CSJ - SP13596(16-10-2003)

CASACIÓN No 13596

WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aprobado Acta No. 112 Bogotá D. C., octubre dieciséis (16) de dos mil tres (2003).

VISTOS: Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el defensor de WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA contra la sentencia del 20 de enero de 1997, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, que confirmó el fallo expedido por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de esa ciudad, el 21 de octubre de 1996, por medio del cual condenó al procesado a la pena principal de cuarenta (40) años y seis (6) meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de diez (10) años, como autor responsable del delito de homicidio agravado.

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W11-SON ARLEY LONDOÑO GARCÍA

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

1. Aquéllos ocurrieron el 25 de noviembre de 1995, a la

altura de la carrera 7413 con calle 97 de la ciudad de Medellín, hacia las once y media de la noche, aproximadamente, en momentos en que el señor Jhon Jairo García Rodríguez descendía de un vehículo de servicio público en compañía de su menor hijo Jhon Edier, y al dirigirse a su casa fue sorprendido por varios individuos que lo atacaron brutalmente, golpeándolo con un garrote y con los pies, y accionando armas de fuego. A causa de

la gravedad de las heridas, falleció momentos después, cuando era atendido por los médicos de la Policlínica Municipal. Los agresores fueron identificados como WILSON ARLEY LONDOÑO, Virgilio Arturo Jiménez y Jorge Luis Torres, por ser vecinos del sector. Posteriormente se determinó que los otros individuos respondían a los nombres de Rolando Alfonso Guzmán Restrepo, alias "mono roche" y Jair Zapata Obregón, respecto de los cuales se dispuso adelantar averiguación por separado. 2.- Ordenada la apertura de investigación, la Fiscalía 15 de la Unidad Segunda de Delitos contra la Vida e Integridad Personal vinculó mediante indagatoria a los inculpados, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, según resoluciones del 4 de diciembre de 1995 y del 9 de febrero de 1996, respectivamente'. 1 Folios 31, 38,171 7 184. C.O.

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3. Cumplido el término de instrucción, el 16 de abril de 1996 se calificó el mérito del sumario con resolución acusatoria contra WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA, Virgilio Arturo Jiménez y Jorge Luis Torres, como autores responsables de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Allí mismo se dispuso la ruptura de la unidad procesal, en razón a que no se vinculó legalmente a la investigación a Rolando 2 Alfonso Guzmán Restrepo y Jair Zapata Obregón Y,

4. El Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín

avocó el conocimiento de la causa y, luego de celebrar la diligencia de audiencia pública, dictó el fallo de primer grado que fuera confirmado en su integridad por el Tribunal Superior de Medellín, a través de providencia contra la cual se interpuso el recurso extraordinario que se procede a desatar3 .

LA DEMANDA: El recurrente formula tres cargos contra el fallo impugnado

al amparo de las causales tercera y primera, así: Primero. 2 Folios 220 y 245. Folios 272, 353 y 394.

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA Lo fundamenta en la carencia absoluta de defensa de su patrocinado WILSON ARLEY LONDOÑO y en el inadecuado trámite que se te imprimió al proceso:

1. En cuanto al primer aspecto, argumenta que desde el comienzo de la actuación el procesado contrató los servicios de un profesional que lo asistió en la diligencia de indagatoria y en el transcurso de la etapa instructiva se limitó a presentar un memorial solicitando la práctica de pruebas. Durante el juzgamiento, la asistencia profesional brilló por su ausencia dejando al procesado en el mas completo abandono pues se limitó a presentar un alegato en la audiencia de juzgamiento.

Recuerda el recurrente que la actual Carta Política obliga a la defensa técnica tanto en la etapa de la investigación como en la de la causa, hecho que le da mayor relevancia a la necesidad de que el sindicado sea defendido por un profesional del derecho y a que asista a todas y cada una de las diligencias que se tramiten a favor y en contra del mismo.

Luego de hacer referencia a diversos pronunciamientos de esta Corporación sobre el tema, asegura que su defendido en ningún momento recibió asesoría por parte del abogado en cuanto a los beneficios de una sentencia anticipada que le representara una significativa rebaja de pena, ni consultó con éste la calidad de las pruebas que se estaban presentando. Tampoco indagó si era cierto o no que WILSON ARLEY había enviado una carta a la familia del doliente y, aparte de no presenciar ninguna de las diligencias practicadas en forma oficiosa por el despacho,

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA presentó unos incipientes alegatos que jamás podrían desvirtuar la acusación que pesaba en su contra, máxime si se tiene en cuenta la magnitud del delito y sus graves consecuencias punitivas.

2. Sobre el segundo tópico, señala el libelista que el proceso presenta dos irregularidades que afectan el debido proceso, así: 2.1. No se integró toda la parte pasiva de la acción penal.-.

Plantea inicialmente que ante una denuncia contra varios autores o partícipes, es obligación de la Fiscalía escuchar en indagatoria a todos aquellos que presuntamente cometieron el ilícito y procurar su captura o, en su defecto, vincularlos mediante la declaratoria de reo ausente y nombrarles defensor de oficio. En el presente caso, tanto el hijo como el hermano del occiso manifestaron que los autores del ilícito fueron WILSON LONDOÑO, Virgilio, Jair (alias "Butifarra"), Jorge y el "Mono Roche", siendo este ultimo quien disparó contra la víctima. A través de los servicios de inteligencia, el fiscal instructor

constató que Virgilio tenía por nombre Virgilio Arturo Jiménez Martínez y que el "Mono Roche" se llamaba Rolando Alfonso Guzmán Restrepo, respecto de los cuales dispuso su captura. Posteriormente constató que Jair correspondía a Faber o Jader Marín y, como si fuera poco, los familiares del occiso aparecen incriminando a la señora Gloria Patricia Torres,

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA hermana de Jorge Torres, como la persona que puso las piedras para que el carro se detuviera. Además lanzaron incriminaciones contra Alfonso Marín, como el autor intelectual, quien prestó las armas para que con ellas dieran muerte a Jhon Jairo García Rodríguez. No obstante, el instructor no ordenó la vinculación de estos nuevos sindicados ni emplazó a las personas que resultaron comprometidas de alguna forma en los hechos criminosos, lo cual habría ayudado al esclarecimiento de los hechos, a determinar. quiénes fueron los verdaderos autores y hasta qué punto la parte acusadora mentía en sus declaraciones. Aduce el libelista que si bien la falta de vinculación de los presuntos autores o partícipes no genera nulidad por sí sola, ésta se presenta respecto de las falsas imputaciones en que haya podido incurrir la parte denunciante. Al respecto, los familiares de la víctima se dedicaron a buscar causales de la muerte de su pariente y para ello trataron de vincular a una vecina que señalaron como muy problemática y de implicar a su representado y a varios muchachos más en el robo a una casa, aduciendo que al ser descubiertos por el hoy occiso, éstos la emprendieron

contra él. En síntesis, la vinculación al proceso de todos los implicados hubiese dado nuevos elementos de juicio a los funcionarios, acercándolos a la verdad real de los hechos.

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA 2.2. No se investigó lo favorable y desfavorable a los implicados.- Argumenta el censor que en el sumario existe una sola prueba que incrimina a todos los que de alguna manera fueron vinculados a la investigación, cual es la declaración del menor Jhon Edier García, infante de 10 años de edad, a quien el funcionario le otorgó plena credibilidad sin mirar en conjunto las demás pruebas y sin someterlas a un análisis profundo de acuerdo a las reglas de la sana crítica. De otra parte, no se investigó el verdadero móvil de la muerte de Jhon Jairo García, pues se aduce como tal un ánimo de venganza de los implicados contra el occiso, porque días antes éste evitó que penetraran a robar a la casa de una vecina, doña Carlota, cuando ella misma desvirtuó esta versión en su declaración ante el instructor. Sobre el punto, Eutiquio García Rodríguez, en forma incoherente y llena de contradicciones, manifestó que los implicados que ultimaron a su hermano, días antes le habían robado una moto de su propiedad. En cambio, el menor solo refirió lo del robo de una casa que su padre impidió, y el patrón de éste adujo que el hurto de la moto había ocurrido en la puerta de la casa de Jhon Jairo. A juicio del demandante, todas estas contradicciones no fueron valoradas por los funcionarios judiciales como tampoco el

memorial firmado por vecinos del barrio que dan cuenta del buen

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WILSON ARLEY L0NDOII0 GARCÍA comportamiento de WILSON ARLEY LONDOÑO y la declaración, en el mismo sentido, de un profesor del procesado. De lo anterior concluye que los denunciantes en su afán de tomar venganza por la muerte de su familiar, buscaron implicar afanosamente a quienes se encuentran detenidos, valiéndose incluso de falsos testimonios, al punto de lograr que en forma obligada y con amenazas, artificios y engaños, la señora Marta Londoño, madre de WILSON ARLEY, elaborara una carta prácticamente dictada por un hermano del occiso, tal como lo explicó en su declaración jurada, y de la cual nunca se enteró el procesado, quien jamás expresó ánimo alguno de cambiar su primera versión de los hechos. Además, las declaraciones de la novia, suegra y cuñada y de la misma Diana Cristina Salazar, en cuya residencia se efectuó un baile de "15", afirmaron de manera enfática que WILSON ARLEY permaneció con ellas desde las 9:00 de la noche hasta la 1:00 de la mañana todo el tiempo, siendo imposible que este se alejara hacia la hora de los hechos para cometer semejante ilicitud, sin que estas se dieran cuenta, elementos de juicio que no fueron apreciados por los diferentes despachos judiciales, dejándose así de valorar por los funcionarios las pruebas en su integridad como lo ordena la ley. En esas condiciones, deduce que se vulneraron los

derechos fundamentales de su representado referidos tanto al debido proceso como a la defensa técnica, situación que convierte en nula la actuación procesal adelantada.

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA / Por lo tanto, solicita se case la sentencia acusada y n su lugar se decrete la nulidad del proceso desde la diligencia de indagatoria, inclusive, y se envíe el proceso al funcionario instructor competente para que reinicie la instrucción y se le conceda a su representado la libertad inmediata. Segundo. Con apoyo en la causal primera, atribuye al fallador la violación directa de los siguientes preceptos:

1. Artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, porque en el proceso existe solamente la declaración del menor Jhon Edier García Urrego, quien debido a su corta edad hace un relato fantasioso de los hechos y su dicho es preordenado por personas mayores. Por lo tanto, ese testimonio no constituye prueba suficiente que dé certeza al funcionario para tenerla como base de una condena, máxime cuando la misma está llena de contradicciones que llena de dudas la ocurrencia de los hechos.

2. Artículos 249 y 333 del mismo estatuto procesal, por cuanto los diferentes funcionarios en su afán de condenar al procesado tomaron declaraciones del menor y de sus familiares, sin tener en cuenta sus múltiples contradicciones y ánimo incriminatorio, y en cambio desestimaron los testimonios rendidos a favor de los encartados.

Así entonces, no se investigó si el sujeto que le tapó los ojos y la boca al menor, fue por colaborar con los homicidas o por

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA proteger al infante; no se tuvo en cuenta la declaración de la señora Marta Londoño, madre del procesado WILSON ARLEY, ni se ahondó en la conducta del obitado. En otras palabras, no intentaron acercarse a la verdad real de los hechos.

3. El artículo 445 del Código de Procedimiento Penal, porque en ningún momento se le reconoció al procesado el derecho fundamental de presunción de inocencia. Desde el auto de detención ya estaba condenado y nunca se aceptaron sus exculpaciones y las declaraciones que se presentaron a su favor.

No se atendió al principio del in dubio pro reo, a pesar de las innumerables contradicciones de las declaraciones de los familiares de la víctima, ni se conocieron los móviles del homicidio, y tampoco hay certeza de los hechos que incriminan a su defendido. Y a través de toda la actuación procesal se plantearon dudas acerca de la existencia del hecho en la forma narrada por el testigo único y las circunstancias que lo rodearon, y sobre la participación de su representado puesto que no existe prueba contundente de si el mismo se encontraba en un baile o si estuvo presente en el acto criminoso.

4. El artículo 29 de la Carta Política, debido a que no se dio aplicación a la garantía esencial a la defensa y porque las pruebas se recaudaron con violación al debido proceso porque a su práctica nunca asistió el defensor ni tampoco ejerció el derecho

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de contradicción. Solo se admitieron las incriminatorias y no las exculpatorias a favor del procesado. Por todo lo anterior, solicita se case la sentencia y en su lugar se absuelva a WILSON ARLEY LONDOÑO, de todos los cargos proferidos en su contra. Tercero. Atribuye al fallador la violación indirecta de la ley sustancial derivada de un error de hecho en la apreciación de las siguientes pruebas:

1. El testimonio del menor Jhon Edier García Urrego, respecto del cual no comparte el análisis efectuado por tos falladores de instancia al señalar que se constituía en plena prueba para condenar (artículo 247 del Código de Procedimiento Penal), pues el hecho de haber señalado a los presuntos homicidas de su padre, no implica necesariamente que estuviera en posibilidad física de observar los acontecimientos, si se tiene en cuenta el conocimiento previo que éste poseía de los presuntos enemigos del occiso.

Además, a la hora en que ocurrieron los hechos, doce menos cuarto de la noche, la oscuridad es igual para toda la ciudad, pero se vuelve más intensa en aquellos lugares alejados del centro. No obstante el menor declaró que allí se veía perfectamente, pero ningún funcionario constató tal afirmación a través de una inspección ocular, con reconstrucción de los hechos

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA para verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los rodearon. Argumenta que el menor estaba en imposibilidad de elevar las acusaciones que hizo si se tiene en cuenta que, según su declaración, WILSON le tapó los ojos y la boca y por tanto no

podía ver ni narrar lo ocurrido con lujo de detalles y, además, fue previamente aleccionado por sus tíos mayores, pues de otra forma no se explica que conociera las casas donde residían los presuntos atacantes y sus nombres propios y que éstos, coincidencialmente, aparecieran en una lista que tenía el finado con nombres y direcciones, por la creencia de que ellos le hurtaron una moto. Estima sospechoso que el señor Eutiquio García aparezca reclamando la moto y a la vez sea quien acompañe al menor a la declaración y que la familia del obitado pretenda coadyuvar su dicho, aportando posibles móviles de la muerte. Los funcionarios judiciales no hicieron un análisis real y detallado de la declaración efectuada por el menor, la cual es sospechosa y se torna inexistente por haberse recaudado sin el lleno de los requisitos exigidos y violando el debido proceso. Aparte de ello, los falladores en ningún momento miraron la capacidad jurídica de Jhon Edier, y si lo hicieron fue para desestimar los planteamientos hechos por la defensa en cuanto a ese testimonio, que a la postre se convirtió en la única declaración procesal. ÇASACIÓN No 13596

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2. En cuanto al dictamen de necropsia afirma el libelista que los falladores de instancia en su afán condenatorio, omitieron analizar esta prueba, en la cual se habla de tres clases de heridas: a) con arma de fuego; b) con arma cortopunzante; y, c) laceraciones.

En contraposición, el menor señala que los atacantes

primero le propinaron varios garrotazos y puntapiés a su padre, y según la doctrina, éstos producen heridas contusas y dejan una secuela bien determinada en el organismo. No obstante, enel informe de Medicina Legal no se habla de esa especie de heridas, aspecto que conlleva a afirmar que no existieron. De otra parte, el infante nunca manifestó que a su padre lo hirieran con armas cortopunzantes, hecho virtualmente grave porque a nivel del cuello, donde reposan órganos vitales, se produjo una herida mortal. De acuerdo al informe de necropsia, el occiso presenta tres disparos que fueron hechos de arriba hacia abajo, lo que lleva a afirmar que se realizaron cuando la víctima ya estaba en el suelo y la herida con la navaja, se produjo estando de frente y de pie. Por tanto, primero fue lesionado con la navaja y luego le propinaron los disparos en el suelo. El relato del menor difiere de lo analizado, el cual es producto de la imaginación y de la orientación preordenada de sus

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA familiares, tanto que agrega a la agresión patadas, puntapiés y dos disparos más.

3. Luego argumenta el casacionista que las demás pruebas obrantes en el proceso no aportan absolutamente nada, pues la familia de la víctima solo buscó lucro y venganza, tratando de vincular por todos los medios a personas ajenas al hecho.

Estima que el juzgador dejó de analizar la conducta sospechosa de Néstor García, hermano del finado, quien quiso

montar una coartada a WILSON ARLEY LONDOÑO y a 'su progenitora, quien manifestó haber recibido amenazas de aquél y para quitárselo de encima se vio obligada a elaborar una carta en la que su hijo manifestaba que estaba dispuesto a decir toda la verdad, la cual le entregó y reposa en el expediente. De lo anterior deduce que el citado hermano del occiso sabía que su representado no tuvo participación alguna en los hechos y por ello buscó la forma de incriminarlo y obtener así una virtual condena. Esto también lleva a pensar que las menores Fanny y Marieny Morales fueron amenazadas para que no rindieran un testimonio verídico. Agrega que los funcionarios judiciales no investigaron la conducta del occiso, pues existe constancia procesal de haber dado muerte a una persona, así como de haberle solicitado dinero a su patrón para comprar un revólver y vengarse de los que le habían robado la moto, y de habérsele encontrado una lista con los nombres y direcciones de quienes precisamente fueron

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA denunciados como los autores de los hechos, saltando a la vista un ánimo de venganza hacia estos, por parte de la víctima y de sus familiares. A renglón seguido comenta el libelista que estas pruebas no fueron valoradas por los falladores no obstante ser de suma trascendencia para el proceso, porque no se determinó en forma clara las circunstancias en las que se dieron los hechos ni los motivos que tuvo el homicida para dar muerte a Jhon Jairo y así adquieren vigencia las explicaciones dadas por su defendido en lo

referente a la imposibilidad de haber estado en el lugar de los hechos debido a que se encontraba en una fiesta desde las 9 de la noche hasta la una y media de la madrugada. De todo lo anterior concluye que el juzgador le negó valor probatorio a las declaraciones que favorecían a su defendido, a consecuencia de lo cual solicita se case la sentencia impugnada y, en su lugar, se absuelva a WILSON ARLEY LONDOÑO.

CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA:

Primer Cargo.

1. La censura formulada al amparo de la causal tercera de casación por supuesta violación del derecho a la defensa técnica, resulta absolutamente contraria a los parámetros técnicos, pues

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WILSON ARLEY LND0Ñ0 GARCÍA en su desarrollo el casacionista se aparta de ese planteamiento para señalar la supuesta ocurrencia de irregularidades que afectan el debido proceso. Recuerda que en virtud del principio de autonomía de los cargos, tales reproches deben formularse en forma separada y, de acuerdo al alcance de la nulidad, proponerse como principal y subsidiario, respectivamente.

2. Aparte de esos desaciertos técnicos, en lo que respecta al desconocimiento del derecho a la defensa, dice que el recurrente hace un enunciado general de las falencias que le atribuye al togado que representaba los intereses del procesado, sin detenerse a indicar alguna posibilidad de defensa en concreto y además la sola actitud pasiva no implica desconocimiento de esa garantía.

Y entonces concluye que si bien el defensor de LONDOÑO

no desplegó una abrumadora actividad defensiva, esa actuación por sí sola no se presenta perjudicial para las garantías del procesado, ni el casacionista así lo demostró.

3. En lo referente al desconocimiento del debido proceso, estima que tampoco le asiste razón al libelista por no haberse integrado la parte pasiva de la acción penal pues, si bien el menor Jhon Edier García sindica del homicidio de su padre a dos personas más, que luego fueron identificadas como Jair Zapata Obregón y Alfonso Guzmán Restrepo, el instructor al momento de calificar el mérito del sumario, determinó la necesidad de aclarar

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCÍA lo referente a la actitud agresiva por parte de Patricia Torres, tía del procesado Jorge Luis Torres, y dispuso el rompimiento de la unidad procesal respecto de los citados Zapata y Guzmán. Recordó que la no vinculación al proceso de todos los partícipes no genera nulidad porque la responsabilidad es individual en materia penal y el censor no demostró de qué manera habría repercutido la vinculación de los citados en la situación de LONDOÑO GARCÍA. Acerca del desconocimiento del principio de invest integral, estima que el reproche adolece de la más mínima claridad en sus planteamientos y el libelista traslada su ataque al campo de la apreciación probatoria. Agrega que con independencia de que el homicidio hubiese respondido al deseo de venganza de los procesados porque la víctima les impidió la comisión de un hurto en una casa vecina, o porque esté relacionado con el hurto de una motocicleta de su

hermano, o cualquier otro motivo, ello no modifica el compromiso penal de WILSON ARLEY, cuya autoría se encuentra acreditada. Concluye la Procuradora que el cargo deviene inadmisible, no sin antes señalar que los reclamos por no haberse tenido en cuenta el escrito firmado por vecinos det barrio que dan cuenta de la buena conducta del procesado, y la supuesta elaboración de una carta por parte de su progenitora, resultan completamente ajenos a la causal aducida.

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Segundo Cargo. Considera que tampoco resulta acertada la proposición de este ataque, pues el censor áduce la violación directa de diversos preceptos, pero en su desarrollo se ocupa de la crítica a la apreciación probatoria realizada por el juzgador, así como de cuestiones intrascendentes a su intención de desvirtuar la versión del hijo del occiso, para referirse a aquellos aspectos que se dejaron de investigar, tales como el motivo que tuvo alguno de los sujetos al cubrirle los ojos al menor y demás cuestionamientos que no permiten un análisis en el marco de la causal primera que por violación directa se plantea, máxime si ellos involucran supuestas violaciones al debido proceso. En virtud del principio de limitación que rige en casación, torna insalvable los yerros detectados y estima que la censura se debe rechazar. Tercer Cargo. Afirma la Procuradora que al igual que en los anteriores, el censor incurre en desaciertos técnicos que conducen a su desestimación. De un lado, plantea que el sentenciador incurrió en error de

hecho en la declaración del menor Jhon Edier García Urrego, sin precisar a cuál de sus modalidades corresponde el supuesto yerro, insuficiencia que le resta claridad y precisión al reproche.

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WILSON LONDOÑO GARCÍA, ARLEY De otro, elabora su propio análisis desvalorativo de ese testimonio en contraposición al análisis del juzgador, sin demostrar el desconocimiento de las reglas de la sana crítica, en forma tal que configure un protuberante error de raciocinio. En cuanto al argumento de que el menor no estaba en posibilidad física de observar los acontecimientos, en razón de la oscuridad de la noche, que resulta aún mayor en sectores pobres de la ciudad, es una suposición que no afecta la capacidad demostrativa del relato del testigo y no constituye un hecho cierto que todos los sectores marginados de la ciudad de Medellín, en las noches permanezcan en penumbras. Además, el mismo testigo en su declaración es quien afirma que las lámparas estaban encendidas y que se veía bien. Tampoco resulta válido desestimar el dicho del menor por el hecho de que uno de los delincuentes le cubriera sus ojos, pues ello responde a un análisis sesgado y parcial de la declaración, de la cual es posible establecer, conforme a la secuencia lógica de los hechos, que cuando esto ocurre, el menor ya ha observado la mayor parte de la agresión sufrida por su padre. En lo relativo al aleccionamiento del testigo por parte de sus familiares, además de ser una mera especulación, resulta poco probable si se tiene en cuenta el corto lapso que transcurrió entre

la ocurrencia del hecho (11:30 p.m.) y la primera versión que rindió ante el funcionario de la Fiscalía que practicó la diligencia de inspección al cadáver (00:35 a.m.), en la que el menor relató lo sucedido delante de sus familiares. ~k

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LONDOÑO GARCÍA, Estima que las demás apreciaciones del libelista carecen del soporte suficiente como para reconocerles algún grado de importancia, pues el valor determinante del testimonio del menor, radica en que presenció de cerca el homicidio y como conocía a sus autores, los identificó plenamente. Solicita a la Corte no casar la sentencia impugnada.

CONSIDERACIONES:

Cargo Primero. Con fundamento en la causal tercera de casación, aduce el recurrente el desconocimiento del derecho a la defensa técnica y del debido proceso, sin que en realidad logre demostrar cómo efectivamente cada una de las irregularidades alegadas afectaron las garantías de su representado y la estructura de la actuación, ni su trascendencia en la decisión impugnada, incumpliendo así con un imprescindible requisito para la prosperidad de las censuras, en tanto que en materia de nulidades el simple señalamiento de una irregularidad no basta para propugnar por la invalidez de lo actuado. Además, se sustrajo del deber de formular cada reproche en forma independiente y terminó solicitando, respecto de todos, la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de indagatoria, inclusive, sin reparar en el alcance que de manera independiente tendrían sobre la actuación las irregularidades denunciadas:

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LONDOÑO GARCÍA,

1. En punto a la garantía de la defensa técnica, la Sala tiene precisado que no toda ausencia de gestión por parte del letrado implica necesariamente su desconocimiento, sino que es necesario constatar, de cara a la realidad procesal, que con ella se impidió el ejercicio de uno o varios actos defensivos y que el procesado quedó en un evidente estado de desamparo y abandono.

Por tanto, no es de recibo que el recurrente asuma una posición crítica frente a los actos cumplidos por el abogado que estuvo a cargo de defender los intereses del procesado durante el trámite ordinario, ni la sola mención en abstracto de las actuaciones que en su sentir debió adelantar. Es necesario concretar los efectos negativos de esa aludida pasividad, al punto que surja evidente el completo abandono de la gestión encomendada, antes que la manifestación de una estrategia defensiva: 1.1. El recurrente no concretó el punto de controversia jurídica que la defensa del procesado dejó de debatir en las instancias, sino que se limitó a señalar que el profesional que lo asistió en la indagatoria y durante la etapa instructiva solo presentó un memorial solicitando la práctica de pruebas y, en la etapa del juzgamiento, un alegato en la diligencia de audiencia pública. Además, no demostró cuál habría sido el resultado favorable para el procesado en caso de que el defensor hubiera consultado con él la calidad de las pruebas que se allegaban a la

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WILSON ARLEY LONDOÑO GARCIA investigación, o de haber comprobado si en verdad LONDOÑO

GARCÍA fue quien envió la carta a los familiares de la víctima, en la que mostraba su interés de colaborar, como lo replica el libelista. Tampoco acreditó la repercusión que hubiese tenido la asistencia del togado de turno a las diligencias que oficiosamente se practicaron, ni en qué radica su desaprobación a los alegatos que se presentaron para desvirtuar la acusación que pesaba en contra del implicado. 1.2. Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que si bien es cierto la defensa técnica se materializa a través de diversos actos como los de contradicción de las pruebas, alegatos y de impugnación de las providencias, también lo es que un regulado control respecto de las actuaciones que se van cumpliendo, se traduce en una estrategia defensiva. Es precisamente la actividad desplegada por el defensor que el procesado designó desde el momento de la indagatoria, la que impide pregonar la ausencia de defensa técnica. Consta en el proceso que el citado profesional, además de solicitar pruebas en la etapa de la investigación en aras d