CSJ - SL995-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL995-2023 Radicación n.° 94102 Acta 15 Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JAHV MCGREGOR S.A.S. contra la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró JAROL ENRIQUE PÉREZ NEIRA contra la sociedad recurrente.

I. ANTECEDENTES Jarol Enrique Pérez Neira llamó a juicio a la sociedad Jahv Mcgregor S.A.S, para que se declare que existió un contrato de trabajo que estuvo vigente desde el 22 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015; que tiene derecho al «reconocimiento y pago de las sumas de dinero pagadas por el Ministerio de Salud - FOSYGA, en el cargo, por el perfil y/o por las funciones desempeñadas» durante todo el vínculo

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Radicación n.° 94102 subordinado. Como consecuencia de tales declaraciones pidió que se condenara a la demandada al pago de las prestaciones sociales causadas, junto con las sanciones por el no pago de los intereses a las cesantías y la no consignación de las cesantías en un fondo, las indemnizaciones por despido sin justa causa y por moratoria contenida en el artículo 65 del CST, la indexación de las condenas que no sean objeto de moratoria y las costas del proceso.

En sustento de sus peticiones, relató que se presentó a un proceso de selección en diciembre de 2013 en la sociedad demandada; que no elevó oferta de prestación de servicios y que fue la empresa quien le solicitó colocar su hoja de vida a consideración de la vacante que correspondía a un proyecto del Ministerio de Salud - Fosyga. Explicó que la directora de recursos humanos de la accionada le notificó que su vinculación sería a través de un contrato de prestación de servicios y que los honorarios correspondían a la suma mensual de $2.500.000. Dijo que suscribió el citado convenio el 22 de agosto de 2014, del cual no se le entregó copia y que con posterioridad firmó un otrosí, en el que se estableció que la fecha final correspondía al 31 diciembre de 2015. Adujo que los lugares donde prestaba sus servicios eran los indicados por la convocada a juicio, incluidos los consorcios y/o uniones temporales de los que hacía parte;

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Radicación n.° 94102 que la remuneración mensual era consignada en su cuenta de Bancoomeva; que cumplía un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; y que las labores personales para las cuales fue contratado las desarrolló en forma personal e ininterrumpida durante todo su vínculo contractual, las que siempre fueron supervisadas por el representante legal o su delegado. Arguyó que la demandada contrataba con diferentes sociedades, encargándose desde el archivo y digitalización de documentos hasta la auditoria y contabilidad de terceros de manera directa, outsourcing e incluso a través de uniones

temporales; que las funciones asignadas implicaban prestar asistencia a las labores contables y administrativas que ofrecía la empresa a sus clientes, entre ellos al Ministerio de Salud – Fosyga. Refirió que la accionada finalizó su contrato aduciendo mala calidad en la prestación del servicio, no obstante, en ese convenio no se estableció de forma clara la naturaleza de la obra a ejecutar, aunado a que las labores desarrolladas eran conexas al objeto social de la sociedad; dijo además que él no gozaba de autonomía financiera, ni administrativa, ni contaba con los medios de producción, pues todas sus funciones eran realizadas con medios y equipos de trabajo de la demandada. Jahv Mcgregor S.A.S. al dar respuesta a la demanda se opuso a todas las pretensiones formuladas en su contra. En cuanto a los hechos, aceptó únicamente el referido a que el

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Radicación n.° 94102 actor suscribió con ella un contrato de prestación de servicios, aclarando que como consecuencia de ese convenio se determinó entre otros aspectos, el lugar de cumplimiento de actividades y las funciones a desarrollar, lo cual no conllevaba que correspondiera a una relación de trabajo, pues sus labores siempre las ejecutaba de manera independiente y conforme a lo estipulado en el documento contractual. Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. En su defensa, sostuvo la inexistencia de una relación subordinada entre las partes; manifestó que la coordinación de lo convenido, las instrucciones o directrices y solicitudes de informes que se le hacían al actor no configuraban una dependencia de tipo laboral como lo alegaba la parte actora,

pues las mismas lo único que indicaban era que el contratante se sometía a las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo eficiente o productivo de la actividad encomendada, que reiteró correspondía a un vínculo diferente a uno de trabajo. Formuló las excepciones de pago, mala fe del accionante, buena fe de la demandada, cobro de lo no debido, compensación, prescripción, inexistencia del contrato de trabajo y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, a través del fallo dictado el 6 diciembre de 2017,

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Radicación n.° 94102 absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra y condenó al actor a pagar las costas del proceso.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2019, resolvió lo siguiente: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, para en su lugar DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el señor JAROL ENRIQUE PÉREZ NEIRA y [la] sociedad JAHV Mc GREGOR S.A.S., por el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. CONDENAR a la sociedad JAHV Mc GREGOR S.A.S, al pago en favor del señor JAROL ENRIQUE PÉREZ NEIRA de los

siguientes conceptos: a) Por concepto de prima de servicios el monto de $3.402.778,00. b) Por concepto de auxilio de cesantías la suma de $3.402.778,00. c) Por concepto de intereses a las cesantías el monto de $555.778,00. d) Por concepto de sanción por el no pago de intereses a las cesantías el monto de $555.778,00. e) Por concepto de compensación de vacaciones la suma de $1.701.389,00, la que deberá ser debidamente indexada al momento de su pago, acorde con las consideraciones de esta sentencia. f) Por concepto de indemnización moratoria por la falta de pago de prestaciones sociales dejadas de pagar a la terminación del vínculo laboral, teniendo en cuenta un salario diario por la suma de $83.333,33, el que multiplicado por 30 días de labor y por los 24 meses que impone el artículo 65 del C.S.T. arroja como suma a pagar la de $60.000.000,00 que se causó hasta el 31 de diciembre de 2017 y a partir del 1 de enero de 2018 se procederá

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Radicación n.° 94102 con el pago de los intereses moratorios respectivos. g) Por concepto de sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo, teniendo en cuanta un salario diario por la suma de $83.333,33, el que multiplicado por 316 días de mora arroja la suma de $26.333.332,00. TERCERO. - ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones elevadas en su contra, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta decisión. CUARTO. - COSTAS Las de primera instancia correrán a cargo de la demandada y sin ellas en esta instancia. Para tomar esa decisión, el fallador de segundo grado comenzó por precisar que no era materia de controversia la prestación personal del servicio por parte del demandante a la sociedad convocada a juicio, el monto devengado mensualmente y los extremos temporales de la relación. Explicó que el análisis que debía realizarse en la alzada se circunscribía a determinar si en efecto fue desvirtuada la subordinación laboral para la estructuración del contrato de trabajo o, por el contrario, si este elemento estuvo presente durante toda la vigencia del vínculo y, de ser así, se debía proceder al estudio de las pretensiones condenatorias solicitadas. Se refirió al contenido y alcance de los artículos 23 y 24 del CST, luego de lo cual consideró que, al no existir controversia de la prestación personal del servicio por parte del demandante en favor de la accionada, se aplicaba la presunción legal, por lo que era a la demandada a quien le correspondía acreditar la ausencia de poder subordinante en la relación contractual.

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Radicación n.° 94102 Manifestó que la llamada a juicio alegó que el nexo que la unió con el accionante se originó en un contrato por prestación de servicios (f.° 584 a 587), suscrito entre las partes el 22 de agosto de 2014 y cuya finalización inicial se pactó para el 31 de diciembre de 2014, no obstante, mediante la suscripción de un otrosí, las partes prorrogaron la

terminación del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015, culminando por vencimiento del plazo fijo pactado. En tales condiciones, el demandante acreditó la prestación personal de las labores, por lo que de allí partía que la relación estuvo precedida de un vínculo de trabajo, quedando la carga de la prueba en cabeza de la convocada al proceso de acreditar que la misma no fue de carácter dependiente y se desarrolló de manera autónoma. Arguyó que, al dar respuesta a la demanda, la llamada a juicio aportó, entre otras documentales, las planillas de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social efectuados por el demandante en vigencia de la relación laboral (f.° 584 a 613) y adjuntó copia de la estructura organizacional de la sociedad y los salarios devengados por cada una de las áreas que allí se describían. Procedió al análisis de las testimoniales rendidas por Norberto Pérez Combariza y Sandra Jenny Puentes Méndez. Sobre el primero de ellos puntualizó que era el jefe de interventoría desde el año 2008 y por ello conocía al actor; dijo que sabía que se había suscrito con la empresa un contrato de prestación de servicios, teniendo el contratista a

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Radicación n.° 94102 su cargo el pago de la seguridad social respectiva por ser una obligación de ley. Aseguró que el contrato finalizó por vencimiento del plazo y que el accionante fue designado para cubrir el convenio que tenía la demandada con el Ministerio de Salud - Fosyga, por lo que se le asignó un puesto de

trabajo en la empresa y se le proporcionó los elementos necesarios para el cumplimiento de tal fin, ya que su labor era la de auditar las cuentas del Fosyga, siendo la información de carácter confidencial y reservada. El juez plural enunció que el citado testigo también relató que el promotor del proceso debía presentar y entregar los informes de acuerdo con las especificaciones técnicas remitidas vía correo electrónico, por lo que contaba con una cuenta corporativa; que tales comunicaciones las efectuaban de forma directa con la señora Sandra Jenny Puentes Méndez, al igual las correcciones que se hacían eran enviadas por el mismo medio; que el actor no cumplía un horario de trabajo específico ni tampoco informaba acerca de las ausencias del sitio de labor. Aseveró que la deponente Puentes Méndez indicó que era experta financiera desde hace 15 años en la sociedad y, que por ello, conocía al accionante quien desarrolló sus labores en virtud de un contrato suscrito por la hoy demandada con el Ministerio de Salud, para la auditoria de las cuentas del Fosyga, es por esto que se requerían los informes mensuales y anuales; que sabe que el accionante prestó sus servicios de forma independiente, por ello no debía suscribir hoja de asistencia ni de cumplimiento de horarios,

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Radicación n.° 94102 situación contraria al reporte que se llevaba a cabo con los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo. Esgrimió que la testigo explicó que se manejaba el cumplimiento de metas mensuales y anuales para cada persona y frente al grupo en general, calificándose la labor

mediante indicadores, que ella era quien hacía el control de calidad de los productos que se debían remitir al Fosyga, y en tales condiciones, se efectuaban devoluciones al demandante por calidad, sin que ello implicara subordinación alguna; que efectivamente se le asignó un puesto de trabajo y computador, así como un usuario para acceder a los aplicativos del Fosyga; que el actor asistía a las capacitaciones programadas y presentaba informes mensuales requeridos, pero todo ello, dijo, se hizo conforme al objeto del contrato de prestación de servicios. A continuación analizó las copias de los correos corporativos que eran remitidos en algunas ocasiones de forma personal al señor Pérez Neira y en otras a nivel general a todos los trabajadores de la compañía, de los que se podía extraer que, en efecto, al convocante al proceso le eran impuestas órdenes, ya sea para rendir los informes o para la corrección de los mismos, y de los cuales se lograba evidenciar, que eran remitidos a cualquier hora del día, sin distinción y en los que en algunos casos, la corrección debía ser inmediata o en un espacio corto de tiempo, como se observaba en la documental visible a folio 375.

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Radicación n.° 94102 Del mismo modo, señaló que para poder ausentarse de su sitio de trabajo el demandante necesitaba permiso, el cual debía tener el visto bueno de su jefe inmediato, tal y como consta del correo electrónico visto a folio 378 del expediente remitido por parte de la directora de recursos humanos de la sociedad convocada al proceso, en el que se le requería para

que aportara dicho permiso. El juez plural aclaró que de la mencionada documental se podía extraer que al actor le eran asignadas capacitaciones para el manejo de los programas que usaba, tanto con el Ministerio de Salud como con el Fosyga, las que no manifestaban su carácter obligatorio en cuanto a la asistencia, ni existía prueba escrita que acreditara la participación por parte del demandante; sin embargo, según los dichos de los testigos, en los términos analizados por la alzada, el conocimiento de esos programas era indispensable para el desarrollo de la actividad, además la declarante Puentes Méndez indicó que el accionante asistió a dichas capacitaciones, situación que ponía de presente la subordinación a la que efectivamente estuvo sometido éste durante el tiempo en que se ejecutó el contrato. Bajo esos argumentos, coligió que conforme a la evidencia probatoria estaba demostrada la existencia de la relación subordinada; de ahí que, al no acreditarse el pago de las prestaciones sociales causadas en vigencia del vínculo, se debía impartir la correspondiente condena, para lo cual procedió a efectuar su liquidación.

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Radicación n.° 94102 En relación con el pago de los aportes a salud y pensión, especificó que frente a los mismos no era posible fulminar condena, como quiera que éstos fueron sufragados por el hoy reclamante, siendo la cobertura de tales riesgos directa y cubierta por el propio cotizante, sin que de la pretensión, en la forma que aparece redactada, se pueda establecer una

solicitud de reembolso de los dineros pagados por el trabajador, ni situación parecida, es por esto que indicó que se absolvería de tal pedimento, pese a que la empresa demandada tenía la obligación legal de efectuarlos en la oportunidad pertinente. En cuanto a la indemnización moratoria prevista por el artículo 65 del CST y la sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo contemplada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esgrimió que, tanto la primera como la segunda, no pueden imponerse de manera automática e inexorable por parte de los falladores, toda vez que siempre habría de observarse y calificarse, en el caso concreto, el comportamiento del empleador, es decir, si éste actuó de buena o mala fe en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. De acuerdo con lo anterior y analizados los medios probatorios aportados al proceso, el Tribunal estimó que no se advertía razonamiento alguno que acreditara la buena fe de la sociedad demandada que lo pudiera liberar de la condena estudiada, ya que tanto en el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, como de las declaraciones de terceros rendidas en su favor, se observaba

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Radicación n.° 94102 que el vínculo siempre estuvo precedido de órdenes e instrucciones para el cumplimiento de las tareas asignadas, lo que derivaba en la existencia de la relación laboral, por ello dijo que se condenaría al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria. En seguida procedió a realizar la liquidación por los 24 primeros meses, esto es hasta el 31 de

diciembre de 2017 y a partir del 1 de enero de 2018 dispuso el pago de los intereses moratorios respectivos. Expresó que respecto a la sanción por la no consignación de las cesantías en un fondo creado para tal fin, para su cálculo se debía partir de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que impone el pago de un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías, cuando éstas no se hubieran puesto a disposición del fondo a más tardar al 15 de febrero del año siguiente, la que va hasta la terminación del vínculo laboral, por cuanto a partir de dicho momento se da inicio a la indemnización moratoria ante la falta de pago de los salarios y prestaciones sociales de que trata el artículo 65 del CST. Puntualizó que en ese orden de ideas y advertida la mala fe en la que incurrió la pasiva al momento de suscribir el contrato y teniendo la obligación de consignar las cesantías correspondientes del año 2014 en un fondo, resultaba procedente el pago de dicha pretensión y procedió a efectuar la liquidación respectiva.

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Radicación n.° 94102 En cuanto a la indemnización por la terminación del contrato sin justa causa, precisó que en la demanda inaugural no se enunció la forma cómo fue despedido el hoy demandante, ni se aportó medio de prueba alguno del cual se pudiera extraer tal situación; sino por el contrario, la misma accionada por intermedio tanto de su representante legal como de los testigos solicitados, acreditaron que la finalización del vínculo laboral devino por la culminación del

plazo fijo pactado, lo que no derivaba en la condena pretendida, ya que desde el inicio los extremos de la relación se sujetaron al término del contrato, lo cual se mantuvo tanto por el período consagrado en el convenio primigenio, como en el otrosí que suscribieron los contendientes y, en consecuencia, que se debería impartir absolución por este pedimento. Por último, impuso condena respecto a la indexación pretendida, pero tan solo en lo referente al concepto de la compensación en vacaciones, como quiera que dicho ítem era el único que no se encontraba cubierto por la indemnización moratoria. En los anteriores términos, se desató la alzada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada Jahv Mcgregor S.A.S., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que esta corporación case «la sentencia de segunda instancia y en su defecto, se acceda a la revocatoria de la misma, denegando las pretensiones de la demanda y declarando probadas las excepciones presentadas en la contestación de la demanda».

Con tal propósito, formula un cargo que es replicado por la parte actora, el que la Sala procede a estudiar a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, bajo la modalidad de aplicación indebida de los artículos 22, 23 y 24 del CST.

Afirma que el Tribunal cometió los siguientes errores de hecho:

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante se encontraba vinculado bajo una contratación de naturaleza civil, mediante la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 126 de fecha 22 de agosto de 2014. No dar por demostrado, estándolo, que se suscribió el otrosí prorrogando el plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2015, entendiendo que el mismo se realizó por la necesidad que nacía de los Contratos de interventoría que mi representada suscribió con el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de los contratos No. 409 de 2007 y No. 103 de 2012. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante en virtud de la relación contractual que mantuvo con mi representada no cumplía horario, ni recibía órdenes.

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Radicación n.° 94102 No dar por demostrado, estándolo, que por el hecho de rendir informes y/o entregables con ocasión de las exigencias de los Contratos de Interventoría estatales No. 409 de 2007 y No. 103 de 2012, no se configuraba una relación de trabajo. No dar por demostrado, estándolo que, con las diferentes pruebas aportadas al proceso, se acreditó la inexistencia de los elementos esenciales para que se declare una relación laboral entre el demandante y mi representada, tal como lo manifestó el Juzgado Treinta y Dos (32) Laboral del Circuito, en sentencia de primera instancia de fecha 06 de diciembre de 2017. De la demostración del cargo, es posible inferir que la

censura se duele de que el colegiado no hubiese valorado correctamente el contrato de prestación de servicios ni el otrosí, pues de haberlo hecho en debida forma, concluiría como lo hizo el a quo, que el vínculo era de naturaleza eminentemente civil, el que estaba íntimamente ligado al «cumplimiento a las exigencias de los Contratos de Interventoría estatales No. 409 de 2007 y No. 103 de 2012» suscrito por la sociedad recurrente con el Ministerio de Salud - Fosyga, sin que se encuentre demostrado con prueba cierta que el actor haya acreditado cumplir con los elementos esenciales establecidos en los artículo 22, 23 y 24 del CST, para que se declare una relación de trabajo subordinada.

En seguida sostiene: En la sentencia de segunda instancia, en forma equivocada, al valorar las pruebas documentales, señaló que de los correos electrónicos corporativos en los que se le indicaban las exigencias del Ministerio de Protección Social, para la presentación de los informes, que son el resultado de los productos o entregables del demandante, en las obligaciones para las cuales fue contratado, y la forma del desarrollo empresarial, se desprende una subordinación porque consideró erradamente que se entienden como órdenes laborales, desconociendo que en los contratos de prestación de servicios es factible emitir las indicaciones de la forma en que se esperan los productos contratados, en los tiempos necesarios para cumplir con los objetivos empresariales,

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Radicación n.° 94102 que en este asunto correspondía a la entrega de informes al Ministerio de Salud, respecto del proyecto Fosyga en los plazos

señalados por dicha Entidad. […] Las conclusiones del fallador de segunda instancia, de considerar estas circunstancias como constitutivas de relación laboral, desconoce la realidad de la ejecución de los contratos civiles y en especial, los criterios autorizados de la jurisprudencia nacional, que determina que estas especiales circunstancias conservan la naturaleza de contrato de prestación de servicios, y en manera alguna concluye una relación laboral, como erradamente lo determinó segunda instancia, siendo una valoración probatoria equivocada que conduce a la necesidad de Casar la Sentencia. En esa perspectiva y a «título de ejemplo» se remite a los correos electrónicos del 26 y 27 de mayo, 3 y 9 de junio y 23 de julio, todos del año 2015, de cuyo contenido, en su decir, demuestran que corresponden a las directrices específicas del Proyecto Fosyga contratado por el Ministerio de Salud con la demandada y que son los necesarios en la presentación de los informes profesionales independientes y autónomos que era del caso elaborar en los tiempos esperados, para con ello estructurar los respectivos informes empresariales a radicar en la entidad estatal, todo lo cual es propio de una relación civil de prestación de servicios profesionales y no de un nexo subordinado. De otra parte, disiente de lo decidido por el fallador de segunda instancia, cuando concluye que de las capacitaciones ofrecidas por la demandada para el correcto manejo de programas que tenía el Ministerio de SaludFosyga, se desprende una relación laboral. Argumenta que, es evidente que el manejo de programas era específico para

el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas,

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Radicación n.° 94102 exclusivamente respecto de los informes para el proyecto Fosyga a entregar al Ministerio de Salud, de manera que no correspondían a programas o aplicaciones para el desarrollo simplemente empresarial de la sociedad Jahv McGregor, de donde se tiene que al ser especializados para el manejo de los dineros y programas de la salud, era indispensable que el profesional los conociera y para ello se le facilitaba su formación sobre los mismos, como insumo para que pudiera realizar las valoraciones profesionales dentro de los informes que le correspondía presentar en forma periódica. Precisa que tal circunstancia no puede considerarse como relación laboral, pues en manera alguna refleja subordinación, simplemente las capacitaciones eran necesarias para el desarrollo normal de la actividad contratada, en la entrega de productos como informes profesionales sobre la materia de su experticia. Para demostrar que ello era así, alude a los correos electrónicos del 15 de enero, 25 de marzo y 3 de septiembre de 2015. Explica que el demandante no estuvo bajo las órdenes laborales de la accionada, como ocurría con otras personas que sí se encontraban bajo contrato laboral; que al actor se le trasmitió directrices del Ministerio en la forma en que se requerían los productos, consistentes en informes respecto de la revisión de actuaciones del Fosyga. En esencia, las conclusiones, hallazgos y reportes profesionales eran propios, autónomos e independientes porque correspondían a su formación profesional y experticia, de tal manera que

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Radicación n.° 94102 sus análisis los plasmaba en tales informes que eran los productos de su contrato. Posteriormente, indica que los testigos Sandra Yenni Puentes, Norberto Pérez Combariza y Jakeline Jaimes Trespalacios, ésta última representante legal de la demandada, dan a conocer las verdaderas circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la contratación del accionante, derivadas de las exigencias de los contratos de Interventoría estatales No. 409 de 2007 y No. 103 de 2012, demostrándose con ellos que la verdadera naturaleza del contrato suscrito, consistía en actividades de presentación de informes periódicos, con criterios profesionales especializados e independientes, a fin de determinar si hubo cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas objeto de contrato estatal, pero en momento alguno derivan en subordinación laboral, como equivocadamente lo determinó el ad quem. Luego refiere a un aparte del concepto 024831 de 2021 emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública y a una sentencia del Consejo de Estado Sección Segunda rad. 2013 1143 de 2021, para en seguida considerar: Entonces, conforme al concepto y el fallo supra mencionados, es claro que existe un yerro en el fallo acusado al considerar que si se configuró el elemento de la subordinación para la declaración de un contrato de trabajo, por el solo hecho de entregar informes y/o entregables requeridos por la supervisión del contrato, toda vez, que más allá de que se haya prestado un servicio [en] una sede asignada por el Ministerio de Salud y Protección Social,

(PROYECTO FOSYGA), y que se hayan asignado implementos de

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Radicación n.° 94102 trabajo, y asignado un computador y un correo electrónico para resguardar y proteger la seguridad de la información manejada por el actor, estas circunstancias no determinan la existencia de una subordinación, como erradamente lo indicó la sentencia acusada. Puntualiza que Jarol Enrique Pérez Neira no requería pedir permisos para ausentarse, solo coordinaba con el director del proyecto o con quien este delegara sobre sus actividades pendientes; que la demandada en cumplimiento de sus obligaciones contractuales de interventoría y en aras de mantener la absoluta reserva de la información que tenían que manejar los colaboradores en la ejecución de sus actividades, asignó al demandante el equipo de cómputo para evitar pérdidas y/o fugas de información, asegurar un almacenamiento adecuado y la confidencialidad del caso, de igual manera, le suministró un sitio en que debía ejecutarse el objeto del contrato buscando eficiencia, veracidad y seguridad de la información, hecho que no desvirtúa la autonomía del contratista, quien por demás pagaba la seguridad social, lo que muestra que era consciente que sus labores fueron independientes. Infiere que el mismo contrato de interventoría le exigía a la empresa un sitio para el desarrollo de las actividades cercano a la sede del Ministerio de Salud y que durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios independientes, el señor Jarol Enrique Pérez Neira, como todos los colaboradores de la accionada, debía mantener confidencialidad de la información que llegará a su conocimiento en la ejecución del convenio, pero no implica

de ninguna manera subordinación laboral.

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VII. LA RÉPLICA La parte demandante se opone a la prosperidad del recurso y asevera que la censura no se ocupa en parte alguna de indicar cuál fue el desacierto tan evidente y notorio del juez plural ni el error en la valoración de la prueba, dice que no realiza inferencia razonable o deductiva que permita concluir el motivo por el cual se debería dejar sin efecto la liber