CSJ - SP 8331(07-04-1994)

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REPUBLICA DE COLOMBIA

, • , • .. /" r."

• • : 8331- '{,snc i ón ANCIIEZ y O •

• .• - . -

CORTE SUPREMA DE JUS1'ICIA

. ._SALA DE CASACION PENAL

- . • Santafé de Bogotá D.C. Abril siete .------------------------------ de mil novecientos noventa y cuatro.- =-~-------- . ~.=:,--~'--' !,'~.=-

MAGISTRADO PONENTE

I

DR. GUSTAVO GOMEZ VELASQUEZ

.~~~~

APROBADO ACTA No. 34.-

VIS1'OS: - Se pronuncia la Corte sobre el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de v e n c u a r o de s e p e mb r e de mil novecientos noventa i t i t t i y dos, proferida por el Tribunal Superior del Distrito

• , l10micidio agravado en Eduardo Montoya Giraldo, impuso a loshernlanos JORGE GILBERTO SANCHEZ MANJARRES, apelantes de yla decisión de prl•nlera InstancIa•, • dieciséis anos ( 16) el e prisión. Debe adveI'tirse que ese fallo talnbién estableció d n ica pena para ERNESTO SANCliEZ MANJARRES, juzgado en i t é

,

lEPU8LICA DE COLOMBIA

, 121 • I . , 2 ANCHEZ y O • ausencl•a.-

• • La impugnación, a nombre de los dos primeramente • citados, se admitió en auto de veintiséis de abril del año en curso.-
• H E C H O S : El 14 de mayo de 1983, a eso de las cinco de la tarde, Montoya regresaba con su nieto de nombre Jairo, de , asistir a la misa de aniversario de la muerte de su esposa cuando, al llegar a la quebrada "El Fierro", jurisdicción municipal de Anzoátegui, fue sorprendido p • or ERNESTO SANCHEZ MANJARRES, quien inopinadamente disparó sobre el anc iano un arma de fuego de cor to alcance, 1ográndo 1e derribar de su cabalgadura, situación aprovechada de inmediato por sus dos hermanos JORGE y GILBERTO, qu~•enes • machete en mano terminaron la criminal obra.Estos sujetos~ vivían en finca colindante a la del occiso, de propiedad de sus padres. El mencionado Jairo, tan pronto le fue posible, • tomó el caballo y corrió a aVl•sar a las autoridades.

ACTUACION PROCEDIMENTAL De ésta baste señalar los aspectos más salientes, • , • 122 •

IIEPUBLICA DE COLOMBIA

._ .- - "~-;- • .• . • 1 r • •

• • 3 : 833 Casnc i611

SANCIIEZ y O.

, •• , . • vale decir, que el enjuiciamiento se produjo por el Juzgado Primero Superior de Honda, convocando a juicio a los tres procesados, como El jurado de conCIe• nCIa •

c o a u o r e s . t al>solvió a GILBERTO y JOI{GE y reconoció la J'esponsabilidad • del contumaz ERNEs'ro. El Tribunal, al revisar por consulta, revocó la decisión absolutoria ordenando la con~ocatoria de un nuevo jurado de concierlcia para repetir el juzganliento de los liberados; la veredicción afirrrlutiva de responsabia para el p r o c e s ERNESTO SANCliEZ, la mantuvo. Al Li d d , ad o regresar al u z g a do causa, éste, d I c a c n j 1:1 PO]' mo i i i ó ,t t va ju r i p ru den al,' o r den y' r e izó d e 1 e g .i s 1 i y s e i 1 e 1 1 O él ó I allril de 1992, el acto de audiencia pública, aunque excluyéndose la intervención del jurado de conciencia. Vino -. u e sentencia del .Juzgado Priluerl) Superior (le nd a l la ho go (mayo 18/92) en la cual impuso a los tres hernlanos SANCHEZ MAN ARRf~S , como co•autores (le un homicidio agravado, J dieciséis afios de prisión, confirmada por el Tribunal (16) en este aspecto, no así la condena de e r u c o s r a le s p j i i mo que se establecieron en quinientos m i I pesos cuando la prirllcra instancia había senalado por este Cl)nCepto un mil r amo s oro.- g

L A D E M A N DA: centra en acusar la sentencia com() producida en Se trámite viciado de nulidad (causal tercera) al deterlninar que no se convocó el jurado de conciencia que debía

,

REPUBLICA DE COLOMBIA 123 r

, - , , j , _E/e ttd!tC¿a It., , , I 4 ión • .- •

• ' intervenir en el juzgftmiento. Para el demandante, la circunstancia de tratarse de una contraevidencia parcial,

n d c ab a que por este m smo rito debía terminarse, pues no i i í clebi6 fraccionarse la [ol'llladel juzgamiento, desconociéndose así una garantía democrática ciudadana fundanlental en y cuanto la modali(lad del juzgamiento, aspecto que incide II e n e l d b (lo pro e s o t nib i n • e n e l q u a n to e e i e y • e b r el 1 él é pl'jncipio de favorabiliclad.- CONCEPTO DEI, PROCURADOR PRIMERO DELEGADO EN LO PENAL • los f i e s del a de c i s ión q u e o á la Sala, n a r A t In que podría tener una fundarnentación tan breve que hasta posibilitaría prescindir de la transcripción de la opinión de la Delegada, puesto e ya el caso se tia clefinido en qu l t i l ocaSIo•nes, • conVIe•ne insertar I• n extenso el

mú p e s SI análisis que al respecto presenta el Ministerio l c o , i Püb pues constituye un estudio c ornp le o )' definitorio del t a s pe c o e u e s t ion a o. E s e a n o tó: ••... La n u 1 ida d P}'o P u e s ta t el t por el actor no puede ser reconocida porque los planteamientas de la impugnación no son atendibles pues se sabe que las normas de carácter p r o c e s a l se a p l c a n innlediatai • regir• , de otro lado salvo que se me n t e c om e n c e n a y i . a f e c ten de r e c h o s s u s tan e a le s del pro c e s a d o r e s pe e to de i ellas, no tiene cabida el principio de favorabilidad consagraclo en el a r c u lo 10 d e (anterior t I I e.p.p. 50. •

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, 124

• • 5 sació"

G • • . -' ibi(lenl) y 40 de la l.ey 153 de 1887. - "Cabe anotar ele otra parte que "la c o n s i d e r a c i n ó -ª del a e e x i s ten t e a a c t o u e e i u t del r tic u o 1 1 I e y p )~ q s 1111) ¿l e 26 de I a Con s t i t u c i 6 n el ro g a d a y 29 (1 e la vI•gente. se

\ refiere en opiniórl de esta Delegada, prima facie, a la ley • s u s tan e i 1 q u e r i g e a 1 a e o im pu t a elo e s ele e i r e I he e h o t él p u n i b le. o e 1 ele 1 i t o q u e s e a tri b u y e a 1a pe r s o n a q u e e s objeto ele juzgamierlto. Al nlenos así fue su oI-igen, visto el criterio de inmediatez de la aplicación de la ley procedimental que se Ila consagrado siempre en nuestro país. Ello

• , es e v d e n e puesto que la oración completa c r e n d e el i t ornp a e t o imp u ta (1o , y s los e im p u t a e I Del i ton o los a c t o s

Ó , procesales que aun, si se quiere entender expresión de 111 otra manera, como la silnple consagración de la protlibición de la aplicación de leyes ex post facto en forlna general, irlcluyenclo en ello las leyes procesales~ será evidente que el trato debe ser el ele e r rn n a r a p l c a b le s las leyes i i t procesales p r e e x s e n e s al acto procesal que se va a i t t cumplir. Es decir, que el acto procesal que en la secuencia lógica del r árn i te ha ele c ump l irse debe e s a r reglado por t t unfL ley {>rocesal arlterior a su verificación con lo que cada

P o del pro e e s o (1e b e r a o 1dar s e a 1a s d i s p o sic ion e s á [1 S 111 v g e n e s en el momento de su p r o du c c n . Lo que de otra i t i ó parte resulta visto que es un proceso dinámico, y una vez agotada una etapa que obviamente debe ce~irse a una ley que la rija, precluye la misma, y ya no será factible utilizar leyes nuevas para él. Ni aún en los casos de anulación del

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,' , ( 1251 , , I , , , • , • 6 Cnsnc i6'1

SANCII)¡Z y O •

• . ,

• • acto procesal que se re a l z a . Finalmente no es factible i llegar al extremo de considerar que la fech¡l de producción del hecho punible fija la ley de r o c e d me n o para el i i p t , juzgarniento pues se llegaría a absurdos orno el de, por c e j e mp lo , mantener una categoría de jueces y a el i m i n a d a por una ley nueva, para el solo u z g am e n o de' las causas j i t anteriores lo que parece un despropósito r o c e d me n a l p i t v ' • se qUIe• re mI•rar al f e n m en o ele la SI ó favorabilidad de la ley procesal de efectos sustarlciales,

, , y la posibilidac1 de p l c a r l r a a c v aruen e una ley

i i a u t t t I pro e e d i e n tal ya derogada • n v • gen e • a e n el t i e mpo se 111 - S 1 1 1 dirá respecto de la misma que el criterio de favor rei debe

• - - emanar de modo directo de la ley que se pretende élplicar, es dec r 1a av o r ab i 1 idad que fuerza 1a ap 1 e a e n de una i f i i ó ley sin vigencia debe ser absolutamente clara de manera que el examen simple de la n o r ma legal se concluya que r e p r e+ senta una situación procesal -se habla de leyes procesales de mejor condición que la que otorga la ley vigente. Solo esa condición permite afirmar el concepto de ser favorable , para el sometido a proceso, y permite dejar (le utilizar la , ley que mp e r a en el momento del acto procesal c o n c r e o . i t esa razón, no existe la favorabilidad de la le)' POI' pro e e s a 1 e u a n do d ie h o s t a t u s d e f a v o r s e (1e r va d e u n a i ° hipótesis de una expectativa incierta. pues tanto da esta como otra que contenga un disfavor procesal para el pro c e s a (1o . E s o o e u r r e con e l u r a d o e n o d e e s te b ie n j el 1'1 puede condenar aún a situación más grave de la considerada

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( 126 • •

• , t 7 y

SANCIIEZ O.

• . • ,• po r el j u r ado an ter i or , lo que const i tuye apenas una • especulación ele favor pero no una circunstar\cia de favorabilidad que permita e a r de l a r la ley vigente. Se d j ap ic trata de una excepción a la fuerza imperativa de la ley por lo cual el sustento de la inaplicación de ella debe ser • cierto y claro, no puralnente especulativo o hipotético. S . el se mI•ra COlIJO una s i u a c i n de 11 , l t ema t ó parcial idad juclicial, visto que el funcional'io que declar6 la c o n t r ae v i d e nc i a es el mismo que habrá de dictar la sentencia, es claro que en ese caso debe mediar un (>roblema , de recusación que aquí no se produjo en modo algurJo, y de otro es evidente que el Juez que dict6 la contraevidencia es el smo de la se• ntencia • que ello, por ser una m S1n í func ión . y un crI• terIO• procesal ordenado por la ley, constituya un factor de recusación en cuanto tal. FinalnJente y para rematar, es e v d e n e que el • u z g am • e n o con i t j i t jurado de hecho (de conciencia) o con jurados de derecho, resulta inconstitucional e n e a la d e c la r a o r a de la fr t i t Corte Constitucional (sentencia de J• un10• 17 (1e 1993) que estimó inexequibles los artículos 66 y 74 C. de P.P. ell

del esa materia, y adelnás, cubrió con la declaración de inexcquibilidad artículos 458 a 466 del mismo Código de los Proccclilniento Penal. Más aún, en un exceso legislativo. se expiclió la ley 58 de que derogó en forma expresa los 1993 artículos últimamente citados, que ya tJabían sido retirados del ordellamiento jurídico por la Corte ConstituciorJul en el • m srno f'a110 citado, ya que tales textos conforman una i • -

lEPUBLICA DE COLOMBIA 127 r • rI 8 snc i6'1

ANCIIEZ y O.

• •

• •• d d normativa". Es decir no cabe el ordenamiento "u n i a e n jurídico, en modo alguno, ni aOn admitiendo la favorabilidad cOlno concepto prevaleciente, adnlitir un juzgamiento por , , j u r a (los e puesto que e r a n o n r a r o s al

d c o n c e n c s c t i i ta , í o r den a ien t o con s t i t u ion al, y o b v ia m en t e a ría n u g a a ni e (1 1 r , u a t u ció n pro e s a nula. No, podría n a e <1 e I c omp l e t arne n t e aSI anularse un proceso entonces para reconducir el mismo a una situación irremisible ele I d a d de r d e n constitucional nu i o que deviene insalvable.- "La Corte Suprema de Justicia en reiterados , pronunciamientos ha sostenido que la circunstancia de que

el u z g arn e n o lo realice n Juez de derecho y no el de j i t u hecho no constituye unll vulneración ni al debido proceso, ni al derecho a la elefensa. lame n e se conservó el So t derecho a esa f()rma de juzgamiento cuando la diligencia de audiencia públ c a ya se e r a iniciado y esto por expresa i hub i disposición de la ley n tal sentido. la conclusión no e y podría ser otra, porque no se ve de qué n e a pueela ma afectarse cualquiera de las mencionadas garantías fundamen- , tilles, cuando la forma de juzgamiento, ciertalnente modific a d a se conserva d e n r o de la órbita de la justicia t o d a i a , ele jan d o pie n o s los e e h o s dei ter ven i n e n r i r d r e e 6 11 JI la audiencia, no solo en el plano de las argumentaciones, sino' c s d e la perspectiva prollatoria; con ello están d plenamente garantizarlos tales derechos.- r e s e n c a e l e n n o de la c o n r a e v d e n c a "En p i d f óme t i i • • -. -

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128 • " , ··/e \M L, "8"331a snc ón 9 í • , I

ANCIIEZ y O"

I , " ! • , •

• •
• I (1e 1 ver e d i Ct o del j u r a <1'0 d e e r e t a d a pOI' e 1 j u z g a (1o r , p r a

él , I una segunda audiencia la Sala Penal de la Corte, dejándolo , exclusivanlente para las audiencias iniciadas con arlteriori- ,, \ d a d a su v " g e n c " a , resulta claro, de cara a u n s e g u n d a i i El audiencia por efectos, (le c o n r a e v i d e n c i a , que es de t 110 . recibo legal que el J" url i n t e r v e n g a :". - " "En f a l l o s ele casación ele 5 y 11 de d i c i e mb r e de ,, 1990 se (lijo: No ha aceptado, pues, 1.'1 Sala, que en • • • • una especie de ficción, las dos au d i e n c i a s , constituyan • !una sola'; ni mucllo menos que el pretendido !acto comple- , jo' c om i e n c e d e s d e el s o r t e o ele j u a (los" 1 r o t r o I a (lo, l' 0 - 1 resulta igualmente claro que la mencionada jurisprudencia mayoritaria no d e s c o no c e la f av o r ab Li d a d de las no r rna s í pro e e s a I e s (y no 1)o elría ha Ce r l o, s o pe n a (1e con t r a ven i l' i s po s i o n e s constitucionales.y legales), sino que ha d ci r e a f r ma d o (cosa n a d a nueva, p o r lo d e má s ) que esa favoraj b i Li d a d opera s o Lame n t e en el CftSO (le que dichas n o r ma s

procesales tengan un contenido material, o sea que consaI I gren derechos, más no cuando consagran meras ritualidades I , I o "f o r mn s ' ele j u z g am i e n t o , c omo acontece en el presente

• , evento, en el cual el l u g ar del j u r a d o de conCIe"nCIa " se e o l o c a a 1 u e z de (1 e r e c ho p a r a q u e fa 1 1 e e I pro Ce s o " . - J "Y, agrega la Corte "El c amb i o r o d uc i d o por la p , r e e i e n t e L e y f u n d a e n tal e s tan r a (1 i cal, q u e i n e l u s o, e n

1II aquellos casos en que al entrar a regir el Decreto 1861 IClS . (le 1989, que s up r i m el j u r a d o de conCIenCIa, " y en los í ó • •

- lEPUBLICA DE COLOMBIA r

• 129 • • • • 10 • . ,• cuales las audiencias püblicas ya iniciadas debían realizarse con la intervención de aquél y no se llevaron a cabo antes del 7 de julio ele 1991, ya no se [Jodía c ump l r con i ese p r o c e d m e n o , porque ahora las n o r ma s de x ma i i má i t j e r a r q u a Io im p iden". (C .S . oc t u b r e 7 ele 1 992 ) .

í J ., • "E n e s t e o r den ele d e a s , o b ig a a a d m i t irq u e a l i J realizarse la s e g u nd a aucliencia sin n e r v e nc n d u r i t i el j i , ó no se violó ele rnod o alguno el debido p r o c e s o , no incurriéndose por tanto en la nulidad planteada en la demanda, razón por la cual el c a r g o no puede prosperar y en ese s e n d o i t , será la solicitud a la Sala ele Ca s a c n Pe n a l ... ".- i 1-J. ó • • -.

• CONSIDERACIONES DE I.A SALA Sobre el particula}' esta ha dicho, para J'eferirnos en esta.ocasión a lo más importante de la argunlentación y d e jan d o ele 1a elo 1a a b u n ela n e a ele Ira z o n m i e n t o q u e a l i

.'1 respecto se ha expresado, lo siguiente: • . . .. a interpretación resulta clara, " L al menos para quienes apoyan este criterio, de no involucraI' dentro (le la tesis de la continuación del r c anterior las t ámi t audiencias por cumI>lirse, bien porque estas aparezcan como consecuencia obligada de una declaratoria de contraevidencia, bien porque aun no dándose este presupuesto el juzgado • r e s P e c t ivo hu b e a ya s e a 1a elo 1a e e h a y h o r a par a s u

i f 1° ñ I •

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, , • , • • 11 ad'!\331 • -, . ,• realización. Lo que la ley previó no fueron estas hipotéti- , I , c a s o r o p n c u a s a c u a c o n e s , sino el acto de estarse p i i t e ". n a a o , ven to e n el· u a a d gen a q u e s . 1 1 a (1o e b e e 1 1 i 1 1 e i e desarrolla no debe suspenderse o excluirse, sino cllmplirse ele e r a cabal hasta su n a l z a c n . Pero nada s . Todo man f i i i mri ó lo otro apenas constituye lucubración qile no se ce)mpadeceni con las razones (le ser la modificación procesal comenta- . , , da, TI• con la estructura r• SIlla del funciorlamiento de la m 1 I , I I just c a eTI Colombia y la tradición de p l c a r de nme d a o i i a i i i t nm e n d a s que afectan los trámites, a ser u e las 1,1S e i q 110 mismas y no es el caso analizado, compI'onlctan grave, , I , , , certera e injustamente la ció del procesados. i t u a n o s S , ! I ! I Alegaciones, relacionadas con la benignidad que suele , . , adjuclicarse a la participación del j u r aclo e conCIenCIa,

el \ demuestran 'no tanto la J• ustIc•• Ia per se de las decisiones ,

• ! ornad a s por él corno si el que éste se aparta <le este t I cometielo, no para consultar su propia conciencia, sino para ! s um r n a vereclicción que se cree será erupr e s i i a u s má

I , , c omp a s i v a )' generosa, incluída la absolución. Lo cual no \ • s i e m p re r e s u 1 t a e TI el i re e ció n tal, n i p u e d e ele mo s t r a r s e e f c i e n t erne n t e la ocurrenCIa • falta el e ese f e n e no, al , Ó I11 í Inenos cuando el juraclo no se ve intervenielo en su autonomía , libertad. Porque, duela reconocerlo, la praXIS• y a s ,1 ud c a l de los l mo s ernpo s , ha lo g r ad o evidenciar que j i i t i t i ú tan benévolo trato, 11 evado en CI•ertos casos a ex t r e mo s insólitos e insufribles, ha tenido por causa malignos y externos factores, concretamente la violencia con que el Sl•carIa•to logró neutralizar avasallar a indefensos y I • i1 ~ ••

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• .

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• I 12 I _¡ 'ANCIIEZ V O. c o n c e n c De o r o lado, la r e o r ma , que se

i ia . t f considera por algunos como una excepción al moclerno y emo c r a c o regimen ele n s r a r u s c a no tiene esa d t i adni i i t j t i i -

• - caracterización pues tanto la actuación con jurado como la • rea i a d a con la exclusiva intervención del juez de I z e r e c h o , s e n a n g u a l r u d . De no e r ésto cierto, d o t t i v i t s tendría que aceptarse como tesis valedera algo ilnposible de • atender omo tal r una e s a Lo g c d a d , o sea, que f' i i i c po man t í í • los sometidos a los a l La d o r e s (le e r e c ho , reciben una f d n s r a c n e u s c a viciada y e n a o d o signo ele adm i t Ló d j t i i a j t él í equidad. real idad jurídica se mues t ra • ese La a e n a a j ele s o s ita m x e u a n d o e l s i s t e a j ud ia e r a n t e 1) 11) á i In e m i e 1 i P t) 111

• I , \ erl nllestro rnedio pI"OCUra hacerse a togados independientes, versados, s ome t i d o s a t o d a c la s e de controles, etc .. - i I , I I • "De modo, pues, que o n v e n e e ra r del ámbito

c i r t i

• .. las discusiones serias los aspavierltos y así como, pese tle a las fundadas objeciones que continuamente se forlllularon contI"a el jurflclo de conciencia, se mantuvo su funcionarniento, llegada la hora de su desaparición, hay que aceptarla con igual espíritu de entender que tocIos estos esfuerzos r o c u r an , al n o s r igual. la vigencia de la u s c a p me po j t i í i >- me te, la razón se caracteriza cOlno " Fin 1 n él \'

" • ab s o l u t arne n t e i nv u l n e r a b l e , la Co n s t i t u c i n Nacional ó . vigente, en su artículo prohibió, salvedad hecha de 116, los árbitros y conciliadores, el que particulares pudieran a d mi n i s t r a r J• ustIC••ia, precepto que 1 1 e vó Co n s e J• O • • •

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132 • J )

• -!e i i

I 13 I i I I I Superior de la Judicatura, organismo encargado de elaborar . las listas de jurados -artículo 74 del Código de ProcediI I

• • miento Penal-, indispensables a 1a forma de J• uzgamIe• nto

I , prevista en los artículos 458 y ss. ibidem, a abstenerse de cumplir con ese cometido, para no contrariar la normatividad constitucional ya mencionada".- M.P. Gustavo Gómez

Velásquez. Casación de Serafín Sánchez Expediente 7037- . • otro lado, la Corte Constitucional declaró la "De inconstitucionalidad del arto 74 y del 66, en lo pertinente • a jurado de derecho, del C. de P.P .. Sentencia #226 Junio , 17/93. M.P. Fabio Morón".- (M.P. Gustavo Gómez Velásquez, Julio 16/93.Expediente #7737).- Debe agregarse que la Ley 58/93,art.l0. ,suprimió los jurados de derecho, instituidos en el C. de P.P ..- • Sobre tan conoc idas censura y re spues ta, nada tiene ahora que agregar la Sala.- El cargo se desecha.-

• En consecuenCIa•, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, r e s u e 1 ve:

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• , NO CASAR el fallo impugnado, ya delerminu<lo en suorigen, fecha y contenido.-

COPIESE, NOTIFIQUESE y ClJMPLASE.

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JUAN MAN

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DIMO PAEZ ELANDIA

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EDGAR SAAVEDRA ROJAS

JORGE ENRIQllE VAL

CARLOS A. GORDILL(J L ..

Se c r e t a r i o . , I, I , , i , • , , , •