CSJ - SP12810(27-02-2003)

epúí(ica (e Colombia Cas o 12.810 Yr P./ Manuel Roberto C'erenguez ./Homicid Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE

Aprobado Acta No. 28 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil tres (2.003).

VISTOS: Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de MANUEL ROBERTO CHACUA PERENGJEZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Juan de Pasto el 3 de septiembre de 1.996, que confirmó la emitida en primera instancia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la misma ciudad el 9 de julio de ese año, mediante la cual condenó al procesado a la pena principal de 25 años de prisión como responsable del delito de homicidio voluntario.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL: Los hechos investigados en este proceso habrían tenido ocurrencia a eso de las tres de la mañana del 27 de agosto de 1.995 en plena vía pública del barrio Obrero de la capital de Nariño, cuando al momento de abandonar la vivienda de propiedad de la señora Mercedes Lasso Cabrera, en donde desde tempranas horas se celebraba una fiesta, MANUEL ROBERTO CHACUA

República cíe Colombia Casación AT 2.810 P/ Manuel Roberto Chaci'7ngu M cid Corte Suprema Le Justicia PERENGUEZ intercambió algunas palabras con quien respondía al nombre de Jorge Eliécer Cabrera Ramos (a. calavera), enseguida de lo cual aquél

desenfundó un cuchillo con el cual arremetió en contra de éste, infiriéndole diversas heridas en el cuerpo que determinaron su deceso minutos después, al tiempo que al pretender abogar por la víctima, también recibió heridas de igual naturaleza Fabian Rolando Molina Suárez. En la morgue del Hospital Departamental de la ciudad de Pasto, a. donde algunos familiares transportaran al herido, el Fiscal 45 Seccional efectuó la diligencia de levantamiento del cadáver (fl.2). Adelantadas las primeras pesquisas por parte del Departamento de Policía de Nariño, SIJIN, Grupo de Vida, acopiaron las versiones de Emma del Carmen Zambrano Cabrera (fl.5) y Vicky Zoraida Molina Suárez (fl.6).. El 28 de agosto se decretó la formal apertura instructiva (fl.1O), escuchándose el testimonio de Fabian Rolando Mol na Suárez (fl.15) y en indagatoria, con asistencia de un defensor de confianza al imputado CHACUA PERENGUEZ, quien manifestó que después de salir de una fiesta fue abordado por un hombre exigiéndosele mediante el empleo de un arma blanca la entrega de su dinero y la chaqueta que llevaba puesta, como no le hiciera caso el agresor lo "chuzó en la pierna", habiendo tenido que luchar con aquél quien a propósito habría resultado herido en desarrollo dé dicha contienda, hasta que quedó sentado logrando en dicho momento marcharse en compañía de la menor Aleida Jimena. República Le Colombia Casación ' 2.810 P./ Manuel Roberto ChacuP enguez micidio /

Corte Suprema Le justicia Escuchados los testimonios de Yolanda del Carmen Montenegro (fi.27), Emma del Carmen Zambrano Cabrera (f1.30), Franco Enrique Maigul Mejía (fl.34), Francisco Javier López Segovia (fL36) y Vicky Zoraida Molina!Suárez (fl.40) y allegado el álbum fotográfico (fl.47) y protocolo de necropsia del occiso (fl.55), el defensor del imputado solicitó se compilaran algunos testimonios y mediante auto del 4 de septiembre se ordenó su práctica, oyéndose en efecto a Teresa Inés Arcos (fl.61) y Ale ¡da Jimena Arcos(fi.64), resolviéndose entonces la situación jurídica al procesado con detención preventiva por el delito de homicidio fechada el 6 de septiembre de 1.995 (fl.67), que hubo de notificarse personalmente al Ministerio Público, defensor y procesado. Bajo juramento recibido el relato de los hechos a Mercedes Lasso Cabrera (fl.94), el primero de noviembre de 1.995, se decretó el cierre instructivo, efectuándose su notificación personal a los mismos sujetos (fi. 97y SS.). Aportado memorial por parte del Ministerio, acorde con el mismo, la Fiscalía Quinta Especializada de la Unidad Vida, profirió en contra del imputado resolución acusatoria por el delito de homicidio el 28 de diciembre posterior (fl.116), compulsando copias con miras a que se investigaran las lesiones de que fuera objeto Fabian Rolando Molina Suárez, decisión de la que fueron personalmente enterados el acusado y el Ministerios Público y por estado a

los demás sujetos. Asumido el conocimiento por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito, el juicio fue abierto a pruebas, siendo solicitadas por la defensa la ampliación al testimonio de Fabian Rolando Molina Suárez, a que junto con o 3 República de Colombia CasaciónMo 12.810 P.j Manuel Roberto Chacu erenguez Homicidio Corte Suprema de Justicia ampliaciones más hubo de disponerse por auto del 28 de febrero de 1.996 (fl.144). En efecto escuchados Emma del Carmen Zambrano (1f.149), Yolanda del Carmen Montenegro (fl.152), Fabian Rolando Molina Sjárez (fl.154), una vez rituada la audiencia pública se profirieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos reseñados en precedencia.

LA DEMANDA: Sustentado en la tercera causal de casación contemplada en el art. 220 del C. de P.P., aduce el defensor su concurrencia por vulneración del derecho de defensa, en la medida en que quien atendiera los intereses del imputado en este proceso se habría limitado a suscribir actos judiciales, sin siquiera cumplir su cometido en desarrollo de la propia audiencia pública y dejando vencer el término para sustentar la apelación "poniendo en peligro del derecho del procesado".

Además, asegura, los funcionarios judiciales no investigaron las "condiciones fácticas que sirvieron de base para que el procesado actúe afectado por las circunstancias" que, como lo insinuó la Procuradora Judicial, demandaba averiguar sobre la personalidad de la víctima, lo que habría' dado

fundamento a una atenuante (art.60 del C.P.). No desconoce que el defensor que lo antecedió se notificó de las decisiones adoptadas en desarrollo del proceso y que elevó sendos memoriales "salidos de la técnica que obliga el derecho de postulación", todo lo cual, sin embargo, no es suficiente como garantía del derecho de defensa. Las República de Colombia Casación 142.810 P./ Manuel Roberto Chacu enguez ornicid Corte Suprema Le Justicia pruebas peticionadas, asegura, se desprendían de la propia indagatoria y la ampliación de testimonio solicitado en el juicio no puede tomarse como ejercicio del derecho de defensa, pues tenía que contradecir la acusación. En minuciosa cronología, dice evidenciar el demandante que cada una de las intervenciones del defensor se demuestra su inocuidad, transcribiendo su intervención en audiencia pública en el propósito de demostrar que no se habría ejercido defensa alguna, pues no atina a "producir una defensa propiamente dicha", calificando la misma de "discurso cantinflesco". La critica entonces por ser inconclusa y carente de profundidad, conjetural y no desarrollar el fenómeno del in dubio pro reo, si esté era su cometido, o silo era proponer la legítima defensa, no debió hacer simples enunciados. Además, dicho alegato debe calificarse de contradictorio nosolo"en cuanto tiene que ver con la semántica, sino que también lo es en lo referente a la dialéctica, pues si alega una situación que requiere estar plenamente probada como la LEGÍTIMA DEFENSA no puede exponer otra que se explica

CONTRARIO SENSU como LA DUDA". Fue, por tanto, "INOCUA" la intervención del defensor en la audiencia pública. De otra parte, asegura, que la secretaría de primera instancia: habría reducido los términos para sustentar la apelación, lo cual alteró la normalidad procesal, pues no habría contado con 5 días para dicho cometido, que era lo debido. En todo caso, quien acude en casación recibió el poder "y entró a sustentar, no pudiendo hacer alegación al respecto so pretexto de poner en peligro el derecho procesal del encartado", máxime cuando el anterior defensor presentó renuncia al vencerse el lapso otorgado, República de Colombia CasaclónMo 12.810 P./ Manuel Roberto Chac enguez omicidio Sfl Corte Suprema de Justicia presentándose un "angustioso pedido a todas luces antitécnico" de ibertad M procesado en el cual pidiera el reconocimiento dé legítima defensá. Concluye, de este modo, en que no habría "ejercicio ni el debido proceso ni el derecho de defensa", solicitando por 1 expuesto se case él fallo, ordenándose la nulidad a partir del cierre instructivo CONCEPTO DEL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO EN LO PENAL: Para el Ministerio Público, no le asiste razón al impugnante al afirmar la vulneración del derecho de defensa, dado que no existe al respecto reglas inflexibles y si bien la defensa técnica puede comprender actos de contradicción probatoria y de impugnación, también es factible otras manifestaciones de ella, como un atento control sobre el devenir procesal, ni errores de táctica o estrategia defensiva conducen a la declaratoria de

nulidad, sino son expresión de incuria o inercia. En este caso dicha actividad no es dable echarla de menos, pues estuvo atento en la solicitud de pruebas, independientemente de que no haya presentado alegatos precalificatorios o no haya recurrido la acusación. Se trató, pues, de una participación válida que legitima la tarea cumplida por la defensa. Aceptar que una estrategia equivocada o no compartida por el, nuevo defensor conduce a una falencia defensi del proceso. R.çpú6íica Le Colombia Casación )12.8 10 P./ Manu el Roberto Chacua"Pk6nguez micidio Corte Suprema Le Justicia Ahora, si bien se recortó el término para sustentar la apelación, como que en lugar de aplicarse el art. 196 del C. de P.P., se señaló lo dispuesto en el art. 216 ibídem, dicha irregularidad no tiene trascendencia, pues entro del término corrido el recurso fue sustentado. Para el Procurador Delegado, los cargos r ser desestimados.

CONSIDERACIONES:

1. Ciertamente, por corresponder al marco teórico que la Corte ha definido en reiteradas oportunidades como supuesto inherente a una concepción garantista y real del derecho de defensa técnica, razón asiste al Procurador Delegado al asumir en relación con la nulidad propuesta con sustentoen una pretendida vulneración de la defensa letrada en este caso, la absoluta negativa frente a los motivos aducidos por el defensor del procesado MANUEL ROBERTO CHACUA PERENGUEZ, como que distan por completo de

• revelar una falencia censurable en este campo que llegara a justificar la invalidación de lo actuado.

2. Ha sido constante la doctrina de la Corte al señalar que sólo resulta admisible sostener conculcado el derecho a la no indefensión, en el sentido de estar proscrita cualquier severa limitación de la defensa técnica, dado su carácter de asistencia permanente de la persona penalmente juzgada' por un profesional del derecho, en el sentido de que sólo procede la anulación de lo

República Le Co(om6ia Casación j12.81O P./ Manuel Roberto Chacu;enguez .1 omIcidio Corte Suprema Le justicia actuado en aquellos casos en que el imputado ha carecido en forma absoluta de ella durante la actuación adelantada en su contra

3. Dentro de tales premisas se ha insistido precisando cómo "la violación al derecho de defensa técnica o profesional que inexorablemente conduce a la invalidación del proceso es aquel absoluto estado de abandono o indefensión material o sustancial y no meramente procesal en que se deje a un imputado, de donde resulta así necesario no solamente que la falta de defensa sea eféctiva, en el sentido señalado; sinoademás total, es decir, que sea ostensible y manifiesto el vacío defensivo, que conduzca a un extremo mayor e intolerable la reducción de las posibilidades de defensa y que tal mengua sea la causa determinante de un perjuicio concreto para quien la misma debe garantizarse" (Cas. 15.491, 15 de diciembre de' 2.000,

M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

4. En el presente caso el demandante ha aducido violación al derecho de

defensa técnica, sin poder desconocer, desde luego, que el imputado nombró a un defensor de confianza a partir de la propia diligencia de indagatoria, quien hubo de asistirlo hasta una vez proferido el fallo de primer grado, como tampoco que tal profesional se notificó de la mayoría de decisiones trascendentes en desarrollo de la actuación cumplida, y que solicitó en diversas oportunidades la práctica de algunas pruebas cuya pertinencia determinó qué fueran decretadas por los investigadores.

5. Tampoco el actor le ha indicado a la Corte cuáles actividades en ejercicio de la defensa, empece la contundencia probatoria ébrante en el proeso en República de Co(om6ia cas n N1o1 12.810

P./ Manuel Roberto a Perenguez D./Hómic Corte Suprema Le Justicia contra de CHACUA PERENGUEZ, ha debido desarrollar el procurador judicial que lo antecedió. Absolutamente ninguna prueba reclama cO,rio de perentoria solicitud, aportación o práctica con miras a enfrentar la guarda de los intereses del imputado.

6. En forma realmente insólita, el censor se dedicó más que a demostrar la pregonada ausencia de defensa técnica, a criticar de modo acérrimo las intervenciones del defensor del procesado, como si descalificarlas eh forma total se constituyere en una fórmula para denotar la orfandad plena de defensa justificadora del fundamento del cargo, cuando bien se ha dicho qu e no es la novedosa perspectiva del último dejos defensores en toro a la manera como habría abocado su estrategia personal de defensa, el pinto de referencia para censurar en esta materia la tarea de su antecesor.

7. La ilegítima restricción de este derecho,-no puede provenir de una simple disparidad conceptual en torno a la manera como se asume el ejercicio profesional y a las alternativas que subjetivamente ada quien pueda aducir expresión: como propias de un mayor o menor acierto en la de su ejercicio.

Trátase de poder demostrar con ponderado y serio fundamento en la objetividad que emerge de la realidad fáctica y probatoria del caso, cuál fue la censurable inercia o cuál el absoluto descuido en el desempeño de dicha actividad que habría conspirado contra la inviolabilidad de la defensa, máxime cuando, como lo acotó el Ministerio Público "aceptar que una estrategia equivocada o no compartida poHel nuevo defensor se puede alegar como ausencia de defensa técnica y en consecuencia servir de base República de Colombia Casación P 2.810 P./ Manuel Roberto Chac 4renguez ornicidio Corte Suprema de justicia para una nulidad iría en detrimento de la seriedad del proceso y en últimas daría paso en muchos casos a la impunidad... "A este respecto - como también ha dich ejercicio de la defensa técnica debe valorarse dentro de la dinámicaimisma que cada proceso presenta, pues no puede a partir de teóricas, abstractas y genéricas afirmaciones asumirse que las mismas esultan predicables de todos los casos, es decir, si se acusa la actuación del letrado por'habe mantenido una censurable inercia en el cumplimiento de sus deberes como defensor, debe correspondientemente indicarse cuáles actos en procura del imputado habrían podido significarle un panorama procesal favorable o de qué forma su situación, en términos reales, habría resultado menos

peyorativa" (Casación 11.261).

8. Nada de esto ocupó la atención del casacionista. La extensa censura, reprueba una a una las intervenciones del defensor, simplemente por estimar que la práctica de la prueba testimonial deprecada se derivaba de la propia indagatoria de CHACUA PERENGUEZ, siendo deber del instructor su acopio y en las pedidas en el juicio no participó el defensor. Estas fueron las únicas "modestísimas e irregulares intervenciones" del defensor, según el actor, pues su participación en audiencia pública además de "inocda", fue "abiertamente contradictoria".

Ostensible, pues, la carencia de fundamentación de reproche intentado por vulneración del derecho de defensa técnica, máxime cuando la censura en los términos destacados es inepta para derrostra) el quebranto de dicha 10 República Le Colombia Casacinp 12.810 P./ Manuel Roberto Chaq'ua/renguez ómicidio Corte Suprema Le Justicia garantía, pues muy al contrario, la labor desempeñada por el defenor que actuó en el proceso se desarrolló en forma plausible de cara a la seriedad y fortaleza de la prueba que militaba en contradel procesado, a lo que debe il adicionarse que los funcionarios a cuyo cargo estuvo la investigación cumplieron también con el deber que el esclarecimiento de la verdad demandaba en el caso concreto.

9. En forma evidentemente antitécni dos, además del reparo con origen en la supuesta vulneración del derecho de defensa técnica, el demandante aludió dentro del mismo único acáFite, en primer orden y como queriendo hacer referencia al quebranto del principio

de investigación integral, al hecho de no haberse investigado por la "Fiscalía, como tampoco lo hizo el Juzgado" la "personalidad del occiso" que, sin razón alguna afirma habría posibilitado "la aplicación de una causal de atenuación de la responsabilidad (Art. 60 del C.P.)"; simple exp Ls ión de inconfrmidad que desde luego lejos está de constituir un cargo y que en condiciones semejantes ninguna respuesta amerita. Lo propio sucede con el afirmado recorte del término que tuvo el procesado para sustentar la apelación, pues aun cuando,como lo observó el Delegado, es cierto que el a quo habría contabilizado dicho lapso con respaldo en el art. 216 del C. de P.P., (fl.234) cuando era lo procedente hacerlo según lo dispuesto por el art. 196á id., en nada afectó esta simple irregularidad la oportunidad que tuvo el nuevo defensor, quien acude en esta sede, para aportar los argumentos de la impugnación, como en efecto lo hizo, de donde es ostensible la intrascendencia de esta República de Colombia Casaciónfl 12.810 P./ Manuel Roberto Chacu renguez ¿rniddio Corte Suprema Le Justicia Inexorable es, entonces, la improsperidad del cargo. Por último y en razón a que con la decisión de ¡al Sala, el fallo no sufre Ç modificación alguna, debe advertirse que cualqui& efecto favorable que pudiese derivarse de la aplicación del nuevo Código Penal, correspondería al respectivo Juez de Ejecución de Penas, acorde con lo previsto por el art. 79.7 de la Ley 600 de 2.000. En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de

Casación Penal, administrando, justicia en nombre de la República y por autoridad, de la ley, RESUELVE: No casar la sentencia impugnada. Contra esta decisión no procede ningú1 recurso. Cópiese, cúmplase devuélvase al Tribunal de origen

YESD RAM 'S BASTIDA

FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL HERMANtALÁN CASTELLANOS

1 República cíe Colombia Casaq6rj No 12.810 P./ Manuel Roberto Ch Perenguez ./Homicidio Corte Suprema Le Justicia el CARLOS UGUSTO GAL Z ARGOTE JOR ANÍBAL GÓ Z GA EGO /

EDG LO BANA TRUJILLO ÁLVARO RLANDO PÉREZ PINZÓN

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