CSJ - SP13747(26-09-2002)

asación 13.747

JORGE O RIANA Y OTROS

Rjpú6(ica ¡e Co(om6ia Corte Suprema Le justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Aprobado Acta No. 115 Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dos (2002). VISTOS Se abstendrá la Sala de pronunciarse sobre la demanda de casación presentada por el defensor del señor 3ORGE OMAR TRIANA contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 12 de junio de 1997, porque se presenta una causal objetiva de improseguibilidad de la acción penal debido a que ésta se halla prescrita. ANTECEDENTES Para acreditar su calidad de bachiller a efectos de obtener el título de economista que habría de concederle la Universidad Autónoma de Colombia, ANA SUSANA TOVAR GALVIS entregó a la administración de ese centro educativo una copia autenticada del 1 asación 13.747 JORGE OM\TIANA Y OTROS 11 correspondiente diploma otorgado por el Colegio Ateniense y de dos certificados de registro del título, expedido uno por la Secretaría de Educación del Distrito Capital en el que consta que el grado se obtuvo en el mencionado colegio y otro por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, en el que se indica que fue conferido por el Colegio Distrital de Bogotá. Esta circunstancia hizo sospechar a un directivo de la universidad, quien verificó en la Secretaría de Educación de Cundinamarca la adulteración del registro que allí se había

efectuado. Enterada de los hechos y luego de constatar la naturaleza espuria de algunos documentos, la Jefe de la Sección de Diplomas de esa dependencia departamental formuló denuncia penal el 23 de abril de 1992, con base en la cual el Juzgado 20 de Instrucción Criminal declaró la apertura del proceso el 8 de mayo. Al entrar en funcionamiento la Fiscalía General de la Nación, la investigación le fue asignada al Fiscal 138 Seccional, quien oyó en indagatoria a ANA SUSANA TOVAR GALVIS el 13 de mayo de 1993 y le resolvió situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva el 7 de junio del mismo año. Igualmente fueron vinculados JORGE OMAR TRIANA y JORGE ALDEMAR CALDERÓN FORERO, servidores públicos de la mencionada Secretaría de Educación, a quienes se les dictó idéntica medida el 23 de septiembre de 1993, decisión que el 8 de octubre siguiente repuso el propio fiscal respecto del segundo. El 10 de noviembre, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior revocó esta última resolución y confirmó la detención preventiva del señor TRIANA. ación 13.747 JORGE OMA(cid:9) NA Y OTROS Más tarde fue escuchada en indagatoria CILlA ENRIQUETA DUARTE y declarado ausente LUIS AURELIO ALEMÁN ARÉVALO, afectados ambos con detención preventiva mediante resolución del 22 de septiembre de 1995. Clausurada la investigación el 15 de noviembre de 1995, el 12 de febrero de 1996 se calificó su mérito con resolución de acusación

contra JORGE OMAR TRIANA como autor de los delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad material de empleado oficial en documento público; contra JORGE ALDEMAR CALDERÓN FORERO como cómplice de falsedad ideológica en documento público; y contra CILlA ENRIQUETA DUARTE y LUIS AURELIO ALEMÁN ARÉVALO como determinadores de los ilícitos, decisión notificada personalmente al Ministerio PúbIco y a los defensores en febrero 13 y 22 y marzo 20 de 1996 y por estados el día 21 de marzo, de manera que ejecutoriada el siguiente día 26 se envió el expediente a los Juzgados Penales del Circuito el 2 de abril, correspondiéndole finalmente al 40, porque con anterioridad había dictado sentencia anticipada contra la señora TOVAR GALVIS. Concluida la audiencia pública el 23 de octubre de 1996, por sentencia del 15 de noviembre se condenó a JORGE OMAR TRIANA, LUIS AURELIO ALEMÁN ARÉVALO y CILlA ENRIQUETA DUARTE a la pena principal de 60 meses de prisión como autor, el primero, de los delitos de falsedad material de empleado oficial en documento público en concurso con falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, y como determinadores, los segundos, de los delitos de falsedad material de empleado oficial en documento público en concurso con falsedad ideológica en documento público agravada por el uso; y a JORGE ALDEMAR CALDERÓN FORERO a la pena de 18 meses de prisión como cómplice del punible de falsedad ideológica en documento público. A todos los condenados se les

impuso, además, la pena accesoria de interdicción de derechos y asacIón 13.747 JORGE OMAIANA Y OTROS funciones públicas por el mismo término de la correspondiente pena principal. Mediante sentencia deI 12 de junio de 1997, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a CALDERÓN FORERO y disminuyó a 40 meses la pena respecto de TRIANA, ALEMÁN y DUARTE, a quienes declaró responsables únicamente del cargo de falsedad ideológica en documento público y los absolvió de los demás.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La prescripción de la acción penal en los delitos cometidos por servidor público en ejercicio o con ocasión de su cargo o de sus funciones: Dos sustanciales variaciones introdujo la Ley 599 de 2000 en el tema de la prescripción de la acción penal cuando la conducta punible ha sido cometida por un servidor público, relacionadas con la extensión de la regulación a todos los copartícipes y con la manera como se debe contabilizar el término para que tal fenómeno se presente.

Recuérdese, respecto de lo primero, que por lo menos desde el auto del 9 de agosto de 1989, dictado con ponencia del magistrado Guillermo Duque Ruiz dentro del proceso radicado bajo el número 3.545, la Sala venía sosteniendo mayoritariamente que la ampliación del término de prescripción prevista por el artículo 82 del Código Penal adoptado mediante el Decreto 100 de 1980' no se aplicaba exclusivamente al servidor público que hubiese cometido el 1 El artículo 82 del Código Penal de 1980 disponía: 'Prescripción de delito cometido por empleado oficial. El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en

una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos". Csación 13.747 JORGE OM/It,IANA y OTROS ilícito, sino también a todos los sujetos que hubieren tomado parte en su ejecución, bajo el entendido de que "el término 'cometido', utilizado por el legislador en el precitado artículo 82 no puede interpretarse como referido de manera exclusiva al autor funcionario público, con la intención preconcebida de sustraer a los coautores o partícipes no funcionarios del régimen prescriptivo indicado", como se dijo luego en el auto del 7 de noviembre de 1995, radicado 10.636, con ponencia del magistrado Carlos Eduardo Mejía Escobar. No puede sostenerse hoy lo mismo frente a la previsión contenida en el artículo 83 del Código Penal que entró a regir el 25 de julio de 20012, pues mientras la norma anterior ampliaba el término de prescripción "si el delito fuere cometido dentro del país por empleado oficial...", el inciso 50, de la actual ya no alude al delito sino al servidor público, señalando que es a él a quien se le aumentará ese plazo. Dicho en otras palabras, mientras la legislación derogada autorizaba un incremento general e indiscriminado porque lo refería al delito, de manera que resultaban afectadas todas las personas que concurrieran a su realización, la vigente lo vincula directa y 2 Establece el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 de 2000): "Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo

igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte. También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado". Casación 13.747 JORGE O' TRIANA Y OTROS exclusivamente al servidor público, de modo que sólo respecto de él opera el aumento del plazo y ahora sí, debido precisamente a esta circunstancia, cualquier interpretación que pretendiera cobijar a los particulares sería extensiva y analógica, como reprochaban en el pasado los magistrados disidentes el claro entendimiento que derivaba la Sala del citado artículo 82. Con relación al segundo aspecto, debe también recordarse cómo desde el auto del 28 de abril de 1988, dictado con ponencia

del magistrado Rodolfo Mantilla Jácome dentro del proceso radicado 237, la Sala venía sosteniendo invariablemente que "cuando se persiguen delitos cometidos por sujetos investidos de la cualificación jurídica de empleados oficiales, y siempre que su delincuencia sea por causa o en relación con el cargo o función, el término de prescripción no puede ser inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, que es el quantum temporal resultante de aplicar al mínimo del artículo 80 el incremento de la tercera parte que dispone el artículo 82 del Código Penal", independientemente que se tratara de la etapa del sumario o la del juicio. Precisando el punto, dijo la Sala en otra oportunidad3 : "... el artículo 80 señala que la prescripción de la acción se presenta en un tiempo igual al máximo de la señalada en la ley si fuere privativa de la libertad, teniendo en cuenta las circunstancias de agravación y atenuación concurrentes, nunca inferior a cinco (5) años ni superior a veinte(20). Esta norma es complementada por los artículos 81 y 82, en el primero en el sentido de aumentar el término de prescripción en la mitad cuando el delito se hubiere iniciado o consumado en el exterior, y en el segundo, el incremento es de una tercera parte cuando el delito fuere cometido dentro del país por servidor público en ejercicio de sus funciones. Esto obliga a entender que cuando el Sentencia de¡ 23 de septiembre de 1998, M.P. Ricardo Calvete Rangel, radicado 14.020. 6 "Casación 13.747 JORGE RIANA Y OTROS artículo 84 se refiere a la mitad del término previsto en el

artículo 80, dejando el mismo mínimo, significa que su lectura hay que hacerla con las normas que lo complementan, pues es ilógico que la distinción sea solamente para el sumario y se deseche en el juicio, cuando las razones de dificultad que ameritan que el Estado tenga un tiempo mayor para investigar y juzgar esa clase de hechos siguen siendo las mismas". "Aún más, el término de prescripción para un delito iniciado o consumado en el exterior, o cometido dentro del país por un servidor público en ejercicio de sus funciones o de su cargo, o con ocasión de ellos, no lo fija el artículo 80, situación que llevaría a decir que la disminución de que trata el artículo 84 no se aplica a esos casos, pues en realidad para ellos el término de prescripción de la acción está dado por la integración de los artículos 80 y 81, y 80 y 82. Como el artículo 84 es posterior, se entiende que se aplica a los eventos anteriores, pero siempre y cuando su lectura sea completa". "Este es el criterio adoptado por la Corte de tiempo atrás, inicialmente en forma unánime, después con un salvamento de voto, repetido en numerosas decisiones, entre ellas las de mayo 2 y septiembre 5 de 1990, M. P. GUILLERMO DUQUE RUIZ; abril 28 de 1992, M. P. JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA; diciembre 6 de 1995, M. P. RICARDO CALVETE RANGEL; y 28 de agosto de 1997, M. P. CARLOS AUGUSTO GALVEZ

ARGOTE.".

Bien diferente es la situación actual, pues regulados en el

mismo artículo 83 el término general de prescripción y el especial amplificado cuando el autor de la conducta ostenta la calidad de servidor público, la remisión que a esa disposición hace el artículo 86 implica que el plazo extintivo de la acción penal se calcule de ' Dice así el artículo 86 del Código Penal: interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada. 7 UN Q sación 13.747 JORGE OMA IANA Y OTROS una vez para todo el proceso, sólo que luego de ejecutoriada la resolución de acusación empieza a correr de nuevo, aunque únicamente por la mitad del tiempo inicialmente determinado. Es decir, si antes de entrar en vigencia la Ley 599 de 2000 el incremento de la tercera parte se hacía independientemente en el sumario y en el juicio, de manera que en ningún caso el término de prescripción resultaba inferior a seis años y ocho meses, con el nuevo estatuto el aumento se calcula con prescindencia de la etapa en la que se encuentre el proceso y, si está en la instructiva, correrá por todo el tiempo, pero si se halla en la de juzgamiento, sólo lo hará por la mitad. Para advertir con claridad la variación introducida por el nuevo Código Penal, considérese por ejemplo el caso de un proceso por el delito de prevaricato por acción cuya pena máxima, tanto en el anterior artículo 149 como en el actual 413, ascendía a 8 años de prisión. En vigencia del Decreto 100 de 1980, el término de prescripción en el juicio se calculaba concordando primero los

artículos 80 y 84 y aplicando al resultado el incremento previsto en el artículo 82. Por lo tanto, como la mitad de 8 era inferior a 5, sobre esta cifra se aumentaba la tercera parte para un total de 6 años y 8 meses, que era el tiempo que debía transcurrir para que el Estado perdiera toda posibilidad de ejercer su potestad sancionatoria. Hoy la operación que debe hacerse es diferente: a los 8 años señalados por el artículo 413 se le incrementa la tercera parte que ordena el artículo 83, lo que alcanza la cantidad de 10 años y 8 meses. Pero como el artículo 86 rebaja el término a la mitad, la acción penal prescribiría en 5 años y 4 meses.

2. El caso concreto.

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)". 8 Casación 13.747 JORGE 0MA' IANAYOTROS Inicialmente debe tenerse en cuenta que la sentencia, "cuando es condenatoria y se pronuncia bajo los parámetros del debido proceso y concordante con la resolución acusatoria, es el único pronunciamiento judicial dentro de la fase ordinaria del proceso con categoría de definitividad en la imputación penal, sea que la mantenga en los mismos términos de la acusación fiscal o que le introduzca variaciones de menor compromiso penal, de donde se colige que es el tipo penal contemplado en el fallo de las instancias con las circunstancias específicas declaradas, el que

establece el término de la prescripción de la acción penal".-5 En consecuencia, como el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia condenatoria sólo con relación al delito de falsedad ideológica en documento público y absolvió a todos los procesados respecto de los demás cargos, decisión esta que por no ser materia del recurso de casación resulta inmodificable, la determinación del plazo prescriptivo debe calcularse sobre la base de una pena máxima de 8 años fijada por el artículo 286 del Código Penal, cuya aplicación retroactiva se deriva de la favorabilidad que reporta frente a los 10 años establecidos por el anterior artículo 219, cifra que, incrementada en una tercera parte porque la conducta punible fue ejecutada por el servidor público JORGE OMAR TRIANA en ejercicio del cargo, asciende a la cantidad de 10 años y 8 meses, que se reduce a la mitad, esto es, 5 años y 4 meses, por mandato del artículo 86 del Código Penal. Como la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 26 de marzo de 1996, es evidente que el término prescriptivo se encuentra superado, pues se cumplió el 26 de julio del año en curso. Por lo tanto, debe decretarse en favor del señor JORGE OMAR TRIANA la cesación de procedimiento. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 9 de abril de 1999, radicado 13.165, M.P. Dídimo Páez Velandia. asación 13.747 JORGE OMA RIANAYOTROS Igual decisión se adoptará con relación a los particulares LUIS

AURELIO ALEMÁN ARÉVALO y CILlA ENRIQUETA DUARTE,

condenados en calidad de determinadores, respecto de los cuales el término de prescripción es de 5 años porque no los afecta el incremento que se aplicó al servidor público, según se explicó en el capítulo precedente. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia,

RESUELVE

1. Abstenerse de resolver el recurso de casación interpuesto por el defensor del señor JORGE OMAR TRIANA contra la sentencia del 12 de junio de 1997, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.

2. Declarar prescrita la acción penal por el delito de falsedad ideológica en documento público por el que fueron condenados los señores JORGE OMAR TRIANA, LUIS AURELIO ALEMÁN ARÉVALO y CILlA ENRIQUETA DUARTE y, por consiguiente, decretar en su favor la cesación de procedimiento.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al jç)zgado de origen. (

ÁLVARO OR 'DOT'ÉREZ PINZÓN

7FERNANDÜE ARBOLEDA IUPOLL A POVE/A

// 7? '.Casación 13.747

JORGE OFR TRIANA Y OTROS

ANÇTELLANOS CARLO A. A W ARGOTE V 0 Jo JORt - ;AL ¿MEZ GALLEGO ÉDGA" • BANA TRUJILLO

CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR(cid:9) fILSONPILLA PIN{LLA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria 11

SALVAMENTO DE VOTO

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M.P. DR. ALVARO O. PEREZ PINZON

SALVAMENTO DE VOTO Como la situación que aquí se debate tiene íntima relación con lo expresado en mí salvamento en la segunda instancia No. 18.766, magistrado Dr. Lombana Trujillo, me permito reproducir lo entonces dicho: "De acuerdo con los artículos. 80, 81 y 84 del Código penal recientemente derogado (Decreto 100 de 1980), la prescripción no operaba en la etapa de la causa antes del ténnino de cinco años incrementado en una tercera parte, cuando se trataba de delito cometido por servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos. Al respecto, en no pocas oportunidades la Corte precisó, por mayoría de votos, que el término de prescripción entratándose de procesado funcionario público que hubiere cometido el delito en ejercicio de sus funciones, de su cargo, o con ocasión de ellos, debe computarse de manera autónoma e independiente según se tratara del sumario o el juicio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 80y 84 del Estatuto punitivo en cita, y luego sí, sobre el resultado obtenido, aplicar el incremento de la tercera parte contemplado en el artículo 82. En ese sentido, en la decisión de segunda instancia de diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, con ponencia del Magistrado Doctor LISANDRO MARTINEZ ZUÑIGA, se sostuvo: "2.- Razón le asiste al Tribunal a quo al no haber accedido a la petición del impugnante, pues, como lo afirma el señor Procurador Tercero Delegado en lo penal, en concepto que precede y lo ha reiterado esta Corporación últimamente

en providencias de febrero 17 y julio 30 de 1987, dictadas en el proceso de única instancia número 948, el artículo 82 del estatuto punitivo no describe delito alguno sino que consagra un término que el legislador consideró apropiado para

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M.P. DR. ALVARO O. PEREZ PINZON la prescripción de los delitos cometidos por los empleados oficiales dentro del país y en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos. "El incremento del término prescriptivo de una tercera parte que dispone el citado artículo 82 en relación con el lapso del artículo 80 del Código Penal, no viola el non bis in idem, pues, se insiste, se trata de un término más amplio respecto a los delitos de sujeto activo común, que encuentra fundamento en razones de interés del Estado por agotar el máximo de tiempo posible para investigar esta clase de conductas por obvias consideraciones político-criminales, mas no se trata de un incremento a la pena; simplemente se ha tomado por el legislador aquella como referencia y bien hubiera podido señalar el mismo término del artículo 82 en forma independiente". En pronunciamiento de única instancia proferido el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho con ponencia del magistrado doctor RODOLFO MANTILLA JACOME, indicó la Sala: "Finalmente, considera la Corporación de especial importancia plasmar en este acápite su criterio acerca del fenómeno de la prescripción de la acción penal en este particular evento, en consideración a que las conductas punibles que se le han atribuido al ex - gobernador P. S. se consumaron hace más de cinco años, y

en atención a que el máximo de pena privativa de la libertad prescrita para ambas ilicitudes no supera los tres años de prisión. "El vigente Código Penal, a diferencia del inmediatamente anterior, consagró en su artículo 82 un incremento de una tercera parte predicable del lapso señalado en el artículo 80 ibídem, cuando las conductas delictuosas fueron cometidas dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos.

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M.P. DR. ALVARO O. PEREZ PINZON "La norma en comentario, en sentir de la Sala, no es otra cosa que la concreción de la voluntad del legislador penal dirigida a que el Estado retenga en su poder por un tiempo superior al indicado para las infracciones perpetradas por los particulares o por los funcionarios que delinquen sin relación con el servicio público, la potestad punitiva que le compete privativamente para la persecución de las conductas que el ordenamiento jurídico considera dignas de represión criminal. "En este orden de ideas, surge obvio que el incremento a que alude el artículo 82 del estatuto represivo en tratándose de delitos sancionados con pena restrictiva de la libertad inferior a cinco años, o con penas diferentes a aquella, debe necesaria e inexorablemente aplicarse al mínimo a que se refiere el canon 80 de la codificación penal sustantiva. "De lo anterior deviene con fuerza inocultable, que cuando se persiguen delitos cometidos por sujetos investidos de la cualificación jurídica de empleados oficiales, y siempre que su delincuencia sea por causa o en relación con el cargo

o función, el término de prescripción no puede ser inferior a seis (6) años y ocho meses, que es el cuantum temporal resultante de aplicar al mínimo del artículo 80 el incremento de la tercera parte que dispone el artículo 82 del Código Penal". Dicho criterio fue reiterado en Sentencia de segunda instancia proferida el 3 de mayo de 1988 con ponencia del Magistrado doctor JORGE CARREÑO LUENGAS, al precisar que la incorporación del artículo 82 al Código penal de 1980, según la exposición de motivos del proyecto de 1978, se hizo 'atendiendo a la dificultad para descubrir e investigar delitos cometidos por empleados oficiales, quienes en no pocas veces se aprovechan de su posición para obstruir la acción de la justicia, por lo cual se amplía el término de prescripción para los delitos cometidos por ellos en ejercicio de sus funciones, recogiendo de esta forma el clamor nacional por la purificación de la administración pública'. 3

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CASACION 13.747 ?VLP. DR ALVARO O. PEREZ PINZON Ya entrada en vigencia la Carta Política de 1991, en sentencia de casación proferida el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con ponencia del Magistrado JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA, la Corte señaló: "No obstante y dada la naturaleza de la infracción, es dable colegir según criterio que inspira a la mayoría de la Sala, que el fenómeno extintivo no se ha dado frente al contenido de los artículos 156, 80 y 84 del Código Penal, pues del

artículo 82 ibídem se infiere que para el caso presente el lapso relevante se amplía en una tercera parte sobre el limite mínimo de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, por tratarse de una infracción cometida con ocasión del cargo oficial que el sujeto agente cumplía, porque la sustracción absoluta a los deberes oficiales, lejos de constituirse en motivo que excluya el incremento previsto para la perseguibiidad de la conducta, pone más bien en evidencia que ese desamparo en que coloca a la administración la conducta omisiva del sujeto agente se constituye en factor de interés preferente del Estado por no dejar impunes los comportamientos ilícitos de sus servidores, cuando éstos se verifican con ocasión del cargo o de las funciones que les había diferido". Y, en auto de casación de radicado 11361 proferido el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve con ponencia de quien esta salvedad suscribe, mayoritariamente indicó la Corte: "Reiteradamente la Corte ha sostenido que el incremento del término prescriptivo establecido en el artículo 82 del Código Penal, cuando el delito ha sido cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones, o de su cargo, o con ocasión de ellos, opera por igual en el sumario como en la causa, y que su

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M.P. DR. ALVARO O. PEREZ PINZON aplicación, por tanto, debe hacerse de manera autónoma en cada uno de los referidos estadios procesales. "En el sumario, sobre el término de prescripción señalado en el artículo 80 del

referido estatuto, sin exceder de 20 años. En el juicio, sobre el monto establecido en el artículo 84 ejusdem, que como se sabe, en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años. De allí que la Corte haya insistentemente sostenido que el tiempo de prescripción en los casos contemplados en el artículo 82 del Código Penal, jamás podrá ser inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, cualquiera sea el estado del proceso (Cfr. Casación abril 28/92, Magistrado Ponente Dr. Torres Fresneda; auto diciembre 6/95, Sentencia revisión sep. 23/98, Magistrado Ponente doctor Calvete Rangel; Auto noviembre 12/98 Magistrado Ponente doctor Córdoba Poveda; y casación abril 20/99 Magistrado Ponente doctor Páez Velandia, entre otras". En auto de segunda instancia proferido el tres de abril de dos mil dentro del proceso de radicado 11.333 con ponencia del Magistrado NILSON E. PINILLA PINILLA, señaló mayoritariamente la Corte: "Es verdad, como lo señala la procesada, que la pena máxima prevista contra el servidor público que incurra en el delito de falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, es de 10 años de prisión (art. 223 C.P.) y que a partir del 28 de noviembre de 1994, fecha en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación, el término de prescripción por disposición del artículo 84 ibídem, se interrumpió y comenzó 'a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80'.

"Pero ha de advertirse que, según lo estatuido por el artículo 82 del estatuto citado, 'El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido dentro 5

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MP. DR ALVARO O. PEREZ PINZON del país por servidor público en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos' como ocurre con quien así actuó, desempeñándose como Juez Penal Municipal, motivo por el cual, en el reiterado criterio mayoritario de esta Corporación, a los cinco (5) años correspondientes a la mitad del mencionado máximo se debe sumar un año y ocho meses, para un total de seis años y ocho meses, término que contado a partir de la referida fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, se cumpliría el 28 de julio de 2001". Este criterio fue mayoritariamente reiterado en posteriores pronunciamientos como los proferidos el nueve de mayo de dos mil (cas. 16441), 18 de julio de 2001 (segunda Instancia 14661), y, a mi modo de ver, ahora modificado sin razón plausible. 2.- El fundamento central de la reciente postura mayoritaria de la cual disiento, radica en considerar que en la citada materia el nuevo Código Penal (ley 599 de 2000) trae redacción y organización estructural distinta de la contenida en el anterior Estatuto punitivo, por lo que "es más favorable para el procesado", y concluir que a tenor de los incisos 10 y 50 del artículo 83, al máximo de pena

privativa de la libertad previsto en la ley, primero se le suma la tercera parte y luego sí se divide por dos, cuando se trata de computar los términos de prescripción de la acción penal con posterioridad a la ejecutoria de la resolución de acusación proferida contra servidores públicos, por conductas punibles cometidas en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos. 3.- A mi modo de ver, no deviene acertado sostener que la redacción y organización estructura¡ del nuevo estatuto punitivo permite desentrañar que hubo alguna variación en las razones de política criminal que dieron lugar a la regulación normativa contenida en el Decreto 100 de 1980. Lo contrario; tales razones fueron enfatizadas. Si se revisa la exposición de motivos del proyecto que el Fiscal General de la Nación presentó a estudio parlamentario y que luego

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MP. DR. ALVARO O. PEREZ PINZON se convirtió en la ley 599 de 2000, sin dificultad se establece, que "se mantienen las reglas actuales de prescripción de la acción" (se destaca) como consta en la Gaceta No. 189 del 6 de agosto de 1998. Tómese en consideración que durante el trámite legislativo sólo se suprimió el inciso final del artículo 85 del proyecto original en