CSJ - SP 2298(18-05-1988)

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' 1 j 1 ' • 1 1 1 ' ' ' • 1 ¡ 1 i 1 • 1 ' ' 1 ' 1 Sentencia Casación.- 18 de mayo de 1988.- No casa el fallo del Tribunal 1 1 ' Superior de Cúcuta, por medio del cual condenó a Rafael Rojas Quintero, - por infracción a la Ley 30 de 1986.

Magistrado Ponente: Doctor GUILLERMO DUQUE RUIZ

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• ===== • Rad.02298. Casación. Rafae1 Rojas Quinte

REPUBLICA DE COLOMBIAro.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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SAi.A DE CASACION PENAL

• Aprobado Acta No. 32

Magistrado Ponente: Dr. GUILLERMO DUQUE RUIZ Bogotá D. E., dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.

V I S T O S : • Resuelve l a Sala e l recurso de casación interpuesto por e l defensor del - { procesado RAFAEL ROJAS QUINTERO contra l a sente,. ncia de 31 de j u l i o de 1987, por medio de l a cual e l Tribunal Superior d e l , D i s t r i t o Judicial de Cúcuta, a l confir . ymar l a del Juzgado Sexto Penal del Circuito, lo condenó a l a pena principal de -

- ,, ' cuatro (4) años de prisión, y a l a s ~c~7orias de rigor, por infracción a l a r t í

- ·- . culo 33 de l a ley 30 de 1986. Antecedentes.- 1 • Los hechos materia del proceso los resume as{ e l Tribunal: ) '-~ . ·-. '' , "·. l .. De acuerdo con'el informe suscrito y ratificado en declaracion bajo juramento por e l Sargento de l a Policía Nacional Pedro Elías Castellanos Flórez, e lprocesado Rafael Rojas Quintero fue capturado a eso de las 5:25 minutos de l atarde del día 7 de marzo de 1986, a l a a l t u r a de l a avenida 7a con calle 9a -esquinade esta ciudad, en virtud de habérsele encontrado a l requisarlo, dentrode un maletín rojo, una bolsa plástica transparente envuelta en una t e l a verdey blanco, una sustancia que pesó 495 gramos netos y que según l a experticia del Laboratorio de Estupefacientes del I n s t i t u t o de Medicina Legal de Bogotá, se t r a - • t a de cocaína base'' • 1 ' Rojas Quintero fue llamado a juicio mediante providencia de 12 de juniode 1986, que e l Tribunal confirmó por auto de 16 de agosto siguiente (fls.106 y s s . ) . La causa siguió su r i t o nor,,,al, se practicó una inspección j u d i c i a l en e l Hotel ''Cacique'', en donde, según e l procesado, se le capturó cuando se encontraba en compañia de un amigo; se llevó a cabo l a audiencia pública, y, finalmente,

se dictaron los fallos de instancia que han dado lugar a l recurso extraordinario. 1 ! '' •

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• .. marzo último, concedió a Rojas Quin La Corte, mediante auto de primero detero l a libertad provisional, por considerar cumplida l a pena que se le impusoen l a sentencia acusada ( f l s . 8 9 ) .

La Demanda.- • 1 . - El primer cargo lo enuncia e l actor del siguiente modo: ''La sentencia recurrida en casación es violatoria de l a ley sustantiva, por infracción indirec

• • t a del artículo 26 de l a Constitución Nacional y artículos 247, 248, 253 del Có - digo de Procedimiento Penal por f a l t a de apreciación por haberse incurrido en - ( errores de hecho manifiesto". Y a l desarrollar este cargo, e l demandante se ded_! 1 ca a cuestionar e l valor ''de plena prueba~ que e l sentenciador le o·torgó a los - '( policiales que aprehendieron a Rojas Quintero, testimonios a los cuales opone -

, (y los rendidos por Luis Beltrán Oviedo Lyis Alberto Barajas, y que, en su s e n t i r , ' - . favorecen a l procesado. Sostiene, de.otra parte, que los miembros del F-2 que / "'- efectuaron l a captura, violaron la(!ey, ya que sólo a los t r e s días pusieron a - ..,..... ' disposición del Juez de r e p a r o a Rojas Quintero, cuando han debido hacerlo "en

e l acto, o a más tardar en e l término de l a distancia, o bien dentro de l a prime1 ra hora hábil del día siguiente''. 1 • ( • 2 . - El segundo(reproche lo hace c o n s i s t i r en "ser l a sentencia recurrida \ . v i o l a t o r i a de l a ley·susfancial por haber incurrido en error de hecho manifiesto ) ' ' en e l a n á l i s i s de las pruebas de cargo", y considera como violados los artículos 215, 216 236 del Código de Procedimiento Penal de 1971, acotando que ''no sey han observado las for,,,as propias del j u i c i o , sin e x i s t i r plena prueba para condenar, se profirió esta sentencia con violación manifiesta del artículo 215 del antiguo Código de Procedimiento Penal'' (Fl.23). 3 . - El tercer cargo,que propone como subsidiario, está referido a l a "cauMagistrado Ponente en este asunto, doctors a l de nulidad'', por estimar que e l grave o acérrimo del suscrito, desde hace va José Labrador Buitrago, ''es enemigorios años a t r á s " , razón por l a cual e l motivo de impedimento se imponía, a s í é l haya sustituido en otro abogado cuando e l proceso subió a l Tribunal en apelación. Por otra parte, retoma l a c r í t i c a sobre l a credibilidad de los testimonios. La demanda de casación termina con esta ''petición única'': 1 1 ' 1 ' 1 •

1 = = = = ~ · ---- • REPUBLICA DE COLOMBIA • - 3 - "Por lo expuesto, Honorables Magistrados, os ruego aceptéis como probadas las causales invocadas de casación, por evidencia invalidéis l a sentencia pro yferida por e l H. Tribunal Superior de Cúcuta, en j u l i o 31 de 1987 entadas suspartes, concediendo l a libertad inmediata a mi defendido. y "La sentencia fue proferida en juicio viciado de nulidad porque hubo fal_ t a de observación de las fot,,,as propias de aquel, previstas en e l artículo 26 de l a Constitución Nacional. Hubo violación indirecta de l a ley sustancial debido a error esencial de hecho por f a l t a de l a prueba'' • • Respuesta del Ministerio Público.- • 1 . - Siguiendo e l orden lógico, l a Delegada examina en primer lugar e l car

• ' . ' / go concetniente a l a nulidad, e l cual, de~pFosperar, totnaría inestudiable los - \ ¡ . reproches primero segundo. , \ y

" 1 Replica entonces que " l a ene~stád grave es una causal de recusación y en ' manera alguna está contemplada cómo causal de nulidad, n i de rango legal n i de - 'V ' rango constitucional. En cuantol a controversia sobre l a credibilidad testimon i a l , su estudio sólo puede a ome erse en los terrenos de l a causal primera (segundo cuerpo)''. 2 . - A l a segunda acusación, le glosa que no obstante invocar l a violación

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• ( indirecta, aduce agravio.al artículo 26 de l a Carta, "lo que de suyo desplaza e l • alegato hacia los terr!nos de l a cuarta, provocando l a natural confusión en l aque, obviamente, no puede tomar partido l a Corte", y agrega que, además, no seprecisan las notmas procesales infringidas y que conducirían a l a vulneración - ''de l a s sustanciales'', y añade: "A esta proposición jurídica incompleta se le agregn e l desacierto en l a presentación del yerro j u d i c i a l pues aunque señala e l error de hecho que aparentemente se enmarca dentro del juicio de identidad (tergiversación del contenido del hecho que revela l a prueba), en verdad tet11,ina por cuestionar su veracidad, lo que de por s í traslada l a impugnación a l error de derecho por falso juiciode convicción a l piaximizar e l f a l l o su valor. No obstante, a l a postre dirigesus esfuerzos hacia l a demostración de l a existencia de dudas insalvables loque hace pensar que, en realidad, l a censura se s i t ú a en una infracción directa, por exclusión evidente del artículo 216 del estatuto procedimental anterior". 3 . - Al segundo cargo responde que "los desaciertos técnicos de éste noson diferentes a l anterior ••• desquicia su propia argumentación a l mostrarse inca

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paz de señalar l a infracción indirecta buscada, quedando en e l anonimato l a no1111a sustancial que completaría l a proposición jurídica de rigor. Un segundo error de hecho, lo basa de nuevo en l a mendacidad de l a prueba testimonial de cargo que, co

• ' mo habíamos v i s t o , transfo1111a e l j u i c i o de identidad en uno de convicción, en e l que e l cuestionamiento del testimonio está fuera de sus alcances debido a l a au
• 1 1 sencia de t a r i f a legal en su evaluación".

S o l i c i t a , pues, que no se case l a sentencia • • •

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

, / Cargo Tercero.- J ' Atendiendo a l principio d pri~ridad, inherente a l recurso de casación7 (por naturaleza lógico y riguroso){,la Sala debe i n i c i a r e l examen de l a demanda por e l último tercer cargo y lidad, que bajo e l rubro de ''causal tercera'' - __ , dirige e l actor a l f a l l o , y e l cual hace c o n s i s t i r , de manera cardinal, en que - • e l Magistrado Sustanciador del mismo, doctor José Rafael Labrador Buitrago, es1 enemigo suyo, motivo p o r ~ ! cual se vió obligado a s u s t i t u i r en otro abogado e l - ' cargo de sustitución que -dicen i borra l a enemistad n i

• • deja sin base a l imped mento.

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Sea lo primero recordar que e l mencionado motivo lo consagra l a ley sólo1 • como causal de impedimento y/o de recusación, con e l objeto de prevenir una admi1 nistración de j u s t i c i a parcializada; pero n i e l Código de Procedimiento Penal de 1971, n i e l de 1987, contemplan e l impedimento del juzgador como causal de nulidad (arts.210 y 305), y es bien conocida l a regla general de taxatividad que gobierna esta materia. Sin perjuicio de lo dicho, conviene señalar que precisamente l a Corte, en providencia de 8 de mayo de 1987, declaró infundado e l impedimento manifestadopor e l mencionado Magistrado, con fundamento en que e l doctor Jacinto Rómulo Vi1Jaro1zar Betancourt (el ahora casacionista) ya había dejado de actuar ~omo defensor de Rojas Quintero (fls.31 y ss-2). 1 -- ' 1 i 1

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' ' 1 - 5 - ' Restaría entonces dete1111:fnar s i , en ausencia de nulidad legal, se da algu- . na de índole constitucional, hipótesis que ha de descartarse de inmediato, ya que e l actor no proporciona ningún argumento tendiente a su demostración, y del exa

• ' meo del proceso tampoco encuentra l a Sala que, por ningÍJn aspecto, haya existido violación alguna de las garantías tuteladas por e l a r t í c u l o 26 de l a Constitución

Nacional, valga decir, l a preexistencia de l a ley que rige e l juzgamiento, l a l egalidad de l a jurisdicción, l a observancia de las fo1111as propias del j u i c i o , y l a aplicación de l a ley favorable, garantías todas éstas consagradas sustancialmente para salvaguardiar e l derecho de defensa del acusado •

• - A dicho propósito se r e f i r i ó a s í l a Sala en casación de 29 de marzo de1914:

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• ,( ,( " ••• Cuando se impugna un f a l l o por-transgresión a l artículo 26 de l a Carta ' fundamental, ha de señalarse cuál o cuáles de las cuatro garantías consagradas en esa no1111a de l a ley suprema han sido oncUlcadas por e l juzgador y debe exponerse e l concepto de l a violación, con e l o j e t o de que se hagan los reconocimientos - ' pertinentes. Lo que no puede hacer l a Córte, colmando los vacíos y subsanando las deficiencias del l i b e l o , es reali~ar diversas apreciaciones excluyentes enderezadas no solamente a l fundamento del {cargo sino a l cargo mismo''. ' Ahora bien: en una extraña e incomprensible mezcla, e l actor introduce en este cargo de nulidad, varias objeciones a l a manera como e l sentenciador valoró l a prueba de • do, argüible a l amparo< de)la causal primera de casación (art.580-1, inciso prime_ ' ro C. de P. P . ) , co~o ªfarentemente lo pretendió hacer e l actor en los dos prime_

. ' ros cargos, y no con fundamento en l a nulidad, que, huelga anotarlo, obedece a un error "de actividad'' o in procedendo •

• - Las deficiencias anotadas, que chocan frontalmente con los presupuestos mínimos elementales de este recurso extraordinario, conducen a que, sin más ar_ y g11mentos, se rechace este cargo. • y Cargos Primero Seg11ndo. - La Sala los estUdiará de manera conjunta, por r e s u l t a r claro que e l fundamento sobre e l cual se erigen es e l mismo. En efecto: en ambos se aduce e l error de hecho manifiesto; en e l primer cargo, se indican como no apreciados los a r t í c u1

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. ' ('////('/ e - 6los 247, 248 y 253, que e l actor no dice de qué Código, pero que correspondena l de Procedimiento Penal de 1987, y, en e l segundo, se citan los artículos 215, 216 y 236, que son sus homólogos en e l estatuto de 1971: este articulado se ref i e r e a l a plena prueba requerida para condenar, a l "in dubio pro reo", a l val o r probatorio del testimonio (art.236), y a l a "apreciación de las pruebas", - en general (art.253). Nótese, en primer lugar, e l error en que se incurre a l "combinar" los dos mencionados ordenamientos, no obstante precisar e l demandante, con acierto, que-

"conforme a l artículo 677 del nuevo estatuto de procedimiento penal, es ( e l aa~nte

• - r i o r Código) l a nor111B procedimental aplicable" ( f l . 22). segundo tér,1,ino, En tambiéri llama l a atención que por parte alguna mencione siquiera qué disposiciones • contemplan estas ''infracciones indirectas'' por error de hecho, hasta e l punto de 1 tampoco decir de qué causal se t r a t a , actitud que pone más de manifiesto su des

< - . .- conocimiento t o t a l en torno a l a acusacion -'que propone, y que se explicita con l a formulación del tercer reclamo, a l q6e t ~ula como ''causal'', en vez de ''cargo'', '\..__.;' que es lo correcto.

• - Mas no se detienen ahí 'A la.s..... equivocaciones en que incurre e l demandante, - puesto que encabeza e l primer cargo afir,,,ando que ' ' l a sentencia recurrida en casación es violatoria de l a ley sustantiva, por infracción indirecta del artículo ,,. ~\ 26 de l a Constitución N ~io-9al". El contrasentido s a l t a a l a v i s t a , ya que prec_!

-- 26 samente e l artículo no pertenece a l a ley, sino a l a Constitución, no siendo ' .- ' posible, entonces, catalogarla como "ley sustantiva", a cuyo quebranto se r e f i e ' - ) re l a causal primera·de casación, en l a cual es dable enmarcar estos confusos y

contradictorios cargos, a s í e l actor no lo diga expresamente. Si de t a l dimensión es e l desconocimiento que revela e l casacionista entorno a los principios más rudimentarios de esta impugnación extraordinaria, los yerros de no menor grado en que cae a l t r a t a r de desarrollar las censuras, se exhiben consecuentemente explicables. En efecto: Si e l procesado Rojas Quintero fue condenado por haber infringido e l a rtículo 33 de l a ley 30 de 1986, e l demandante estaba obligado, para no dejar in -

• • j completa l a acusación, a demostrar que dicha nor,,,a (''ley sustantiva'') fue aplica
• - • da indebidamente, pero ni siquiera a e l l o se r e f i e r e , limitándose a c i t a r lasdisposiciones que consideró "ignoradas" por e l sentenciador (arts.215, 216 y 236 del C. de P. P. de 1971, ''nor,,,as medio''), quedándose entonces ese ''error de b e _ cho'' que le atribuye, sin consecuencia ninguna, defecto que acarrea lo que l a juI

. - • -- .-·~

• REPUBLICA DE COLOMBIA - 7 - • risprudencia ha denominado "proposición jurídica incompleta", que, por lo gener a l , malogra l a censura. "En estos casos - d i j o l a Sala en casación de 2 de diciembre de 1981l a Corte no podrá oficiosamente suplir o corregir la f a l l a del

actor quien, de confor,,,idad con e l artículo 576 -hoy 224del C. de P. P . , deberá c i t a r por su nomenclatura o por su contenido l a s nor ,,,as sustanciales i n f r i ngidas sin olvidar ning11na, Es decir que está en l a perentoria obligación de integrar l a proposición j u r í d i c a que aduce para fundamentar su impugnación, no só - lo como un requisito de for,,,a sino como un presupuesto de lógica elemental''. Por otro l a d o ; e l actor c i f r a e l error de hecho por vía indirecta en " l a • no apreciación" de los ya indicados artículos 215, 216 y 236 del Código de Procedimiento Penal. Así enunciado e l cargo, como acota l a Delegada, t a l reclamo_I l vendría a c o n t i t u i r (en principio, y siempre, y cuando e l sentenciador reconocie 1ra l a duda) un error sobre l a existencia ele dicha; nor,,,as, y, por tanto, v i i o l a ... V - ' cion directa de l a ley; mas resulta que-el'casacionista sustenta estos dos car

• ' gos en l a c r í t i c a a l a fuerza de con icción del haz probatorio, específicamente / de los testimonios en los cuales se,basó l a condena, argumentación que corres

' - ponde a un error de derecho, y n /de hecho, como se plantea, y para cuyo recono ' - cimiento habría sido necesari

c11áles pruebas (no artículos) ignoró e lfallador, o cuáles supuso (error sobre su existencia), o a cuáles tergiversó su • contenido objetivo (flaso_juicio de identidad), nada de lo cual figura en l a de - . • manda. Sobre esta yerros se pronunció as{ l a Sala en casación de 16 de [ j u l i o de 1985: " l ) . Si l a impugnación se formula con base en error manifiesto de hecho, se debe poner de resalto un juicio falso de existencia, o un juicio falso deidentidad en relación con l a prueba. EL primero se presenta cuando e l juzgador desconoce e l hecho que revela l a prueba por ignorar l a existencia procesal de - é s t a , o lo reconoce por creer que l a prueba obra en e l proceso; y, e l segundo, se advierte cuando e l fallador tergiversa o supone e l contenido del hecho queevidencia l a prueba, o lo encuentra coincidente con e l de una nor,,,a sustancial sin serlo. "2). Si l a impugnación se hace con fundamento en e l error de derecho, se debe acreditar un falso juicio de legalidad o un falso juicio de convicción con relación a las no111,as reguladoras de l a prueba. El primero aflora cuando e l sustanciador le niega validez jurídica a una prueba legalmente producida o aducida, o l e otorga mérito a l a que no reúne los requisitos exigidos por e l precepto que establece e l r i t o ; y e l segundo se concreta cuando e l juzgador le niega a l aprueba e l valor que l e otorga l a ley, o cuando le atribuye e l que legalmente no l e corresponde". 1 ' ' ' ' • 1

• REPUBLICA DE COLOMBIA - 8Pero es más: s i se obviaran l a s anotadas deficiencias, y se admitiera que e l planteamiento que subyace a estos cargos primero y segundo se acomoda a unerror de derecho por j u i c i o falso de convicción, cabe replicar que en este punto ' también f a l l ó e l actor, porque l a jurisprudencia tiene por descontado que e n t r a • tándose de medios probatorios cuyo mérito no lo deter11,ina l a ley (como es e l caso del testimonio, en ambos Códigos: arts.236, 263 y 295), no se puede alegar di
• - cha especie de ataque, ya que precisamente no se cuenta con un precepto legal que discipline su valor, e l cual queda deferido a l c r i t e r i o del Juzgador segúnlas reglas de l a sana c r í t i c a : en este aspecto igualmente l a jurisprudencia seha manifestado reiterada y pacífica:

• - ' ' .1 "Porque se t r a t a - d i j o l a Corte en sentencia de 3 de .noviembre de 1978de • elementos de certeza no ºtarifados. ley no l e s asigna a estas pruebas un valorLa ' , entendido sino que dejado e l dictamen p e r i c i a l a l a l i b r e conviccion del Juezha y e l testimonio a l a credibilidad que razonablemente a ésta l e merezcan. Que e llegislador haya indicado pautas a seguir péra l a conformación de ese l i b r e conven

• ' cimiento o de esa credibilidad razonada;·no s i g n i f i c a , de manera alguna, que qui
• ' so a t r i b u i r l e un valor probatorio de · er11,inado''. __/ Técnica y sustancialmente{ a demanda resulta inepta. Sin embargo, vale l a pena destacar que e l f a l l o ac Sad .ostenta un examen razonado y conj11nto de l a -

• ' ' ' .: 1 prueba recaudada, especialmente-en lo que atañe a l a s declaraciones del Sargento • ' 1 ' 1 ' Pedro Elías Castellanos Flórez y e l Agente Miguel Angel Martínez Rojas, miembros del F-2 que, según l a r ~ i ) a d procesal, capturaron a Rojas Quintero en los a l r e - \. ./ 1 dedores del hotel ''Ca~iqµe hallándole dentro de un maletín e l narcótico. El pro ' , fue aprehendido en una delas habitaciones d;l·m1ncionado hotel, en l a cual se encontraba por invitación - ' que l e hiciera su amigo Juán Navarro Martínez, quien a l l í se hospedaba. Empero, - 1 ' ' ' en inspección j u d i c i a l practicada en l a etapa de l a causa (fls.189-1) se logró - confir,,,ar e l informe por escrito que e l mencionado establecimiento había dado i n icialmente en e l sentido de que Navarro Martínez no aparecía como ocupante de esahabitación. • Así las cosas, l a sentencia no se casará. Ante l a Corte e l actor r e i t e r a que se violó l a ley penal a l no poner a lcapturado Rojas Quintero a disposición del Juez ''en e l acto o a más tardar en e l tér,,,ino de l a distancia", como lo ardenaba e l artículo 2o del entonces vigenteDecreto 1853 de 1985, sino t r e s días después. Al respecto observa l a Sala que d! cho procesado fue aprehendido a l f i n a l i z a r l a tarde del viernes 7 de marzo de1986, procediendo l a Policía Judicial a l otro día a practicar l a diligencia de1 ' ' ' ' ' Rad.#2298. Casación. Rafael Rojas Quinte_

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• ' a/11a •

' ' .. - 9 - • ' 1 identificación , vol11111en y peso del narcótico, contemplada en los artículos 78 y 79 de l a ley 30 de 1986, y que exige l a presencia de l a persona a quien sele baya encontrado l a droga. El lunes siguiente, diez (10), fue dejado a órde

• • nes del Juzgado de Instrucción Criminal de tutno ( f l s . l y s s . ) . De manera queno existe motivo para pensar en l a comisión de un i l í c i t o . té11111nos análo

Engos respondió este reclamo e l Tribunal cuando confitmó e l auto de proceder - (fls.166 y 167). En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SAl,A DE CASACION PENAL, o! - do e l concepto del Procurador Segundg Delegado, administrando j u s t i c i a en nombre de l a República y por autoridad de l a ley, • ) (

R E S U E L V E :

1 NO CASAR l a sentencia impu ~da. ' origen. CUMPLASE. \ O L - - • _, ( •

GUILLERMO DAVILA MONO

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