CSJ - SP13963(11-04-2000)

EL..

PUBLICA DE COLOMBIA

l4adicación No. 1 Ca,ación Alberto Giraldo Giraldo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente Dr. Carlos E. Mejía Escobar Aprobado Acta No. 58 Santa Fe de Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil (2000). VISTOS Decide la Sala el recurso extraordinario de casación Interpuesto por la defensora del procesado ALBERTO GIRALDO GIRALDO en contra del fallo proferido el 20 de febrero de 1997 por el Juzgado 50 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá D.C., por medio del cual ¿onfirmó Integralmente la sentencia dictada por el Juzgado 50 Penal Municipal de la misma ciudad que lo condenó la pena principal de 15 meses de prisión, multa de $15000.00 y suspensión en el oficio de conducir vehículos por el término de 1 año al hallarlo responsable del delito de lesiones personales culposas agravadas de que fue víctima el señor Benjamín Emerson\ Peña Medina. REPUBLICA DE COLOMBIA .1 J, ffl il dicaci6n No. 13.963 4 Cae ación Alberto Giraldo Giraldo HECHOS A las 19:00 horas. del día 21 de abril de 1990, proveniente de su labor diaria que habla culminado en una celebración en la que habla ingerido licor, el señor ALBERTO GIRALDO GIRALDO conducía un vehículo Mazda, línea 626, modelo 1987 de placas EM 1441, en sentido sur - norte con el que atropelló al señor

Benjamín Emerson Peña Medina, en momentos en que éste cruzaba la carrera 7 en sentido oriente occidente, a la altura de la Intersección con la calle 55, frente al número 55-42 de Santa Fe de Bogotá D.C.- GIRALDO GIRALDO siguió su camino, sin preocuparse por la suerte del peatón que sufrió heridas Inicialmente valoradas con 60 días de incapacidad, para más adelante chocar con un Renault 4 y seguir huyendo hasta ser finalmente detenido en un retén policial ubicado a más de 10 cuadras del sftló del atropellamiento.

ACTUACION PROCESAL

1.- El Juzgado 18 Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá D.C., dictó auto cabeza de proceso el 24 de abril de 1990 y recepcionó indagatorIa el 25 siguiente al sindicado ALBERTO GIRALDO GIRALDO. 2.- El 26 de abril se recibe declaración al padre de la vÍctima, quien advierte al Juzgado sobre la fuga del conductor del vehículo involucrado en el atropellamiento de Benjamín Emerson Peña Medina, como agravante de su conducta. REPUBLICA DE COLOMBIA IR adicación No. 13.963 Casación Alberto Giraldo Giraldo 3.- El 27 de abril se define la situación jurídica del indagado mediante auto en el que se abstienen de dictar medida de aseguramiento en su contra. (folio 28, cuaderno 1) 4.- El 3 de mayo se recibe en el Juzgado una petición conjunta de Angel María Peña, Guzmán, Fabiola Medina de Peña, Benjamín Emerson Peña Medina y ALBERTO GIRALDO GIRALDO en la que manifiestan que desisten de la acción

penal en curso por habérseles reparado integralmente el daño ocasionado. Igualmente solIcitan cesación de procedimiento. A la petición se agregó copla de un documento denominado contrato de transacción. 5.- El 11 de mayo de 1990 el Juzgado cesó procedimiento y ordenó el archivo de las diligencias. (folio 51) 6.- El 22 de mayo de 1990, la defensora del sindicado GIRALDO GIRALDO solicite coplas del auto de cesación, con constancia de ejecutoria. El 6 de junio siguiente se ordena la expedición de las copias y se hace entrega definitiva del vehículo Involucrado en el accidente. (folios 52 52 vuelto). y 7.- El 13 de septiembre de 1991, el lesionado solicita coplas del expediente y el 16 .siguiente se' le ordenan. (folios 54y vuelto). 8.- A partir del 2 de octubre de 1992 aparecen solicitudes de un abogado, para reclamar una valoración definitiva de las, lesiones sufridas por Peña Medina, a efectos de hacer támftes ante la aseguradpra del vehículo. (folIos 56 a 78). 'REPUBLICA DE COLOMBIA j V1,7 59 ádicación No. 13.963 Ca5ación 5Ç&e Alberto Giraldo Giraldo 9.- El 30 de septiembre de 1993, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá D.C., solicita copla del escrfto de desistimiento y del auto que resolvió sobre él, dentro del trámite de una acción de tutela.

10.- El 22 de octubre de 1993 el Juzgado 18 Penal Municipal decide "realizar pronunciamiento respectivo en relación con el desistimiento presentado por los señores Fabiola Medina Peña, Angel María Pefla Guzmán, Benjamín E. Pena Medina y aceptado por el sindicado ALBERTO GIRALDO GIRALDO, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Santa Fe de Bogotá" (folio 81)., En virtud de ello, negó la petición de desistimiento y ordenó continuar con la investigación de los hechos. 11.- La decisión dei Tribunal a la que hace mención el Juzgado, es el fallo de tutela del 7 de octubre de 1993 proferido por, la Sala Penal de esa Corporación, mediante la cual tuteló el derecho fundamental al debido proceso del lesionado Benjamín Emerson Pena Medina y declaró "sin valor ni efecto alguno la providencia .de mayo 11 de 1990, por la cual el Juzgado 18 Penal Municipal cesó procedimiento sin consultar los presupuestos legales, debiendo ocuparse dicho Despacho Judicial oportunamente del procedimiento en torno al escrito de desistimiento que figura en el proceso". (cuaderno anexo 4) 12-. Adelantado el trámite Investigativo, se le Impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, se clausuró la instrucción y se calificó el mérito sumaria con resolución de acusación que se profirió el 6 de febrero de 1995 por parte de la Fiscalía 195 de la Unidad Local de Descongestión y Lesiones Personales de Santa Fe de Bogotá D.C. (folio 229, cuaderno

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/ Rádicaclón No. 13.963

Casación ee4u%aJ;décia; Alberto Giraldç, Giraldo 13.- Apelada que fue esa providencia por la defensora del procesado ALBERTO GIRALDO GIRALDO, la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca la confirmó integralmenté mediante la suya del 19 de abril de 1995 (folio 4, cuaderno anexo 5). 14.- VerIficada la audiencia pública, el Juzgado 50 Penal Múnicipal de la ciudad, condenó al acusado ALBERTO GIRALDO GIRALDO á pena de prisión de 15 meses, a multa de $15.000.00 y a la suspensión en el oficio de conducir vehículos por el término de 1 áflo e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso (folios 360 a 388, cuaderno 4), al hallarlo responsable dei delito de Lesiones Personales Culposas Agravadas. Apelada la sentencia condenatoria por parte de la defensora del condenado, el apoderado del tercero civilmente responsable y el apoderado de la parte CMI, el Juzgado 50 Penal del Circuito la confirmó Integralmente mediante fallo del 20 de febrero de 1997 (folios 437 a 453,• cuaderno 4). 15.- La defensora del procesado ALBERTO GIRALDO GIRALDO Interpuso recurso extraordinario de casación, cuya sustentación fue aceptada por la Corte para admitir el recurso de casación excepcional mediante auto dei 31 de Julio de 1997. (cuaderno anexo de la Corte). 16.- Corridos los traslados pertinentes para la presentación de la demanda de

casación, se formuló la demanda sobre la que aquí se resuelve.

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I(dicación No. 1 963 Casación rte 9y89,za le" 5f~. ~ Alberto Giraldo Giraldo LA DEMANDA 1.- Al amparo del numeral 30 dei artículo 220 dei Código de Procedimiento Penal se acusa la sentencia de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad por violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. 2.- La Violación al Debido Proceso: Ocurrió, dice el casaclonista, por cuanto se quebrantó el principio de la' cosa juzgada al 'revivirse mediante una acción de tutela el proceso que había culminado con auto de cesación de procedimiento. Aun aceptando la viabilidad de la acción de tutela respecto de las decisiones judiciales, estima que la decisión de tutela es también vioiatoria del debido proceso: 2.1.- De una parte porque e) fallo de tutela afirma que no había lugar a otro mecanismo judicial de protección. Y, ello no es cierto, por cuanto el artículo 232-2 ' del Código de Procedimiento Penal, señale que lo dispuesto en los numerales 40 y 511 se aplicará en los casos de cesación de procedimiento. Concluye que lo jurídico era denunciar al Juez para que lo Investigaran por un posible delito al tomar la decisión o a cualquiera de las pa es si se estimaba que se había acudido a rt pruebas falsas. Al permitir el Tribunal el 'salto' a la tutela,, quebró las formas propias del juicio. 2.2.- De otra parte, el Tribunal Incurrió en 'vías de hecho' al ignorar caplichosemente que el Juez 18 Penal Municipal al. proferir la decisión de cesación

REPUBLICA DE COLOMBIA Radicación No. 13.963 r' 5191, Casación Jó&í Alberto Giraldo Giraldo de procedimiento si valoró expresamente una causal de agravación e hizo Oadmisión tácita de la negación de la otra

N. 3.-(cid:9) VIolación al Derecho de Defensa: Ocurrió por la falta de notificación de la NreaperturaN del proceso penal al procesado GIRALDO GIRALDO o a su defensora. Ello generó que solo después de 3 años de la cesación, de procedimiento, la defensa se enterara .de la reanudación del trámite penal y comenzara a actuar, pero el tiempo no le alcanzó a la parle defensiva porque los Jueces fundamentalmente atendieron las expresiones del Tribunal(cid:9) Ese largulsimo lapso sin defensa, así hubiera sido brevísimo, constituye violación al derecho de defensa.

En consecuencia solicita que el fallo de casación declaré la nulidad del proceso a partir de la actuación Inmediatamente siguiente a la ejecutoria del auto de cesación de procedimiento proferido por el Juzgado 18 Penal Municipal de Bogotá el 11 de mayo de 1990. LA PARTE CML Descorrió el traslado de la demanda de casación para oponerse a las peticiones de \ la misma, señalando que no hubo ninguna de las Irregularidades denunciadas allí. Citando un párrafo del fallo de tutela del Tribunal contradice la afirmación del casaclonista acerca de su Improcedencia por la existencia de la acción de revisión, e insiste en las violaciones legales en que incurrió el Juez 18 Penal Murilcipal al

aceptar el desistimiento pasando por alto las circunstsnr4(cid:9) '4

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dicación No. 1 .963 Caaci6n Alberto Giraldo Giraldo conducta del sindicado, lo que vulneré los derechos fundamentales de la víctima. En consecuencia solicite no casar la sentencia. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO 1.- El Procurador 2° Delegado en lo Penal señala en su concepto las falencias técnicas de la demanda, por no formular las censuras por irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y las que vulneran el derecho de defensa en cargos Independientes, en aras de la claridad y la lógica que caracterizan el recurso. Adicionalmente critica la demanda por no demostrar la Incidencia de las supuestas Irregularidades denunciadas en las garantías fundamentales del sindicadO, limitándose a la mera enunciación que considera Insuficiente para sustentar la censura. A pesar de ello concreta el concepto a los temas del debido proceso y del derecho de defensa que separadamente presentó el demandante. 2.- Al Debido Proceso: Analiza el fallo de tutele; del Tribunal Superior del Distrito Judicial y estima que fue dictado de conformidad con los términos de las sentencias C-543 del 1 de octubre de 1992, T-079 del 26 de febrero de 1993 y T-055 del 14 de febrero de 1994, de la Corte Constitucional, sobre la procedencia de esa acción en contra de providencias a judiciales cuando en ellas se ha Incurrido en vía de hecho.

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¡ ,n,fl'tnIp,,,. 4.96 dicaci(cid:9) No. 1 Casación Alberto Giraldo Giraldo eza Estima que no es cierto, como lo afirma el censor, que hubo una Naceptación tácita" de la Inexistencia de la causal de agravación por actuar bajo el Influjo de bebida embriagante, sino que no hubo pronunciamiento sobre tal agravante. Igualmente descarta la acción de revisión como mecanismo da proteçción, pues se trataba de proteger los derechos fundamentalés de la víctima de manera oportuna y eficaz pera lo cual es la acción de tutela. 3.-(cid:9) Al Derecho de Defensa: El Procurador 2° Delegado en lo Penal reconoce que dentro del lapso comprendido entre el 7 dé septiembre de 1993 y el 17 de enero de 1994, la defensa no desarrolló ningún ejercicio, pero ello no significa que el derecho a la defensa haya resultado vulnerado. En cuanto hace al aspecto formal de té defensa, como se trataba de la continuación de una investigación en la cual se contaba con defensor debidamente posesionado, no se presenta Irregularidad alguna. Respecto dei aspecto materiaIde la defensa advierte que a partir del 22 de octubre de 1993 el Juzgado 18 Penal Municipal ordena continuar con la investigación y decrete una serie de pruebas. Entre estas figuran declaraciones de personas que debían comparecer por Intermedio del sindicado ALBERTO GIRALDO GIRALDO, a quien se remitió telegrama el 24 de noviembre siguiente, lo que evidencia su enteramienlo Indirecto de la reactivación del proceso.

Igualmente pone de presente que las actuaciones de la parte perjudicada estuvieron encaminadas a la demostración de la incapacidad definitiva y a la constitución de la parte. eMI, puntos que fueron oportunamente debatidos por la defensa. Y, a partir de enero de 1994 (a actuación de la defensa es dinámica REPUBLI.CA DE COLOMBIA •,fl,,1Øfl,,flrflfltflItfSflflU1 1 (cid:9) 1' Radicación No. 13.963 Ca ación Alberto Giralda Giraldo r4 SuaÁó&&i mediante las soiicltqdes de pruebas, impugnación de decisiones y petición de nulidades en un lapso prolongado que contradice la afirmación de la defensa sobre que (...) el tiempo no le alcanzó a la parte defensiva (•)• Finaliza indicado, que la afirmación del casacionlsta relativa a que los Jueces fundamentalmente atendieron las expresiones del Tribunal, no es cierta por cuanto las decisiones se fundamentan estrictamente en las pruebas. Y que tal argumento ha debido presentarse para fundamentar un ataque por violación al principio de Investigación integral, cuestionamiento que ni plantea ni desarrolla el libelista. Como la demanda no demuestra ninguna irregularidad que Incida en las garantías fundamentales del sindicado, el cargo no puede prosperar y por tanto solicita a la Corte no casar el fallo Impugnado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.-(cid:9) No es cierto, como lo afirma el señor Procurador 20 Delegado en lo Penal, que la demanda no respete las reglas técnicas necesarias para que, sea aceptada

como fundamento del recurso extraordinario de casación. La causal de casación invocada es la de nulidad y, a su vez, los motivos Invaildantes se hacen consistir en los señalados en los numerales 2 y 3 del artículo 304 dei Código de Procedimiento Penal, presentándose de manera separada lo que el casaclonista considera que corresponden a violaciones al debido proceso y los que únicamente conforman violación al derecho de defensa. REPUBLCA DE COLOMBIA(cid:9) Icaclón No. 13.963 j Ca5ación Alberto Giraldo Giraldo 5fu d En tal orden, la demanda es formalmente apta - tal como se declaró en auto del 2 de marzo de 1998 -, y a ella se responde así: 2.-(cid:9) Violación al debido Proáeso: 2.1.- .S e concreta por parte dei casaclonista en la violación al principio de la cosa Juzgada a través de una acción de tutela. Dentro de ese propósito fundamente el ataque en a Improcedencia de la acción de tutela y en las irregularidades que ocurrieron al interior de tal trámite. El debido proceso, considerado como cada una de las fases que componen la estructura ritual de cada actuación - administrativo o Judicial dice la Constitución -, llene una etapa de finiquito con carácter permanente del asunto de que se trate. En tal término es que se expresa el aforismo latino res ¡ud/cate pro ver/tate habetur1. No obstante, ese que es prIclpio tan caro a la historia Jurídica universal, puede (cid:9) removerse porque hay eventos en que el contenido de Justicia material de los

fallos no se consigue y ello se evidencia una vez terminado el proceso. En esos casos la necesidad de Justicia es tan afta que la propia ley permite la remoción de uno de los pilares de la cohesión social, la cosa Juzgada de los fallos, elemento Indisoluble de la seguridad jurídica sobre la que se afincan las relaciones sociales? Por, principio general, dentro dei ordenamiento Jurídico nacional la cosa juzgada en materia penal solo puede ser invalidada a través de la acción de revisión, y (...) el procedimiento penal ha definido estrictamente las causales bajo las que puede 'a.- La cosa juzgada e tiene por verdad. C(..&,t'L

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1 .4 R4dicaclón No. 1 963 Casación Alberto Giraldo Giraldo solicitarse ( ... ) la de una sentencia ejecutoriada, de una resolución de precluslón de Investigación o de un auto de cesación de procedimiento, (artículo 232) y la forma como ello debe impetrarse de la autoridad competente (artículo 234), requisitos de Interpretación estricta y restrictiva. No basta la mere alegación de la Injusticia material de la decisión que pretende removerse sino que deben demostrarse de' entrada unas circunstancias tales que creen en el funcionario competente la convicción de que ha ocurrido una real afectación al contenido de justicia del fallo, (cid:9) auto o resolución cuya Inmutabilidad busca derrumbarseN 2 Pero esa que es la regla'general, es adicionada excepcionalmente con la acción de tutela que regula el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de

1991, en los términos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional á partir de la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, en cuanto se acepte que las decisiones judiciales también pueden ser objeto de ese instrumento constitucional, si en su adopción se han violado derechos fundamentales y constituyen vías de hecho. Dentro de esas reglas, el Juez constitucional es quien debe valorar Ja procedencia de la acción de tutela, no solo desde el punto de vista sustancial - violación o amenaza de un derecho fundamental -, sino desde el punto de vista procesal - que el acclonante no disponga de otro medio de defensa judicial -, atendiendo en este último punto a las regias - también jurisprudenciales - referidas a la eficacia concrete del medio judicial ordinario para la protección del derecho fundamental 1. vulnerado ó en trance de serio. 2•_ Corte Suprenia de Juticia, Sala de Casación Penal, auto del 16 de diciembre de 1999,Revisi6n,Radicación No.14.271 Actor: Adel Antonio Areva].o Figueroa.

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(cid:9) : A$ dicación No.(cid:9) .963 Casación Alberto Giraldo Giraldo Esas son partes de las fases del debido proceso de tutela y sobre su desconocimiento por iparte del Juez Constitucional que decide una acción de ese tipo, debe alegarse al Interior de tal trámite, que para todos los efectos es un proceso judicial y por tanto sus fallos también hacen tránsito a cosa juzgada y las ordenes allí emitidas son de obligatorio cumplimiento en la forma y términos que hayan sido dispuestas.

En tal sentido, la remoción de la cosa juzgada por parte de un tallo de tutela no es ninguna Irregularidad sustancial y por tanto no es violatorla del debido proceso penal. No prospere el cargo, por estas razones. 2.2.- En la segunda parte dei cargo por violación al debido proceso, el demandante critica las razones.de la procedencia de la acción de tutela que ordenó dejar sin efectos el auto del Juzgado 18 Penal Municipal que habla cesado procedimiento. a se dijo atrás, con arreglo a la Constitución (artículo 86) y a la Ley (Decreto 2591 de 1991), la acción de tutela es un procedimiento judicial autónomo a cargo de la jurisdicción constitucional, con sus propias reglas definitorias de su debido proceso. En tal orden de Ideas, el contnldo material del fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito' Judicial de Santa Fe de Bogotá D.C., el 7 de e (

REPUBLICA DE COLOMBIA .,..- 1d1cáción No. 13.963

Ca5ación Alberto Giraldo Giraldo octubre de 1993, por medio del cual sé tuteló el derecho constltúcionalfundarnéntal al debido proceso de Benjamín Émerson Peña Medina, y se declaró «sin' valor ni efecto alguno la providencia de mayo 11 de 1990, por la cual el Juzgado 18 Penal Municipal cesó procedimiento sin consultar los presupuestos legales «, no es materia del recurso' extraordinario de casación y por ende, la Corte carece de competencia para abordar su estudio. No existe ninguna norma que autorice a la Corte Suprema de Justicia como Juez de

Casación a estudiar las motivaciones fácticas y jurídicas de un fallo de tutela, así este haya removido la cosa juzgada dentro de una actuación penal. Resulta evidente que el fallo de tutela derrumbó la cosa juzgada que amparaba la decisión de cesación de procedimiento y ordenó estudiar la petición de desistimiento presentada por los señores FabIola Medina de Peña, Ángel María Peña Guzmán y Benjamín Peña Medina. En desarrollo de tal estudio el Juez 18 Penal Municipal decidió negar tal solicitud (folio 85, cuaderno 1), a partir de lo cual se relnició el proceso penal que culminó con, la sentencia condenatoria impuesta al

señor ALBERTO GIRALDO GIRALDO.

Como el recurso de casación que la Corte resuelve, aun tratándose de uno de naturaleza excepcional, versa sobre el fallo que puso fin al proceso penal, cualquier ensura que tenga por objeto una actuación procesal diferente de la sentencia penal, excede la competencia de la Corte. El cargo no prospera.

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Radicación No. 13.963 Ca5ación • de 5 ,Só&e Alberto Giraldo Giraldo 3.-(cid:9) Violación al Derecho de Defensa Lo concreta de manera muy puntual el demandante a la fallo de notificación de la reiniclaclón dei proceso penal, lo que produjo que durante un lapso el procesadq GIRALDO GIRALDO haya estado sin defensa. La naturaleza técnica de la casación, Impone el deber legal de señalar el error y fundamentar, no solo su existencia, sino su trascendencia.

La demanda señala un hecho que está objetivamente acreditado. Que entre el 22 de octubre de 1993, fecha del auto que no acepta la petición de desistimiento y ordena proseguir con la investigación (folios 81 a 85, cuaderno original) y el 14 de enero de 1994 (folio 200), la defensora dé¡ procesado ALBERTO GIRALDÓ GIRALDO no tuvo ninguna actuación dentro del proceso penal reiniciado, ni fue Informada de que ello había ocurrido. Eso constituye sin lugar a dudas una actuación contraria al principio de lealtad procesal que regula como principio rector el artículo 18 dei Código de Procedimiento Penal. /Pero lo demandabie en casación no son los errores per sé, sino aquellos cuya trascendencia es superior a su existencia, por tener la virtualidad Jurídica de incidir en la producción del fallo que se ataca, y corresponde al demandante la carga demostrativa de tales circunstancias, por cuanto el fallo ai superar las instancias ordinarias ha quedado amparado con presunciones de legalidad y acierto. REPUBLICA DE COLOMBIA ki $Vç dicación No. 13.963 5Çf Casación re Alberto Giraldo Giraldo Por ello es que la ley al definir uno de los fines de la casación (artículo 219 del Código de Procedimiento Penal) Indica que los es ..) la efectMdad del derecho material(cid:9) M Debía entonces el casaclonista demostrar de qué manera esa infracción al principio de lealtad, incidió - material no formalmente - en el ejercicio del derecho de defensa

M encausado ALBERTO GIRALDO GIRALDO.

Tal deber lo omite. la demanda, pues se limlta,a señalar como única consecuencia

del error que' Nel tiempo no le alcanzó a la parte defensiva porque los Jueces fundamentalmente atendieron las expresiones del Tribunal». SI la afectación a la materialidad del derecho de defensa se concreta en la falta de tiempo para su ejercicio, tal afirmación no puede quedarse en el piano abstracto, sino que debe especlflcarse, por ejemplo, señalando cuáles fueron los medios de prueba que no alcanzaron a evacuarse por esa falta de tiempo, o las diligencias que se verificaron Incorrectamente por ese mismo motivo o en fin, cualquier razón específica y demostrable, que establezca una relación de causalidad entre la falta del tiempo por el que reclama el demandante y el menoscabo material del derecho de defensa. Todo ello sin pasar por alto el deber de comprobar la incidencia de lo omitido en el fallo, pues solo demostrándolo es posible obtener la revocación del mismo. Al no acreditarse ninguna de tales situaciones, el cargo no prospere. No obstante ello, es Importante anotar, de consuno con el Procurador Delegado, que la actuáción procesal demuestra que a partir del auto que ordena la reiniclación

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1 1 Radicación No. 13.963 Casación Alberto Giraldo Giraldo del proceso penal (folio 85, cuaderno 1) y la presentación de un escrito de la defensora en la secretaria de ese Juzgado (folio 200), hubo una comunicación dirigida al procesado que le fue remitida el 24 de noviembre de 1993 (folio 122) en la que se le solicitaba hacer comparecer al Juzgado 18 Penal Municipal a las señoras Dora Cuellar, Claudia Ortiz, Araminta Ortiz y María Lucía Giralda, Ofin

diligencia dentro de proceso 23511 L.P.. Esa es una comunicación que hubo de poner sobreaviso al señor GIRALDO GIRALDO de que se estaba actuando dentro del proceso penal al que él estaba vinculado. Se trataba dei mismo Juzgado en el que había rendido indagatoria y era el mismo número de radicación que él mismo y su defensora habían utilizado para dirigir escritos a tal despacho Judicial (folios 23, 42y 46). El 14 de diciembre de 1993, la señora Dora Cecilia Cueliar acude ala citación que el Juzgado 18 Penal Municipal le habla hecho a través del procesado ABERTO

GIRALDO GIRALDO.

Su presencia en el Juzgado no se explica de otra manera que por haber recibido la Información de parte del encausado, pues a éste fue a quien se dirigió la citación y fue a su residencia a donde aquella se le envió. Aparte de ello, debe tenerse en cuenta que la declarante era para la época de la declaración, la jefe de personal de la empresa (folio 187) en la que el procesado era el gerente (folio 204), por lo que resulta apenas natural concluir los informes que éste debió recibir de las preguntas que se le hicieron a aquella y de la actuación que se trataba.

REPUBILCA DE COLOMBIA • Ra icación No. 13.963

Casación Alberto Giraldo Giraldo No hay duda entonces del enteramiento que el procesado tuvo, por lo menos desde 0. el 25 de noviembre de 1993 de la reanudación ordenada desde el 22 de octubre de 1993 del proceso penal al que estaba vinculado.

Adicionalmente a ello, como bien lo hace notar el Procurador 20 Delegado, .a partir de la presencia formal de la defensora del procesado en el proceso penal reiniciado, ésta actuó diligentemente en defensa de los Intereses de su procurado. Interpuso recursos contra la imposición de la medida de aseguramiento (folio 224), la resolución de acusación (folio 246, cuaderno 3), la sentencia (folio 392, cuaderno 4) y algunas otras decisiones, solicitó nulidades, objetó dictámenes, en fin, ejerció a plenitud el derecho de defensa. Aparte de ello, Incluso el propio procesado GIRALDO GIRALDO hizo uso de la acción de tutela (la misma que critica a través del recurso de casación) en contra W Juzgado 18 penal Municipal, la que le fue denegada mediante talio dei 25 de abril de 1994 por la Sala CM¡ del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá D.C.. No es solo entonces por las falencias técnicas de la demanda que el cargo no prospera, sino por la evidencia procesal de que no hubo afectación a la efectividad dei derecho material de defensa,ni a las garantías debidas al -procesado o 'a su defensora como sujetos procesales. Tanto el uno como la otra tuvieron oportunidades y las utilizaron conforme a la Constitución y la Ley, de ejercer la defensa material y técnica. En mérito de lo expuesto La Cprte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, . REPUBL+CA DE COLOMBIA Ra dicación No. 13.963 p Casación Alberto Giraldo Giraldo administrando justicia en nombre deja República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

NO CASAR la sentencia Impugnada.

DO ARBOLEDA RIPOLL OBA POVED

CARL GOTE JOR(cid:9) . GOM; GALLEGO

ILLA NOU' UES /'ARLOS E. MULA

S

NILSON PINILLA PINILLA

TERESA RUIZ NUÑEZ

Secretaria