CSJ - SP 10094 (26-11-1997)

COMPETENCIA/ ALLANAMIENTO/AUDIENCIA PUBLICA/ SISTEMA ACUSATORIOImparcialidad  El artículo 16 del Decreto 1861 de 1989 prescribía que los jueces ambulantes tenían competencia para investigar en todo el territorio nacional, precepto que en tal sentido modificó la más restrictiva previsión del original artículo 316 del Decreto 050 de 1987 (anterior Código de Procedimiento Penal), en actitud positiva que significó la superación de la ingenua concepción de normas localistas y puntuales, paradójicamente dispuestas para enfrentar una delincuencia dispersa, continuada, extendida como organización por todo el territorio de la nación y hasta comprometida en procedimientos transnacionales. 2.- No importa que el allanamiento sea un acto de investigación y no un medio de prueba, pues si el mismo se comporta como medio en la formación de la prueba, necesariamente debe impugnarse por la vía de la violación indirecta de la ley sustancial y no por la de la nulidad. 3.- En nuestro singular sistema de tendencia acusatoria, el pliego de cargos es la pieza fundamental de introducción al juicio y, a la vez, es el punto de partida y marco de los debates de esta segunda fase del proceso, y como tal es necesaria su lectura o actualización antes de cualquier intervención de los sujetos procesales en la audiencia pública (C. P. P., arts. 449 y 451). Lo ideal es que la oralidad y la concentración se cumplan en la sucesión y el intercambio de las distintas posiciones en la audiencia pública, pero la remisión sensata que el fiscal hace a las apreciaciones de la resolución de acusación, pieza que debe declararse conocida en el curso de la misma diligencia, antes que un

desatino particularmente puede ser garantía de seguridad, pues, por más que se afine el discurso en la intervención oral, jamás podrán desbordarse gravosamente los cargos consignados en esa limitativa providencia de acusación, aunque obviamente podrá el fiscal solicitar su degradación o inclusive prescindir de la acusación (C. P. P., art. 129).

PROCESO No. 10094

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO

Aprobado Acta N° 147 Santafé de Bogotá, D. C., veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS: Por medio de sentencia del 14 de febrero de 1994, el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito de Santafé de Bogotá declaró que los acusados LEONEL YANGUMA PARRA, LUIS FERNANDO FIGUEROA VACA, DARÍO ANTONIO y HÉCTOR CALDERÓN GÓMEZ eran coautores de un concurso de delitos de falsedad material de particular en documento público, falsedad en documento privado y estafa, según conductas por medio de las cuales se atentó con la Fe Pública y se menoscabó el patrimonio estatal radicado en la Administración de Impuestos Nacionales, dependencia adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, el Juzgado de conocimiento les impuso a los responsables la pena principal de treinta y ocho (38) meses de prisión y multa por valor de veinte mil ($ 20.000.oo) pesos. Igualmente, se determinó que los procesados debían cumplir la sanción

accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por igual período al indicado como privación de la libertad; y se les impuso la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados, en cuantía de trece millones trescientos setenta y ocho mil setecientos tres pesos ($ 13.378.703.oo), más los intereses bancarios causados desde la época de la apropiación fraudulenta de los dineros y la fecha de pago de la indemnización. De igual manera, se les negó a todos los condenados el subrogado de la condena de ejecución condicional. En respuesta al recurso de apelación interpuesto por la defensa de los hermanos Calderón Gómez y del procesado Figueroa Vaca, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, por medio de sentencia fechada el 27 de abril de 1994, revocó parcialmente el fallo de primer grado, en lo que atañe a la condena por el delito de falsedad de particular en documento público, e hizo entonces un nuevo cálculo de pena que otra vez lo condujo a los treinta y ocho (38) meses de prisión impuestos por la instancia, aunque redujo la multa a la cuantía de dos mil pesos ($ 2.000.oo). En la misma revisión, se dispuso también que el valor de la indemnización era de trece millones doscientos noventa y nueve mil setecientos noventa y tres pesos ($ 13.299.793.oo), en lugar de la cantidad dispuesta por el a quo. Pues bien, en relación con el fallo del Tribunal, se activó la impugnación extraordinaria de casación por parte de los mismos defensores que acudieron en apelación, recurso aquel que ahora decide la Sala, previa aportación del concepto ofrecido por el señor Procurador Segundo Delegado en lo

Penal (E).

HECHOS: Durante el período comprendido entre los meses de diciembre de 1988 y agosto del año siguiente, varios individuos acordaron y llevaron a cabo un fraude a la Administración de Impuestos Nacionales, por medio del cobro indebido de unos remanentes de la retención en la fuente por ventas de café, efecto para el cual, ante la Administración de Santafé de Bogotá, fingieron las solicitudes y presentaron declaraciones de renta y certificados de retención espurios, correspondientes a las cuentas de los señores JAIME VILLEGAS VILLEGAS, JORGE DÍAZ SÁNCHEZ, CARLOS ZÚÑIGA CORTÉS, HORACIO HUEGE ALARCÓN y JOSÉ FRANCISCO NARVÁEZ PERDOMO, todos comerciantes y contribuyentes que ya habían obtenido regularmente la devolución de la retención sobrante, en gestión que realizaron ante la Administración de la ciudad de Neiva, una vez hechas las liquidaciones de sus respectivas declaraciones de renta.

La investigación penal se adelantó para clarificar el presunto uso de cédulas falsas para suplantar a los beneficiarios, la simulación de los documentos inherentes a la solicitud de devolución y la realidad de la defraudación al patrimonio de la institución, aspecto este finalmente determinado en la suma de trece millones doscientos noventa y nueve mil setecientos noventa y tres pesos ($ 13.299.793.oo). Como realizadores de estas maniobras engañosas y dañinas, fueron vinculados y condenados los señores LEONEL YANGUMA PARRA, LUIS FERNANDO FIGUEROA VACA y los hermanos

DARÍO ANTONIO y HÉCTOR CALDERÓN GÓMEZ.

ACTUACIÓN PROCESAL: Los hechos fueron puestos en conocimiento por el señor Alvaro Dueñas Acero, Jefe de la División Jurídica de la Administración de Impuestos Nacionales de Personas Naturales de Bogotá, información a partir de la cual el Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal Ambulante de la misma ciudad inició la investigación penal; vinculó como autores o partícipes, en principio, a los individuos Leonel Yanguma Parra y Luis Fernando Figueroa Vaca, a quienes también les dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por la deducida condición de presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad documental (pública y privada) y estafa (cuaderno original número 1, fs. 155 a 167).

Igual imputación se hizo al sindicado Carlos Alberto Salas Basto, de acuerdo con el auto de situación jurídica resuelta el 2 de octubre de 1990 (C. O. N° 1, fs. 242). En la providencia fechada el 26 de noviembre de 1990, el Juzgado Instructor ordenó medida de aseguramiento de detención en contra de los sindicados Héctor y Darío Antonio Calderón Gómez, a quienes se imputan las mismas hipótesis delictivas ya mencionadas. En cambio, en el mismo proveído, el juez se abstuvo de adoptar determinación preventiva en relación con los vinculados Olimpo Yanguma Parra y Jorge Ricardo Salas Basto (C. O. N° 2, fs. 56). En sede de apelación, por medio de auto expedido el 15 de febrero de 1991, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá revocó parcialmente las providencias del 19 de septiembre y el 2 de

octubre de 1990, por medio de las cuales se había definido la situación jurídica de los procesados Leonel Yanguma Parra, Luis Fernando Figueroa Vaca y Carlos Alberto Salas Basto, en el sentido de que no había lugar a la imputación por el delito de concierto para delinquir (cuaderno del Tribunal, fs. 14). El sumario fue calificado conforme con el auto del 11 de marzo de 1991, oportunidad procesal en la cual se dictó resolución de acusación en contra de Leonel Yanguma Parra, Luis Fernando Figueroa Vaca, Darío Antonio y Héctor Calderón Gómez, a título de coautores de un concurso de hechos punibles de falsedad (pública y privada) y estafa. En el mismo proveído se ordenó la reapertura de la investigación en lo que atañe a los hermanos Jorge Ricardo, Carlos Alberto y Javier Salas Basto; se decretó la cesación de procedimiento en favor de Olimpo Yanguma Parra y Carlos Augusto Corredor Castro; y, finalmente, se dispuso la cesación de procedimiento por el delito de concierto para delinquir, en beneficio de quienes de alguna manera quedaban vinculados al proceso (C.

O. N° 3, fs. 221).

Atendido el recurso de apelación interpuesto en contra de la mencionada providencia de calificación sumarial, el Tribunal Superior, por medio de auto fechado el 28 de junio de 1991, resolvió dejar vigente la acusación sólo por los delitos de “falsedad en documento privado” y “estafa”, éste agravado conforme con los numerales 1° y 2° del artículo 372 del Código Penal. Y en relación con el

delito de “falsedad documental pública”, el ad quem decidió reabrir la investigación en favor de los procesados que habían sido acusados por la primera instancia. Como la reapertura de investigación generó una ruptura de la unidad de proceso, de nuevo se encaró la calificación del sumario antes desprendido, por medio de auto fechado el 25 de febrero de 1992, oportunidad en la cual el Juzgado de Instrucción dictó resolución de acusación por un concurso de delitos de “falsedad documental pública”, en relación con los procesados Leonel Yanguma Parra, Luis Fernando Figueroa Vaca, Darío Antonio y Héctor Calderón Gómez. En el mismo proveído, se ordenó la cesación de procedimiento en beneficio de los hermanos Carlos Alberto, Jorge Ricardo y Javier Salas Basto, quienes habían sido vinculados por la imputación de un concurso de delito de falsedad documental (pública y privada) y estafa (cuaderno acumulado número 4, fs. 157). Apelada la calificación sumarial en ese segundo proceso, le correspondió la decisión del recurso a la Unidad de Fiscalía ante los Tribunales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, célula que confirmó integralmente la providencia impugnada, según lo dispuso en la resolución del 3 de agosto de 1992. El Juzgado Cuarenta Penal del Circuito aprehendió el conocimiento del juicio a que dio lugar la primera acusación, pero después ordenó la acumulación del otro proceso que antes se había separado (C. O. N° 3, fs. 340, 386 y 431). Celebrada la audiencia pública, el juzgador dictó la sentencia de primera instancia y posteriormente, en razón del recurso de apelación, hubo lugar al fallo de segundo

grado, según decisiones que ya quedaron reseñadas en la introducción (fs. 487, 538 y 561 idem y cuaderno del Tribunal, fs. 53).

RELACIÓN DE LAS DEMANDAS: El defensor del procesado Luis Fernando Figueroa Vaca ha sustentado el recurso extraordinario de casación con los siguientes argumentos:

1. Con fundamento en la causal tercera de casación, el actor destaca tres (3) irregularidades que, en su sentir, afectaron el debido proceso, y por ello descompone la censura de la siguiente manera: 1.1 El Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal se desplazó a Neiva sin la autorización de la desaparecida Dirección Seccional de Instrucción Criminal, ciudad en la cual no sólo dictó el auto cabeza de proceso (hoy resolución de apertura de instrucción), sino que evacuó algunas pruebas, actuaciones todas que, por haberse realizado fuera de la jurisdicción y sede del juzgado instructor, son inválidas. Para efectos de la competencia, dice el actor, cuenta tanto el factor objetivo como el territorial, razón por la cual, si el juez no contaba con la autorización superior, se convirtió en un investigador privado de la Administración de Impuestos Nacionales. 1. 2 Es igualmente irregular la orden de captura despachada en contra de Luis Fernando Figueroa Vaca, tanto porque se expidió en relación con “FERNANDO N., SIN MAS DATOS…”, como en razón de que el allanamiento por medio del cual se produjo la privación de la libertad no había sido previamente ordenado, de la manera como lo estipulan los artículo 343 del Código de Procedimiento Penal y 23 de la Constitución Política de 1886, este último vigente para la época de la diligencia.

1. 3 Es igualmente anómalo que no se hayan vinculado al proceso todas las personas comprometidas, pues, de acuerdo con el testimonio del señor Jesús Alejandro Gutiérrez, Jefe de Inspección de la Dirección General de Impuestos, en estos casos se sospecha la participación de funcionarios y empleados de la administración, señalamiento que el juez de instrucción menospreció para enrutar la investigación sólo en relación con los particulares.

Estas irregularidades son sustanciales, en vista de que sus efectos “tocaron las normas que regulan la verificación de un procedimiento…”, motivo por el cual, de acuerdo con el numeral 3° del artículo 220 del C. de P. P. y con apoyo en el numeral 2° del artículo 304 del mismo Estatuto, solicita a la Sala que decrete la nulidad a partir del auto cabeza de proceso.

2. Al amparo de la causal primera de casación, por estimar que la sentencia viola la ley sustancial de manera indirecta, en razón de un “error de derecho en la apreciación de las pruebas”, el demandante discierne dos cargos: 2.1 Sin contar con la prueba pericial pertinente, los falladores de primera y segunda instancia declararon la certeza sobre el hecho punible de falsedad en documento privado, basados solamente en simples declaraciones. Para demostrar el reparo, se ocupa el actor de las partes de ambas sentencias concernientes al delito mencionado y la prueba testimonial resaltada por los juzgadores.

Se requería el examen técnico de los documentos dubitados y su confrontación con las muestras manuscrituriales de los contribuyentes presuntamente suplantados, pues sólo así se logra la certeza del hecho punible, y he ahí la razón por la cual se ha incurrido en un error de derecho en la

apreciación de las pruebas. El dictamen pericial “es una de las formas más adecuadas para probar la falsedad material”, porque, admitir la certeza de este hecho a partir de testimonios, es abrirle camino a la injusticia para que cualquier persona se antoje de desconocer o tachar un documento privado. Refuerza la argumentación con la cita de la “providencia del 15 de octubre de 1.986”, por medio de la cual la Sala distingue el documento privado como medio de prueba y el mismo como prenda de demostración, cuando se constituye en el objeto material del delito de falsedad documental. 2.2 El segundo cargo por violación indirecta, lo enuncia el actor como una afrenta a la ley sustancial “por error en las pruebas que se tuvieron en cuenta” para dar por establecida la certeza de la responsabilidad de Luis Fernando Figueroa Vaca. Dice que en la “evaluación probatoria que hicieron los sentenciadores”, se advierte con claridad una “errada apreciación” que fundamenta en los siguientes datos: 2.2.1 Una de las pruebas de cargo en contra de su defendido es el testimonio del señor Osmel Velásquez Restrepo, medio probatorio no apto para declarar la certeza de la responsabilidad de aquél, dado que el testigo se refirió en forma precaria a “FERNANDO N.”, a quien no conocía con anterioridad, a pesar de lo cual no fue verificado su señalamiento en diligencia de reconocimiento en fila de personas, y tampoco precisó el declarante “la verdadera participación de ese señor FERNANDO N…”. Por lo demás, “todo parece indicar” que este testimoniante fue manipulado por el Juzgado

Veintitrés de Instrucción o por los agentes que colaboraron en el caso, con el fin de que acomodara su versión en el sentido deseado. 2.2.2 En cuanto al indicio de la tenencia de algunos documentos relacionados con impuestos nacionales, el demandante recuerda que la diligencia de allanamiento en la cual se obtuvieron tales papeles no se sujetó a los presupuestos legales, razón por la cual no sólo es inexistente el acto de investigación mismo, sino todo aquello que dependa de él; amén de que resultó parcialmente comprobado, como lo explica el procesado, que tales documentos se “los había encontrado una tarde en el Aeropuerto El Dorado…”. 2.2.3 En lo relacionado con las llamadas telefónicas salidas del abonado del apartamento de Figueroa Vaca, comenta el actor que las mismas no fueron objeto de grabación ni de análisis técnico posterior, como para que fuese fiable el señalamiento del autor de las mismas. Aunque el Estatuto Procesal Penal señala el examen conjunto de las pruebas, los juzgadores solamente tuvieron en cuenta las que perjudicaban al procesado, pero soslayaron medios que arrojaron resultados favorables, tales como el dictamen grafológico. De modo que, según lo sostiene el demandante, se ha incurrido en un “error de derecho en la apreciación de las pruebas que se tuvieron en cuenta para condenar a LUIS FERNANDO FIGUEROA VACA… porque aquí se hizo un falso juicio de valoración…”. Como consecuencia del yerro alegado, el censor solicita a la Corte que case la sentencia impugnada y se dicte el fallo absolutorio sustitutivo.

La segunda demanda se ha presentado conjuntamente en favor de los procesados Héctor y Darío Antonio Calderón Gómez. El defensor sustenta las siguientes glosas:

1. Aduce que se ha dictado sentencia dentro de un juicio viciado de nulidad, dado que no hubo acusación. En efecto, si se lee el acta de la audiencia pública, se determina que la Fiscalía se limitó a utilizar frases genéricas como las de que existía certeza y plena prueba para condenar, afirmaciones que no acompañó del respectivo respaldo argumentativo. “Si en Colombia rige un sistema acusatorio…”, entonces el comportamiento de la Fiscalía desconoce el precepto fundamental del artículo 29 de la Constitución Política, según el cual los procesados tienen derecho a un juicio público en el cual se presuma su inocencia.

Afirma que no es argumento válido sostener que la resolución acusatoria constituye la acusación, como lo hizo el Tribunal al decidir el recurso de apelación, pues precisamente el cambio al “sistema acusatorio” consistió en buscar la imparcialidad del juez, de tal manera que éste en la audiencia deberá escuchar la acusación y la defensa y después resuelve de conformidad. Así pues, “cuando la Fiscalía se limita a decir que la resolución acusatoria es perfecta, no está cumpliendo su deber, porque una cosa es calificar y otra acusar…”. De otra parte, la defensa tiene derecho a oír los cargos y contemplar las pruebas que los sustentan, todo con el fin de refutarlos ante quien impartirá justicia.

2. El segundo reparo se destaca porque “LA SENTENCIA ES VIOLATORIA DE NORMA DE DERECHO SUSTANCIAL”, dado que el único testimonio de cargo traído al proceso es el del señor

Osmel Velásquez Restrepo, prueba que no puede servir para acusar por los siguientes motivos: 2.1 La investigación que soporta este proceso se refiere a los cobros relacionados con las cuentas de los contribuyentes Jaime Villegas Villegas, Jorge Díaz Sánchez, Carlos Zúñiga Cortés y José Francisco Narváez. Pero resulta que el testimonio invocado da fe exclusivamente de los actos de defraudación tendientes a suplantar al señor Teodomiro Garrido Joven, hechos que conoce suficientemente Velásquez Restrepo, por haber participado en ellos, y de pronto esa prueba podría servir para inculpar a Leonel Yanguma Parra pero no a los demás procesados. Precisamente, por tratarse de hechos diferentes, la suerte de Velásquez Restrepo se definió en una investigación separada. 2.2 Se dice que Osmel Velásquez Restrepo hizo un recorrido “en un carro rojo con dos hermanos”, según lo declara él mismo, porque cada uno de ellos pretendía cobrar un cheque producto de las defraudaciones. Sin embargo, observa el recurrente, los juzgadores no entendieron que el testigo se refería a los “hermanos SALAS” y no a los “hermanos CALDERÓN”. De esta manera, concluye el actor, la sentencia del Tribunal incurre en error de hecho en la apreciación del testimonio de Osmel Velásquez Restrepo. En primer lugar, cuando lo estima como prueba de los hechos investigados, a sabiendas de que tal medio probatorio se refiere a hechos que son materia de otro proceso; y, en segundo lugar, porque tergiversa el sentido de dicho medio de convicción, pues el fallador equivocadamente le puso contenido incriminatorio en relación con los hermanos Calderón, cuando la inculpación auténtica de esa versión se refiere a los hermanos Salas.

Como para el demandante son patentes estos errores de hecho, consecuentemente le solicita a la Corte la revocación del fallo condenatorio y que dicte la sentencia absolutoria que se impone, ante la demostración de que el testimonio de Velásquez Restrepo no puede soportar la decisión condenatoria, y habida cuenta que la incriminación de Leonel Yanguma Parra es mendaz y sólo apunta a obtener beneficios para él.

CONCEPTO DEL PROCURADOR: En relación con la primera demanda: Estudia la propuesta de nulidad, basada en la falta de competencia, y exhibe la siguiente

motivación: a. La Dirección Seccional de Instrucción Criminal de Bogotá dictó la Resolución N° 611 del 12 de julio de 1990, por medio de la cual asignó el conocimiento de la investigación al Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal Ambulante, acto de reparto que es de naturaleza eminentemente administrativa y no judicial. Esta asignación administrativa no es un acto constitutivo de la competencia del juez de instrucción, pues el ejercicio de la jurisdicción no tiene origen diverso a la ley (C. O N° 1, fs. 6). Además, según lo disponía el artículo 316 del Decreto 050 de 1987, modificado por el artículo 16 del Decreto Ley 1861 de 1989, “los jueces ambulantes tienen competencia en todo el territorio nacional”, competencia que se tenía no sólo para instruir sino que se conservaba para calificar el sumario en asuntos de conocimiento de los jueces superiores o de circuito. Aunque no existe constancia de la resolución que autorizó el desplazamiento del juez de instrucción a la ciudad de Neiva, lo cierto es que aparece copia del oficio de la solicitud extendida en

tal sentido y, apegados a la práctica judicial de aquél entonces, ha de entenderse que el traslado fuera de la sede no se producía si no mediaba la respectiva orden administrativa. Pero en el hipotético caso de que no existiere el acto administrativo, de todas maneras las actuaciones del Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal estaban amparadas por el ámbito de competencia nacional que le defería la ley. b. Los cuestionamientos de la validez de la prueba en casación deben hacerse por la vía de la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 220 del C. de P. P., y no por la vía de la nulidad (motivo tercero). De modo que, según lo entiende el Ministerio Público, el actor equivocó el camino para hacer valer las irregularidades atribuidas a las diligencias de allanamiento y captura. Con todo, si se quiere abundar en razones, a pesar del yerro técnico, se tendrá en cuenta que la captura de “FERNANDO N.” se ordenó porque estaba “plenamente individualizado”, y además se dispuso el allanamiento para ese fin y para buscar elementos y materiales utilizados en las falsificaciones, todo lo cual se formalizó en el respectivo auto que aparece a folios 117 del primer cuaderno original. Esto último demuestra que el instructor se atuvo al mandato expreso y claro de los artículos 368 y 404 del anterior Código de Procedimiento Penal. Por error en la vía escogida y porque además no existen irregularidades generadoras de nulidad, el cargo no puede prosperar. c. La falta de vinculación de algunas personas o funcionarios que presuntamente participaron en los hechos, no tiene ningún efecto enervante de la validez del proceso, supuesto que la

responsabilidad penal es individual, amén de que el actor no concreta la identidad de los sujetos que eventualmente deberían recibir la imputación. Sobre los cargos basados en la causal primera, cuerpo segundo, se tiene lo siguiente:

1. En cuanto a la violación indirecta de la ley sustancial, por hipotético error de derecho en la apreciación de las pruebas, el Procurador advierte que el libelista ha supuesto equivocadamente que nuestro sistema procesal predeterminó la prueba técnica como único medio conducente a la prueba de la falsedad. Esa errónea apreciación deriva del desconocimiento de la plena libertad probatoria reconocida en el artículo 253 del C. de P. P.

De otra parte, gracias a la extensa transcripción que el actor hace de los fallos de primera y segunda instancia, resulta fácil reconocer que su propósito de reivindicar un error de derecho se reduce a una simple disparidad de criterios valorativos que lo lleva a apartarse de la perspectiva de los juzgadores.

2. La segunda censura por la vía indirecta, fundamentada en un cuestionamiento al testimonio del señor Osmel Velásquez Restrepo, dice el Procurador que genéricamente se refiere a un “error en las pruebas” y posteriormente alude a un “error de derecho”, pero nada concreta sobre el sentido de esta clase de yerro. Como en la anterior postura, el demandante se limita a disentir de la valoración probatoria de los falladores, pero nada aporta para denotar que se han quebrantado los principios de la lógica, la razón o la experiencia.

Como es igual el camino que escoge para criticar el valor del indicio de la “tenencia de algunos documentos relacionados con impuestos nacionales, que fueron encontrados en el apartamento

del inculpado LUIS FERNANDO FIGUEROA VACA”, con marcada tendencia a tratar de convertir el recurso de casación en una tercera instancia para el debate de las pruebas, el Ministerio Público propone también el rechazo de este cargo. En relación con la segunda demanda:

1. Sobre la causal tercera reflexiona el Procurador del siguiente modo: Se ha repudiado la actitud de la Fiscalía en la audiencia pública, por haberse remitido a los argumentos de la resolución de acusación, de tal manera que el actor estima que no hubo acusación.

Sin embargo, el Procurador recuerda que es en la resolución acusatoria donde se concretan los cargos que el Estado-Jurisdicción hace contra una persona, de tal manera que tal pieza procesal define el objeto de la imputación y establece los límites dentro de los cuales se puede concretar el juicio de responsabilidad en el fallo, en caso de ser condenatorio. Ahora bien, ejecutoriada la resolución de acusación, adquieren competencia los jueces del conocimiento y el fiscal pasa a la condición de sujeto procesal. Mas esto no significa que allí se agote la función acusadora para la Fiscalía, pues, en el curso del juzgamiento le corresponde “la carga de la prueba del hecho punible y de la responsabilidad del procesado” (art. 249, inciso 2°, C. P. P.). “Siendo ello así, agrega el Ministerio Público, no se puede confundir el imperativo legal que tiene la fiscalía de intervenir en sustento de la acusación, con la resolución acusatoria. Si bien el sistema acusatorio tiene por base el principio de que nadie puede ser enjuiciado sin que se sostenga

contra él una acusación ante autoridad competente, la elevación y concreción de cargos corresponde a una etapa procesal previa cuya fisonomía formal y sustancial está reglada”.

Algo más: en relación con el debate de audiencia pública, dice el Procurador, la ley no ha establecido formas especiales y obligatorias de intervención para los sujetos procesales, todo depende de las vicisitudes del caso. De modo que, establecido que la actuación del fiscal fue concreta y clara, porque reiteró los cargos formulados en los proveídos calificatorios, por contrario modo a lo que piensa el casacionista, es satisfactoria y no son de recibo sus observaciones, máxime si con ello se procura edificar una inexistente nulidad.

2. En lo que atañe al cargo afianzado en la causal primera, concretamente por la estimación del testimonio del señor Osmel Velásquez Restrepo, el Procurador se muestra contrario a su consideración por la confusión en el reclamo, pues todo lo que hace el censor es oponerse al poder incriminador que se le otorgara a dicho testimonio, por medio de la confrontación del diverso caudal probatorio, y en especial de algunos apartes de la mencionada testificación, ya que según su criterio ésta se refiere a los hermanos Salas y en momento alguno lo hace a sus representados.

Con todo, como de alguna manera el impugnante sugiere una distorsión del contenido objetivo del testimonio de Velásquez Restrepo, bueno es advertir que las referencias de este testigo a los hermanos Calderón tuvieron su fuente en las versiones del coprocesado Leonel Yanguma Parra, siendo ésta la prueba que verdaderamente los incrimina y de la cual no se ocupa seriamente el recurrente.

Finalmente, el Ministerio Público le propone a la Corte que, conforme con lo dispuesto en los artículos 228 y 229 del C. de P. P., case de manera oficiosa el fallo demandado, en lo que atañe a la determinación de la pena privativa de la libertad, debido a que el Tribunal violó el principio constitucional de la prohibición de reformatio in pejus (art. 31). Pues bien, si el ad quem absolvió a los acusados por el delito de falsedad material de particular en documento público, y éste fue el hecho tomado como base para cuantificar la pena en primera instancia, necesariamente dicha absolución debió reflejarse en la nueva medición punitiva. Con el pretexto de redosificar la pena por los hechos punibles de estafa y falsedad en documento privado, no podía el Tribunal “rebasar los límites tenidos en cuenta para tales delitos, ni mucho menos computar para estos efectos circunstancias de agravación no consideradas por el a quo (Arts. 66.7 y 372.1 y 2 del

C. P.), toda vez que los procesados eran únicos apelantes”.

CONSIDERACIO