CSJ - SP13774(07-12-2001)

REPUBLICA DE COLOMBIA

SEGUNDA INSTANCIA N° 13.774

Ii (cid:9) 111 a 9,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA Aprobado acta N° 192 Bogotá. D. C., siete (7) de diciembre de dos mil uno (2001). VISTOS Se pronuncia la Corte respecto de la prescripción de la acción penal de la actuación que se adelanta contra el doctor Rafael Vicente Lugo Castro. HECHOS El doctor Rafael Vicente Lugo, en su calidad de Juez Segundo Penal del Circuito de El Banco (Magdalena), profirió el auto fechado el 22 de mayo de 1992, por medio del cual declaró la prescripc:ón de la acción penal en el proceso adelantado contra Rafael Medina Hernández, contra quien la Fiscalía General de la Nación había dictado resolución de acusación REPUBLICA DE COLOMBIA SEGUNDA INSTANCIA N° 13.77 a por los delitos de peculado por apropiación y peculado culposo, ordenando, consecuencia lmente, en su favor la cesación de procedimiento. En esta determinación, el funcionario judicial efectuó el cómputo del término de prescripción de la acción penal, que se había interrumpido con la ejecutoria de la resolución de acusación (artículo 84 del Decreto 100 de 1980), haciendo caso omiso del incremento previsto en el artículo 82 de la misma obra, en cuanto se trataba de un delito cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, lo que lo llevó a

colegir que habiendo trascurrido 5 años, 1 mes y 24 días desde la citada ejecutoria (27 de marzo de 1987), se había producido el fenómeno de la prescripción, cuando de acuerdo con la normatividad que entonces regía y considerando dicho aumento, aún la acción penal continuaba vigente. ANTECEDENTES 1.- Por estos hechos se adelantó proceso penal contra el doctor Rafael Vicente Lugo Castro, en el cual la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia revocó la resolución de preclusión de la investigación dictada en primera instancia por un Fiscal Delegado ante 2 REPUBLICA DE COLOMBIA SEGUNDA INSTANCIA N° 13.77 el Tribunal de Santa Marta y profirió resolución de acusación contra el procesado, el 16 de septiembre de 1996, por el delito de prevaricato por acción de que trataba el artículo 149 del Decreto 100 de 1980, que contemplaba una pena entre uno (1) a cinco (5) años de prisión, determinación que quedó ejecutoriada el 17 de octubre siguiente. 2.- La etapa de juzgamiento la adelantó el Tribunal Superior de Santa Marta, el cual dictó sentencia el 24 de julio de 1997, en la que absolvió al acusado de los cargos formulados por la Fiscalía. Contra esta determinación se interpuso recurso de apelación por el Procurador Delegado y la Fiscalía, el cual se encuentra para su estudio ante esta Colegiatura. LA CORTE CONSIDERA El nuevo ordenamiento penal (Ley 599 de 2000) introdujo un cambio sustancial en cuanto a la manera de calcular el lapso de prescripción de

la acción penal en la etapa de juzgamiento, cuando se trata de delitos cometidos dentro del país, por un servidor público en ejercicio de sus 3

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SEGUNDA INSTANCIA N° 13.774 9Ç1 ete Je ea funciones, de su cargo o con ocasión de ellos, según lo ha considerdo mayoritariamente la Sala.' En efecto, la interpretación sistemática de los artículos 80, 82 y 84 del Código Penal derogado (Decreto 100 de 1980) y 83 y 86 del vigente (Ley 599 de 2000), llevan a las siguientes conclusiones:

1. En ambos, el aumento de la tercera parte se aplica de manera autónoma tanto en el sumario como en el juicio.

2. En los dos, interrumpido el término prescriptivo de la acción penal, con la ejecutoria de la resolión de acusación o su equivalente, éste comenzará a correr de nue un tiempo igual a la mitad del máximo señalado en la ley (artículos 80 del C. Penal derogado 86 del actual). y

3. En ambos estatutos el lapso prescriptivo no puede ser inferior a cinco (5) años (artículos 80 y 83, respectivamente).

4. En el Decreto 100 de 1980 para calcular el término de prescripción en la etapa de juzgamiento, primero se dividía por dos el máximo de la pena privativa de la libertad previsto en la ley y luego se aumentaba la tercera parte, lo que significaba que si, por ejemplo, ese máximo era de 'Ver cas. 15.077, octubre 17 de 2001. M.P. Dr. Edgar Lombana Trujillo y auto del 16 de OCTUBRE de 2001, M.P. Drs.,

Alvaro Orlando Pérez P y Nilson Pinilla P., Rad. 18222. 4

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A V d ocho años, se dividía por dos, lo que daba cuatro. Como el resultado era inferior a cinco (5) años, menor al exigido en la ley, entonces se aumentaba a ese guarismo, esto es, a cinco (5) años, y a estos se les incrementaba la tercera parte, lo que daba seis (6) años y ocho (8) meses. Este método de contabilización traía como consecuencia que cuando se trataba de delitos cometidos dentro del país por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos, el lapso de prescripción de la acción penal en el juicio, nunca podía ser inferior a seis (6) y ocho (8) meses. En el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), al tenor de los incisos V y 5° del artículo 83, al máximo de pena privativa de la libertad previsto en la ley, primero se le suma la tercera parte y luego sí se divide por dos. En el ejemplo, partiendo de un máximo de ocho años (96 meses), se aumentará una tercera parte, lo que nos dará 128 meses que al dividirse por dos, dará un guarismo de 64 meses, esto es, cinco (5) años y cuatro (4) meses. Como se observa, este segundo procedimiento de cálculo es más favorable al procesado, por lo que se deberá aplicar. 5

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En el caso que ocupa la atención de la Sala, si consideramos que la

resolución de acusación quedó ejecutoriada el 17 de octubre de 1996 y que el máximo de pena fijada para el delito de prevaricato por el artículo 149 del Decreto 100 de 1980 era de cinco (5) años, concluiremos que la acción penal se ha extinguido por prescripción, por lo que se impone la declaratoria de tal fenómeno procesal y, en consecuencia, se dispondrá la cesación de todo procedimiento con relación al punible de prevaricato por acción. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, RESUELVE 1.- DECLARAR que la acción penal por el delito de prevaricato por acción a que se contrae este expediente y en el que aparece como procesado Rafael Vicente Lugo Castro, se encuentra prescrita. 2.- En consecuencia, se dispone la cesación de la actuación procesal. Notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de Origen. 6

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CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR

ARBOLEDA RIPOLLOBA POVED

.

HERMAN GASLLAOS CARLOS Vd ARGOTE

MEZ GALLEGO EDGA '1' BANA TRUJILLO

ALVARO ORLAN 1O PÉREZ PINZÓN(cid:9) <LSON P

TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria 7

SALVAMENTO DE VOTO

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M2. DR. JORGE CORDOBA POVEDA SALVAMENTO DE VOTO Como la situación que aquí se debate tiene íntima relación con lo

expresado en mi salvamento en la segunda instancia No. 18.766, magistrado Dr. Lombana Trujillo, me permito reproducir lo entonces dicho: "De acuerdo con los artículos 80, 81 y 84 del Código penal recientemente derogado (Decreto 100 de 1980), la prescripción no operaba en la etapa de la causa antes del término de cinco años incrementado en una tercera parte, cuando se trataba de delito cometido por servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos. Al respecto, en no pocas oportunidades la Corte precisó,por mayoría de votos, que el término de prescripción entratándose de procesado funcionario público que hubiere cometido el delito en ejercicio de sus funciones, de su cargo, o con ocasión de ellos, debe computarse de manera autónoma e independiente según se tratara del sumario o el juicio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 84 del Estatuto punitivo en cita, y luego sí, sobre el resultado obtenido, aplicar el incremento de la tercera parte contemplado en el artículo 82. En ese sentido, en la decisión de segunda instancia de diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, con ponencia del Magistrado Doctor (cid:9) LISANDRO MARTINEZ ZUÑIGA, se sostuvo: Mb

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M.P. DR. JORGE CORDOBA POVEDA "2.- Razón le asiste al Tribunal a quo al no haber accedido a la petición del impugnante, pues, como lo afirma el señor Phcumdor Tercero Delegado

en lo penal, en concepto que precede y lo ha reiterado esta Corporación últimamente en providencias de febrero 17 y julio 30 de 1987, dictadas en el proceso de única instancia número 948, el artículo 82 del estatuto punitivo no describe delito alguno sino que consagra un término que el legislador consideró apropiado para la prescripción de los delitos cometidos por los empleados oficiales dentro del país y en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos. Iw "El incremento del término prescriptivo de una tercera parte que dispone el citado artículo 82 en relación con el lapso del artículo 80 del Código Penal, no viola el non bis in idem, pues, se insiste, se trata de un término más amplio respecto a los delitos de sujeto activo común, que encuentra fundamento en razones de interés del Estado por agotar el máximo de tiempo posible para investigar esta clase de conductas por obvias consideraciones político-criminales, mas no se trata de un incremento a la pena; simplemente se ha tomado por el legislador aquella como referencia y bien hubiera podido señalar el mismo término del artículo 82 en forma independiente". En pronunciamiento de única instancia proferido el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho con ponencia del magistrado doctor RODOLFO MANTILLA JACOME, indicó la Sala: "Finalmente, considera la Corporación de especial importancia plasmar en este acápite su criterio acerca del fenómeno de la prescripción de la acción penal en este particular evento, en consideración a que las conductas 2

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M.P. DR. JORGE CORDOBA POVEDA punibles que se le han atribuido al ex - gobernador P. S. se consumaron hace más de cinco años, y en atención a que ¿1 máximo de pena privativa de la libertad prescrita para ambas ilicitudes no supera. los tres años de prisión. "El vigente Código Penal, a diferencia del inmediatamente anterior, consagró en su artículo 82 un incremento de una tercera parte predicable del lapso señalado en el artículo 80 ibídem, cuando las conductas delictuosas íueron cometidas dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos. "La norma en comentario, en sentir de la Sala, no es otra cosa que la concreción de la voluntad del legislador penal dirigida a que el Estado retenga en su poder por un tiempo superior al indicado para las infracciones perpetradas por los particulares o por los funcionarios que delinquen sin relación con el servicio público, la potestad punitiva que le compete privativamente para la persecución de las conductas que el ordenamiento jurídico considera dignas de represión criminal. "En este orden de ideas, surge obvio que el incremento a que alude el artículo 82 del estatuto represivo en tratándose de delitos sancionados con pena restrictiva de la libertad inferior a cinco años, o con penas diferentes a aquella, debe necesaria e inexorablemente aplicarse al mínimo a que se refiere el canon 80 deja codificación penal sustantiva. "De lo anterior deviene con fuerza inocultable, que cuando se persiguen delitos cometidos por sujetos investidos de la cualificación jurídica de empleados oficiales, y siempre que su delincuencia sea por causa o en

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MP. DR. JORGE CORDOBA POVEDA relación con el cargo o función,, el término de prescripción no puede ser inferior a seis (6) años y ocho meses, que es el 'ouantum temporal resultante de aplicar al mínimo del artículo 80 el incremento de la tercera parte que dispone el artículo 82 del Código Penal". Dicho criterio fue reiterado en Sentencia de segunda instancia proferida el 3 de mayo de 1988 con ponencia del Magistrado doctor JORGE CARREÑO LUENGAS, al precisar que la incorporación del artículo 82 al Código penal de 1980, según la exposición de motivos del proyecto de 1978, se hizo 'atendiendo a la dificultad para descubrir e investigar delitos cometidos por empleados oficiales, quienes en no pocas veces se aprovechan de su posición para obstruir la acción de ¡ajusticia, por lo cual se amplía el término de proscripción para los delitos cometidos por ellos en ejercicio de sus funciones, recogiendo de esta forma el clamor nacional por la purificación de la administración pública'. Ya entran en vigencia la Carta Política de 1991, en sentencia de casación proferida el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con ponencia del Magistrado JUAN MANUEL TORRES FRESNEDA, la Corte señaló: "No obstante y dada la naturaleza de la infracción, es dable colegir según criterio que inspira a la mayoría de la Sala, que el fenómeno extintivo no se ha dado frente al contenido de los artículos 156, 80 y 84 del Código Penal,

pues del artículo 82 ibídem se infiere que para el caso presente el lapso relevante se amplía en una tercera parte sobre el límite mínimo de cinco años contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, por tratarse de una infracción cometida con ocasión del cargo oficial que el (cid:9)(cid:9)

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MP. DR. JORGE CORDOBA POVEDA sujeto agente cumplía, porque la sustracción absoluta a los deberes oficiales, lejos de constituirse en motivo que ecluya el incremento previsto para la perseguibilidad de la conducta, pone más bien en evidencia que ese desamparo en que coloca a la administración la conducta omisiva del sujeto agente se cristituye en factor de interés preferente del Estado por no dejar impunes los comportamientos ilícitos de sus servidores, cuando éstos se verifican con ocasión del cargo o de las funciones que les había diferido". Y, en auto de casación de radicado 11361 proferido el veintiuno de uIr (cid:9) septiembre de mil novecientos noventa y nueve con ponencia de quien esta salvedad suscribe, mayoritariamente indicó la Corte: "Reiteradamente la Corte ha sostenido que el incremento del término prescriptivo establecido en el artículo 82 del Código Penal, cuando el delito ha sido cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones, o de su cargo, o con ocasión de ellos, opera por igual en el sumario como en la causa, y que su aplicación, por tanto, debe hacerse de

manera autónoma en cada uno de los referidos estadios procesales. (cid:9) 11 "En el sumario, sobre el término de prescripción señalado en el artículo 80 del referido estatuto, sin exceder de 20 años En el juicio, sobre el monto establecido en el artículo 84 ejusdem, que como se sabe, en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años. De allí que la Corte haya insistentemente sostenido que el tiempo de prescripción en los casos contemplados en el articulo 82 del Código Penal, jamás podrá ser inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, cualquiera sea el estado del proceso (Cfr. Casación abril 28/92, Magistrado Ponente Dr. Torres Fresneda; auto diciembre 6/95, Sentencia revisión sep. 23/98, Magistrado Ponente doctor 5

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MP. DR. JORGE CORDOBA POVEDA Calvete Rangel; Auto noviembre 12/98 Magistrado Ponente doctor Córdoba Poveda; y casación abril 20/99 Magistrado Ponente doctor Páez Velandia, entre otras". En auto de segunda instancia proferido el tres de abril de dos mil dentro del proceso de radicado 11.333 con ponencia del Magistrado NILSON E. PINILLA PINILLA, señaló mayoritariamente la Corte: "Es verdad, como lo señala la procesada, que la pena máxima prevista contra el servidor público que incurra en el delito de falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, es de 10 años

de prisión (art. 223 C.P.) y que a partir del 28 de noviembre de 1994, fecha en que quedó ejecutoriada la resolución de acusación, el término de prescripción por disposición del artículo 84 ibídem, se interrumpió y comenzó 'a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80'. "Pero ha de advertirse que, según lo estatuido por el artículo 82 del estatuto citado, 'El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido dentro del país por servidor público en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos' como ocurre con quien así actuó, desempeñándose corno Juez Penal Municipal, motivo por el cual, en el reiterado criterio mayoritario de esta Corporación, a los cinco (5) años correspondientes a la mitad del mencionado máximo se debe sumar un año y ocho meses, para un total de seis años y ocho meses, término que contado a partir de la referida fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, se cumpliría el 28 de julio de 2001". 6

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M.P. DR JORGE CORDOBA POVEDA Este criterio fue mayoritariamente ieiterado en posteriores pronunciamientos como los proferidos el nueve de mayo de dos mil (cas. 16441), 18 de julio de 2001 (segunda Instancia 14661), y, a mi modo de

ver, ahora modificado sin razón plausible. 2.- El fundamento central de la reciente postura mayoritaria de la cual disiento, radica en considerar que en la citada materia el nuevo Código Penal (ley 599 de 2000) trae redacción y organización estructural distinta de la contenida en el anterior Estatuto punitivo, por lo que "es más favorable para el procesado", y concluir que a tenor de los incisos 10 y 50 del artículo 83, al máximo de pena privativa de la libertad previsto en la ley, primero se le suma la tercera parte y luego sí se divide por dos, cuando se trata de computar los términos de prescripción de la acción penal con posterioridad a la ejecutoria de la resolución de acusación proferida contra servidores públicos, por conductas punibles cometidas en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos. 3.- A mi modo de ver, no deviene acertado sostener que la redacción y organización estructural del nuevo estatuto punitivo permite desentraflar que hubo alguna variación en las razones de política criminal que dieron lugar a la regulación normativa contenida en el Decreto 100 de 1980. Lo contrario; tales razones fueron enfatizadas. Si se revisa la exposición de motivos del proyecto-,que el Fiscal General de la Nación presentó a estudio parlamentario y que luego se convirtió en la ley 599 de 2000, sin dificultad se establece que "se mantienen las reglas actuales de prescripción de la acción" (se destaca) como consta en la Gaceta No. 189 del 6 de agosto de

1998. Tómese en consideración que durante el trámite legislativo sólo se

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Mi'. DR JORGE CORDOBA POVEDA suprimió el inciso final del artículo 85 del proyecto original en lo relativo a la suspensión del término de prescripción n el proferimiento de la sentencia de segunda instancia, por considerarse que "los efectos buscados por el mismo se consiguen a través de los cambios introducidos a la casación en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal" según se expuso en la Ponencia para primer debate y el pliego de modificaciones presentado el 11 de noviembre de 1999 a la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes por los Representantes Roberto Camacho Weverberg, Emilio Martínez Rosales, Tarquino Pacheco Camargo y Luis Fernando Velasco Chaves, siendo de esta manera aprobado en la citada Comisión el 16 de noviembre de 1999 (Gaceta No. 464). Acontece asimismo, que en la Ponencia para primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República (Gaceta No. 280 del 20 de noviembre de 1998), en relación con el artículo 82 del proyecto que en la Ley 599 tendría el número 83, los ponentes reiteraron con su reproducción lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-345/95 donde se establece que "la diferencia de trato entre empleados oficiales y particulares, en materia de prescripción de la acción penal, se justifica por la existencia de la potestad estatal para fijar la política criminal frente a determinados delitos, según su gravedad, consecuencias y dificultades probatorias, sin que sea posible afirmar la vulneración del derecho a la igualdad". Por manera que ni desde el punto de vista de la iniciativa y la intención

legislativa en la adopción del nuevo código, las motivaciones expuestas al respecto y el tránsito por el Congreso de la República del respectivo proyecto de ley, cabe predicar fundadamente que la pretensión fue 8 Iw

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M.P. DR. JORGE CORDOBA POVEDA 4 modificar el sistema de contabilización de la prescripción de la acción penal durante la etapa del juicio respecto de servidores públicos. 4.- Con la nueva interpretación por la que mayoritariamente opta la Sala, según la cual el nuevo procedimiento de cálculo "es más favorable al procesado" se da al traste con el importante esfuerzo jurispmdencial de antaño realizado y reiterado con la pretensión por ajustar el entendimiento de la ley a los fines de política criminal que determinaron el establecimiento del incremento del término de prescripción para conductas realizadas por autor con calidad especial, debiéndose enfatizar que a través de ella se logra no sólo otorgarle a la prescripción característica de pena o derecho sustancial antes de que se configure, sino que se está acudiendo a una interpretación derogatoria del mandato legal. Acorde con la normativa hoy vigente, el término de prescripción sigue siendo distin+to en las dos etapas del proceso ( sumario y juicio), por lo que no resulta entonces compatible con el ordenamiento que el incremento en la prescripción opere solamente para el sumario y se deseche durante el juicio, y menos si las razones de política criminal que ameritan que el Estado cuente con un mayor tiempo para investigar esta clase de conductas, continúan siendo las mismas en la • etapa de juzgamiento, fundadas

precisamente en la finalidad de impedir que el carácter de servidor público se convierta en prerrogativa ante la dificultad probatoria para su demostración y las influencias que a estos propósitos pueda ejercer. No resulta por tanto atinado pregonar, que frente a las regulaciones al respecto contenidas en la ley 599 de 2000 es aplicable el principio de 9 LV: SKGÜND4QI MP. DR. JORGE 1 '4L favorabilidad y que por tal motivo con ocasión de su entrad los incrementos del término de prescripciónprevistos en él operan exclusivamente durante la fase de instrucción del durante el juicio Esto por cuanto las disposiciones al respecto Coh en la legislación anterior se conservan en el nuevo estatuto, pues,& parrafos arriba se expuso, la pretensión del proyecto de leftie flt i las reglas al respecto contenidas en el hoy derogado Decreto 100 ci Por manera que una interpretación contraria se encamina a provc derogatoria de la norma que establece el incremento del he prescripción también en la etapa de juzgamiento. De conformidad con el inciso 5° del artículo 83 "al servidor público ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos iy conducta punible o participe en ella, el término de '. ':(cid:9) aumentará en una tercera parte" (se destaca), con lo cual resultálciáró establecido el término de prescripción para la etapa del juicio 'que• ningún caso puede ser inferior a cinco aflos ni superior a diez, co' partir de la ejecutoria de la resolución de acusación (art. 861 fx" de la ley debe verse incrementado en la tercera parte.

Con la mterpretación mayoritaria de aumentar el término de la terce1 mit de una vez en la etapa de instrucción, y reducirlo luego a la efectos de la ejecutoria de la resolución de acusación, el incremen punitivo durante el jw.cio no es efectivamente de la tercera parte comçJ establece la ley, sino de la sexta parte, contrariando no sólo el tnaIkIa1 legal y las razones de política criminal que determmaron establééet aumento, sino la naturaleza de la prescripción, asumiéndola como und pena, las cuales, como ha sido reiteradamente declarado 10 jurisprudencia, permanecen incólumes en uno y otro orc1entfl operan tanto en la instrucción como en la caus> en el mismo señ los tradicionales supuestos. Conviene señalar, además, que la prescripción no es un derecho en el momento mismo de la realización de la conducta deliW consecuencia de la inactividad del Estado cuya declaratoria solo procedente una vez transcurrido el tiempo legalmente previsto y it siendo este el momento en que él surge, si de derecho alguño h hablar; por esto se incurre en manifiesto contrasentido aducír razones favorabilidad o pretender asimilar la prescripción con la pe, la existencia en abstracto del fenómeno al momento de la real conducta, cuando ni siquiera ha comenzado a transcurrii el t4 declaración, ni entrado en ejercicio la acción penal que eslofl extinguirse. Tanto es ello, que el tiempo previsto en la ley para que prescripción de la acción penal no coincide con la pena establecida en e tipo y que correspondería aplicar al autor o partícipe del compor

delictivo, a pesar de ser éste uno de los parámetros tomados en etteit á su determinación normativa y que debe ser considerado en la declarac que, en cada caso, compete realizar al órgano jurisdicente. Precisamente por ostentar naturaleza y finalidades diversas de la pena, término prescnptivo en la instrucción inicia a contarse desde el día consumación en las conductas punibles de ejecucióñ instantnea, en las 4: 41 de ejecución permanente o que solo alcancen el grado de tentativa dedela perpetración del último acto, y una vez producida su interrupción ofl -(cid:9) 11 1. ejecutoria de la resolución acusatoria o su equivalente, cóñii computarse de nuevo sólo que por la mitad U término prévistó instrucción sin que pueda ser inferior en ningún caso a cinco a& superior a diez, mandato éste último que en la práctica con la nüe%á. queda invalidado. Entenderlo de modo contrario para afirmar que cuando el tipo. p ; realiza por sujeto cualificado el aumento de la tercera parte del trntuio • ;fl prescnptivo sólo puede aplicarse con plenitud en la instrucción del pn

I. y no durante el juicio, implicaría mezclar indebidamente razo 1 I•. g. referidos a institutos distintos, y conduce a tener que afirmar, tinb1éTI,i • fundamento, que la pena y la prescripción poseen idéntica las razones de política criminal que inspiran la regulación nofttiativá .......................................... presupuestos para que opere la pérdida de la fiicultad del Estado investigación de los delitos y el juzgamiento de los presuntos responsal

.............. y, por vía de interpretación, "derogar" la existencia del precepto, s~4 que establece el incremento del termino de prescripción y la pos asimismo de contar con un aumento del tiempo para el eerciciod acción penal estatal en el juicio, cuando la conducta objeto de éste realizada por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de sticafg. o con ocasión de ellos. "La posición privilegiada de los servidores públicos que .delinqueñ ocultan las pruebas dificultan su consecución gracias al cargo, . funciones que desempefian, constituye una razón válida para ampliar término coff que cuenta el Estado para perseguir estos delitos. SÜ complejidad, por otra parte, representa un motivo adicional adopción de esta medida de política criminal Por últimos el mayor cót sÓÜNiA: A _I ?vtP. DR. JOROK • 1 social de permitir que los delitos cometidos por servidores púlico en la impunidad, con la consecuente pérdida te legitimidad del justifica la existencia de una norma como la demandada", ha sido rdc por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre la exetluib!lli:. 4i artículo 82 del decreto 100 de 1980, hoy contenida en el artíctiló ley 599 de 2000, precisión no ponderada en las decsio mayoritariamente adoptadas por la Sala. Cabe recordar, finalmente, con la misma Corte Constitucional, decisión legislativa de tomar como referente para la dete(cid:9) ci .Ge término de prescripción de la acción penal el máximo de la pena;. por razones prácticas, mas no axiológicas, lógicas o dogmáticas.. d :

respecto,(cid:9) le asiste razón al Procurador General de la Nación(cid:9) ' •... . (cid:9) •• afirma que el aumento del término de prescripción en el áiflb to(cid:9) 1 'más que un problema de dogmática juridica, es wii. corresnonde a la esfera exclusiva de la Dolitica criminal' $((cid:9) e (Sentencia C-345/95, por la cual declaró ajustado a la Carta Política artículo 82 del decreto 100 de 1980). Agregó la Corte Constitucional en el fallo que se cita, que "sólo tndian' la inadvertencia de las diferentes finalidades de la pena y de la prescripción, de la acción penal, es posible esgrimir la tesis del agotamiento de la facultad legislativa de regular la prescripción. Sólo balo la DeNilectk&del demandante —segun1.a cual la reEulación y tasación de la pena de la %r prescripción dependen de las mismas finalidadeses poibll(cid:9) C.tY 73 comprender la idea de una supuesta desproporción al 1ncrefln: nuevamente(cid:9) lo va aumentado. En efecto, el único principio coiitiftt4i que podría sustentar el cargo del demandante, y que subyace' al argt.nen 13 (. SALV SGtJNI)A Mi'. DR. JORGE CÓRDÓÁ' de la desproporción del nuevo aumento en el término de prescripeióii, 0§ él principio de non bis in idem, en virtud del cu1 no se podría sancionar tn

hecho ya sancionado. No obstante, el actor evita invocar directamente este principio, y prefiere hablar de un límite constitucional tácito, para evitarlaj equiparación entre la finalidad sancionatoria de la pena y la 11iia1kI práctica —no punitivadel término de prescripción" (se destaca). Son estos razonamientos los que me llevan a discrepar respetuosa1tient'. , de la decisión mayoritaria, pues a pesar de los esfuerzos