CSJ - SP030-2026

JORGE HERNÁN DIAZ SOTO Magistrado ponente SP030-2026 Radicación n.º 60485 (Acta n.º 017) Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026)

I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte resuelve las impugnaciones especiales promovidas por ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ L ÓPEZ y su defensora contra la sentencia SP3053-2021 de 21 de julio de 2021 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Con esta decisión, revocó la absolución del procesado por el delito de prevaricato por omisión emitida por el Tribunal Superior de Bogotá. En su lugar, lo condenó por primera vez como autor de dicha conducta punible.

También confirmó la condena en su contra por el delito de concusión y decretó la nulidad de lo actuado en relación con el delito de prevaricato por acción.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ

II. HECHOS 1.- ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ L ÓPEZ como Fiscal 9° Seccional de Bogotá, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, le pidió a Pedro Joaquín Otálora Ruiz la suma de un millón de pesos ($1.000.000).

Hizo la exigencia para archivar la indagación que adelantaba en su contra por el delito de homicidio culposo, del que había

Otálora Ruiz la suma de un millón de pesos ($1.000.000). Hizo la exigencia para archivar la indagación que adelantaba en su contra por el delito de homicidio culposo, del que había sido víctima un menor de edad en un accidente de tránsito. 2.- Recibido el giro del dinero el 28 de febrero de 2015 – por intermedio de Liliana Rocío Jiménez Castillo, con quien el fiscal sostenía una relación sentimental–, el 28 de abril de 2015 MÁRQUEZ LÓPEZ emitió la decisión de archivo, respecto de Otálora Ruiz. Allí argumentó que la responsabilidad exclusiva del accidente de tránsito había sido de otro individuo también involucrado en el siniestro: Nelson Iván González Quintero. Sin embargo, no continuó la acción penal respecto de este último, no hizo ruptura de la unidad procesal ni dispuso una compulsa de copias para que se lo investigara por esos hechos.

III. ANTECEDENTES PROCESALES 3.- El 1° de diciembre de 2017, ante el Juzgado 26

Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía 51 Delegada ante el Tribunal Superior formuló imputación a ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ L ÓPEZ. Le atribuyó la autoría de los delitos de concusión, prevaricatoImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ por acción y prevaricato por omisión (artículos 404, 413 y

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ por acción y prevaricato por omisión (artículos 404, 413 y 414 del Código Penal), agravados conforme al artículo 33 de la Ley 1474 de 2011 y con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 9 del artículo 58 ibidem. El imputado no aceptó los cargos. 4.- El 19 de diciembre de 2017 la Fiscalía radicó escrito de acusación. El 22 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación, con igual calificación jurídica, salvo por la agravante prevista por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011, que se suprimió. 5.- La audiencia preparatoria se realizó en sesiones de 3 de abril, 10 de mayo y 19 de junio de 2018. 6.- El juicio oral tuvo lugar entre el 27 de agosto de 2018 y el 22 de febrero de 2019. 7.- La sentencia de primera instancia fue emitida el 1° de abril de 2019. Por medio de ella el Tribunal Superior de

Bogotá resolvió: (i) absolver al acusado del delito de prevaricato por omisión;

(ii) condenarlo por concusión y prevaricato por acción; (iii) imponerle las penas principales de 141 meses de prisión, 128 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 174.99 s.m.l.m.v. de multa;

(iii) imponerle las penas principales de 141 meses de prisión, 128 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 174.99 s.m.l.m.v. de multa; (iv) no concederle la suspensión condicional de laImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ ejecución de la pena privativa de la libertad ni la prisión domiciliaria, por prohibición del artículo 68A del Código Penal. 8.- El defensor, el procesado y la delegada de la Fiscalía presentaron recursos de apelación en contra de dicha decisión. A través de sentencia SP3053-2021, de 21 de julio de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia los resolvió y decidió: (i) declarar la nulidad parcial de lo actuado, en lo que al delito de prevaricato por acción se refiere, a partir del momento de la audiencia del 22 de febrero de 2018. Es decir, desde que el magistrado que la presidió, llevando la vocería de la Sala de Decisión, declaró formalmente presentada la acusación;

(ii) revocar el numeral primero del fallo apelado. En su lugar, condenó a ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ LÓPEZ como autor del delito de prevaricato por omisión; (iii) confirmar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó a ÓSCAR

LÓPEZ como autor del delito de prevaricato por omisión; (iii) confirmar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó a ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ como autor del delito de concusión; (iv) imponer a ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ, como autor de concusión y de prevaricato por omisión, las penas principales de 133 meses de prisión, 102.49 s.m.l.m.v. de multa y 120 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos yImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ funciones públicas; (v) confirmar el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de primer grado, que no suspendió condicionalmente la ejecución de la pena ni la prisión intramural por domiciliaria; (vi) informar que, en contra de la primera condena dictada en esta sede, esto es, la dictada por el delito de prevaricato por omisión, procedía la impugnación especial en los términos del numeral 7° del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2018. 9.- En contra de esa decisión el procesado interpuso los recursos de «apelación e impugnación especial», mientras que su defensora presentó impugnación especial. La delegada de la Procuraduría General de la Nación presentó en

recursos de «apelación e impugnación especial», mientras que su defensora presentó impugnación especial. La delegada de la Procuraduría General de la Nación presentó en término alegatos de no recurrente. 10.- Por medio del auto AP4148-2021 de 15 de septiembre de 2021, se denegó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el procesado y se concedió el de impugnación especial interpuesto por él y su defensora.

IV. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 4.1 Sentencia de primera instancia 11.- El Tribunal, refiriéndose en concreto al delito de concusión, expuso que este se acreditó con los distintosImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ medios probatorios practicados. En especial mediante la estipulación probatoria del cheque por un millón de pesos girado a favor de la pareja sentimental del fiscal ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ. Del mismo modo, del testimonio de Pedro Joaquín Otálora Ruiz, quien realizó el pago para que se archivara la investigación que cursaba en su contra por el delito de homicidio culposo. 12.- En cuanto al delito de prevaricato por acción, concluyó que la decisión de archivo emitida el 28 de abril de 2015 por el fiscal ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ L ÓPEZ fue abiertamente contraria a la ley. Así es, porque se apartó del ordenamiento jurídico pese a que los hechos denunciados se

2015 por el fiscal ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ L ÓPEZ fue abiertamente contraria a la ley. Así es, porque se apartó del ordenamiento jurídico pese a que los hechos denunciados se habían materializado y tenían connotación delictiva. 13.- Encontró que, tras una valoración objetiva y en sana crítica de los medios de prueba, no es posible arribar a las conclusiones del fiscal ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ. Menos cuando existía controversia sobre la responsabilidad de ambos conductores en el hecho que causó la muerte de un menor, lo que descartaba la atipicidad y exigía someter el caso al juez de conocimiento. 14.- El Tribunal reprochó que el archivo se dispusiera de manera arbitraria. Concluyó que la actuación obedeció a una finalidad antijurídica, vinculada al acto de concusión en favor del beneficiado, ejecutada con plena capacidad intelectual y volitiva. 15.- En relación con el delito de prevaricato por omisión, recordó que la Fiscalía fundó el cargo en la supuestaImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ omisión deliberada de ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ L ÓPEZ de ordenar la compulsa de copias contra Nelson Iván González Quintero. Destacó que esa omisión se halla en la orden de archivo ya referido, en la que atribuyó responsabilidad a este y no haber continuado la acción penal. 16.- Sin embargo, señaló que, tras la práctica

Quintero. Destacó que esa omisión se halla en la orden de archivo ya referido, en la que atribuyó responsabilidad a este y no haber continuado la acción penal. 16.- Sin embargo, señaló que, tras la práctica probatoria, surgieron dudas sobre la tipificación de este ilícito. Mencionó que la defensa afirmó que el fiscal MÁRQUEZ LÓPEZ llevó a cabo una conciliación (aunque finalmente desistió del testimonio mediante el cual se acreditaría dicha diligencia). También, que en el expediente reposaban citaciones a la misma, pero no el acta correspondiente, y se advirtieron inconsistencias en la foliatura del proceso. A ello se sumó un pago indemnizatorio por parte de SEGUROS DEL ESTADO a los padres de la víctima y actividades de estos últimos orientadas a reclamar dicho pago a la compañía de seguros. 17.- Ante esas incertidumbres, concluyó que no era posible afirmar de manera categórica la inactividad del fiscal, por lo que lo absolvió por el delito de prevaricato por omisión conforme al artículo 7° del Código de Procedimiento Penal. 4.2 Sentencia de segunda instancia 18.- La Corte examinó en primer lugar las nulidades invocadas por el procesado y concluyó que no se vulneró su derecho de defensa. Comprobó que durante todo el proceso estuvo asistido por defensores públicos y que la sustitución de apoderado no generó vulneración de sus garantías.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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de apoderado no generó vulneración de sus garantías.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ 19.- También desestimó el reproche sobre el tiempo para presentar alegatos en el juicio. Precisó que el Tribunal actuó dentro de su potestad de dirección procesal conforme al artículo 444 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, no se afectó la validez del proceso. 20.- En segundo lugar, encontró que la acusación por el delito de prevaricato por acción careció de precisión fáctica y jurídica, lo que vulneró el derecho de defensa. La Fiscalía no identificó con claridad cuál fue la resolución manifiestamente contraria a la ley, qué normas se transgredieron, ni en qué consistió la contrariedad con el ordenamiento jurídico. 21.- Esa deficiencia impidió que el acusado estructurara una defensa eficaz. En virtud de ello, declaró la nulidad parcial de la actuación desde la audiencia de formulación de acusación (22 de febrero de 2018) únicamente respecto del delito de prevaricato por acción. Ordenó rehacer esa etapa para que se formule adecuadamente la imputación conforme al artículo 337 numeral 2° del C.P.P. 22.- En tercer lugar, se ocupó de la responsabilidad de ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ por el delito de concusión

numeral 2° del C.P.P. 22.- En tercer lugar, se ocupó de la responsabilidad de ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ por el delito de concusión (art. 404 C.P.). Encontró que se acreditó que este último solicitó a Pedro Joaquín Otálora Ruiz un millón de pesos para archivar la investigación penal que tenía a cargo. Encontró que las pruebas demostraron una secuencia coherente:Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ primero, la solicitud del dinero (febrero de 2015), luego el giro a nombre de Liliana Rocío Jiménez Castillo, compañera sentimental del fiscal, siguió el archivo del proceso (abril de 2015). 23.- La Corte precisó que el delito se consumó con la solicitud indebida, pues no se requiere la recepción efectiva del beneficio. Consideró verosímiles y concordantes los testimonios de Otálora y Jiménez Castillo, que la defensa no logró desvirtuar. Encontró que el procesado abusó de su función para obtener un provecho económico a cambio de una decisión funcional, conducta formal y dolosamente típica. 24.- Más adelante, se ocupó del delito de prevaricato por omisión. Recordó que se trata de un delito de omisión propia, de sujeto activo calificado, de tipo penal en blanco, que tutela el correcto funcionamiento de la administración pública. Que el juicio de tipicidad exige determinar cuál era la obligación funcional omitida, la norma extrapenal que la

propia, de sujeto activo calificado, de tipo penal en blanco, que tutela el correcto funcionamiento de la administración pública. Que el juicio de tipicidad exige determinar cuál era la obligación funcional omitida, la norma extrapenal que la imponía y el momento en que debía ejecutarse. 25.- Encontró que el fiscal ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ LÓPEZ, cuando dictó el archivo de la indagación por homicidio culposo, señaló como responsable a Nelson Iván González Quintero. Pero en ese momento omitió la expedición de copias o la continuación de la acción penal respecto de él. Si bien el Tribunal absolvió por duda basándose en una supuesta conciliación entre las partes, la Corte descartó tal hipótesis porque:Impugnación especial Radicado n.° 60485

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(i) no existe acta de conciliación ni constancia formal; (ii) la diferencia en la foliatura del expediente no acredita la existencia de documentos faltantes; (iii) la defensa renunció al testimonio que podría haber probado el acuerdo; (iv) las estipulaciones probatorias confirmaron la inexistencia de otra actuación penal contra González Quintero. 26.- Concluyó que el fiscal ÓSCAR A LCIDES M ÁRQUEZ LÓPEZ omitió deliberadamente promover la acción penal y con ello incumplió su deber constitucional y legal de investigar y acusar (arts. 250 de la Constitución y 114 de la

LÓPEZ omitió deliberadamente promover la acción penal y con ello incumplió su deber constitucional y legal de investigar y acusar (arts. 250 de la Constitución y 114 de la Ley 906 de 2004). No se trató de negligencia, sino de una decisión consciente orientada a favorecer al segundo indiciado, vinculada al acto de corrupción previo (la concusión). Por tanto, revocó la absolución del Tribunal por prevaricato por omisión y condenó al procesado al considerar acreditados los elementos objetivos y subjetivos del delito previsto en el artículo 414 del Código Penal.

V. LAS IMPUGNACIONES ESPECIALES 5.1. La impugnación especial presentada por el procesado 27.- El procesado aseveró que hubo vulneraciones graves y continuadas del derecho fundamental a la defensa material y técnica. Sostuvo que el juicio oral se adelantó y concluyó pese a la existencia de una situación irregular en suImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ representación judicial. Se deriva del otorgamiento de poder a un abogado de confianza que, a su juicio, debía desplazar automáticamente a cualquier defensor que viniera actuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 600 de 2000. 28.- Reprochó que, aun acreditada dicha circunstancia, el Tribunal permitió la continuación del juicio oral sin resolver de fondo la controversia sobre quién ejercía

2000. 28.- Reprochó que, aun acreditada dicha circunstancia, el Tribunal permitió la continuación del juicio oral sin resolver de fondo la controversia sobre quién ejercía legítimamente la defensa, lo que vició de nulidad toda la actuación posterior. En ese contexto, insistió en que el derecho de defensa no admite restricciones temporales y debe garantizarse de manera efectiva durante todas las fases del proceso. Para apoyar este argumento citó jurisprudencia constitucional que reconoce el carácter permanente e ininterrumpido de dicho derecho. 29.- Conforme a lo anterior, cuestionó la falta de respuesta judicial frente a múltiples solicitudes, memoriales y planteamientos en los que puso de presente esas irregularidades. Señaló que ni en el trámite del juicio ni en la sentencia condenatoria se ofreció una contestación clara, expresa y suficiente a sus reparo. Tal situación, en su criterio, configuró no solo una afectación al derecho de defensa, sino también al deber de motivación de las decisiones judiciales y al principio de contradicción. 30.- Un reproche adicional se dirigió contra la actuación del Ministerio Público, a quien atribuyó un rol desbordado de sus competencias constitucionales y legales.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ Afirmó que sus intervenciones no se limitaron a la función de

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ Afirmó que sus intervenciones no se limitaron a la función de garante del orden jurídico, sino que asumieron una postura abiertamente acusatoria y valorativa de la prueba, influyendo de manera determinante en la construcción del juicio de responsabilidad. En ese sentido, alegó que el Tribunal acogió sin el debido tamiz crítico la tesis del Ministerio Público, lo que habría incidido en la adopción de la decisión condenatoria. 31.- Frente a la condena por el delito de prevaricato por omisión, sostuvo que la sentencia construyó la responsabilidad penal a partir de una obligación inexistente en el ordenamiento. Se trata de la afirmación consistente en que estaba compelido a ordenar compulsas de copias o a impulsar determinadas actuaciones penales frente a terceros. 32.- Afirmó que, contrario a lo mencionado en la sentencia de segunda instancia, sí se llevó a cabo una diligencia de conciliación, en la que estuvieron presentes Pedro Joaquín Otálora Ruiz y otras personas. Como consecuencia de dicha diligencia «se da cumplimiento a la preclusión»1, por lo que no podía seguir la actuación contra González Quintero. Sostuvo que el acta de tal conciliación fue puesta de presente por su defensa en el testimonio de Otálora Ruiz, quien corroboró que él firmó ese documento, lo que «certifica una vez más que sí se llevó a cabo la Conciliación»2.

puesta de presente por su defensa en el testimonio de Otálora Ruiz, quien corroboró que él firmó ese documento, lo que «certifica una vez más que sí se llevó a cabo la Conciliación»2. 1 Cfr. Archivo digital. Cuaderno denominado: «Segunda Instancia_Cuaderno Corte_Cuaderno_2022034356694» Fl. 169. 2 Cfr. Archivo digital. Cuaderno denominado: «Segunda Instancia_Cuaderno Corte_Cuaderno_2022034356694» Fl. 171.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ 33.- A su juicio, el fallo partió de una premisa equivocada. En efecto, supuso que el fiscal tenía un deber funcional automático e imperativo de promover nuevas investigaciones o remitir copias cada vez que en una actuación aparecieran menciones a la posible responsabilidad de otra persona. La ley no impone tal obligación de manera general ni indiscriminada. En ese sentido, reprochó que no se identificara con claridad una norma concreta, expresa y vigente que le impusiera ese deber específico, lo cual vacía de contenido el elemento normativo del tipo penal. 34.- También alegó que la sentencia incurrió en una confusión entre discrecionalidad funcional y omisión penalmente relevante. Las decisiones relacionadas con el archivo, la priorización o la prosecución de actuaciones

34.- También alegó que la sentencia incurrió en una confusión entre discrecionalidad funcional y omisión penalmente relevante. Las decisiones relacionadas con el archivo, la priorización o la prosecución de actuaciones hacen parte del ámbito de autonomía funcional del fiscal y se encuentran mediadas por criterios jurídicos y probatorios. La omisión reprochada no puede equipararse a una abstención dolosa y antijurídica. Corresponde, en el peor de los casos, a una diferencia de criterio jurídico sobre la necesidad o no de adelantar determinadas actuaciones, lo cual no es susceptible de sanción penal sin desnaturalizar el principio de legalidad. 35.- Cuestionó que no se hubiera demostrado el elemento subjetivo del tipo, esto es, el dolo omisivo. La sentencia dio por acreditada su voluntad de incumplir el deber funcional sin demostrar que actuó con conocimiento claro y actual de una obligación concreta y con la decisiónImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ deliberada de sustraerse a ella. El fallo sustituyó la prueba del dolo por inferencias genéricas, apoyadas en apreciaciones retrospectivas sobre cómo «debió» actuar. Pero no acreditó que, en el momento de los hechos, existiera conciencia de estar infringiendo un deber jurídico específico. 36.- Concluyó que la suma de las irregularidades denunciadas compromete seriamente la validez de la

que, en el momento de los hechos, existiera conciencia de estar infringiendo un deber jurídico específico. 36.- Concluyó que la suma de las irregularidades denunciadas compromete seriamente la validez de la sentencia y hace imperiosa su revocatoria, para restablecer el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías propias de un juicio justo. 5.2. La impugnación especial presentada por la defensora 37.- Cuestionó la corrección jurídica de la condena por prevaricato por omisión, ya que la Sala construyó la responsabilidad penal sin identificar de manera clara, expresa e inequívoca el deber funcional específico que se habría omitido. Señaló que el fallo se limitó a afirmar la existencia de una obligación genérica de actuar. Sin embargo, no la ancló en una norma concreta que impusiera al fiscal, en el caso específico, el deber jurídico ineludible de ordenar compulsas de copias o de impulsar una actuación penal adicional. A su juicio, esa omisión argumentativa vulneró el principio de legalidad y el mandato de tipicidad estricta. El prevaricato por omisión exige la demostración previa de un deber normativo claro, no deducido ni construido a partir de valoraciones ex post.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ 38.- Reprochó que la sentencia confundiera el control

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ 38.- Reprochó que la sentencia confundiera el control penal con el control funcional o disciplinario. La Sala convirtió una discusión sobre la corrección jurídica o conveniencia de una decisión adoptada por un fiscal –propia de escenarios de control interno o disciplinario– en un juicio de responsabilidad penal. Lo hizo sin que estuviera acreditado que la conducta fuera manifiestamente contraria al ordenamiento ni que se tratara de una omisión grosera, evidente y ostensiblemente ilegal. El fallo amplió indebidamente el alcance del tipo penal de prevaricato, utilizándolo como un mecanismo de revisión de criterios jurídicos. 39.- También cuestionó la acreditación del elemento subjetivo, al señalar que la condena no demostró la existencia de dolo omisivo. El fallo dio por supuesta la voluntad deliberada del procesado de incumplir un deber funcional. Pero no se probó que este tuviera conciencia clara de estar obligado a actuar en el sentido exigido por la Sala y, aun así, decidiera sustraerse de ese deber. La sentencia sustituyó la prueba del dolo por juicios de reproche retrospectivo, construidos desde la óptica de cómo, según el juzgador, debió proceder el fiscal. 40.- Cuestionó la valoración probatoria efectuada por

sustituyó la prueba del dolo por juicios de reproche retrospectivo, construidos desde la óptica de cómo, según el juzgador, debió proceder el fiscal. 40.- Cuestionó la valoración probatoria efectuada por la Corte, la cual fue parcial e incompleta. El fallo ignoró actuaciones procesales y elementos documentales que evidenciaban que el procesado sí desplegó actividad funcional, como las citaciones a la diligencia de conciliación, las cuales aparecen en la estipulación probatoria. En eseImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ contexto, la Sala confundió la no adopción de una actuación específica con una inactividad total, sin valorar el conjunto de actuaciones desplegadas. 41.- Adicionalmente, señaló que la sentencia incurrió en una deficiente motivación, pues no explicó de manera suficiente el tránsito lógico entre los hechos probados y la conclusión de responsabilidad penal. La argumentación se apoyó en afirmaciones generales sobre el deber de actuar del fiscal. Al efecto, no desarrolló un razonamiento sólido que permitiera comprender por qué, en el caso concreto, la conducta atribuida superaba el umbral de relevancia penal exigido para el prevaricato por omisión. 42.- Reprochó que la condena desconoció los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo. El fallo exigió al procesado justificar por qué no actuó de determinada

exigido para el prevaricato por omisión. 42.- Reprochó que la condena desconoció los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo. El fallo exigió al procesado justificar por qué no actuó de determinada manera. Esto, en lugar de demostrar de forma positiva, clara y suficiente la existencia del deber omitido, su incumplimiento doloso y la antijuridicidad material de la conducta. 43.- Solicitó la revocatoria de la condena por prevaricato por omisión y la adopción de una decisión absolutoria.

VI. NO RECURRENTES 44.- La representante del Ministerio Público sostuvo que la Sala de Casación Penal contó con prueba suficiente para declarar la responsabilidad penal del procesado, tantoImpugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ por concusión como por prevaricato por omisión. Señaló que la existencia del giro de dinero realizado por Pedro José Otálora Ruiz a favor de Liliana Rocío Jiménez Castillo estuvo plenamente acreditada. No solo por el comprobante bancario obtenido por la Fiscalía, sino también porque su existencia y contenido fueron expresamente estipulados por las partes en el juicio. A partir de ello, afirmó que no existen dudas razonables sobre la materialidad del hecho económico que sirvió de soporte a la imputación. 45.- Señaló que la inferencia según la cual el procesado suministró los datos personales de Liliana Jiménez Castillo a

razonables sobre la materialidad del hecho económico que sirvió de soporte a la imputación. 45.- Señaló que la inferencia según la cual el procesado suministró los datos personales de Liliana Jiménez Castillo a Otálora Ruiz resultaba lógica y razonable. En efecto, no se conocían previamente y el entonces fiscal mantenía una relación sentimental con ella, circunstancia reconocida por los propios involucrados. Según la delegada, ese contexto permite concluir que el procesado actuó como intermediario funcional y personal en la operación económica, lo que refuerza la credibilidad de la tesis acusatoria. 46.- Hizo énfasis en la correspondencia temporal y causal entre tres hitos relevantes. Primero, la solicitud del fiscal a Pedro Joaquín Otálora Ruiz para archivar la actuación penal en su contra. Segundo, la realización y cobro del giro de dinero. Tercero, la expedición de la decisión de archivo. Esa secuencia cronológica no puede calificarse como casual o fortuita, sino que evidencia un nexo antecedente– consecuente que sustenta la responsabilidad penal declarada.Impugnación especial Radicado n.° 60485

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ÓSCAR ALCIDES MÁRQUEZ LÓPEZ 47.- En relación con el delito de prevaricato por omisión, sostuvo que el dolo está debidamente acreditado. Lo enseña el conocimiento que tuvo el fiscal ÓSCAR A LCIDES MÁRQUEZ L ÓPEZ sobre el trámite legal que debía adoptar

omisión, sostuvo que el dolo está debidamente acreditado. Lo enseña el conocimiento que tuvo el fiscal ÓSCAR A LCIDES MÁRQUEZ L ÓPEZ sobre el trámite legal que debía adoptar frente a la situación procesal del investigado Nelson Iván González Quintero. Recalcó que, pese a conocer que la actuación no había concluido de manera regular y que procedía adoptar decisiones como la compulsa de copias o la ruptura de la unidad procesal, MÁRQUEZ L ÓPEZ omitió cualquier pronunciamiento, en abierta contravía de los deberes funcionales que le imponía la ley. Esa inactividad consciente y prolongada configura el núcleo del reproche penal. 48.- Frente a los cuestionamientos defensivos sobre la inexistencia del delito de prevaricato por acción, precisó que ese aspecto no es objeto de debate en esta fase, pues la Sala decretó la nulidad parcial de lo actuado respecto de ese delito. Así, se retrotrajo la actuación al momento anterior la acusación. En consecuencia, aclaró que correspondería a la Fiscalía decidir, en ese punto, si procede una nueva acusación o la solicitud de preclusión. Por esta razón no existe lugar a pronunciamiento adicional en sede de impugnación especial. 49.- Finalmente, concluyó que los recursos presentados no lograron demostrar errores de derecho, de valoración probatoria ni vulneraciones sustanciales al debido proceso que justificaran la revocatoria del fallo. Por el

49.- Finalmente, concluyó que los recursos presentados no lograron demostrar errores de derecho, de valoración