CSJ - SP13448(01-02-2001)

REPUBLICA DE COLOMBIA rte i.x5n. 13448 e_..7;/2/reMCZ, (1(14C. ia Salí1- )rián. B.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE C.ASA.CION PENAL Aprobado acta No. 10

Magara.do Ponente:

Dr. FERNANDO E. ARBOLEDA .RIPOLL

Bogotá, D. C., primero de febrero del dos mil 11110. Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia de 24 de febrero de 1997, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá condenó al procesado SAUL FLORIAN BERNAL a la pena principal privativa de la libertad de 10 años y 2 meses de prisión, como autor responsable de los delitos de homicidio y lesiones personales. Hechos y actuación procesal. FI 24 de diciembre de 1990, en el barrio San Francisco de esta ciudad (carrera 20 con calle 66 sur), siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, Saúl Hollan Bernal, propietario del almacén de víveres "Furatena", disparó en la vía pública su arma de fuego contra un sujeto REPUBLICA DE COLOMBIA t5/ema (/(cid:9) ce;z lón 13,448 i).rin B que perseguía desde su establecimiento, causando la muerte de Luis Alberto Nieto Carvajal, y lesiones personales a la menor Joliarina Marcela Zatnbrano, quienes se enconlsahan frente a sus residencias Las víctimas recibieron heridas en la región torácica, y la región frontal

izquierda, respectivamente (fis.4, 5, 25, 30, 152/1). Al proceso fue vinculado medixite indagatoria Sañl Floriari Bernal, quien negó haber tenido participación en los hechos. Relató que la noche dei 24 pe-nnarieció en el establecimiento comercial hasta aproximadamente las 11:40 de la noche, hora en la cual se retiró al segundo piso a rezar la novena, y compartir con su familia y algunos amigos. Agregó que el día siguiente, en las horas de la mañana, fue visitado por dos Agentes de la Policía, que lo condujeron inicialmente al CAl, y luego a la Estación de Fátima, donde fue dejado en libertad (fls.36, 179/1). Las afirmaciones del implicado, en el sentido de que a la hora en la cual sucedieron los hechos investigados se encontraba con su familia, y no en el expendio de víveres de su propiedad, son corroboradas por su empleado Víctor Hugo Fómeque Paria (fls.61I1), y los testigos Flaniinio López Gómez (tk69/1), Leonel Porras García (fis. 7211), Luis Antonio Moreno Velosa (fis. 128/1), y Ana Verónica García de Porras (fis. 13 1/1). De contenido totalmente distinto son los testimonios de Carlos Julio Reyes Moreno y Publio Ormacio Moreno Ordóñez. quienes dijeron haber presenciado los hechos desde el segundo de la residencia Piso

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Sañl \ orin 13. donde fue herida la menor. El piimcro, hizo el siguiente relato de lo

acontecido: Mire yo estaba en la ventana del segundo piso de la casa, no me había tomado ni una cerveza, estaba mirando por la ventana hacia la calle cuando, cuando (sic) el señor del almacén venía siguiendo a 01ro señor, este señor SaiM venia con tres personas mis de chompa negra siguiendo a un señor que iba adelante con un saco blanco, los otros le decían a don Saúl que le diera y fue cuando el señor Saú.l de la tienda se los hizo, dos disparos, como a unos quince metros de distancia estaba el sujeto al que le disparó, el señor SaiM tenía un revólver 38 largo niquelado, cuando estaban haciendo los dos tiros cmire llamé a mi cuitado Julio (sic) Grmacio Moreno y le dije que van a matar ese man' entonces él también se asomó a la ventana, cuando el señor escuchó los tiros, el señor que iban persiguiendo, se hizo al lado de una tienda que hay al frente de la casa de nosotros, ahí se estuvo al lado de una puerta y en ese momento don Saill llegó y lo ultrajó y lo hizo salir y devolver otra vez hacia arriba hacia la tienda de él, cuando él lo hizo bajar del anden le pegó un chachazo en la cabeza, cuando lo llevaban para arriba entre los tipos y el señor SaÚJ fue cuando nosotros voltearnos a mirar y la niña cayó al piso, ella trataba de levantarse y no podía y tenia la cara llena de sangre, y los señores siguieron hacia la esquina, hasta uno de esos llevaba una peinilla que se le veía en la

chompa, ninguno se había dado cuenta pon la cuestión de la pólvora, £rni entonces fue cuando salió la mxuá de la niña y dijo niña me la mataron' ella pensó que era urna pedrada y salió hacia el lado de la policía a llevarla al hospital pero ninguno sabía qué era, cuando al momento salieron con olio muchacho herido en el bus también referente a eso, o sea cuando los tiros cayó la niña y el otro muchacho REPIJBUCA DE COLOMBIA /e t9%,cma (/e C2ión 13448 Sal\\1orisn B. también cayó y a él lo echaron al bus y murió llegando al llospit2l. Yo vi cuando al muchacho lo estaban echando al bus, no me di cuenta en qué parte del cuerpo lo hirieron a él" (tls.47 y 48/1). El segundo, precisó: Bueno, el 24 de diciembre, estaba en la casa de mis suegros, en el segundopiso, estábamos solo faniilia, mis suegros, mi señora, mis niñas y tui cuñado de nombre Carlos Julio Reyes, mi cuñado estaba asomado a la ventana, y me llamó para decirme venga le rnuesto algo, y cuando yo me asomé a la ventana bajaban tres tipos y SaÚl, corriendo a otroindividuo, Saúl Florián, llevaba un revólver en la mano, era un revólver 38 largo,niquelado, diagonal a la casa de mis suegros hay una tienda y en el momento en que Saúl hizo los tiros, al sujeto (sic) que iban. corriendo se metió a la tienda para esquivar los

tiros, después ellos Saúl y sus acompañantes, entraron a la tienda de la vecina, pero no se el nombre del propietario, y ellos Saúl y sus acompañantes sacaron a la persona que perseguían, lo sacaron encañonado y pegándole, Saúl lo llevaba encañonado, inclusive le vimos la intención de disparar sobre dicha persona, después Saúl cogió el tipo por delante y con el mismo revólver le pegó en la cabeza por la parte de atrás y se lo llevaron., después de esto que ellos Saúl y sus acompañantes y el sujeto que llevaban por delante, salió la marilá de la niña herida me parece que la niña llama Johiann.a, y la encontró herida en el andén de la casa, nosotros estábamos viendo desde el segundo piso, y vimos que la menor estaba botando sangre de la cabeza, después de esto nosotros bajamos al primer piso y salimos a la calle, dándonos cuenta de que metros más abajo estaban recogiendo otro REPUBIJCA DE COLOMBIA ón 13448 lorin B. herido" (fis.56 y 5711). Ambos testigos mantuvieron su relato en audiencia pública (fls.352 y 37611). Del proceso hacen también parte el informe policial de 25 de diciembre de 1990, relacionado con la retención inicial de SaÚl Florián Bernal, y el testimonio del oficial que lo suscribe, quien asegura que el imputado reconoció haber sido el autor de los disparos, explicando que los hizo porque dos sujetos pretendían hurtarle urnas botellas de vino (fls.81 y 10211). De igual manera, la declaración de Humberto Cortés Basallo,

propietario del estable citriien.to comercial donde pretendió refu.giarse la persona que venia siendo perseguida, quien relata las circunstancias que acompafiaron la persecución (fis. 106/1). Cerrada la investigación, el funcionario instructor, mediante proveído de 30 de abril de 1992 (fis. 16011), calificó el mérito del sumario con reapertura de la investigación., hasta por el término de sesenta días, conforme a lo establecido en el articulo 473 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente (Decreto 050 de 1987). El 18 de enero de 1994, la Fiscalía 103 de la Unidad de Vida, a donde pasaron las diligencia por competencia, declaró clausurado de nuevo el ciclo investigafivo (fis. 190/1). Esta decisión fue revocada en providencia de 17 de mayo siguiente, tras advertir el funcionario instructor que la situación jurídica del procesado no había sido resuelta Por tal motivo, procedió en el mismo proveído a hacerlo, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de homicidio y lesiones r .3 REPUBLICA DE COLOMBIA /eemz (i / C n 13448 iy(cid:9) Saií oiián B. personales, conforme a lo previsto en los artículos 323 333 inciso y segundo del Código Penal (flsA96, 216, 243/1). Cerrada nuevamente la investigación, c1iñcó su mérito el 25 de febrero de 1995 con resolución de acusación por los mismos delitos (fls.253 y

260/1), decisión que fue confirmada por el superior el 6 de febrero de 1996 (11s.295/1). Rituado el Juicio, el Juado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá condenó al procesado a la pena principal de 10 años y 2 meses de prisión, y multa de un mil pesos, y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el térnimo de 10 años, como autor responsable de los delitos de homicidio y lesiones personales por los cuales fue llamado a responder en juicio (Lls.399424 del cuaderno principal). Apelado este fallo por la defensa, el Tribunal Superior, mediante el suyo de 24 de febrero de 1997, que ahora es objeto del recurso extraordinario de casación, lo confirmó en todas sus partes (fls.3 del cuaderno del Tribunal). La demanda. Dos cargos, uno con fundamento en la causal tercera de casación, y otro al amparo de la primera, presenta el demandante contra la senfrneia impugnada REPUBLICA DE COLOMBIA Sf (21,),enza ,€/J/k. ) t'a .óri 13448 Sa -l'han B.

Causal tercera: Sostiene que la Fiscalía violó el debido proceso al disponer mediante providencia de 17 de mayo de 1994 la revocatoria del cierre de la investigación y entrar a resolver la situación jurídica del indagado con medida de aseguramiento de detención preventiva, no obstante haber sido ya calificad.° el mérito del sumario por primera vez, y estarse tramitando el proceso con arreglo a las normas del Decreto 050 de

1987.

Argumenta que las disposiciones del nuevo estatuto procedimental no eran aplicables en el presente caso, por dos razones: porque venía siendo adelantado de acuerdo con el código anterior, y porque sus disposiciones resultaban más favorables para el procesado. Por eso, y porque el sindicado ostentaba una situación consolidada, debió calificarse el sumario por segunda vez, COMO lo disponía la norma anterior, y no ordenar, como se hizo, la revocatoria del cierre de la. investigación para resolver sil situación jurídica_ Los funcionarios de instancia han sido insistentes en sostener que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir (artículo 40 de la ley 153 de 1887). Este principio ha sido tomado como único, corno axioma intocable, lo cual no es cierto, pues es doctrina constitucional y legal que el procedimiento no debe

REPUBL1CA DE COLOMBIA

91 '11 W ovete e-ZA,~zcz C óri 13448 Sa orián B. tener aplicación inmediata si aparece a simple vista que es menos favorable que el anterior. Concluye diciendo que el proceso debió, en. consecuencia, ser tramitado de acuerdo con la normatividad anterior, no con arreglo a las nuevas disposiciones, y que esta irregularidad vicia de nulidad lo actuado desde el auto de 17 de mayo de 1994, inclusive.

Causal primera: Violación indirecta de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal y falta de aplicación del 329 ejiks&m, producto de errores en la valoración de los testimonios de Carlos Julio

Reyes Moreno y Publio Onnacio Moreno Ordóñez, que llevaron a los juzgadores a sostener que la conducta se cometió a título de dolo eventual, no de culpa como lo planteó la defensa Afirma que el querer del procesado nunca fue lesionar a quienes finalmente resultaron afectados, sino a la persona que perseguía, y que de la prueba allegada no surge que hubiese previsto dichos resultados como posibles, y menos aún, que habiéndolos previsto los hubiese aceptado. Del croquis hecho por el testigo Carlos Julio Reyes Moreno se aprecia con toda claridad el trayecto recorrido por el sindicado antes de. disp2r2r. Si estudia con cuidadoq e. poda advertir qui-. lo Rt . sostenido por el Tribunal, en el sentido de que Sal Florían Bernal REPUBLICA DE COLOMBIA Are. e_94(2~7.« 144C. tft, óri 13448 Sa orián B. previó otro resaltado y lo asumió, no corresponde con lo expuesto por el testigo, por cuanto el procesado bien hubiese podido hacer los dos disparos cuando salió del almacén, o inniediatame.nte después, pero no lo hizo, sino que "esperó más tiempo y distancia para tenerlo más cerca (5 metros), para no errar en el disparo y de consiguiente no agredir a nadie" (fls .29/2). Esta es la interpretación correcta de lo acontecido, pues si el procesado no disparó antes a quien perseguía, fue precisamente porque quería evitar causarle perjuicio a las personas que se encontraban a esa hora en la vía pública "Este seria el verdadero sentido de lo manifestado por

el testigo, malogrado en la motivación de la sentencia de segunda grado; por esta razón no se puede hablar de dolo indeterminado o eventual" (fLs .29/2). La intencionalidad que el Tribunal atribuye al procesado no existe, porque, corno lo acepta la sentencia su propósito n.o era dispararle a Luis Alberto Carvajal ni a la menor Johanna Marcela Zarribrano. Tampoco se represento dicho resaltado, porque lo buscado era lesionar solo a la persona que perseguía_ Por ende, lejos está de poderse pregonar dolo eventual. Cuando sale de su negocio, y avanza detrás del sujeto, no lo hace por correr, sino con un propósito determinado. Aquí no hay nada de incierto, de eventual, tanto es así que solo cuando ya tiene a "boca de jarro" la persona que le había hurtado sus mercancía, es cuando dispara, aspecto este en el cual son categóricos los dos testigos de cargo_ REPUBLICA DE COLOMBIA Zy(é e...-WAremcz ón 13/148 orián B. Si el procesado hubiese empezado a disparar de manera indiscriminada en todas las direcciones desde que salió de su establecimiento, se estaría en presencia de un dolo eventual, porque habría hecho suyas "todas las eventualidades". Pero esto no sucedió. Sin embargo, el Tribunal, apartándose por completo de los hechos, sobre todo de lo dicho por los testigos presenciales, llegó a conclusiones desafortunadas, fundamentado en definiciones conceptuales, para tratar de "acomodar el dolo eventual". Consecuente con sus argumentaciones solicita a la Corte casar la

sentencia impugnada y dictar la que en derecho corresponda. Concepto del Ministerio Público. Causal tercera. El Procurador Primero Delegado en lo Penal sostiene que el demandante carece de razón cuando afirma que el estatuto procedimental aplicable al caso sub judice es el Decreto 050 de 1987, porque de acuerdo con el artículo 13 transitorio del Código de 1991, solo los procesos en los cuales había sido iniciada o realizada la audiencia pública, debían continuar rigiéndose por dicha normatividad. Los demás, debían serlo de conformidad con el nuevo estatuto. Revisado el proceso se constata que para la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código (primero de julio de 1999), se encontraba en la fase instructiva, puesto que había sido calificado el mérito del 10 RE PUBLICA DE COLOMBIA At¿cia, -),/e e__ZA,rema (/C ón. 13448 c. Hollan. B. SUM2110 con reapertura de la investigación, y que se imponía, en consecuencia, cerrar la investigación y calificar de nuevo su mérito, no con arreglo a lo previsto en el artículo 473 del Decreto 050 de 1987, como lo pretende el censor, sino con fundamento en el artículo 329 del nuevo estatuto. Lo que pasó fue que la Fiscalía omitió resolver la situación jurídica del procesado, y por ello revocó al cierre para hacerlo, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 438 ejusdem. Tampoco acierta el recurrente cuando invoca el principio de favorabilida.d, pues sabido es que la ley procedimentat por regla

general, no se aplica a actuaciones cumplidas ante de su vigencia, "y por lo mismo, que los efectos inherentes a la norma imperante pala dicha época subsisten, independientemente del tránsito legislativo, sin que sea dable afirmar que su aplicación se pueda poner en duda por las consecuencias que la nueva normatividad traiga consigo, en la medida en que es principio general en presencia de sucesión de leyes en el tiempo en que éstas (sic) deben regir para el futuro" - (página 6 del concepto). Bajo los anotados presupuestos considera que el reproche debe ser desestimado.

Causal primera: En relación con este reparo la Delegada sostiene que cuando el error se origina en la apreciación del valor de una prueba, el impugnante debe demostrar, en prima termino, que el juzgador distorsionó su expresión fáctica poniéndolo a decir lo que ella no ji

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Sa orián B. expresa, y en segundo lugar, que la estimación que hizo de su mérito no corresponde a la que debe hacerse de acuerdo con las reglas de la sana aitica Esta exigencia es desatendida por el censor, quien se limita a contraponer sus criterios de interpretación a los del juzgador, en el propósito de que se admitan de preferencia sus planteamientos en tomo a la configuración de un homicidio culposo. Por lo demás, el juzgador puede, en ejercicio del poder discrecional de que está investido en la valoración del mérito de las pruebas, otorgarle credibilidad a unas, y desechar otras, tal como ocurrió en el presente Caso, sin que ello

configure error. Al margen de los anunciados errores de técnica, tampoco le asiste razón al actor, puesto que el Tribunal dedujo la culpabilidad dolosa no solo del resultado, sino de las circunstancias que rodearon la consumación del hecho, que es la forma como se establece el aspecto subjetivo del delito, ante la imposibilidad de poder hacerlo por la vía direct2.. Y para los juzgadores no existió ninguna duda acerca de la responsabilidad del procesado a título de dolo. Doctrina y jurispmdencia siempre han afrontado dificultades para distinguir el dolo eventual de la culpa con representación. No obstante, hay consenso general en entender que mientras en el dolo eventual el sujeto se representa el hecho dañoso y no hace nada para evitarlo, asumiendo el darlo, en la culpa con representación hace algo por impedirlo. O sea que en el primer caso el sujeto actúa consciente y 12

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Z)Ve Át4ticia Ca ióii 13148 San orián B. voluntariamente, y aunque se representa la probabilidad de daño, no cambia los medios, modalidades, ni oportunidades de realización de la acción, mientras que en el segundo, en igualdad de condiciones, introduce cambios a su conducta El censor hace afirmaciones que no consultan la realidad probatoria Los elementos de juicio incorporados al informativo indican que los disparos los efectuó el procesado muy cerca del supermercado (no más de 15. metros), y no después de correr un largo trecho para poder acercarse y no poner en riesgo a los transeúntes, como lo sostiene el demandante. Téngase en cuenta que los hechos sucedieron en la cuadra

comprendida entre las calles 65 y 65 con carrera 20, o sea en un. trayecto de 100 metros, y que a mitad de ella resultó herida la menor, y 35 metros más adelante Nieto Carvajal, según surge de las versiones de Carlos Julio Reyes Moreno, Publio Ormacio Moreno Ordóñez y Humberto Cortés Basallo. Acorde con estos elementos de juicio, de los que además surge que a la hora del insuceso habla varias personas en la calle, resulta claro que el procesado prestó su conformidad a la producción de los resultados, y que las alegaciones del censor carecen de asidero probatorio. Por tanto, el cargo debe ser desestimado.

SE CONSIDERA:

13 REPUBLICA DE COLOMBIA W 1e ,Z/z,yenzad Ct.i n 13448 a9, Saiu1t'1orjan B.

Causal tercera: Violación del debido proceso. Indebida aplicación de las normas del Decreto 2700 de 1991 Violación del principio de favorabilidad.

La apreciación del demandante, relativa a que la investigación en el presente caso debió agotarse con arreglo al procedimiento establecido en el decreto 050 de 1987, y no de las disposiciones contenidas en el nuevo estatuto (Decreto 2700 de 1991), es equivocada, pues las normas procesales, como acertadamente lo sostiene la Delega en su concepto, se rigen por el principio de aplicación inmediata, salvo que la propia ley establezca excepciones. En el caso específico del Decreto 2700 de 1991, al delimitarse su ámbito de aplicación, sus efectos fueron circunscritos a los procesos en los cuales, para la fecha de su entrada en vigencia, no hubiese sido iniciada

la audiencia pública de juzgamiento. Los demás (en los cuales la audiencia hubiese sido ya iniciada), debían continuar tramitandose conforme a las disposiciones del estatuto anterior, según lo dispuesto en su artículo 13 transitorio. El nuevo código entró en vigor el 1' de julio de 1992, fecha para la cual el proceso que es Objeto de estudio se hallaba en periodo de instrucción, tras haber sido calificado su mérito con reapertura de la investigación (fis.16011)). Esto significa que la nueva normativid_ad le 14 REPUBIJCA DE COLOMBIA y/e t%42ema(cid:9) ó ón 13118 Sa'(cid:9) oiim B. era aplicable desde su puesta cii vigencia, por encontrarse en una fase ariteilor a la prevista en al citado articulo 13 traíLsitorio, y que la calificación correspondía hacerla a la Fiscalía, de acuerdo con lo establecido cii los artículos 9 transitorio y439 ejusdem. El demandante se empefia en sostener que la norniatividad anterior resultaba favorable al procesado, y que en razón (te esto la calificación del sumario debió hacerse con .nieglo a ella, pero no expone las razonçs de su afirmación, ni explica los motivos por los cuales, de haberse aplicado el procedimiento anterior, la decisión adoptada por la Fiscalía al calificar el incito del sumario habría sido sustancialmente distinta Cierto es que el principio general de aplicación inmediata de la ley procesal no es absoluto, y que cii determinados casos se establecen excepciones al mismo, según se trate de disposiciones de contenido puramente ritual (artículo 40 de la ley 153 de 1887), o de normas

procesales de efectos sustanciales (artículos 29 de la Constitución Nacional y 10 del Código de Procedinuienlo Penal), pero el actor no demuestra la concurrencia de ninguna de ellas, ni del estudio del proceso surge evidente su configuración. Aju.igar por el contenido de la ceiusuura, pareciera que la inconformidad del casacionista radica fun.ddrnlentalmente en el hecho de haber la Fiscalía revocado la resolución de cierre de la investigación para entrar en su lugar a resolver la situación jurídica del procesado, y dar así cumplimiento a lo establecido en el artículo 438 del actual código RE PUBLICA DE COLOMBIA n'e e9/ema (le j;ó2 Casón 13'148 Saúl(cid:9) rin B (modificado por el 56 de la ley 81 de 1993), pero este proceder, corno podrá verse en seguida, resulta en un todo acorde con la nueva norniatividad Para el 10 de octubre de 1994, fecha en la cual la Fiscalía tomó la decisión de clausurar el ciclo investga1ivo, ya se encontraba vigente el nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), y por ende, el mencionado artículo 438 de dicho estatuto, que ordena que en ningú.n caso podrá cerrarse la investigación si no ha sido resuelta la situación jurídica del sindicado. Por esta razón, la Fiscalía, al advertir que este presupuesto procesal había sido omitido, dispuso revocar la declaración de cierre para subsanar la informalidad, actuación que, en modo alguno, resulta violatoria del debido proceso, o de las garantías fundamentales del implicado. El cargo no prroossppeerraaCCaauussaall primera: Violación indirecta de la ley sustancial. Errónea apreciación de los testimonios de Carlos Julio Reyes Moreno y Publio Ormacio Moreno Ordóñez. Aplicación indebida del artículo 323 del Código Penal y falta de aplicación del articulo 329 ejusdem. 16

REPUBLICA DE COLOMBIA y7e &4e/,u? b Ca.ón. 13448

Salii l'1 oinii B. Cuando se plantea violación indirecta de la ley sustancial, por errónea apreciación de la prueba, se impo;ne para el accioriante la obligación de precisar la clase de error cometido, si de hecho por falsos juicios de existencia, falsos juicios de identidad, o falso raciocinio, o de derecho por falsos juicios de legalidad, o falsos juicios de convicción, y demostrar su incidencia en la decisión inipugnada En el caso que es objeto de estudio, el deniandante, dentro del marco de una alegación propia de instancia, se limita a sostener que lo afirmado por los juzgadores, en el sentido de que el procesado pudo haber previsto como posible el resultado finalmente producido, difiere de lo expuesto por los testigos Carlos Julio Reyes Moreno y Publio Ormacio Moreno Ordóñez, dando a entender que podría estarse en presencia de un error de hecho por falso juicio de identidad, derivado de la distorsión del contenido fáctico de los mismos, que en manera alguna demuestra Más aún. De la confrontación de sus alegaciones con los fundamentos del fallo se establece que los aspectos tenidos ea cuenta por los juzgadores de instancia para afirmar la culpabilidad dolosa del

procesado en el hecho en la modalidad de eventual, no son controvertidos por el actor, y que su propuesta de ataque se centra en el analisis de aspectos que ninguna incidencia tuvieron en la decisión impugnada Para el ad queni, La posibilidad de representación del resultado obtenido deriva, básicamente, de dos circunstancia Que los disparos REPUBLICA DE COLOMBIA o•yllé de Cas n 13448 Sant orián 11 fueron realizados en la vía pública, y que en esos momentos el lugar se hallaba bastante concurrido (los hechos ocurrieran cuando los niños y los habitantes del sector se disponían a celebrar con pólvora y música el advenimiento de la Navidad), sin que para nada hubiese incidido en la decisión, la distancia desde la cual el procesado realizó los disparos a quien perseguía, aspecto en el cual se soporta el cargo analizado. Si lo pretendido por el casacionista, era demostrar, por tanto, que los juzgadores de instancia violaron indirectamente la ley por errores de apreciación probatoria al afirmar la culpabilidad dolosa eventual del procesado en el hecho, debió acreditar que los fundamentos fácticos de esta conclusión (que los disparos fueron realizados en una vía pública concurrida), contrariaban la realidad probatoria, o que la circunstancia que invoca (distancia desde la cual se efectuaron) desvirtuaba dichas conclusiones, mas no fundar el reproche, como lo hace, en apreciaciones subjetivas, que riñen abiertamente con los postulados de la lógica y las circunstancias en las cuales sucedieron realmente los hechos.

Estas breves consideraciones, y las expuestas sobre el punto por el Procurador Delegado en lo Penal, que la Sala. comparte, resultan suficientes para desestimar la censura En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPRIMA DE JUSTICIA, SALA I)E CASACION PENAL, oído el concepto del Procurador Primero Delegado en lo Penal (E), administrando justicia en nombre de la. república y por autoridad de la ley, 18

REPUBLICA DE COLOMBIA : - 4i; I) • i Z 24 „.9fA; Q,ema rie fícIi.ícti.q . Casa 13448 c

San]. I tarjan B.

RESUELVE: NO CASAR la sentencia impugnada Devudvase al Tribuna de origen. CUMPLASE.

ECIGAR LOMBANA TRUJILLO ALV PINZON

Teresa Ruiz Nuñez

SECRETARIA 11 y