerca de 21 meses antes de la terminación del contrato de trabajo y el código de diagnóstico relacionado es F31.9 que de acuerdo con la Tabla de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Decima (sic) Revisión (Cie12

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Radicación n.° 94691 10), corresponde a "TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO". d) A folio 180 se observan dos incapacidades una expedido (sic) por salud total con fecha 27 de noviembre de 2015 por 3 días (mas (sic) de dos arios antes de la terminación del contrato de trabajo) y el código de diagnóstico relacionado es F41.2 que de acuerdo con la Tabla de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud,

Decima (sic) Revisión (Cie-10), corresponde a "TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN". Y otra incapacidad fechada 28 de Octubre de 2015 (cerca de 26 meses antes de la terminación del contrato de trabajo) por dos días y el código de diagnóstico relacionado es F31 que de acuerdo con la Tabla de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Decima (sic) Revisión (Cie10), corresponde a "TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR". De lo anterior, se desprende, afirma, que la enfermedad de «trastorno bipolar» diagnosticada a Liceth Carolina Acosta, no constituía una limitación sustancial para el desarrollo de las funciones, dado que durante el vínculo laboral se generaron en total «tres incapacidades, ninguna de ellas por más de tres días», sin recomendaciones médicas a seguir por parte del empleador que supusieran «condiciones diferentes de trabajo a las que había tenido desde el momento de su contratación». Agrega que de la historia laboral tampoco se desprende que el padecimiento de la trabajadora generara una limitación. Plantea lo siguiente: a) Folios 33 y 34; consulta del 26 de agosto de 2015; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno afectivo bipolar en remisión parcial de síntomas"; en el plan de tratamiento se receta un medicamento y se ordena una cita de control en 30 días, pero no se emite ningún tipo de

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13 Radicación n.° 94691 recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus

condiciones de trabajo. b) Folios 35, 36 y 37; consulta del 5 de noviembre de 2015; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno bipolar en remisión" en el plan de tratamiento se receta un medicamento y se ordena una cita de control en 30 días, pero no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. c) Folios 38, 39 y 40; consulta del 22 de diciembre de 2015; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "TAB episodio actual hipomaniaco (sic)" en el plan de tratamiento se receta un medicamento, pero no se emite ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. d) Folios 41, 42, y 43; consulta del 20 de enero 2016; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. e) Folios 44 y 45; consulta del 22 de marzo de 2016; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo.

1. Folios 46, 47 y 48; consulta del 12 de abril de 2016; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. g) Folios 49 y 50; consulta del 12 de mayo de 2016; no se incluye

una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. h) Folios 51, 52 y 53; consulta del 15 de junio de 2016; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo.

Se anota lo siguiente: "Paciente estable, buena evolución, buen estado de ánimo, buen funcionamiento global". i) Folio 54; consulta del 19 de julio de 2016; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, no se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica

(sic) respecto de sus condiciones de trabajo. Se anota lo siguiente: 14

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Radicación n.° 94691 "Paciente estable, buena evolución, buen estado de ánimo, buen funcionamiento global". j) Folio 55; consulta del 24 de agosto de 2016; si bien la historia clínica correspondiente a ese día señala que es de dos hojas, solo se allega una; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar" en el plan de tratamiento se receta un medicamento, pero no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. k) Folio 57; consulta del 23 de septiembre de 2016; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar", se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de

recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. Se anota lo siguiente: "Paciente tranquila, vigil, sin apariencia de enfermedad física aguda". 1) Folio 58 y 59; consulta del 24 de octubre de 2016; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica: "Trastorno Bipolar", se ordena medicamento y consulta en un mes en psiquiatría; no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo.

Se anota lo siguiente: "Paciente tranquila, vigil, sin apariencia de enfermedad física aguda". m) Folios 60 y 61; consulta del 25 de noviembre de 2016; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar", se ordena medicamento y no se emite ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. Se anota lo siguiente: "Paciente tranquila, vigil, sin apariencia de enfermedad física aguda". n) Folios 62 y 63; consulta del 20 de febrero de 2017; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. o) Folios 64, 65 y 66; consulta del 16 de marzo de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar", se ordena medicamento, control de psiquiatría en un mes y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus

condiciones de trabajo. Se anota lo siguiente: "Paciente tranquila, vigil, sin apariencia de enfermedad física aguda". p) Folios 67 y 68; consulta del 18 de abril de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno

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15 Radicación n.° 94691 Bipolar en remisión", se ordena medicamento y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. Se anota lo siguiente: "Paciente tranquila, vigil, sin apariencia de enfermedad física aguda". q) Folios 69, 70, 71 y 72; consulta del 16 de mayo de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar en remisión", se ordena medicamento, cita de psiquiatría en un mes y no se emite ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo.

Se anota lo siguiente: "Paciente sin apariencia de enfermedad física aguda". r) Folios 74, 75 y 76; consulta del 16 de mayo de 2017; no se incluye una impresión diagnostica (sic) específica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. s) Folios 77, 78 y 79; consulta del 14 de agosto de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar en remisión", se ordena medicamento, cita de psiquiatría en un me[s] y de litemia en tres meses y no se emite

ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. Se incluye la siguiente referencia "Refiere estar tranquila, buen estado de ánimo, buen patrón de sueño, niega desorganización de su pensamiento y conducta, orexia". t) Folios 80 a 84; consulta del 14 de septiembre de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar", se modifica el medicamento, cita de psiquiatría en un mes y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. u) Folios 85 a 88; consulta del 17 de octubre de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar", se modifica el medicamento, cita de psiquiatría en un mes y no se emite ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. y) Folios 89 a 93; consulta del 22 de noviembre de 2017; el examen mental arroja la siguiente impresión diagnostica (sic): "Trastorno Bipolar", se modifica el medicamento, cita de control en un mes y no se emite ningún tipo de recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo. 16

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Radicación n.° 94691 w) Folios 94 y 95; consulta del 22 de diciembre de 2017; no se incluye una impresión diagnostica (sic) especifica, se ordena medicamento y no se emite ningún tipo recomendación o restricción medica (sic) respecto de sus condiciones de trabajo.

Por último, controvierte las conclusiones que el juzgador de la alzada obtuvo de la historia clínica. A su juicio, no se acreditó la existencia de una «condición médica» que afectara la prestación del servicio, sino que el tratamiento médico ordenado consistió «en medicación y citas constantes a psiquiatría, sin que se emitiera recomendación o restricción», para el desempeño de la actividad laboral.

VII. RÉPLICA Expone que el colegiado de instancia no incurrió en los errores de hecho endilgados, pues claro quedó que el empleador tenía conocimiento de que padecía «trastorno bipolar», que afectaba el desarrollo de sus actividades. Que la confesión ficta admite prueba en contrario y fue desvirtuada con la prueba documental y testimonial.

VIII. CONSIDERACIONES Al margen de la senda seleccionada para el ataque, no es materia de debate que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 21 de julio de 2015 hasta el 6 de diciembre de 2017, cuando terminó por decisión del empleador y que «no era procedente» aplicar los grados de 0 discapacidad del artículo 7. del Decreto 2463 de 2001,

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17 Radicación n.° 94691 porque ese precepto fue derogado por el 61 del Decreto 1352 de 2013. Para infirmar el fallo absolutorio del a quo, el Tribunal consideró que el despido de la actora fue discriminatorio en atención a su estado de salud, en tanto los elementos de juicio recaudados dieron cuenta de que la enjuiciada conocía

que padecía «trastorno afectivo bipolar» y, pese a ello, terminó el contrato sin justa causa. La censura se duele de tal conclusión. Asegura que si el juez plural hubiera valorado en debida forma las pruebas denunciadas y las que fueron pretermitidas, habría colegido que al momento de la terminación del nexo laboral, no tenía conocimiento de la «existencia de una afectación de salud sustancial» que diera lugar a la protección de «estabilidad laboral manifiesta». Previo a resolver, importa precisar que la prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, recae