CSJ - SP12397(15-12-2000)

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL

Aprobado Acta No. 210 Santafé de Bogotá, D.C., quince de diciembre del año dos mil. Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación en la modalidad de discrecional interpuesto contra la sentencia de 28 de febrero de 1996, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sañtafé de Bogotá, condenó al procesado JULIO CESAR MONTAÑEZ ROA a la pena principal de un (1) año de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, y multa de cincuenta mil pesos, como autor responsable del delito de celebración indebida de contratos, absolviéndolo de los cargos que le habían sido formulados en la resolución de acusación por el de prevaricato. 1d/á cz €i,váa Cas1Jón No. 12.397 Julio Cesaxi 1ontaflez Roa. a HECHOS Y ACTUACION PROCESAL Mediante acuerdo 045 de 5 de julio de 1991, el Concejo Municipal de Ibagué autorizó al Alcalde Francisco José Pefialoza Castro para que por licitación pública yio privada suscribiera un contrato con el objeto de instalar en el Municipio un sistema de televisión vía satélite, que permitiera la recepción y retransmisión de 4 canales de televisión internacional, por el sistema VHF, con el lleno de los requisitos legales,

entre ellos los establecidos en el estatuto de contratación de ibagué, en concordancia con el Decreto 1900 de 1990 y la Ley 14 de 1991, y sujeto a autorización previa del Ministerio de Comunicaciones. Las facultades conferidas en este acuerdo -disponía su artículo sexto- "se entenderán sin ningún efecto, y no podrá hacerse ninguna erogación si el Ministerio de Comunicaciones no otorga al Municipio las correspondientes autorizaciones para el funcionamiento del sistema de televisión vía satélite". Para la celebración de este contrato dispuso apropiar una partida de hasta sesenta millones de pesos (fls.53-1). Con fecha iT de septiembre del mismo año, el Ministerio de Comunicaciones dirigió al Alcalde el oficio No. 582, donde le hacía saber que el servicio que pretendía prestar resultaba "abiertamente ilegal", puesto que de conformidad con la Ley 14 de 1991, solo podía ser suministrado por Inravisión, los canales regionales, y las personas que hubieran celebrado con el Ministerio contrato de televisión por suscripción (fls.35-1). 2 ción No. 1.397 Julio S r Montañez Roa. A esta comunicación acompañó copia de la circular de 16 de agosto de 1991, dirigida por el Ministro de Comunicaciones (E) y el Procurador General de la Nación a las autoridades del orden departamental, distrital y municipal, y a la ciudadanía en general, donde advertían sobre la ilegalidad de la prestación del servicio de televisión por personas distintas de las señaladas en el artículo 10 de la Ley 14 de 1991: Instituto Nacional, de Radio y Televisión (Inravisión),

organizaciones regionales de televisión, y concesionarios del servicio de televisión por suscripción (fis.36-1). Con el argumento que el sistema de licitaciones señalado por el Concejo Municipal para la implantación del servicio incrementaba los costos del contrato, amen de resultar dispendioso y prolongado en el tiempo, el Alcalde presentó a consideración del cabildo, en el mes de noviembre del mismo año, un nuevo proyecto de Acuerdo, derogatorio del 0451 donde lo autorizaba para contratar de manera directa el establecimiento de un sistema de televisión para la recepción de. 4 canales internacionales, hasta por la suma de $50.000.000,00, con eliminación de las previsiones relativas a la obtención de la autorización11'revia del Ministerio de Comunicaciones, y el cumplimiento de los requisitos legales, incluidas en el texto del Acuerdo anterior (fis. 50,51,52-1). En el proceso de discusión del referido proyecto de Acuerdo, el Concejo realizó una sesión informal de la Comisión del 'Plan con la presencia de representantes de la administración Municipal, el Ministerio de Comunicaciones, la empresa oferente del sistema de televisión propuesto por el Alcalde (COSMOTEC LTDA.), y el 3 nNo. 12.397 ontañez ROL 4 concesionario para la prestación del servicio de 'televisión por suscripción en la ciudad de Ibagué (S.A.S. TELE VISION LTDA.), con el propósito de analizar la legalidad de la implantación del sistema (fi.69 y 89-1). A esta reunión asistieron, entre otras personas, Henry Tapiero Jiménez y Carlos Quintero, delegados del Ministerio de Comunicaciones,

quienes insistieron en la legalidad de la implantación del sistema en razón al uso que pretendía hacerse del espectro electromagnético, cuya gestión j' control estaba a cargo del Estado; y, Francisco José Peflaloza Castro(Alcalde) y Julio Cesar Montafiez Roa (Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía), quienes expusieron la tesis de que las entidades territoriales podían utilizar el espectro radioeléctrico, acorde con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 1900 de 1990 (fis. 2081,380-2). Al terminar su intervención, Montafiez Roa precisó: "Yo quiero concluir finalmente, que corno abogado nosotros aprendimos en la universidad que interés (sic) público está por encima del interés particular, qué-- él Estado, que el Gobierno no puede sustraer a la ciudadanía, al pueblo de los avances tecnológicos, y no podemos por interpretaciones meramente jurídicas sustraer de un derecho casi que natural de información que tienen los habitantes de Ibagué, por el solo hecho de unos requisitos de orden formal, si tenemos las condiciones técnicas porque no es legal, con fundamento además en la propiedad pública del espectro porque (sic) no es legal que un Municipio instale unas antenas parabólicas? yo no veo porque (sic) se puede utilizar por cable y porque (sic) no por otro sistema, si es lo mismo, son medios de 4 /d%z a /a,Rh: C j.ijnNo. 12.397 ' Julio Ces. / ontafiez Roa. óe á 't comunicación de las señales, vuelvo y repito, por eso es precisamente que no está absolutamente prohibido" (fis.221-1, 380-2).

El Alcalde, por su parte, afirmó que muchas ciudades en Colombia, entre ellas Girardot y El Espinal, poseían este sistema, no existiendo razón para que Ibagué no lo tuviera, planteamiento que• mereció el inmediato respaldo de uno de los concejales, quien textualmente expresó "Mi posición es la siguiente, de respaldar al señor Alcalde acompañarlo allá en la cárcel, si es que nqs van a meter a la cárcel por montar esta película, lo acompaño y respaldo" (fis. 213 y 214-1, 3802). Dos días antes de este debate, el doctor Montafiéz Roa, en su condición de Director de la Oficina Jurídica de la Acaldía de Ibagué, solicitó a la Ofician de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal, ordenar "disponibilidad y reserva presupuestal por la suma de $43.500.000,00, con el fin de garantizar el pago del contrato, a suscribir con la doctora ALBA CECILIA CAMELO SUAREZ, representante legal de CAMELO A B Ç E HIJOS S.en C. DOTACIONES COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA, para la compraventa e instalación del sistema de televisión vía satélite y su transmisión" (fis. 133-1), reserva cuya constitución aparece certificada e122 de noviembre (fls.134-1). El 26 de noviembre siguiente, el Concejo expidió el acuerdo No. 073, autorizando al Alcalde para que a través de contratación directa, sin sujeción a las normas de licitación privada o pública, y previo el lleno de los requisitos legales, procediera a la adquisición de los equipos

5 •q 4dJ a(cid:9) fihG =No. 12.397 Julio(cid:9) tañcz Roa. necesarios para la "recepción de señales de televisión internacionales incidentales", hasta por la suma de cincuenta millones de pesos (fls.491). El 28 del mismo mes, Francisco José Castro, en representación del Municipio de Ibagué, y Alba Cecilia Camelo Suárez, en representación de CAMELO A.B.C. E HIJOS S.. EN C. DOTACIONES COMUNICACIONES Y TECNOLOGJA",. firmaron el contrato Np. 0941 mediante el cual el Municipio adquiría en compraventa de la sociedad contratista, un sistema de "recepción y transmisión" de la señal de cuatro (4) canales de televisión internacional incidental vía satélite, por el sistema UHF, por la suma de $43 .500.000,00 exigiéndose, para su validez, entre otros requisitos "el visto bueno previo del Director de la Oficina Jurídica Municipal", quien en tal condición, aparece también suscribiéndolo (fis. 136-1). Mediante oficio No. 01557 de 9 de diciembre, el Secretario general del Ministerio de Comunicaciones le recordó al Alcalde Peflaloza Castro que la normatividad atinente a la implementación de estaciones terrenas de televisión Tcontinuaba vigente, y de acuerdo con ella, la retransmisión de las señales recibidas no podía hacerse con utilización del espacio radioeléctrico (fls.3 11-1). El 12 de diciembre, el Alcalde dirigió al Ministerio de Comunicaciones el oficio No. 0517, solicitando autorización para el uso de frecuencias

radioeléctricas, con el fin de poner en marcha el servicio de televisión por satélite contratado por su administración (fis. 143-1). 6 7 Ihz a o/hz ión No. 12.397 Julio C ' ontañez Roa. El sistema fue finalmente instalado y puesto en funcionamiento a través de los canales 17, 2051 24 y 28, en la banda UHF, con utilización del espectro radioeléctrico, y sin autorización previa del Ministerio de Comunicaciones, en las siguientes frecuencias: canal 17, de 488 a 494 MM, canal 20, de 506 a 512 Mhz, canal 24, de 530 a 536 Mhz, y, cabal 281 de 554 a 560 Mhz (fis. 302-1, 560, 564-2). Mediante Resolución No. 1886 de 6 de mayo de 1993, el Ministerio de Comunicaciones inició de oficio actuación administrativa en contra del Municipio de Ibagué, por posible violación del régimen de telecomunicaciones (art. 75 de la Constitución Nacional, 8° de la Ley72 de 1989; y 20, 50 y 52, numeral 2° del Decreto Ley 1900 de 1990), y ordenó suspender en forma inmediata las transmisiones que venían cumpliéndose con utilización del espectro electromagnético (fis.595-2). En virtud de la denuncia penal instaurada por Salim Antonio Sefair López, en representación de S.A.S TELE VISION LIMITADA", concesionaria de la prestación del servicio de televisión por suscripción en la ciudad de Ibagué, el Juzgado Treinta y Seis de Instrucción

Criminal del Lugar abrió investigación y ordenó la vinculación del Alcalde Francisco José Peñaloza Castro (fis. 176, 265-1 y 252, 461-2). Con posterioridad, la Fiscalía General de la Nación dispuso la 'radicación del proceso en la ciudad de Bogotá, donde fueron vinculados los doctores Julio Cesar Montañez Roa, Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué (fis. 477, 542-2), y Jaime Orlando Santofimio (fis. 495-2) abogado externo, respecto de quien se dispuso días después la preclusión de la investigación (fis.582-2). 7 C(cid:9) No. 1.397 Julio Ce! ontañez Roa. 4 La vinculación del doctor Montafiez Roa al proceso estuvo determinada por su participación en la tramitación del referido contrato No. 094 de 28 de diciembre de 1991, y las afirmaciones del Alcalde Pefialoza Castro en el sentido de haber actuado bajo su asesoría, en razón de no ser él abogado (fis. 494-2). Preguntado sobre intervención en el trámite de la contratación, Montafiez Roa manifestó que la Oficina a su cargo ha sido la encargada de la revisión del contrato y la elaboración de la correspondiente minuta, y haber definido la tesis de que no era necesario obtener permiso previo del Ministerio de Comunicaciones para la utilización del espectro radioeléctrico (fls.4771 542-2). Resuelta la situación jurídica de los procesados (fi.82-3) y cerrada la investigación, la Fiscalía, mediante decisión de 30 de septiembre de

1993, profirió resolución acusatoria contra Francisco José Peñaloza Castro y Julio Cesar Montañez Roa, por los delitos de prevaricato por acción y celebración indebida de contratos, en calidad de autor, y determinador, respectivamente (fis. 95-4). Apelada esta decisión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, mediante proveído de 29 de abril de 1994, la confifrnó en todas sus partes, con la aclaración de que el procesado doctor Montañez Roa, debía responder en calidad de autor (fis.259-5). Promovido incidente de cambio de radicación del proceso, con el fin de que el juzgamiento continuará en la ciudad de Bogotá, la Corte, por auto de 18 de agosto de 1994, accedió a la pretensión del incidente, por estimar que en la ciudad de Ibagué, donde debía continuar el trámite del proceso, no ofrecía las condiciones requeridas para el 8 4m CjN'o. 12.397 Julio Ces(cid:9) ontañez Roa. adelantamiento de un juicio imparcial e independiente (fis. 3 del cuaderno No. 1 de la Corte). Por auto de 21 de abril de 1995, el Juzgado de conocimiento (31 Penal del Circuito de Bogotá,) se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso respecto del acusado Francisco José Pefialoza Castro, por virtud de su designación como Gobernador del Departamento del Tolima, y ordenó remitir el original de la actuación a la Corte para la continuación del juicio, conforme a los establecido en el artículo 68 del estatuto procesal, y proseguir sobre el cuaderno de

copias eljuzgamiento respecto de Montañez Roa (fis. 157-6). Celebrada la audiencia pública (188,189,22,256, 261-6), el Juzgado, mediante sentencia de 10 de octubre de 1995, absolvió al procesado de los cargos imputados en la resolución acusatoria (fis. 322-6). Apelado este fallo, el Tribunal Superior, mediante el suyo de 25 de febrero de •1 996, revocó la absolución en relación con los cargos por el delito de celebración indebida de contratos, para en su lugar condenarlo como autor de este hecho punible, a la pena principal de doce meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa de cincuenta mil pesos (fis. 55 y 177-7).

CASACION EXCEPCIONAL INTERPUESTA Y CONCESION

DEL RECURSO

9 C:(cid:9) inNo. 12.397 Julio Ce(cid:9) o tañez Roa. 4 re 1a'e Con fundamento en lo establecido en el artículo 218 del estatuto procesal, inciso tercero (modificado por el 35 de la Ley 81 de 1993), el defensor del procesado, teniendo en cuenta que la pena máxima prevista para el delito de celebración indebida de contratos no es ni excede de seis años de prisión, solicitó la aceptación del recurso de casación en su modalidad de excepcional, por afectación de los derechos y garantías ftmdamentales. Como fundamento central de su alegación adujo que a partir de la vigencia de la nueva Constitución (artículo 75) y de la Ley 182 de 1995

(art .2 5 parágrafo), dejó de exigirse "permiso previo" para la redistribución de señales incidentales, habiendo sido dictados los fallos de primera y segunda instancia cuando esta exigencia ya no constituía requisito para contratar, con violación de los artículos 29-3 de la Constitución Nacional y 6° del Código Penal, que prevén que en materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Por auto de 21 de junio de 1996, la Corte admitió la impugnación propuesta, traonsider.r que el hecho de haber sido expedida la Ley 182 de 1995 antes de haber sido dictados los fallos de instancia, despejaba el camino para pensar que la, nueva normatividad sobre la materia había modificado o enervado la tipicidad penal de la conducta objeto de reproche, y de ser ello así, indudablemente que el procesado Montañez Roa habría tenido derecho a que su situación se resolviera conforme a la ley más favorable. Consecuencialmente, dispuso correr los traslados de rigor para la sustentación de recurso y las alegaciones de os no recurrentes (fis.4 cuaderno No. 2 de la Corte). 10 n No. 12.397 Julio ontañez Roa. LA DEMANDA Con fundamento en la causal primera de casación, apartado primero, el actor plantea la violación directa de la Ley sustancial, por exclusión evidente del artículo 25 de la Ley 182 de 1995, aplicable al caso concreto en virtud del principio de favorabilidad consagrado en los artículos 29.3 de la Constitución Nacional, 6° del Código Penal, y 10

de Procedimiento. Afirma que el doctor Montañez Roa fue condenado en segunda instancia básicamente por haber defendido la tesis según la cual para la operabilidad del sistema de televisión contratado por el Municipio de Ibagué, no era necesaria la obtención de "permiso previo" del Ministerio de Comunicaciones, postura que surgía de la interpretación del Decreto 1900 de 1990 y la ley 14 de 1991. Posteriormente-entró en vigencia la nueva Carta Política, cuyo artículo 75 garantizó el acceso al uso el espectro electromagnético en los términos que fije la ley, lo cual ahondó la discusión, más aún frente al contenido del artículo 77 ejusdem, que defirió, la dirección de la política en materia de televisión a lo que determine la ley, sin menoscabo de las libertades previstas en la Constitución. No obstante esto, el Tribunal condenó al procesado, porque en su criterio se requería permiso. 11 n No. 12.397 Julio ontañez Roa. La precitada ley. 182 de 20 de enero de 1995, en su artículo 25, estableció que la recepción de las señales incidentales "era libre", siendo su parágrafo claro al disponer que "... quienes estén distribuyendo señales incidentales deberán inscribirse ante la Comisión Nacional de Televisión, y obtener autorización para continuar con dicha distribución mediante acto administrativo de la comisión, para lo cual tienen un plazo de seis meses... La comisión establecerá también las demás condiciones en que puede efectuarse la distribución para la señal", precepto del que se deducen varias cosas: a) Que el constituyente delegó en la ley la facultad de regular lo relacionado con

el espectro electromagnético; b) Que había serias dudas • sobre elcarácter imprescindible del "permiso previo". Si no las hubiera, el legislador habría omitido el parágrafo; y, c) que existían sistemas que operaban sin "permiso previo". Si antes de la Constitución de 1991 la ley 182 de 1995 era necesario y el "permiso" para poder accionar el sistema, igual afirmación no puede hacerse a partir de su vigencia, pues resulta claro que a partir de entonces, no se exige dicho "permiso", no solo por la inferencia que permiten las ii&mas superiores, sino porque la ley ha dispuesto que quienes se encuentren distribuyendo señales incidentales deben inscribirse y obtener autorización dentro de los seis meses siguientes, k que significa que si antes se pedía tal autorización "previa", después de la vigencia de las citadas normas no. En este orden de ideas debe afirmarse que si llegó a existir alguna ilegalidad en el uso del espectro electromagnético, ella desapareció con la expedición de estos estatutos. 12 (,,.a al o Cf (cid:9) No. 12.397 Julio C 1ff ontañez ROL 0010,4 En síntesis, las sentencias de primera y segunda instancia fueron proferidas cuando ya no se exigía "permiso previo" para contratar u "operar el espectro". Por ende, aquella conducta que ha podido ser ilegal en el pasado, ha dejado de serlo por obra del propio legislador. De allí que resulte obligatoria la aplicación retroactiva de la nueva normatividad, concretamente del parágrafo del artículo 25 de la citada ley 182 de 1995, para que "colocada en el momento de la celebración

del contrato, lo cubriera de plena legalidad". 11 Complementariamente sostiene que la circunstancia de haberse realizado la negociación de manera directa, sin licitación pública, no permite afirmar responsabilidad del procesado, puesto que el Concejo "derogó tal requisito", mediante acto acompañado de presunción de legalidad, que no ha sido negado por el competente, y que al momento del hecho gozaba de plena vigencia. Tampoco constituye delito que el trámite y las gestiones atinentes a la "confección" del convenio se hubiera realizado 'n la oficina del doctor Montafiez Roa, puesto que se -limitaba a cumplir sus funciones de asesor, ni queiiubiera defendido con ardentía la tesis de que no se requería "permiso previo", pues la forma como se asume la defensa de una determinada postura es cuestión de estilo, de personalidad, de temperamento. Bajo el subtítulo "una respetuosa solicitud accesoria", pide a la Corte examinar el cargo a la luz de la causal tercera de casación en el supuesto de ser esta la vía correcta a plantearse cuando se viola el 13 .41dI/a a No. 12.397 Julio C T7,7 in taflez ROL principio de favorabilidad, corno podría deducirse del contenido de la sentencia de casación de 3 de abril de 1991. Apoyado en estas consideraciones solicita a la Sala casar el fallo recurrido y proferir el de reemplazo, disponiendo la absolución del procesado. ALEGATO APRECIATORIO El apoderado de la parte civil demanda de la Corte el mantenimiento del fallo atacado, pues afirma que la normatividad que sirve de soporte

a la pretensión del censor exige de todas maneras autorización para el uso del espacio electromagnético, solo que en la actualidad debe ser obtenida ante la Comisión Nacional de Televisión, no del Ministerio de Comunicaciones, pero esta modificación para nada puede afectar la tipicidad de la conducta. Crítica el asp cío técnico formal del escrito impugnatorio en punto a la invitación que el demandante formula a la Corte para que motu proprio, analice el cargo al amparo de la causal tercera de casación, en el evento de llegar a considerarse que debió ser ésta, y no la primera, la causal susceptible de ser invocada en el caso concreto.

CONCEPTO. DEL MINISTERIO PUBLICO 14 a (cid:9) erJ n No. 12.397

Julio ontañez ROL En alusión al aspecto técnico de la demanda, el Procurador Segundo Delegado en lo Penal cuestiona ab initio la forma como el demandante invita a la Corte a revisar la censura dentro del ámbito de la causal tercera, sin llegar a presentar un nuevo cargo, como hubiese sido lo correcto a tenor de los 'establecido en el artículo 225.3 del estatuto procesal. Es del criterio, sin embargo, que el demandante acierta en la selección de la causal, como quiera que la Corte ha venido pacíficamente aceptando que la violación al principio de favorabiidad constituye una afrenta a una garantía fundamental con efectos de carácter sustancial, no procesal, susceptible de ser enmarcada dentro del ámbito de la causal primera, en la medida que no comporta afectación de lo actuado sino un desacierto atribuible al juzgador, quien decide aplicar una

norma de carácter sustancial que no corresponde al caso, con desconocimiento de la correcta. En relación con el contenido del cargo, sostiene, que el conflicto de leyes en el tiempo se presenta, según lo afirmado por el casacionista, entre el Decreto 1900 de 1990, que exigía un permiso previo del Ministerio de Comunicaciones para operar el sistema se recepción' y difusión de señales internacionales, y la ley 182 de 1995, que modificó sustancialmente este régimen, al eliminar una tal exigencia. Agrega que al censor le asiste razón cuando plantea la necesidad de aplicar en estos casos el precepto más favorable, no obstante su carácter extrapenal, pues tratándose de normas que regentan la 15 a (cid:9) eí C o.12.397 Julio Ce tailez Roa. Le ez 7 actividad contractual, se integra a la normatividad penal, de suerte que si una norma posterior suprime un requisito que era exigido para la época de la comisión del hecho, habrá de abrirse campo a su aplicación retroactiva, por resultar favorable, con una incidencia negativa en la tipicidad del comportamiento reprochado. El cargo, no obstante, carece -de fundamento, como que la segunda norma no es favorable, ya que no eliminó el requisito en cuestión,sino que lo modificó, pues mantiene en esencia la prohibición de disponer de las frecuencias del espectro electromagnético al libre albedrío de los particulares, sometiendo su regulación al aval estatal. La ley 182 de 1995 no hizo cosa distinta de trasladar a la Comisión

'Nacional de Televisión la facultad de otorgar el permiso. En momento alguno el Estado quiso desprenderse del poder de disposición que la Constitución de 1991 le asignó en su artículo 75. En este entendido, resulta claro que la situación no sufrió el cambio que pretende atribuirle el impugnante. El parágrafo del artículo 25, no puede ser interpretado en forma aislada como lo hace el actor, sino en armonía con el artículo 24, que alude a la ocupación ilegal del espectro, y dispone que "cualquier servicio no autorizado por la Comisión Nacional de Televisión, o que opere frecuencias electromagnéticas sin la previa asignación por parte de dicho organismo, es considerado clandestino. La Junta Directiva de la Comisión procederá a suspenderlo y a decomisar los equipos sin perjuicio de las sanciones de orden civil, administrativo o penal a que hubiere lugar, conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes. 16 C No. 12.397 Julio C ntaüez Roa. Como si esto fuera poco, el parágrafo del artículo 25 ejusdem, despeja cualquier duda que pudiera suscitarse con la reglamentación respecto al requerimiento del permiso previo o autorización especial del Estado para distribuir señales incidentales de televisión, razón por la cual no podría decirse que resulta favorable al procesado. En este orden de ideas, el argumento esgrimido por el casacionista no tiene asidero real ni jurídico, en cuanto no es cierto que se presente un verdadero conflicto de leyes en el tiempo, siendo la nueva normatividad, por el contrario, reflejo de una política constitucional y

legal similar, de contenido esencialmente idéntico en la materia que es objeto de análisis. Además de lo dicho, el actor circunscribe todo el problema al otorgamiento del permiso, minimizando el hecho que la estructuración del tipo penal no solo se basó en ese factor, sino además en la violación de otras formalidades legales, que de manera general regulaban la contratación estatal. Así, bajo el rótulo "aquello que quedaría", presenta una crítica personal a los restantes aspectos fácticos tenidos en cuenta por el ad quem, en los que involucra inclusive los que tuvieron incidencia en la declaración de culpabilidad, lo cual debe ser considerado un contrasentido, puesto que si se afirma la atipicidad de la conducta por la sobrevinencia de una norma favorable, mal pueden ser introducidas elucubraciones en torno a la culpabilidad del procesado. Estas críticas, debieron enmarcarse dentro de cargos independientes, al amparo de la causal primera de casación, cuerpo 17 .91d No. 12.397 Julio oin tañcz ROL segundo, única manera de poder demostrar la ilegalidad de las conclusiones del fallador. Con todo, sostiene que sus afirmaciones en el sentido de que el proceso de contratación contó con el visto bueno del Concejo Municipal, quedando a salvó en virtud de la presunción de legalidad de este acto, no son de recibo, puesto que resulta notorio el apartamiento de las normas legales que exigían el permiso previo, como también de las que le señalaban la necesidad de acudir a la contratación por licitación. 11 Tampoco resultan atendibles sus insinuaciones en tomo a la ausencia

de culpabilidad, si se toma en cuenta la suficiente ilustración recibida del Ministerio de Comunicaciones y la Procuraduría General de la Nación, no obstante lo cual se dispuso continuar con el proyecto, desatendiendo estas precisas directrices. Además. de todo lo dicho, el actor omite considerar importantes aspectos tenidos en cuenta en el fallo, suficientes para preservar la decisión impugnada, tanto desde, el flanco de la tipicidad como desde la perspectiva de la culpabilidad. En virtud de te estado de cosas, solicita a la Corte desestimar la censura.

SE CONSIDERA

Cuestiones Preliminares. 18 P4íd6aa 4h7 No 12 397 Julio,: ontañez Roa. O0-,o,'A

1. Termino de la prescripción de la acción penal. acuerdo con lo .establecido en el artículo 82 del Código de Procedimiento Penal, el término de prescripción de la acción penal cuando el delito por el que se procede ha sido cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones, o de su cargo, o con ocasión de ellos, debe aumentarse en una tercera parte.

Sobre 1a forma como debe ser aplicado el referido incremento, la Corte, en decisión de mayoría, ha sido insistente en señalar que opera de manera autónoma en las fases de instrucción y de juzgamiento, y que es, por tanto, sobre el término de prescripción establecido en los artículos 80 y 84 del Código Penal para cada uno de estos momentos procesales, que se impone aplicar En el caso que es objeto de estudio, se tiene que el procesado Doctor

Montañez Roa fue condenado por el delito de celebración indebida de contratos (art. 146 C.P.) y absuelto por el prevaricato por acción (art. 149 C.P.), el téfrnino de prescripción para cada uno de estos ilícitos en la etapa de juzgamiento es, según lo previsto en el artículo 84 ejusdem, de cinco (5) años. Más como quiera que concurren los presupuestos del artículo. 82 ejusdem, dicho término debe aumentarse en una tercera (1/3) parte, es decir, un (1) año y ocho (8) meses, para un total de seis (6) años y ocho (8) meses, tiempo que, contado desde la fecha de ejecutoría de la resolución de acusación (29 de abril de 1994), no se ha consolidado. 19 Ño. 12.397 Julio ntailez ROL 4

2. Aspecto técnico de las demanda. Causal invocada.

El principio de favorabilidad, al igual que el de legalidad de los delitos y las penas y de 1 prohibición de reformatio in pejus, son garantías fundamentales que amparan al procesado en la declaración o aplicación del derecho sustancial, es decir, en el ejercicio de la actividad in iudicando, por lo que es la causal primera de casación, que no la tercera, la vía indicada para la formulación del ataque en sede extraordinaria cuando se alega su violación. De allí el acierto en la escogencia del motivo por parte del demandante. Equivocada resulta en cambio la invitación que formula a la Corte para que, de resultar incorrecta la selección de la primera causal, aprehenda motu proprio el estudio del cargo al amparo de la tercera, pues es ella

función que debe cumplir el denunciante. Y que la Corte no puede suplir en virtud del principio delimitación que preside el recurso (art. 228 C.P.P..) Este desacierto deviene sin embargo irrelevante, a