CSJ - SP15237(19-08-2004)

República de Colombia

CASACIÓN 15.237

Corte Suprema de Justicia ALBEIRO CHILATRA OLAYA Y O.

HOMICIDIO

Proceso No 15237

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No. 069 Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro (2004).

VISTOS: Se pronuncia la Corte sobre los recursos extraordinarios de casación interpuestos por los defensores de ALBEIRO CHILATRA OLAYA y WILSON ALARCÓN PEÑA, contra la sentencia proferida el 17 de marzo de 1998 por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la dictada en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha, mediante la cual se condenó a dichos procesados, en su orden, a la pena principal de 26 y 12 años y 6 meses de prisión, y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por 10 y 5 años, respectivamente, más el pago de los perjuicios, el primero como autor y el segundo como cómplice, del delito de homicidio simple.República de Colombia

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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL: Los primeros ocurrieron hacia las diez de la noche del 3 de

diciembre de 1996 en el puente que delimita la estación de Puerto Triunfo (El Colegio) y Viotá (Cundinamarca). Esa noche, José Manuel Arias llegó a la tienda de su hermano José, en compañía de ALBEIRO CHILATRA, y allí continuaron ingiriendo cerveza, pues a esa actividad se estaban dedicando desde horas antes en otro establecimiento abierto al público. En ese momento, WILSON ALARCÓN pasó en frente de dicho lugar, y según los testigos, tuvo un cruce agresivo de palabras con Manuel. De allí, Wilson se fue con Fernando Gámez y momentos más tarde hizo lo propio ALBEIRO, quedándose en el sitio José Niño y José Manuel Arias Niño. Pasado un rato, regresaron a esa tienda ALBEIRO, Campos, Rodrigo y Fernando, suscitándose una discusión entre el primero y José Manuel, pues éste último se negó a venderle a aquél y a sus amigos cuatro cervezas que le pidió de mala manera. Se trenzaron a golpes con un palo del que ALBEIRO fue despojado en dos oportunidades, luego de lo cual los noctámbulos bohemios decidieron irse. Entre tanto, Blanca Nelly Martínez Arias, la esposa de José, y cuñada de Manuel, junto con la menor Rosa Lucía Niño Arias, sobrina de aquél, le aconsejaban que esa noche se quedara aRepública de Colombia

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3 pernoctar en esa casa, pero no fueron escuchadas. Manuel decidió irse para su casa, y detrás salió la menor Rosa Lucía insistiéndole que no lo hiciera. En el trayecto, cuando iban llegando al puente de

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3 pernoctar en esa casa, pero no fueron escuchadas. Manuel decidió irse para su casa, y detrás salió la menor Rosa Lucía insistiéndole que no lo hiciera. En el trayecto, cuando iban llegando al puente de Puerto Triunfo y Viotá, vio venir a ALBEIRO, dirigiéndose a atacar a Manuel con un machete que le pasó Wilson. Su inmediata reacción fue devolverse a pedir ayuda, pero cuando los familiares de Manuel se hicieron presentes en el puente, éste ya se encontraba gravemente herido. Presentaba en el lado izquierdo de la cara, herida de 25 cms. de largo “con colgajo”, laceración y maceración a nivel de codo en miembro superior derecho, y otras en el miembro izquierdo a causa de las cuales murió antes de que se pudiera prestar atención médica. Practicado el levantamiento del cadáver y escuchado en declaración José Niño Arias, quien manifestó que Héctor Sabogal dijo que Wilson Alarcón fue la persona que le pasó el machete al autor material del hecho, un “paisa” que hacía pocos meses había llegado a la región, y a quien se identificó como ALBEIRO CHILATRA OLAYA, en resolución del 4 de diciembre de 1995 se abrió formalmente la investigación, y seguidamente fueron vinculados mediante indagatoria WILSON ALARCÓN PEÑA y ALBEIRO CHILATRA OLAYA. El primero se mostró completamente ajeno a los hechos, mientras el segundo tímidamente sostuvo que debió

enfrentarse con la víctima con un palo, pues lo estaba agrediendo con el mismo elemento. Sin embargo, dijo desconocer quién pudiera ser el autor de las lesiones causadas con arma cortante a José Manuel Arias.República de Colombia

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4 La situación jurídica de los encartados fue resuelta con medida de aseguramiento de detención preventiva en calidad de coautores del delito de homicidio simple y modificada posteriormente por el instructor, al pronunciarse sobre la solicitud de revocatoria elevada por la defensa, en lo que concierne a la situación de WILSON ALARCÓN PEÑA, respecto de quien precisó que su participación correspondía a una complicidad. De la misma manera, al surtirse el recurso de apelación contra esa determinación, un Fiscal Delegado ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca la confirmó con la modificación efectuada por el Fiscal de primer grado. El 19 de febrero de 1996 se declaró el cierre de la investigación, proveído contra el que la defensa de CHILATRA OLAYA interpuso recurso de reposición que le fue negado. Entre tanto, el instructor también hubo de resolver lo pertinente al recurso de reposición y apelación interpuesto por la defensa de ALARCÓN PEÑA, en relación con la resolución que negó la práctica de un reconocimiento médico a la menor Rosa Niño; la petición de nulidad que por violación al derecho de defensa presentó el

apoderado de CHILATRA OLAYA en el que manifestaba, además, que el cierre del ciclo instructivo impidió que aquél se acogiera a la sentencia anticipada, pues ese era su deseo. También debió decidir los recursos de reposición y apelación interpuestos contra las providencias que negaron tales pretensiones. Por su parte, una Fiscalía Delegada ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, confirmó las anteriores decisiones. Igual ocurrió con el pronunciamiento fechado el 10 de mayo de 1996, mediante el cualRepública de Colombia

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5 se confirmó la resolución acusatoria proferida el 27 de marzo de ese mismo año en contra de los implicados por el delito de homicidio, a ALBEIRO CHILATRA OLAYA, como autor, y a WILSON ALARCÓN PEÑA, como cómplice del mismo. Allí también, se confirmó la negativa a declarar la nulidad invocada por el defensor del primero de los sindicados mencionados. En la etapa del juicio, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha decretó las pruebas solicitadas por las partes, y una vez culminada la audiencia pública profirió la sentencia de primer grado, la cual fue recurrida por los defensores y los procesados. Declarada desierta la impugnación vertical presentada por la defensa de CHILATRA OLAYA, quien no compareció a la audiencia de sustentación oral, en fallo del 17 de marzo de 1998 se pronunció el

Tribunal sobre los argumentos expuestos por el apoderado de ALARCÓN PEÑA y ALBEIRO CHILATRA, en el sentido de impartir confirmación a la decisión de condena.

LAS DEMANDAS:

1. Demanda a nombre de ALBEIRO CHILATRA OLAYA Un solo cargo propone el defensor de este sindicado. Con base en la causal tercera de casación, acusa la sentencia de segundo grado de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad por desconocimiento del debido proceso.República de Colombia

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6 Explica que durante la fase instructiva y antes de que cobrara ejecutoria la resolución que ordenó el cierre de la investigación, ALBEIRO CHILATRA OLAYA, por intermedio de su defensor solicitó la aplicación del trámite previsto en el entonces artículo 37 del Decreto 2700 de 1997, esto es, la sentencia anticipada, pero la Fiscalía omitió pronunciarse al respecto. Aún así, en proveído del 6 de marzo de 1996, mediante el cual se negó una solicitud de nulidad por tal motivo, el instructor calificó de “extemporánea”, “salida procesal” y “estrategia defensiva” la manifestación que hiciera de acogerse a dicho instituto. Contrario a lo sostenido por la Fiscalía, para entonces, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 16 de

abril de 1998 había decantado que la oportunidad máxima en la instrucción para tal manifestación se entendía hasta la ejecutoria del cierre de la investigación. Por ello, en este evento no podía afirmarse que la solicitud fue extemporánea, pues se elevó dentro de las oportunidades legales. Hacer caso omiso a la misma, desconoció el debido proceso y de contera, el principio de legalidad de la pena, pues de haberse llevado a cabo la sentencia anticipada, la sanción a imponer se habría disminuido en una tercera parte. Se quebrantaron, entonces, los artículos 29 de la Carta Política, 1º y 37 del Decreto 2700 de 1991 y 323 del Decreto 100 de 1980. Solicita, por tanto, se case el fallo impugnado y se decrete la nulidad de lo actuado desde el momento en que CHILATRA OLAYA solicitó la sentencia anticipada, hecho que ocurrió el 27 de febrero de 1996;República de Colombia

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7 y además, que se dicte fallo de reemplazo reconociéndole al sindicado una rebaja de la tercera parte en la pena a imponer.

2. Demanda a nombre de WILSON ALARCÓN PEÑA Un cargo, también propone la defensa de este sentenciado, pero en este evento, se apoya en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, pues ataca la sentencia de segundo grado tachándola de

ser violatoria de los artículos 323 del Código Penal y 327 del Código de Procedimiento Penal por aplicación indebida, y falta de aplicación del 247 ( ibídem), debido a errores de hecho por falsos juicios de identidad. Advierte, pues, que la participación de ALBERTO CHILATRA OLAYA en los hechos materia de investigación se dedujo del testimonio de la menor Rosa Lucía Niño Arias, sobrina del occiso José Manuel Arias, quien refirió que aquél, encontrándose moribundo, dijo que “ Wilson le pasó el machete al paisa”. En este sentido, el Tribunal apreció erradamente el dictamen Médico Legal para sostener que, no obstante la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima en su rostro, la cual comprometía incluso el hueso maxilar, sí pudo hablar. Desconoció, así, las reglas de la sana crítica y la lógica, pues una lesión de esa magnitud le impide a la persona modular. Además, en este asunto no se practicó prueba técnica que “indicara, si tal como lo muestra el acta de levantamiento y el examen de necropsia sobre el cadáver del interfecto, era factible que se le entendiera al moribundo lo que estaba diciendo, concretamente en la sindicación. Tal prueba seRepública de Colombia

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8 imponía, como son las directrices del artículo 264 del estatuto procesal penal. De todas formas en la ambigüedad de la prueba y la

falta de práctica de la otra, se cubre el fallo definitivo de una gran sombra de duda, sobre la que no se puede radicar responsabilidad penal”. Asimismo, la declaración de la niña Rosa Lucía Niño Arias se recaudó sin el cumplimiento de los requisitos legales, toda vez que, siendo ella menor de 12 años, debió estar asistida por su representante legal o una persona mayor de edad, como lo mandaba el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal entonces vigente. La versión incriminatoria de ésta, contrasta con la de otras personas que sostuvieron que el sindicado no se encontraba en el lugar de los hechos. Tales inconsistencias, le permiten concluir que no se tiene conocimiento cierto sobre la presencia de su defendido en el sitio en que se cometió el homicidio, y desde luego, de su participación en ese delito, pues “la explicación y la conclusión que saca el Tribunal sobre la certeza de la declaración de la víctima, no tiene ningún respaldo profesional, legal o racional, amén de basarse en una conclusión apriorística y más allá del espectro cognoscitivo del sentenciador”. Expone algunas consideraciones sobre la duda, reiterando lo expuesto en precedencia e insiste que en este caso la tergiversación en que incurrieron los falladores de instancia con respecto al dictamen de Medicina Legal, condujo a que se le otorgaraRepública de Colombia

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9 credibilidad a quienes dijeron haber escuchado la sindicación que en contra de WILSON ALARCÓN PEÑA hiciera la víctima antes de morir, e incluso se le restara credibilidad a la indagatoria del propio

CHILATRA OLAYA.

Se violaron, pues, los artículos 254, 264, 288 y 294 del Código de Procedimiento Penal, normas que sirvieron de medio para la transgresión del 445 y 247 ibídem, 24 y 323 del Código Penal. Reproduce jurisprudencia de la Sala sobre la técnica para atacar la duda en casación, y solicita se case el fallo impugnado y se dicte uno de reemplazo absolviendo a WILSON ALARCÓN PEÑA.

CONCEPTO DEL PROCURADOR SEGUNDO DELEGADO EN LO

PENAL (e):

1. Demanda a nombre de ALBEIRO CHILATRA OLAYA Para el Ministerio Público, esta censura debe prosperar. Al casacionista le asiste la razón en su planteamiento sobre el debido proceso y el derecho de defensa originados en la negativa de la Fiscalía a dar trámite a la solicitud de sentencia anticipada elevada en la instrucción por el sindicado ALBEIRO CHILATRA OLAYA.

En efecto, en este proceso se cerró la investigación mediante resolución del 19 de febrero de 1996, determinación contra la cual protestó el abogado de CHILATRA OLAYA, pues aduciendo laRepública de Colombia

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10 vulneración al derecho de defensa pidió la nulidad de la actuación, al tiempo que anexó copia de escrito fechado el 27 del mismo mes y

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10 vulneración al derecho de defensa pidió la nulidad de la actuación, al tiempo que anexó copia de escrito fechado el 27 del mismo mes y año con sello de la cárcel Modelo, mediante el cual el sindicado expresaba su deseo de acogerse a la sentencia anticipada. Adicionalmente, contra tal proveído, el mismo profesional y el apoderado del otro sindicado interpusieron recurso de reposición insistiendo el primero en los argumentos dados para sustentar la nulidad, pues pretendía que se revocara el cierre del ciclo instructivo para dar aplicación al artículo 37 del Decreto 2700 de 1991. En resolución del 5 de marzo siguiente, tales pretensiones se resolvieron adversamente, puntualizándose frente a la sentencia anticipada que solo se intentó cuando había precluido la oportunidad legal para hacerlo. Lo pertinente a dicha decisión fue recurrido en apelación por el defensor de CHILATRA OLAYA, y en interlocutorio del 10 de mayo, una Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca avaló el criterio del funcionario de primer grado en este sentido. Posteriormente, se profirió resolución acusatoria en contra de los vinculados a este asunto. Sin embargo, sobre el momento hasta el cual se extiende en la instrucción la oportunidad para pedir la aplicación de la sentencia anticipada, precisa que varias han sido las interpretaciones que se la han dado al precepto legal, pues mientras el criterio mayoritario de

la Corte entiende que debe ser hasta la ejecutoria de la resolución que ordena el cierre de la investigación, otros, basados en una interpretación también teleológica y sistemática, han sostenido que esa manifestación del procesado debe hacerse antes de que se profiera tal determinación.República de Colombia

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11 De todas maneras, y una vez cotejados los razonamientos en torno a una u otra postura, concluye, que conforme al criterio mayoritario de la Corte, en este caso se debió tramitar la solicitud de sentencia anticipada hecha por el sindicado antes de que cobrara ejecutoria el cierre de la investigación, y deslindarla “de las demás pretensiones a las cuales se adjuntó –impropia y antitécnicamente por la defensa-, que en vez de plantearla autónomamente, la adosó a las nulidades y demás reparos, que nada incidirían por la falta de cobro de ejecutoria de la resolución –al tenor de la doctrina de la Corte-“. Solicita, por tanto, se case el fallo impugnado y se declare la nulidad de lo actuado a partir del cierre del ciclo instructivo a fin de que el Fiscal se pronuncie sobre la petición de sentencia anticipada que en su momento elevó el procesado. No obstante lo anterior, aclara que en este evento no es dable dictar fallo de reemplazo por cuanto la evacuación de tal diligencia implica

la posibilidad de ampliar la indagatoria y practicar pruebas, “atribuciones que por la asignación de funciones en las etapas de la acción penal, sin embargo el principio de economía procesal, éstas corresponden a la instancia, y la segunda, por cuando la irregularidad invalidante del debido proceso toma la actuación al punto en que sea dable su subsanación”.

2. Demanda a nombre de WILSON ALARCÓN PEÑARepública de Colombia

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12 Para el Ministerio Público la demanda es anfibológica, porque finalmente no concreta si el yerro se originó en la valoración del dictamen de Medicina Legal o en la declaración de Rosa Lucía Niño Arías, cuya credibilidad se fundamentó en la prueba técnica. A la postre, el desarrollo de la censura se traduce en un debate probatorio propio de las instancias. La duda para condenar, cuya aplicación en beneficio del sindicado reclama el demandante no aparece demostrada frente a la apreciación probatoria del sentenciador, pues no se acreditó el juicio de identidad aducido. De la misma manera, al argumento del censor subyace una crítica a la credibilidad que mereció el testimonio de la menor Rosa Niño, el cual considera mendaz. Si tal afirmación fuera cierta una vez analizado bajo las reglas de la sana crítica, así lo debió demostrar. En el mismo orden, tampoco es cierto que se le hubiera dado mayor

alcance al dictamen de Medicina Legal, porque el fallo se fundamentó en la presencia de varias versiones en el mismo sentido, “que extrayendo las conclusiones pertinentes del texto de Medicina Legal no aparece en buen sentido que las lesiones sufridas hayan impedido la modulación de palabras al herido, ya que no sufrió daño la lengua o la boca”. Tal hipótesis, es lo que conforme a la jurisprudencia de la Corte constituye disparidad de criterios, pues se enfrenta al ejercicio discrecional del fallador para, acorde con las reglas de la sana crítica, darle veracidad a unas pruebas y negárselo a otras.República de Colombia

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13 De ahí que, “Si –hipotéticamentefuese imposible que el occiso hubiese pronunciar palabra alguna, tal aserción ha debido respaldarse adecuada (sic) (entiéndase técnicamente), para justificar el pretendido error, pero por la vía de la revisión (por prueba falsa como sustento del fallo). Entretanto, lo que el censor opine sin respaldo legal es inane”. Por último, considera un desacierto del demandante la cita que hace de los artículos 445 y 247 del Código de Procedimiento Penal, como normas fin, pues esta condición la tiene la norma sustantiva objeto de la imputación. Con base en lo anterior, solicita no casar el fallo impugnado.

CONSIDERACIONES:

1. Demanda a nombre de Albeiro Chilatra Olaya El único cargo propuesto por el apoderado de este sindicado encontró eco en el concepto del Procurador Delegado, quien solicita a la Corte declare su prosperidad casando el fallo recurrido, por haberse violentado el debido proceso al desatenderse la petición de sentencia anticipada elevada por la defensa del sindicado antes de que cobrara ejecutoria la resolución de cierre de la investigación.

Así las cosas, lo primero que corresponde dejar en claro es que defensor y Procurador fundamentan la pretensión casacional en unRepública de Colombia

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14 sofisma de petición de principio, pues dichos sujetos procesales dan por demostrado aquello que, precisamente, debía corresponder a la sustentación del ataque. En efecto, demandante y Delegado dan por descontada la voluntad de CHILATRA OLAYA de acogerse a la sentencia anciticipada, cuando ello no es así. En efecto, no obstante el memorial que en fotocopia aportó el defensor del sindicado cuando impetró la nulidad del cierre del ciclo instructivo, en el presente asunto no existe elemento de juicio que permita inferir que en algún momento del desarrollo procesal el sindicado hubiese estado dispuesto a allanarse a los cargos que en su contra se formularon como autor del delito de homicidio simple en el proveído mediante el cual se le

afectó con medida detentiva. Para comenzar, debe recordarse, que como pocas actuaciones, la aceptación de cargos por cuenta del sindicado, constituye el ejercicio de disposición de un derecho personalísimo, en tanto que representa la renuncia a la presunción de inocencia, el agotamiento del proceso en las fases normales de instrucción y juzgamiento, al igual que a la controversia probatoria. Por eso, la jurisprudencia de la Sala ha sido reiterativa en sostener que en estos eventos prevalece la manifestación del sindicado frente a la del defensor, pues sólo quien debe afrontar las consecuencias de una tal decisión es el legitimado, autorizado y facultado para hacerlo. De ahí que, en estos casos, la realización de diligencia de formulación de cargos con miras a sentencia anticipada procede, por expreso mandato legal únicamente a iniciativa del procesado, pues de aprobarse por el juez, la decisión no puede ser distinta a la de condena. Así loRepública de Colombia

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15 establecía el artículo 37 del Decreto 2700 de 1991 y se mantuvo en reforma efectuada a dicha preceptiva con el artículo 11 de la Ley 365 de 1997, y se regula en términos sustancialmente idénticos en el inciso primero del artículo 40 de la Ley 600 de 2000. Así las cosas, frente al caso concreto resulta pertinente dejar en

claro varias circunstancias a saber: a. En la diligencia de indagatoria rendida el 5 de diciembre de 1996, ALBEIRO CHILATRA OLAYA se remitió a sostener que el único enfrentamiento que tuvo el 3 de diciembre con José Manuel Arias fue con un palo y que después de ese episodio se fue corriendo para su casa. Del autor de la muerte de su contrincante, dijo no saber nada. b. En la solicitud de nulidad del 27 de febrero de 1996, elevada por la defensa una vez proferido el cierre del ciclo instructivo, se hizo énfasis en que días antes el defensor contractual del encartado había renunciado al mandato y que, en términos generales hubo desatención de los profesionales a quienes se les encomendó la representación de ALBEIRO CHILATRA. Además, que dicha determinación se adoptó justo el día en que al nuevo letrado se le reconoció personería jurídica. Agrego este profesional, que recibió el poder el 16 de febrero de 1996, fecha en la que igualmente el sindicado le hizo manifiesta su voluntad de acogerse a la sentencia anticipada. Por eso, le pidió a la Fiscal, “pronunciarse conforme a derecho, decretando la NULIDAD DEL AUTO DEL CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN, permitiendo asíRepública de Colombia

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16 el ejercicio de la defensa técnica de acéfala para mi protegido hasta

el pasado 16 de febrero fecha en la cual asumí representación; cabe agregar que solicito desde ya dar aplicación al art. 37 del C.P.P. señalando fecha para llevar a cabo ampliación de indagatoria”(F. 196, C.1). Como prueba de su afirmación, anexó al memorial, fotocopia informal de un escrito dirigido al Fiscal 39 Delegado de Soacha y firmado por ALBEIRO CHILATRA OLAYA, en el que manifiesta su deseo de acogerse a la sentencia anticipada. c. Aún así, y pese a que en criterio de la Fiscalía esa solicitud no era procedente por encontrarse cerrada la investigación, iniciada y culminada la etapa del juicio no se solicitó la nulidad de la actuación por ese motivo, y tampoco se reiteró la petición de sentencia anticipada. En tales circunstancias, la secuencia del proceso permite inferir que tal alternativa fue concebida temporalmente como una estrategia de defensa por el abogado que asistió al sindicado entre el cierre de la investigación y el inicio del juicio. d. Y si lo anterior ocurrió con quien asesoraba legalmente al sindicado, qué no decir de la actitud asumida por ALBEIRO CHILATRA OLAYA en adelante. En la ampliación de indagatoria rendida en la audiencia pública terminó por reconocer su autoría en el homicidio de José Manuel Arias, pero tratando de ampararse en una legítima defensa, pues adujo que fue la víctima quien lo persiguió con la peinilla haciéndole expresa su intención de matar. Por eso, agregó, no tuvo alternativa distinta a la de desarmarlo y defenderse con ese mismo elemento, ya que de lo contrario elRepública de Colombia

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defenderse con ese mismo elemento, ya que de lo contrario elRepública de Colombia

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17 muerto hubiera sido él. Ese, también fue tema central de los alegatos del defensor. Es más, en la sustentación oral del recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primer grado, el sindicado ALBEIRO CHILATRA OLAYA insistió en su versión sobre la legítima defensa. Las anteriores circunstancias, claramente verificables en esta actuación, son más que ilustrativas para colegir que, a la postre, nunca hubo una real disposición por parte del sindicado para acogerse a la sentencia anticipada, no obstante la solicitud elevada en tal sentido por el mismo en la fase instructiva, en escrito que a pesar de tener los sellos de la asesoría jurídica de la Cárcel Modelo (f. 203), nunca llegó al proceso en original, conociéndose tan solo la copia aportada por la defensa como prueba de la nulidad que peticionó en su oportunidad. En tales condiciones, entonces, no es dable sostener que se vulneró el derecho de defensa del procesado por no haberle dado trámite a una actuación que estaba orientada a que éste aceptara unos cargos que durante todo el proceso rechazó. Eso, precisamente, es lo que explica que tal situación no le causara la menor inquietud a CHILATRA OLAYA y por consiguiente, no persistiera en él el interés de acogerse a dicho instituto de terminación anormal del proceso,

pues su comportamiento procesal denota un decidido empeño por ser absuelto y no condenado. El cargo no prospera.

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18 Razón le asiste al Ministerio Público en este evento, en las críticas de orden técnico que formula a este libelo. Efectivamente, el desarrollo de la única censura propuesta no apunta seriamente a poner de presente errores de juicio del fallador en el proceso apreciativo de la prueba, sino a exponer el peculiar criterio valorativo del demandante en relación con el testimonio de la menor Rosa Lucía Niño Arias y el protocolo de necropsia. En efecto, no obstante que el censor concreta el yerro fáctico en un falso juicio de identidad, a la hora de ocuparse del contenido de la versión jurada de la menor Rosa Lucía Niño Arias, sostiene de manera equívoca y contrario a lo probado en el proceso y a lo expuesto al respecto en la sentencia, que la condena de su representado se fundamentó en tal testimonio. Por el contrario, cierto es que tal deponencia tuvo cierta importancia en la reconstrucción procesal de los hechos, pero eso no significa que la prueba de cargo en contra de ALARCÓN PEÑA se agote en ella. Tanto el Juez como el Tribunal sopesaron todos y cada uno de los

diferentes elementos de juicio acopiados en la investigación y a partir de ellos concluyeron que lo manifestado por Rosa Lucía es creíble, y por consiguiente, corresponde a la verdad de lo ocurrido. Obsérvese, entonces, lo que sobre el particular dijo el Tribunal: “Respecto a la dotación del machete o peinilla o instrumento corto –contundente de parte de WILSON ALARCÓN a ALBEIRO CHILATRA las pruebas de cargo determinantes provienen de ROSA LUCÍA NIÑO ARIAS, MARÍA ROSA ARIAS DE NIÑO , JOSÉRepública de Colombia

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19 NIÑO, BLANCA NELLY MARTÍN (sic) y ELIDÍ NIÑO MARTÍN, quienes no obstante corroborar la controversia que se desencadenó entre la familia y WILSON ALARCÓN por el pago de una arena, lo cierto es que marginaron del insuceso, para dar cuenta pormenorizada de lo realmente acontecido la noche del 3 de diciembre de 1995. Obligado resulta, entonces, referirnos a la atestación de ROSA LUCÍA NIÑO, quien si bien no fue categórica en todas sus afirmaciones precisamente por sus escasos trece años de edad y por las limitaciones socio culturales propias de nuestra gente de campo, la intensidad del impacto, y particularmente porque la fijación de algunos detalles en la memoria de los niños dura poco

tiempo y lo cierto es que su exposición no fue desmentida. Por otro lado, ROSA LUCÍA goza de integridad anatómica, mental y funcional, que permiten deducir que dijo la verdad. Ahora, sus manifestaciones en lo substancial revisten connotación de espontáneas, coherentes y desprevenidas, al punto que afirmó haber superado la oscuridad de la noche gracias al alumbrado artificial de una cancha de tejo cercana y a la luz de la luna que le permitieron distinguir las características que individualizan a los partícipes del hecho, a quienes conocía de meses atrás. ... Además, no debemos pasaro por alto que ROSA LUCÍA expresó que al advertir que CHILATRA –El Paisaesgrimió la peinilla en forma amenazante contra su tío, optó por salir corriendo a re