CSJ - SP16096(17-07-2003)
Corte Suprema de Justicia
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Detalles
- Título
- CSJ - SP16096(17-07-2003)
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Penal
- Año
- 2003
P.p Jira 1' C0L1. ¿g
:ASACmN 16096
. QRGE ENRIQUE GUTIERREZ AL VAREZ
C4,b (cid:9) J4dk;4
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
MARINA PULIDO DE BARÓN
Aprobado Acta No. 082. Bogotá D'C., diecisiete de julio de dos mil tres. VISTOS Se pronuncia la Corte de fondo sobre la demanda de casación presentada contra el fallo de segunda instancia proferido par el Tribunal Superior Militar el 5 de marzo de 1999, confirmatorio de la sentencia dictada el 6 de noviembre de 1998 por el Comandante del Comando Aéreo de Combate No. 1 (Juez de primera instancia) por cuyo medio condenó al Capitán de la Fuerza Aérea JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ÁL VAREZ a la pena principal de 18 meses de prisión, como autor penalmente responsable del delito de peculado por apropiación. El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal sugiere a la Corte no casar el fallo impugnado por las fallas técnicas del libelo y por carecer de razón los argumentos planteados. 2 (cid:9) CASACIÓN 160.6 h C04 SNprs1lI d#dki JORGE ENRIQUE GUT/RREZ ALVAREZ HECHOS Aproximadamente a las seis de la tarde del 24 de febrero de 1998, el procesado, quien se desemperiaba como Comandante del Escuadrón de Sanidad del Comando Aéreo de Combate No. 1 de Puerto Salgar (Cundinamarca), ordenó al conductor Carlos
Alberto Aros Ramos que llevara a su residencia una lavadora marca Whirpool de 18 libras perteneciente a la referida dependencia: a su vez dispuso que una máquina de la misma marca de su propiedad, pero de menor capacidad, fuera llevada hasta el Escuadrón de Sanidad, donde las empleadas de la lavandería se percataron del cambio y lo comunicaron al Comando Superior. ACTUACIÓN PROCESAL El 5 de marzo de 1998 el Comandante del Comando Aéreo de Combate No. 1 de Puerto Salgar comisionó al Juez 46 de Instrucción Penal Militar para adelantar la correspondiente indagación preliminar. Luego de practicadas algunas diligencias, el 28 de abril del mismo año se declaró abierta la instrucción, en cuyo marco fue vinculado mediante indagatoria el Capitán JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ a quien le fue definida su situación juridica el 21 de mayo siguiente con medida de aseguramiento de carácter detentivo sin derecho a libertad provisional, como presunto autor del delito de peculado por apropiación. Contra esta providencia el defensor del procesado interpuso sin éxito recurso de apelación. 3 (cid:9) CASACIÓN 16096 C/7 O(cid:9) 3I (cid:9) (7 h JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ Cerrada la investigación el 28 de septiembre de 1998 se convocó al procesado a Consejo de Guerra sin intervención de vocales por el delito de peculado por apropiación cuya audiencia se llevó a cabo el 27 de octubre siguiente. El 6 de noviembre del mismo año fue proferida sentencia de
primera instancia, que condenó a JORGE ENRIQUE GUTJERREZ ÁLVAREZ a la pena principal de 18 meses de prisión y a las accesorias de separación absoluta de las Fuerzas Militares, suspensión de la patria potestad y suspensión del ejercicio de funciones, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, como autor penalmente responsable del delito de peculado por apropiación. En la misma oportunidad le fue concedido el subrogado penal de la condena de ejecución condicional. El defensor del procesado interpuso recurso de apelación contra el fallo, el cual fue confirmado por el Tribunal Superior Militar mediante sentencia del 5 de marzo de 1999, que, sin embargo, revocó la pena accesoria de suspensión de la patria potestad, providencia que ahora es objeto de impugnación extraordinaria. LA DEMANDA El defensor plantea dos cargos por violación indirecta de la ley sustancial que fundamenta y desarrolla así: it,riLa i COLLLII 4 (cid:9) CASACIÓN 16096
C ..S' JORGE ENRIQUE GUT'ERREZ ALVAREZ Pti a#pP#4 id JN1ti4i4
Primer cargo: Falso Juicio de legalidad sobre el allanamiento practicado a la residencia del incriminado El actor serlala que el 3 de marzo de 1998 el Juzgado de Primera Instancia ordenó el allanamiento a la residencia de JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ AL VAREZ con el propósito de recuperar la lavadora sustraída solicitando el concurso de personal de Inteligencia de la Base, pero en el acta
correspondiente a tal diligencia se observa que fue dirigida por el Mayor Jo/lan Zuloaga Gira/do, en asocio de dos suboficiales, de una persona designada corno perito y de una secretaria, sin estar presente el juez que la ordenó. Considera el censor que la inasistencia del juez o del funcionario judicial en la práctica del allanamiento quebrantó los artículos 587 186 del Código Penal Militar (Decreto 2550 de y 1988), en concordancia con el 344 del estatuto procesal penal (Decreto 2700 de 1991), dado que quienes participaron en la mencionada diligencia carecían de funciones judiciales y que como la perito fue la misma persona que denunció el hecho investigado por ello tenía interés en el resultado del proceso. Agrega que en atención a que el Tribunal tuvo en cuenta el acta de la diligencia de allanamiento para acreditar el elemento psíquico de la conducta del procesado al encontrarse instalada en su residencia la lavadora del Comando, incurrió en "un falso juicio de legalidad al conceder valor probatorio a un medio de convicción irregularmente aportado al proceso. violando una 5 (cid:9) CASACIÓN 16096 C JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ #44 SitpPtiM4 ¿ norma de carácter sustancial contenida en el Art. 487 del Código Penal Militar'. Finalmente señala que al desechar el referido medio de prueba por irregular "no puede servir como elemento de certeza para un juicio de reproche (sic) inferir dolosidad (sic) en el actuar del acusado.
Segundo cargo: Falso Juicio de existencia al ser
Ignoradas algunas pruebas Luego de transcribir apartes de las declaraciones de María Encarnación Basante de Argüelles, Eva Vera de Medina y Ana Isabel Rodríguez acerca de la persona que elaboró los informes sobre el cambio de la lavadora, la operación de la máquina por parte de algunas odontólogas, la manera en que se detectó el cambio, la forma en que el procesado trataba al personal de lavandería, el daño del comando de velocidades del aparato, la enemistad entre María Encarnación y Eva, el actor considera que existen múltiples contradicciones y que el Tribunal omitió valorar tales medios de prueba. Destaca que no se tuvo en cuenta la animadversión de María Encarnación hacia su defendido, determinada porque este le reclamaba que no debía lavar prendas militares en la lavadora oficial, circunstancia que determinó que el Tribunal dispusiera la correspondiente investigación contra ella. R11p4Lir 1. C0L11 6 (cid:9) CASAcTÓN 1609 6 C 010 SNp04 L1 JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ Aduce que tampoco se valoró Jo expuesto por Eva Vera sobre problemas sicológicos de María Encarnación, a quien le agradaba que los comandantes regañaran a los subalternos, como ocurría con su representado. Concluye que la incidencia de los errores de evaluación en las pruebas "es de tal magnitud que hacen desnaturalizar el sentido y alcance de la decisión y, sobre un falso juicio de apreciación probatoria no se puede indilgar (sic) o establecer la materialidad del hecho ni mucho menos deducir factor de culpabilidad en cabeza" del procesado.
También el casacionista considera que el Tribunal omitió valorar los documentos obrantes en la actuación sobre procedimientos para disponer la reparación de un equipo del Escuadrón de Sanidad, las funciones del procesado como Comandante del mencionado Escuadrón, la cotización remitida a la Dirección del Hospital acerca del mantenimiento y revisión de la lavadora, y otros documentos de carácter administrativo y de control interno que señalan que el Teniente Alvaro Alvarez Marín y el Coronel Jorge Enrique Parga estaban involucrados en otras irregularidades. Aduce el demandante que también fueron omitidas las declaraciones del Mayor Luis Guillermo Cancino Cadena, de Marcela Margarita Alvear García, del técnico Pérez Pérez, de la secretaria Yormary Rincón Hernández, de la comunicadora social Nlleth Odalis Moreno Ochoa y la de la comerciante Bibian O valles Pérez quienes refieren que JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ R.p_ILi i, CDLIIIILIII 7(cid:9) CSrIÓN 1096 C
,to Jo JQRE ENRIQUE GUT/ÉRREZ ALVAREZ
£pr1Mm Jdi4?i4 ÁLVAREZ dio aviso acerca del mantenimiento de las lavadoras y que al observar la máquina en su residencia les señaló que era del hospital y que la había trasladado para arreglarla y hacerle mantenimiento. Expresa entonces el censor que si se hubieran tenido en cuenta los anteriores medios de prueba, en el fallo se habría concluido que el actuar de su representado era una "conducta inusuaf pero no un comportamiento doloso pues no tenía conocimiento del hecho punible ni quiso su realización, ya que si
hubiera querido apropiarse del bien público no habría pregonado su intención ni se hubiera valido del vehículo militar para transportar hacia su hogar el electrodoméstico. Adicionalmente manifiesta que el bien jurídico no se vulneré y tampoco se puso en peligro "de tal suerte que, al casar la sentencia la H. Corte Suprema de Justicia, por ausencia del elemento subjetivo del delito, también es entendible invocar reconocer (sic) la inexistencia de la comisión del punible de Peculado por Apropiación en cabeza del imputado, amén de que éste no a (sic) realizó la conducta típica que hubiera lesionado o puesto en peligro, son justa causa el interés jurídicamente tutelado. Este error de hecho, sin lugar a dudas también lleva como los cargos precedentes a la aplicación indebida de la ley sustancial (Art. 488 Código Penal Milltai)". Y agrega el censor que fueron ignoradas las declaraciones del Capital Fredy Gaitán Gancino, del Dragoniante Jairo lslen it?vrltL i, CDLId a (cid:9) CASACIt5N 16096
C ,i. L JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ
SMpf#wm J4iti4 Casallas, y de los soldados Richard Alfonso Orozco Prieto y Alejandro Duque Santo fimio7 quienes informan la manera y lugar en que se utilizaban los equipos de lavandería por parte de María Encarnación Basantes y Eva Vera, y de los ingresos que estas percibían por ello, lo cual motivó la recriminación que les hiciera
JORGE ENRIQUE GUTiÉRREZ AL VAREZ.
Con base en lo expuesto, el actor solicita a la Corte casar el fallo atacado "y en su lugar dictar el que deba reemp!ar!o (sic)". CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal sugiere a la Corte no casar el fallo impugnado por las fallas técnicas que ostenta el libelo y por carecer de razón los argumentos planteados, con base en las siguientes razones: Comienza por seflalar que el actor confunde los conceptos de causal y cargo, pues aunque anuncia la presentación de varias "causales de casación" en verdad se refiere a dos cargos postulados bajo la égida de la causal primera, por falso juicio de legalidad por haber tenido en cuenta pruebas indebidamente allegadas y por falso juicio de existencia por omisión de otras de las que forman parte del acervo probatorio. Advertido lo anterior, procede a pronunciarse sobre las censuras presentadas así: .1L11 Ji, CoLa ¿ja 9 (cid:9) CAAC/ÓN 16096 ¿ Judicia JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALLVvAREEZZPPrriimmeer r cargo: Falso juicio de legalidad sobre el allanamiento practicado a la residencia del Incriminado El Delegado expresa que en virtud de la reserva judicial oonsgrada en el articulo 28 de la Carta Política, sólo las autoridades judiciales son competentes para privar de la libertad a las personas o para registrar su domicilio, salvo las excepciones legales, y en tal sentido el artículo 587 del Código Penal Militar vigente para la época de los sucesos establecía que el Juez o el
funcionario de instrucción debía intervenir en el allanamiento, lo cual exigía que a su cargo estaba la dirección de la diligencia. Y que si bien en el citado Código Penal Militar no se indicaba quienes ejercían funciones de policía judicial, tal omisión debía ser suplida con el articulo 310 del Decreto 2700 de 1991 que sí lo señalaba. Por ello, considera el Delegado que en este asunto el allanamiento practicado al domicilio del Capitán GIJT!ERREZ fue ilegal en la medida que lo adelantó un miembro de la Fuerza Aérea que carecía de funciones de Policía Judicial, y sin contar con la presencia del juez competente, con lo cual se vulneró el artículo 587 del Decreto 2550 de 1988 que exigía la intervención del funcionario judicial en la realización del allanamiento como requisito sustancial de validez. A. Pero advierte & Ministerio Público que la mencionada irregularidad no conduce a la prosperidad del cargo, dado que el censor no logró demostrar la trascendencia de la ilegalidad pues EiL1 ir C0L., L
J# J, 10(cid:9) CASACIÓN 16096
JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ omitió considerar las restantes pruebas que sirvieron de fundamento al fallo atacado y que resultan suficientes para mantener la decisión de condena. En concepto del Delegado, el cargo no puede prosperar.
Segundo cargo: Falso Juicio de existencia al ser Ignoradas algunas pruebas Luego de destacar las falencias técnicas de la demanda en punto de la necesidad de acreditar que las pruebas fueron omitidas por los falladores y de la necesidad de demostrar la
trascendencia del yerro, el Delegado manifiesta que contrario a lo expuesto por el censor, el Tribunal Militar y el a quo otorgaron credibilidad a unos testimonios y descartaron otros en ejercicio de sus facultades, lo cual excluye la configuración de yerro endilgado al fallo. Asi pues, destaca que el Juez de primera instancia se refirió a los testimonios cuya omisión denuncia el casacionista, pero concluyó que de ellos lo único que se evidenciaba era la personalidad conflictiva de María Basante, sin que ello aportara algo a la investigación Pone de presente que en la inspección judicial efectuada el 19 de mayo de 1998 se pudo establecer que la lavadora de la
J R4INLZ COLIIU L1.1 ti (cid:9) CASACIÓN 16096
C .dd, Sipr#4 «I JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ Jgi.I Base Aérea tenía avenado "el botoncito de las velocidades", pero que a pesar de ello funcionaba correctamente, situación que comprometía la responsabilidad del procesado, pues si, según su dicho, ordenó llevar la lavadora para su arreglo, este no se cumplió. En suma, el Delegado señala que los falladores sí valoraron en conjunto la prueba recaudada, pero arribaron a la conclusión de que el procesado no tenía por qué llevarse la lavadora para su residencia y menos traer la suya al Escuadrón tratando de convencer a las empleadas de que era la misma, pero que se le hablan hecho algunos cambios. En punto de la animadversión de María Encarnación Basante y Eva Vera hacia el procesado, el Delegado destaca que
existen otros medios de prueba que acreditan que los hechos realmente ocurrieron como fueron relatados por ellas, tales como las declaraciones de Alvaro Javier Alvarez Marín, Carlos Alberto Aros Ramos, Edgar Orlando Martínez Forero, Sergio Gómez, Pedro Antonio Dubeybe Hernández, Elías Ocampo Tobón, Alberto infente Acevedo, Julian Jaime cuesta, Jesús Antonio Delgado Ortiz, Walter Cortes Medina. Juan Carlos Uribe Ana Isabel Rodríguez y Mario Ospina Penal, as¡ como la inspección judicial efectuada el 19 de mayo de 1998. Entonces conceptúa que el cargo no puede prosperar. .r.a .. P lt J/ . U.L. (otoj 12(cid:9) CASA tÓN6O96 C,t, supod4na Jud.rm JQRE ENRIQUE GUTIERRE2 ALVAREZ uf CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primer cargo: Falso juicio de legalidad sobre el allanamiento practicado a la residencia del incriminado Pertinente resulta señalar que se incurre en error de derecho por falso juicio de legalidad cuando el fallador aprecia una prueba irregularmente aducida a la actuación o cuando l misma adolece de irregularidades que afectan su validez: también se presenta cuando el funcionario desecha por ilegal una prueba que no ostenta tal irregularidad. En el primer caso, corresponde al actor identificar el medio probatorio que facha de ilegal, indicar las disposiciones legales o constitucionales que al ser quebrantadas determinan su ilegalidad, y demostrar que ello efectivamente ocurrió; en el segundo es deber del demandante comprobar la legalidad de la prueba desechada por el juzgador. Además, en los dos eventos, también IC compete acreditar la trascendencia del
yerro en las conclusiones del fallo, esto es, demostrar que con la marginación de la prueba que se dice ilegal, las restantes pruebas conducen a un fallo sustancialmente diverso del atacado, o bien, que con la incorporación del medio de prueba que el actor estima legal, las conclusiones son distintas de las contenidas en la decisión atacada. Precisado lo anterior encuentra la Sala que razón le asiste al censor en punto de la ilegalidad de la diligencia de allanamiento practicada al domicilio de JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ, dado que si bien fue ordenado por el Juez de primera R..JtL J. C0L1.12 c 13 (cid:9) C4SJ'/ÓN 16096 érto $lpP#1wiI 1. JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ instancia, terminó siendo realizado por el Mayor Julian Zuluaga Gira/do en asocio de dos suboficiales, de una persona designada como perito y de una secretaria, sin estar presente el juez que lo decretó ni el funcionario de instrucción criminal, en quienes radicaba la competencia para ello, proceder que como lo sef'tala con acierto el Ministerio Público, viola el precepto legal que desarrolla el principio constitucional de la reserva judicial consagrada en el articulo 28 de la Carta Política, que faculta con exclusividad a los funcionarios judiciales para efectuar tal clase de diligencias; en efecto, el articulo 587 del Decreto 2550 de 1988, vigente para la fecha de los hechos, que en desarrollo de aquel exigía la intervención del funcionario judicial en la realización del
allanamiento como requisito sustancial de validez. Sin embargo) el censor no dice, ni la Sala advierte) de qué manera con la referida irregularidad las conclusiones del fallo atacado serían diversas, pues la situación fáctica advertida fácilmente puede estabiecerse con otros medios de prueba no cuestionados en su validez, tales como las declaraciones de María Encarnación Besantes, Eva Vera, Julian Jaime cueste, Jesús Antonio Delgado Ortiz, Walter Cortés Medina, Juan Carlos Uribe, Ana ¡sabe! Rodríguez Alvaro Javier Alvarez Marín, Carlos Alberto Aros Ramos, Edgar Orlando Martínez Forero, Sergio Gómez, Pedro Antonio Dubeybe Hernández, Elías Ocampo Tobón, Alberto Infante Acevedo, y Mario Ospina Penal, así como con la inspección judicial efectuada el 19 de mayo de 1998, de los que razonablemente puede concluirse que el propósito del procesado no era otro que el de simular el arreglo de la lavadora de carácter oficial para proceder a cambiarla por una de su 1. col~ k RapisLa 14(cid:9) C/íSCIÓN 16096 C ,g, surp4iwa JORGE ENRIQUE iSUTIi5,RREZ ALVAREZ L J propiedad de menor capacidad pues de lo contrario no habría insistido inicialmente ante las empleadas de la lavandería que se trataba de Ja misma máquina a la que se habían efectuado algunas reformas, posición inconsistente con un verdadero interés en procurar simplemente el arreglo del electrodoméstico del Comando, más aún si se estableció que funcionaba perfectamente y que sólo tenía averiado el control de velocidades. Vale decir, la ilegalidad denunciada carece de trascendencia
en el fallo atacado corno para derruir la dual presunción de acierto y legalidad de la que está revestido, dado que los errores que ameritan la casación de las sentencias no pueden consistir en meras irregularidades, inconsistencias, o inclusive ilegalidades, pues el carácter reparador del instituto torna imprescindible que se evidencie la concreción material y efectiva de aquellas en lo decidido en la determinación reprochada, pues de lo contrario, como sucede en este asunto, la corrección deviene en intrascendente, y no desvirtúa la atribución de responsabilidad como lo pretende el actor. El cargo no prospera.
Segundo cargo: Falso Juicio de existencia al ser ignoradas algunas pruebas El error de hecho por falso juicio de existencia por omisión de las pruebas supone que el medio probatorio no ha sido apreciado de ninguna manera, pese a figurar en la actuación, esto es, se trata de construir la providencia judicial con total
1. C0Liiit 15(cid:9) C4ifÓN 16096
C.,14 Sup#iii h JudiCU JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ marginación de una prueba válidamente practicada o aducida al proceso, que resulta trascendente en el sentido de la decisión: por tanto, cuando se invoca esta clase de censura al demandante le corresponde indicar el medio no valorado, cuál es la información que objetivamente brinda, qué mérito demostrativo debe serle asignado, y cómo su estimación conjunta con el resto de elementos que integran el acervo probatorio conduce a trastrocar las conclusiones del fallo censurado. El censor incurre en protuberantes falencias técnicas al
reprochar falsos juicio de existencia por omisión de pruebas, para acto seguido en su demostración seflalar que no se detectaron las contradicciones que en su criterio emergen entre las declaraciones de María Encarnación Basante de Arguelles, Eva Vera de Medina y Ana ¡sabe! Rodríguez; en efecto, si las pruebas fueron valoradas no hay lugar al falso juicio de existencia postulado, pues este no consiste en pretermitir las contradicciones o apartes de las pruebas, sino en omitir íntegramente el medio probatorio. Además, es necesario precisar que en punto de la técnica casacional no hay lugar a falsos juicio de existencia sobre fragmentos de pruebas, como al parecer erradamente lo asume el impugnante, pues cuando se suprime o cercena un aparte del medio probatorio, se da lugar al falso juicio de identidad, cuya naturaleza, postulación y acreditación son diversas. Ahora bien, si lo que se reprocha es la valoración de las referidas pruebas por parte de los falladores, correspondía al iiriLa J# CoLa, k 16 CSAC/ÓN 16096 C ri S.piim&t I# JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ casacionista plantear y desarrollar el cargo por error de hecho por falso raciocinio asumiendo naturalmente las obligaciones derivadas de tal censura. Adicional a lo expuesto sin dificultad se observa que no es cierto que los medios de prueba seflalados por el censor hayan sido omitidos en su contenido material, pues en el fallo de segundo grado se anotó: "A la anterior prueba se le abona las afirmaciones de CT ALVAREZ MARIN y TE MARTINEZ FORERO, quienes se
enteraron del cambio de la lavadora por A, Informado por las empleadas que lo manejaban, señora MARÍA BASA NTES y EVA VERA, a quienes según estas el acusado quería hacerles creer que trataba de la misma lavadora del Escuadrón pero que ésta no correspondía a le misma". En cuanto al reproche del casacionista de que en el fallo no se tuvo en cuenta la animadversión de María Encarnación por su defendido, una vez más el actor falta a la técnica, pues ello no constituye falso juicio de existencia por omisión como ya se explicó, pero además no es cierto lo afirmado por él, pues en la sentencia atacada se anotó: "No acepta la Sala las razones del señor ¡Defensor al Impugnar el fa/lo en e/ sentido da que no existen dudas ni contradicciones de los testigos que hacer ver la condición con fictiva de MARIA ENCARNACIÓN y la actitud Irregular de la señora EVA VERA en el manejo de la lavadora, porque éstas conductas no son del caso de analizar aquí...". 4. t,,00bz 17(cid:9) :' •óN 16096
C 10 Swpodua 1 JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ALVAREZ
#0. En punto del falso juicio de existencia por omisión que el defensor predica respecto de los documentos sobre procedimientos para disponer la reparación de un equipo del Escuadrón de Sanidad y las funciones del procesado como Comandante del mencionado Escuadrón se tiene, que en efecto, no se hace mención de ellos en el fallo atacado, pero es importante resaltar que el casacionista no señaló, ni la Sala consigue establecer de qué manera tales medios de prueba
tendrían injerencia alguna en el fallo de condena proferido en contra del procesado, circunstancia que denota la intrascendencia de la censura e impide su prosperidad. Similares consideraciones pueden efectuarse respecto del falso juicio de existencia respecto de otros documentos de carácter administrativo y de control interno que señalan que el Teniente Alvaro Alvarez Marín y el Coronel Jorge Enrique Parga estaban involucrados en otras irregularidades, pues su consideración en nada afecta la situación de responsabilidad del procesado en el fallo. Ahora bien, respecto del falso juicio de existencia sobre la cotización remitida a la Dirección del Hospital acerca del mantenimiento y revisión de la lavadora, el impugnante falta a la verdad, pues en el fallo de primer grado que integra una sola unidad con el de segunda se afirmó que; El Capitán GIJTIERREZ urnateria ¡izó su idea criminal, al/levar a su casa la lavadora y ordenar que la suya fuera puesta a disposición de! Ho3p#al a sabiendas que la famosa cotización de $60000,00, dada por el se flor HERNAN PEREZ, no era lo l R,311tt4 C0L11k1 4'40 18 (cid:9) :A(cid:9) o N16096 C 4 SIpaAs £11, JHdidd JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ adecuado, por cuanto telefónicamente no se podían hacer cotizaciones, sin saber los daños.". En suma, lo que sin esfuerzo asume la Sala es que, contrario a lo expuesto por el censor, el ad quem valoró las pruebas en conjunto pero desechó razonadamente aquellas que
no le ofrecían credibilidad y edificó el fallo con las demás, sin que se establezca omisión alguna de carácter trascendente que pudiera trastocar lo decidido, circunstancia que denota la ausencia del yerro postulado, y sin ello carece de sentido alegar la inexistencia de dolo o la confusa ausencia de antijuridicidad material que vagamente sugiere el defensor. Menester resulta reiterar que el fallo de condena se construyó, entre otras, con base en las declaraciones de María Encarnación Basan tes, Eva Vera, Edgar Orlando Martínez Forero, Sergio Gómez, Pedro Antonio Dubeybe Hernández, Elías Ocampo Tobón. Alberto infante Acevedo. Julian Jaime cuesta, Jesús Antonio Delgado Ortiz, Walter Cortés Medina Juan Carlos Uribe, Ana Isabel Rodríguez Alvaro Javier Alvarez Marín, Carlos Alberto Aros Ramos, y Mario Ospina Penal, así como con la inspección judicial efectuada el 19 de mayo de 1998, circunstancia adicional para denotar la improsperidad por intrascendencia del reproche. Finalmente debe señalarse que el defensor, en manifiesto olvido del carácter rogado de este procedimiento extraordinario no se detuvo a señalar a la Corte el sentido del Jallo de reemplazo que solicita, motivo de más para que fracasen sus pretensiones L C0L1
RDIItL 19 CASACIÓN 16096
JORGE ENRIQUE GUTIÉRREZ ALVAREZ J# judieiw ?"' El cargo no prospera. Por las razones anotadas como con acierto lo señala el Delegado, adicional a la falta de técnica casacional de la demanda, se advierte que carecen de razón y de sustento los
argumentos del censor como para desvirtuar la presunción de acierto y de legalidad de la que está revestido el fallo, motivo por el cual no es procedente su casación. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE NO CASAR la sentencia recurrida. Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.
