CSJ - SP16308(02-08-2000)

REPUBLICA DE COLOMBIA

Extradicic16.303 (e Q 4k'ena de 1? )OSJCÍÓfl

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

DR. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE

Aprobado Acta No. 131 Santafé de Bogotá,(cid:9) D.C.,(cid:9) agosto dos (2) de dos mil (cid:9) / (2.000).

VISTOS: Se pronuncia la Sala sobre el recurso de reposición interpuesto por el defensor del requerido en extradición GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ MAYA, c;ontra el auto del pasado 3 de marzo, mediante el cual se negó la nul i dad del trámite previo en este asunto adelantado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Para comenzar, resalta el memorialista el contenido del debido pr oceso y su at r a i go const it Uc i onal , así como el deber que

IEPUBLICA DE COLOMBIA Extradici4h/J 16.308 /oS i c ;'< &u/4eeQfliZ ale tienen 1 as autoridades(cid:9) de respetarlo en toda actuación judicial o administrativa, UCS afirma ser esta la única posibilidad de distinguir, un derecho penal democrático de uno dictatorial, dado que está íntimamente ligado con el principio de legalidad, quedando comprendido dent ro de estos supuestos y en toda su amplitud el trámite de extradición, como que inaplazablemente en él se involucra el respeto de los derechos fundarnent ales. Apoyado en algunas citas de la Cort e Const i ucional sobre el

/ debido proceso que estima pertineites, insiste en seña lar que el trámite de extradición no puede entenderse iniciado con la admisión del expediente por, la Corte, razón por la que califica de imprecisa la interpretación en este sentido se le viene dando al artículo 556 del Código de Procedimiento Penal, ya que según su criterio, la actuación precedente no puede entenderse que esté por fuera de dicho trámite, pues la verdad es que se inicia con la propia solicitud de extradición, debiéndose garant izar el derecho de defensa desde ese mismo momento. Por tanto, las actuaciones de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, en efecto, forman parte del trámite de extradición, por, lo que debe darse la posibilidad de ejercer sobre ellas control, máxime cuando no existe norma alguna que lo desearte o que señale que únicamente dicho control pueda ejercerse sólo hasta cuando se produzca la resol uc i ófl que concede o niega la extradición. 2

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Extradiciót// 16.308 Q9t',It~ a~ J.7m4" R/bS i ión e Afirma en consecuencia el memorialista, que resulta de particular' interés para la defensa y la propia Corte, establecer por ejemplo cuáles normas son aplicables y Si la documentación está o no completa, pues no aceptarlo es negar, que todo acto administrativo está sujeto a los recursos ordinarios, además de que la tesis de la Sala, que reconoce es reiterada y antigua, implicaría que el derecho de defensa sólo puede ejercerse cuando se ha producido la extradición, en la

medida en que acorde con lo señalado por, los artículos 50, 56, 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo, la decisión que / Se llegase a adoptar ser- íade ejecución inmediata Sin que la acción contenciosa lo pudiese evitar. Entiende, entonces, que si a la Sala no le es dable ejercer control sobre los actos administrativos de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Just icia y del Derecho, tampoco puede realizar' pronunciamientos adversos y si bien no existe en dicha actuación previa una etapa probatoria, ella no es necesaria para el(cid:9) ejercicio de la defensa y tanto uno como otro Ministerio, acorde con los artículos 552 y 553 del Código de(cid:9) Procedimi ento(cid:9) Penal(cid:9) deben(cid:9) primero(cid:9) ami t i r(cid:9) concepo determinando si el trámite debe sorneterse a un tratado o convención internacional y el estudi o de la documentación, asuntos que bien se pueden debatir, sin que exista un período probatorio. Así las cosas y no obst ant e carecer, el procedimiento penal de normas que admita;' la referida controversia, sostiene el 3 REPUBLICA DE COLOMBIA Extradición /.3O3 794eQuz ¿ /?irnhdic ión petente que en sujeción al principio de integración corresponde a la Corte aplicar preceptos del Código Contencioso y posibilitarlo, razones por las cuales solicita reponer, el auto impugnado para en su lugar, declarar la nulidad impetrada.

CONSIDERACIONES:

1. Sustentada la solicitud de nulidad por parte del

represent ant e judicial del requerido en extradición GUSTAVO / ADOLFO GOMEZ MAYA, en la presunta vulneración del debido proceso y el derecho de defensa, dent ro de la actuación administrativa previa a este trámite adelantada por lo Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, por, no habérsele notific;ado oportunamente de su inicio imposibilitándose así, según sostuvo, el ejercicio del contradictorio, para denegar esta petición precisó la Corte en el auto impugnado, que además de partirse del supuesto según el cual esa intervención durante dicho período es viable, también se asume que en ella resultan admisibles los debates probatorios, absi rac;tas elucubrac iones carentes por, completo de respaldo en normas positivas, por, lo mismo desconocedoras de que debates de tal índole sólo han sido contemplados en la ley durante la fase judicial de la extradición, sin que además corresponda a la Corte calificar el referido trámite administrativo inicialmente cumplido, de donde la nulidad promovida se rechazó no sólo por, es imarse infundada, SiflO además, improcedente.

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ExtradicióiJ//6.303 RebWs i ión Q9 j iyema ¿e fwáb" e2. Para oponerse a la decisión nugatoria de la nulidad, nada nuevo agrega el rnernórialista que no haya sido objeto de propuesta a la Sala y sobre lo cual ella no se hubiera pronunciado, como que se trata de una recurrente tesis insistentemente aducida. En efecto, vuelve el actor sobre la premisa según la cual la

actuación previa del Gobierno en desarrollo del trámite de extradición no puede adelantarse sin permitirle al requerido y a su apoderado participar en desarrollo de ella, como una / manifestación del debido proceso, que también debe ser objeto de garant ía en actuaciones admi fi st rat i vas y del derecho de defensa.

3. Para la Corte resulta indesconocible,(cid:9) como que corresponde al sistema mixto en materia de extradición adoptado por el Estado colombiano, que si bien en su configuración el trámite de extradición se compone de un bloque de actuaciones propias del Gobierno a través de sus Ministerios de flelaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho y otro de índole judicial que compete a esta Sala, se trata de actos compi ement ar i OS que finalmente co ti forman un procedimiento unitario el cual debe culminar con el proferirniento de la resolución que niega o concede la ext radición.

Sin embargo y en esto también la doctrina de la Sala es no solamente constante sino r'eiterat ivc, el hecho de ser dicha 5 nEPUBLICA DE COLOMBIA Extradición/ j/76. 308 Raii6 i ión e &u/te'na h(cid:9) tcez actuación compleja no posibilita en modo alguno que una cualquiera de las ramas del poder público intervinientes, pueda interferir la actividad desarrollada en el decurso de este trámite por la otra, pues impera en tal sentido la independencia que caracteriza sus funcione,->.

4. De ahí que ( cuando el(cid:9) artículo 556 del(cid:9) Código de Procedimiento Penal señala con toda claridad que a partir de la

recepción del expediente por, la Corte, comienza el trámite formal de la e x t radición, deba entenderse que el derecho de / defensa consagrado en el articulo 567 ibídem, lo es, precisamente, desde el momento en que "se inicie el trámite de extradición", que el propio ordenamiento ha indicado en precedencia, oportunidad a partir de la cual, en efecto, corresponde a la Sala en desarrollo de su actuación garantizar los derechos del requerido en extradición.

5. Así entonces, para insit ir en la nulidad propuesta, de una parte, el petente le atribuye a la Corte una competencia de la cual ciertamente c;arece, pues dada la naturaleza de la actuación del ejecutivo la misma escapa al control de la Sala y de otra, como ya se advirtió, acude a la ficción según la cual en desarrollo de la actividad previa de los Ministerios orientada como se sabe a reunir la documentación a que se refiere el artículo 551 id. junto con la determinación del ordenamiento, convenciones o usos internacionales con sujeción a los cuales jurídicamente debe adelaritarse el trámite pertinente, es decir desde el inicio mismo de ella cuando se

6 RE PUBLICA DE COLOMBIA Extradiciórjj/ 6.303 &u/ema de jzob;~~ Rinlis i ión recibe la solicitud de extradición, resulta imperativa la intervención del requerido y su representante judicial, no obstante que esta afirmación se hace de lege ferenda, pues no ti ene el menor sustento en la ley.

6. Como se ha advertido en otras oportunidades, si algún control puede ejercerse sobre el segmento de intervención que compete al Gobi erno, ha de intentarse di rectamente ant e el

ejecutivo o eventualmente ante la jurisdicción contenciosa, única competente para conocer sobre los vicios de fondo o forma / en que haya podido incurrirse en la expedición de los diversos actos por, parte de la administración. De ahí que sea oportuno reiterar que "si bien la rama judicial del(cid:9) poder(cid:9) públ i co(cid:9) tienen(cid:9) capacidad y competencia par a pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos bajo el actual esquema constitucional ello solo resulta posible por' la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no por-- 1l aa Corte Suprema de Justicia, cuya función al emitir el Concepto se circunscribe a la verificación de la validez formal de la docmentación presentada en apoyo de la solicitud de extradición, 1 identificación plena del solicitado, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y, cuando fuere el caso, el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos, según el marca normativo al efecto señalado por el Gobierno Nacional como aplicable al asunto" (Auto, 31 de mayo del 2.000 M.P. Dr. Arboleda Ripoli). 7

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7. Culmina el impugnante reconociendo que las normas de procedirnieno penal vigentes no hacen viable la controversia que propone como de forzosa garantía durante la etapa preliminar de extradición, lo que de por Si indica la debilidad misma de sus argumentos, creyendo encontrar con apego en el princi pio de

integración previsto como norma rectora en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, la solución pues de esta manera podría directamente la Corte dar, aplicación a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, pasando así desapercibido el pet ente, el hecho de que si bien en aquel las mat er i as que no / se encuent ren expresamente reguladas en proc;edimi ento penal resulta dable aplicar las disposiciones de otros ordenamientos, esto es posible "siempre que no se opongan a la naturaleza del los procedimientos o trmites señalados en ese mismo cuerpo normativo, lo que evidentemnte no acontecería con aquellos normas del Código Contencioso, según ya quedó clarificado. En estas condiciones, la decisión recurrida, por tanto, deberá rnant ene rse en fi rme Con base en lo brevemente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en SALA DE CASACIÓN PENAL, RESUELVE: NO REPONER la decisión objeto de impugnación. Cópiese, notifíquese y cúmplase. 8 lE PUBLICA DE COLOMBIA Ext t'adi 16.303 de pos i C iófl Q5ena

ERNANDO ARBOLEDA RIPOLL CÓRDOBA P07

CARLOS A CUTO GÁ EZ ARGOTE JORGE ANÍBAL .'ÓTEZ GALLEGO

ANTILL NOUGU 8 LOS EDUARDOIMELJÍA ESCOBAR

NI

ALVARO OB ANDO PÉREZ PINZÓN

Teresa Ruiz Núñez Secretar-¡a 9