CSJ - SP 20112(31-05-1983)

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASAC N PENAL .

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Magistrado ponente: ,

Dr. PEDRO ELlAS SERRANO ABADIA

Aprobado según Acta No. 48 , • Bogot!. treint~ uno (31) de mayo de mil novey .. " cientos ochenta tre~ (1.983) .: ,: y ,\,l . " . \ • • " ( •

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• • \ 1 • • , , ~on~ulta el Tribunal Superior del Distrito == : Judicial de Ca.l-i'~u providencia por medio de la cual orden6 " , , cesar el procedimiento en favor del procesado JaSE HEBERT MU . '. -

• • RILLO CASTILLO de conformidad con el artfcul0 40. de la Ley. o 35 de 1.982 orden6 su libertad incondicional. y
• El Procurador Primero Delegado en 10 Penal ha devuelto las diligencias a fin de que la Sala proceda a re solver 10 pertinente de conformidad con el criterio adopta-
• • do en las varias decisiones sobre la Ley de amnistfa •

• - - -• 2 - •

CONSIDERA : OSE La Corte en providencia del 17 de mayo del año en curso sostiene que las decisiones sobre amnfstfa de la _

,

• ° Ley 35 de 1.982 no son sucept1b1es de consulta ni de apel~

c16n. Las razones que allf se adujeron y que hoy se ratif!

• can, son las siguientes: "..••La amnist1a constituye una renuncia transitoriadel Estado a su potestad soberada de perseguir y castigar los delitos llevado por motivos de inter~s público. particularmente por causas de car3cter polftfco, para mantener Q""restablecer la convivencia social _ o y, por ende, la paz. De-aquf su naturaleza extraordinaria, su excepcional ocurrencta y tratamiento, la -necesidad °fmperiosa de que y su conces16n se haga sin demoras. . la amnfstfa. por sus efectos, ilJ1l1dela 1n1c1ac16n "Si o la prosecuc16n de la accf6n penal, si anula la pena Y. finalmente, borr~ el delito, dedOcese tambffn su fndole excepcional la urgencia de y ° de su otorgamiento mediante el d~sarrol10 inmediato la legfslaci6n que la establece, para, como es 16g1co, salvaguardar garantizar su effca ycta.
• • ademljs por su na tura leza la amnt~tfa es una medi "Si t tda impersonal. de car~cter objetivo, ~sto es, que se ~~taen raz6n del delito n6 de quienes se encuentran comprometfdos en su ejecuci6n. y sfguese paralelas a estas connotaciones la innegable especialidad su yffcfencfa de la ley que la consagra.

• UEn slntes1s, por tratarse de una nonnaci6n extraordfnaria o excepcional frente a situaciones diversas.y cambiantes, los
• - estatutos penales ordinarios se ven precisados a desentenderse de suregulaci6n, a fin de que el legislador haga segan las conveniencias

10· • , •

• -

. 3 • apremios del momento Y. por tanto, para que determine las condicio_ y nes del beneficio y el procedimiento exped·to que debe cursar su pronto reconocimiento. Siendo asf, resulta forzoso conclufr, con ~brada • raz6n, que todo estatuto de amnfstfa tiene que ser auto-suficiente o llevar en si mismo todos los elementos indispensables para su aplicac16n, salvo voluntad concreta del legislador en sentido contrario. , "Consecuente con estos postulados el C6digo Penal de 1.936 guard6 silencio sobre el tema de la amnist1a, y el actual c6di90 la menciona simplemente en el artfculo 78 para recordarleLcomo mo_ tivo o causa de extfnci6n de la acci6n de la pena. y "Y. el C6d1go de Procedimiento Penal. no obstante que en su libro 4. t'tulo 2. le reserva el cap'tulo 5, no intenta haceruna cabal reglamentacf6n de ella. por el contrario, recalcar su pa:: car&cter Singular y espec1f1co. que la excluye de las regulaciones comunes, precisa en el artfculo 703:

• • C o r r e s pon d-e a 1 P r e s den e del a R e p b 1 ca,

f t i 11 ü de acuerdo con la Constitución Nacional, aplicar la ley . _.. - que haya decretado amnisttas, med1an!e el proced1miento _ en ella indicado". (Subraya la Sala). "Lo que significa que en el derecho procesal colombia

• • • no las leyes de amn1st1a deben establecer sus propios procedimientos, • sus competencias espec1ficas, grados de jur1sd1ccf6n y recursos de todo orden. SOlo frente a remisión expresa pueden ser aplicadas, de ma
• • neroa 1fcita. normas de otros ordenamientos.

UBajo estas premi sas, la Ley 35 de 1.882 presenta: U1) Fija la competencia en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial para conocer, en forma privatfva •.de la amnist1a. De tal manera el legislador alter6 el curso normal de los procesos, - pretermitiO la primera instancia para darle al asunto mayor celeridad y un juez ~s calificado. • • -

• •

4 • "2) No menciori6 al Ministerio Público como sujeto i.!!. terviniente en el proceso de otorgamiento o denegaci6n de la amnist1a. Esta actitud del legislador tuvo un doble objetivo: agilizar la • tramitaci6n mediante la eliminación del concepto previo del Minister10 Público crear, por este modo, una cesaci6n de procedimiento de y plano, distinta a la ordinaria prevista por el artfculo 163 del estatuto procedimental. No indic6 si esas decisiones interlocutorias se 113}

entendfan de primera instancia Y. por tanto, s1 debfan consultar 10

• • se o si eran susceptibles del recurso de apelaci6n. El silencio sobre estos aspectos conduce a demostrar la autonornfa total y absoluta de esta 1ey; y, No estableci6 que el C6d1go de Procedimiento Pe

1. - nal fuera tenido como legislaci6n complementaria en todo aquellos

• - .,- que no aparece expresamente disciplinado en ella. Esta remisión, - fu~ • usual en leyes especiales, omitida para no dar cabida a dilacfo
• • nes •y para no propiciar incertidumbres jurfd1cas de ninguna clasesobre la eficacia inmediata'de este beneficio. "Aceptando estas observaciones la Sala, por unanimfdad, reconoce: r a) la c~saci6n de procedimiento que trae la ley de Il amistfa es excepcional porque no requiere concepto previo del Minfsterio Público ni obedece a las causas ordinarias que determinan , la aplicaci6n del art1culo 163 de la codff1caci6n procesal; • y I 'lb)El auto interlocutorio que la concede o deniega no tiene el grado de jurfsdfcci6n llamado de consulta, porque prec1samente en aquella ley no se consagra de modo expreso. "Pero contrariando aquellas observa¿iones y estasaltimas conclusiones, algunos sostienen: • "a")Que si el beneficio debe otorgarse o negarsemediante auto interlocutorio como exige la ley de amnist1a. tal 10 resoluc1~n es susceptible del recurso ordinario de apelaci6n de conformidad con el C6digo de Procedimiento Penal; Y,

• • • •

• -

5 • Que. consecuencialmente, la Corte es competente Ub) para conocer en segunda instancia, por la vfa del recurso de apela_ ción, de esas decisiones. "Para denotar el pretendí do aci erto de es tos puntos • de vista hacen referencia a informes o recomendaciones de la comis16n parlamentaria que estudi6 el asunto donde se dijo que aquellos autos tendrfan recurso de alzada. • "Sinembargo, sobre estos dos aspectos es necesario recordar: w • Ua) Np todos los autos fnterlocutorios admiten recu.!: so de 'apelaci6n según el procedimiento penal ordinario. ConcretarTente este estatuto no traza pauta con respecto a este t6pico en materfa de amn1stfa, porque le es extraña; , "b) La naturaleza de la providencia tal11locoestable_ • ce esta cuestionada apelab11idad para ante la Corte. pues es obvio

• • que una resolución que pone fin al proceso o a la pena, sea motfva __ • da. pero no necesariamente apelable. Esto es 1691co frente a razones de celeridad y seguridad jurfdicas y ánte falladores tan experimenta
• • dos capaces como los Tribunales Superiores; y • "e) La detenn1nac1ón de la competencia de la Corte __ para conocer de recursos de apelación en el procedimiento de conce s16n o negativa de la amnfstfa. no puede hacerse por tnterpretac tén extensiva. Una funci6n de conocimiento de esta 1ndole, trat4ndosedel máximo organismo de justic1a, no puede deducirse por vfa anal6gi
• • ca, 1mplfcita o supletoria. Debe señalarse de manera expresa. directa precisa. como toda competencia; y y~

• • •

• -

. 6 , - "d) La menci6n del recurso' de .apelaci6n en los in f s parlamentarios no tiene valor unfvoco. puesto que puede enten_ derse como raz6n consignada para facilitar la aprobac16n de la ley, o como circunstancia de tramite que debfa introducirse de manera explf_ cita o concreta. Pero, sea uno otro, o se arbitren otras exp1i 10 y 10 caciones, cierto y atendible es que la ley finalmente desestim6 es 10ta previ s16n. .

• • "De toda 1a argumentac16n precedente sobre la amnis

- . tfa de que trata la Ley 35 de 1.982, se concluye: Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 111- - son los punfcos competentes para otorgarla o denegarla; .. so •

• • nIIDeciden mediante auto 1nterlocutorio. o sea,
• , debidamente motivado; "111Esa especial resoluctén constituye una cesa__ c16n de procedimiento o de pena de carActer excepcional;
• • Tal determinac16n carece de consulta y no tie

IIIV- - • ne recurso de apelacf6n; Y. . • uv_ La Corte no se encuentra facultada legalmente • para intervenir en el proceso de concesi6n o denegac16n de la amn1st1a •.... t". • • • • • .. . .. • r I • ". • , -'7 -

• • Por 10 expuest~t la Cor~e Suprema de Justicia, Sala de Casaci6n Penal, oido el concepto del Ministerio Pú blico, R E S U E L V E : ABSTENERSE de conocer de la providencia de 23 de·febrero último por medio de la cual orden6 cesar el pro cedimiento en favor del proce~ado JOSE HEBERT MURILLO CASTI

- , .. . ., . LLO. \.. \ .. • C6piese.,notiffquese devuélvase • y . .. .. 00 .. , ,

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LUIS ENRIQUE ALDANA ROZO

ALFONSO REYES ECHANDIA t) .

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DANTE L. FIORILLO PORRAS

FABla CALDERON BOTERO

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ALVARO LUNA GOMEZ

GUSTAVO GOMEZ VELASQUEZ

DARlO VELASQUEZ GAVIRIA

PEDRO ELlAS SERRANO ABADIA

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