CSJ - SP16726(25-04-2001)

4 J2. 7e.i4,ww,w7 t7

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente

Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No.61 Bogotá D. C., veinticinco de abril de dos mil uno (2001). VISTOS Decide la Sala la solicitud de suspensión del trámite de extradición, elevada pordefensor del requerido, ALFREDO TASCON AGUIRRE. ANTECEDENTES En el traslado previsto para alegar de conclusión, el apoderado del requerido, ALFREDO TASCON AGUIRRE, solicita a la Corte declare improcedente el trámite de extradición, o lo suspenda hasta que la Corte Constitucional decida la tutela presentada por su poderdante, o emita concepto 2 1?% 4 /1 9~7 Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. v7(cid:9) 99WW)/eZ O desfavorable a la entrega; y subsidiariamente condicione la entrega a las obligaciones que relaciona en el escrito. Peticiones que el libelista apoya en los siguientes argumentos: 1. "Excepción previa de inconstitucionalidad del sentido normativo asignado al artículo 13 del C.P. en la actualidad". Asegura, que la Corte viene sosteniendo expresa o tácitamente, que la extradición de nacionales colombianos es procedente, incluso por delitos cometidos en Colombia, con el argumento que la expresión contenida en el artículo 35 de la Carta, por "delitos cometidos en el exterior", debe interpretarse en armonía con el artículo 13 del Código Penal, de manera que si el delito es

realizado total o parcialmente en Colombia, pero al tiempo puede considerarse ejecutado parcialmente en el exterior, da vía libre a la extradición. Criterio que, reitera, la Sala expuso en el concepto emitido el 3 de octubre ño pasado -radicado No. 15.862 con prescindencia de los siguientes -, aspectos sustanciales: 1.1. Desatendió el principio de territorialidad, en virtud a que cometido el delito en Colombia, eran las leyes penales de nuestro país las llamadas a ser aplicadas. 3 €7' 2. Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. 1.2. Siendo que el delito es de mera conducta, no era necesario atender el lugar donde se produjo el resultado, a efectos de establecer el sitio de su perfeccionamiento. Además, el país requirente no invocó la comisión del delito en su territorio, ni la extraterritorialidad de sus leyes, sino el principio real o de defensa. Interpretación que estima es inconstitucional, por atentar contra el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, y menoscabar el principio de territorialidad de la ley penal colombiana. Arguye, que el artículo 13 del Código Penal impone la aplicación de la ley penal sustancial a todas las personas que la infrinjan dentro de nuestro territorio, describiendo aquellas circunstancias en las cuales se considera cometido el delito en Colombia. Empero, agrega, en los trámites de extradición se le está haciendo decir lo contrario, acudiendo a la regulación que el inciso 20 trae para determinar cuándo el delito fue ejecutado en el exterior y de esa manera dejar de aplicar el

derecho interno, así los mismos criterios hagan reputar cometido el ilícito en nistr país. Recalca, que el inciso 20 prevé los casos en que se debe considerar el delito cometido en Colombia para aplicar sus leyes, mas no para permitir operar normas extranjeras en nuestro territorio. Adiciona, que cuando existe conflicto entre la jurisdicción colombiana y una extranjera para conocer de un delito, se debe ponderar la situación a la luz de la Constitución Política y las disposiciones internacionales vigentes, para determinar 4 Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. si prevalece el principio de extraterritorialidad o por el contrario alguno de los criterios de excepción de extraterritorialidad que alegue el país extranjero. De lo anterior deduce que, cuando el delito se comete o se considera legalmente cometido en Colombia, se deben aplicar obligatoriamente las leyes penales de nuestra patria; sin embargo, si se cometiere en el exterior, puede asumir su conocimiento en aplicación extraterritorial de sus leyes, o disponer la extradición del infractor, si se ha refugiado en nuestro suelo tras delinquir en otro país. Luego de analizar las hipótesis previstas en el inciso 20 del artículo 13 del Código Penal, concluye que de concurrir cualquiera de estos criterios, el delito se considera cometido en nuestro país, siendo forzosa la aplicación del ordenamiento jurídico interno, así se considere que el resultado debió producirse en el extranjero, con mayor razón si se trata de un delito de mera conducta. Desde esa perspectiva encuentra armónica la reglamentación del artículo

250..0_9-- la Constitución Política, con la hecha por el artículo 13 del Código Penal, en virtud a que determinada la ocurrencia del delito en Colombia, la Fiscalía está en la obligación de investigarlo; función que al ser imperativa y no discrecional, afirma, impide a las autoridades dejar de aplicar la ley nacional para darle prevalencia a la extranjera. Entendimiento que también halla simétrico con la regulación que hace el artículo 35 Superior, al permitir la extradición de colombianos por nacimiento, solo por delitos cometidos en el exterior, desterrando cualquier posibilidad de 5 /m7v7 ¿7' 1 Ext. No. 16.726 ALFREDO TAS CON A. impunidad, dado que si el delito fue realizado en Colombia será investigado y juzgado en su interior, y si se cometió en el exterior, podrán aplicarse sus preceptos extraterritorialmente o concederse la extradición. Explica, que a su juicio, la expresión "cometidos en el exterior", debe cobijar los delitos realizados total o parcialmente en el extranjero, y en este caso, como el señor TASCON AGUIRRE, está acusado de tres cargos de conspiración que pueden ser equiparables al concierto para delinquir - delito de mera conductarelacionado con la exportación de cocaína y lavado de activos, y el acuerdo de voluntades se pregona ocurrió en las oficinas de ALEJANDRO MADRIGAL en Bogotá, es claro que ocurrieron en Colombia, y en consecuencia han de ser regidos por las normas Colombianas, de conformidad con el inciso 10 del artículo 13 de¡ Código Penal.

En particular, asevera, que con la intelección que viene dando la Corte a dicho precepto, viola el artículo 35 de. la Carta, por cuanto extiende su aplicación a reatos cometidos total o parcialmente en territorio colombiano, restringiendo al reuerido el derecho al acceso a la justicia; y el artículo 250 de¡ Estatuto Fundamental, dado que un delito planeado, iniciado y ejecutado total o parcialmente en territorio colombiano, que se puede considerar realizado en otro país, se tendría como ejecutado exclusivamente por fuera de nuestro territorio, impidiendo que la Fiscalía General de la Nación se abstenga de iniciar investigación. Finaliza aseverando que es evidente la inconstitucionalidad de la aludida interpretación, al cotejarla con la doctrina constitucional, que pregona que las 6 e7(cid:9) 411Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. excepciones a que se refiere el primer inciso del artículo 13 del Código Penal, se reducen a la inmunidad jurisdiccional y consular, las que se deben estudiar en armonía con el artículo 15 de la misma obra. 2. "Los principios de derecho internacional aplicables". 2.1. "Concepto de "principios generales de derecho internacional aceptados por Colombia" e identificación de los mismos". Asevera que las peticiones de extradición se deben regir por los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, previstos en el artículo 90 de la Constitución, junto con la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, como normas que regulan las relaciones exteriores de Colombia. Precisa que para que dichos principios sean aplicables en el ordenamiento

jurídico interno, lo esencial es que hayan sido aceptados y reconocidos por Colombia, de modo que si alguno de ellos está consagrado en normas convencionales, se requiere que nuestro Estado sea parte de la convención, sin que haya presentado reservas; ahora, si atañe a normas consuetudinarias se exige que Colombia haya participado, por su práctica diplomática y su opinión iuris, en la positivación de tales principios. Finaliza este acápite relacionando algunos ejemplos de principios generales que considera han sido reconocidos por Colombia por vía convencional o consuetudinaria. 7 Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. 2.2. "Naturaleza normativa y ámbito de aplicación de los principios generales de derecho internacional en el sistema jurídico colombiano". Afirma, que como los principios generales del derecho internacional aceptado por Colombia constituyen limitaciones al manejo de las relaciones exteriores, cuyo respeto y observancia engloba toda facultad gubernamental en el manejo de las relaciones internacionales, y siendo la extradición una institución que depende del manejo de las relaciones exteriores del Estado Colombiano, las competencias del Gobierno Nacional en esta materia, están regidas por los mismos. Desde ese punto de vista, considera, se debe rechazar el concepto rendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, traducido en que en este caso se debe proceder de acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, porque en su sentir, las competencias del Gobierno y del Estado Colombiano en general, deben ser estudiadas dinamizando los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Aplicar, de manera exclusiva el ordenamiento procesal penal, decçociendo los artículos 9y 226 de la Constitución, estima, viola el artículo 40

ibídem. 2.3. "Naturaleza jurídica de la extradición y facultades que de ella se desprenden según los principios de derecho internacional aceptados por Colombia". 2.3.1. "La extradición hace parte de las competencias nacionales exclusivas de los Estados". 8 ~.,t ?., jly Ext. No. 16.726

ALFREDO TASCON A.

Refiere que el derecho internacional, posee entre sus principios generales, el reconocimiento de las competencias nacionales exclusivas o de dominio reservado, "que designan una categoría de facultades estatales sometidas a un régimen discrecional para sus titulares". Este principio, aduce, ha sido aceptado por Colombia en varios instrumentos internacionales y encuentra su expresión en la autodeterminación de los pueblos y en el principio de conveniencia nacional, estatuidos en los artículos 90 y 226 de la Constitución Política. De lo anterior infiere el libelista, que el Estado Colombiano no está obligado a extraditar por fuera de vínculos convencionales, sino que por virtud de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, goza de discrecionalidad para acceder o no a la reclamación hecha por potencias extranjeras con quienes no tiene vínculos convencionales vigentes y aplicables recíprocamente. 2.3.2. "El ámbito de aplicación del principio de conveniencia nacional, solo ópen ausencia de obligaciones internacionales del Estado Colombiano". Argumenta, que de existir obligaciones convencionales internacionales que obliguen a Colombia con el Estado requirente, el Gobierno Nacional no puede alegar el principio de conveniencia nacional para denegar la extradición, el cual solo podrá invocar en el supuesto de que goce de la competencia discrecional.

9 Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. '/e ,9'wW3Z Conclusión a la que dice arribó la Corte en la decisión del 29 de diciembre de 1.983, tras recordar que la extradición "se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones de conveniencia nacional". 2.3.3. "La ponderación y jerarquía de los principios generales que rigen el manejo de las relaciones exteriores". Operar los diversos principios que gobiernan las relaciones internacionales, señala, encierran eventuales conflictos entre ellos, en cuyo caso se deben aplicar de manera ponderada, tal como se procede con los principios constitucionales. Método que explica se debe observar en la extradición, en el siguiente orden: 2.3.3.1. Al estar supeditada la conveniencia nacional a los principios de equidad y reciprocidad, se manifiesta de dos maneras: 2.3.3.1.1. "Opera como una reserva de no hacer fundada en motivos políticos". Explica que la conveniencia nacional es el resultado de los principios de de.echo internacional, de no injerencia en asuntos internos, de autonomía constitucional y de dominio de reserva. Por consiguiente, le permite al Estado invocar razones de política para negarse a ejercer dichas competencias, sin que le acarree responsabilidad internacional al Estado; por esta razón, refiere, puede negar una petición de extradición, cuando no hay tratado de extradición aplicable, así como la Corte lo decidió en el concepto del 29 de noviembre de 1.983, aludido. 'o

Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. ¿7? 2.3.3.1.2. Se manifiesta en un aspecto positivo o de hacer, de manera que si el Estado decide adoptar determinado comportamiento, lo hace no por el convencimiento de un deber jurídico internacional, sino por motivos políticos. Por su esencia política las decisiones del Gobierno Nacional basadas en conveniencia nacional, están sustraídas de toda valoración jurídica material. 2.3.3.2. En materia de extradición, asegura, a falta de tratado vigente aplicable, el principio de conveniencia nacional permite al Gobierno considerar discrecionalmente la solicitud, dependiendo el resultado solo de su libre determinación. Aclara que la discrecionalidad no conlleva arbitrariedad, por cuanto ella está limitada por los fines esenciales del Estado, delineados en. el artículo 20 de la Constitución Política. 2.3.3.2.1. "Argumento del reductio ad absurdum". Considera que de conformidad con la posición pregonada por la Corte, se estaría aceptando que la conveniencia nacional es superior a los principios de equidad y de reciprocidad, o que el gobierno puede elegir indiscriminadamente por criterios exclusivamente políticos. Recuerda que las relaciones internacionales tienen como principal característica, estar regulada por un "jus inter pares", fundado en el principio de 11 17 Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. igualdad soberana de los Estados y la autodeterminación de los pueblos, los que están reconocidos por el artículo 9 superior. En ese orden, afirma el defensor, Colombia estatuyó que no hay

conveniencia nacional, en cuanto principios como la autodeterminación de los pueblos, la igualdad soberana, la equidad, la reciprocidad, no se vean asegurados. 2.3.3.2.2. "Argumentos a completudine (sic.) y a coherencia del sistema jurídico". Según este criterio, expresa, el sistema jurídico aspira a ser completo y coherente, unidad que no se alcanzaría si la equidad y la reciprocidad se sometieran al juicio de conveniencia del Gobierno Nacional, de donde infiere, que no habría materialmente ninguna dirección constitucional prevista del manejo de las relaciones exteriores. La naturaleza y contenido de los principios de derecho internacional, ericentra, se anulan si no son puestos en un plano de igualdad jerárquica, quitándole toda coherencia a la regulación constitucional de esta materia, resultado al cual se llega, cuando en la extradición se afirma que el artículo 35 es ajeno a los artículos 9 y 226 de la Constitución Política, dándole una primacía que pulveriza el principio de coherencia. 2.3.3.2.3. "Argumento ab autoritate". 12 Ext. No. 16.726

ALFREDO TASCON A.

Señala que como la conveniencia nacional, está en la parte inferior de la jerarquía, la extradición inicialmente ha de sujetarse al principio de reciprocidad, Juego al ordenamiento interno, y finalmente si podrá considerarse los criterios de conveniencia nacional. El lugar de privilegio que le da al principio de reciprocidad, señala, hace necesario explicar su contenido y funcionamiento, de la siguiente manera. 2.4. "La aplicación del principio de reciprocidad en materia de extradición

como principio de derecho internacional aceptado por la república de Colombia.". Reitera que en razón a que el principio internacional de reciprocidad es 90 recogido por el artículo de la Constitución, obliga a todas las ramas del poder público y no solo a la ejecutiva 2.4.1. "La obligación de aplicar el principio de reciprocidad por parte del Gobierno Nacional". Dice, que tal como lo ha predicado la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional está obligado a conducir las relaciones internacionales, con base en el respeto a los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia, entre los cuales está el de reciprocidad. 2.4.2. "La obligación de aplicar el principio de reciprocidad por el Congreso Nacional". 13 e7' (cid:9) (Ç,fl1 JJO~ Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. eíe Cuando el Congreso ejerce el control político y jurídico sobre los tratados firmados por el Gobierno Nacional, considera el peticionario, debe cumplir lo dispuesto por los artículos 9 y 226 de la Constitución. 2.4.3. La obligación de aplicar el principio de reciprocidad por el poder judicial". El poder judicial tampoco puede omitir la aplicación del principio de reciprocidad, dado que la Corte Suprema de Justicia participa en el manejo de los asuntos internacionales, al emitir concepto sobre la extradición. Reitera, que si la observancia del principio de reciprocidad fuese competencia exclusiva del poder ejecutivo, no se entendería porqué la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre él como principio de derecho internacional aceptado por Colombia; como tampoco que esta Sala hubiese negado solicitudes de extradición elevadas por países que no podían prometer reciprocidad a nuestra

Nación. Que la Corte pregone que la aplicación de este principio incumbe al Gobierno Nacional, es una afirmación que le parece vulnera normas constitucionales. 2.4.4. Complementa, que es exigencia jurídica del Derecho Internacional público, que a falta de tratado específico sobre extradición, el país requirente se comprometa a proceder de similar manera ante supuestos semejantes. Su omisión, advera, socava el principio de igualdad en el trato o reciprocidad, que rige 14 J17 16.726 ALFREDO TASCON A. en el derecho interno, en orden a las previsiones hechas por los artículos 90 y 226 de la Carta Fundamental, y de obligatorio cumplimiento en el manejo de las relaciones internacionales de Colombia. Considera que la reciprocidad es un requisito de procedibilidad en el trámite de extradición en ausencia de tratados aplicables, y que ha de verse también como un 'aspecto sustancial del cumplimiento de los tratados públicos signados y ratificados por Colombia. Al estar contenida en tratados públicos vigentes en Colombia, la exigencia de la reciprocidad, estima, vincula a la Corte a través de la parte final del artículo 558 del Código de Procedimiento Penal, porque coloca el caso frente al supuesto legal del "cumplimiento de tratados públicos". Además, reviste calidad de norma internacional consuetudinaria o uso internacional, la cual también es recibida por el articulo 552 del ordenamiento procesal penal, exigencia que considera la Sala hizo en los, conceptos del 2 de noviembre de 1.988, y del 23 de julio de 1.986 con ponencias de los Doctores

EDGAR SAAVEDRA ROJAS y LUIS ENRIQUE ALDANA ROZO.

Así pues, como los Estados Unidos de América, no pueden entregar a sus nacionales de ser pedidos en extradición por Colombia, tampoco puede a falta de tratado internacional vigente y aplicable que así lo disponga, pedir a nuestro país la extradición de colombianos, al menos mientras no otorgue garantía de reciprocidad. Sobre esta parte del libelo presenta las siguientes conclusiones: 15 E'(cid:9) o 16726

ALFREDO TASCON A.

Que atendiendo la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia, en auto del 16 de diciembre de 1.999 dentro del expediente número 15.862, al manifestar que los usos internacionales y los principios de derecho internacional no son elementos del trámite judicial en la extradición, si no están contemplados en el tratado público o en la ley que en su defecto rija la extradición, y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional; el Presidente de la República, no puede conceder la extradición, a un Estado con el cual no haya igualdad de trato o reciprocidad, porque para él es imperativo respetar los artículos 90 y 226 de la Constitución Política. En razón a que el Gobierno Nacional ha desconocido el principio de reciprocidad, pese a que la Corte ha reconocido su carácter vinculante, le pide reiterar en su concepto se de cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9° y 226 de la Carta. Como a esta Corporación compete velar por la juridicidad legal y constitucional del proceso de extradición, considera debe pronunciarse también sbe:el requisito de la reciprocidad, pues siendo un principio internacional es imperativo para todos los organismos estatales, sin que sea suficiente "chutarle

(sic) la pelota al otro" como viene sucediendo entre la Corte y el Gobierno Nacional. Con base en lo anterior, pide el libelista a la Corte, emita concepto desfavorable, y en concreto porque el Estado requirente no ha satisfecho ni puede cumplir el principio de reciprocidad. 16 ,i 2ir'- Eit. No. 16.726

ALFREDO TASCON A.

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3. Prejudicialidad constitucional.

Concreta que los argumentos expuestos anteriormente, constituyen en esencia el contenido de la demanda de tutela que su asistido presentó contra el trámite de extradición, la cual está en curso en la Corte Constitucional, y que de prosperar, a su juicio, incidiría en el fondo del asunto, por referirse fundamentalmente a la reciprocidad y a la prevalencia de la territorialidad de la ley colombiana. Por lo tanto, pide que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 del Código de Procedimiento Penal y 170 del Código de Procedimiento Civil, la Corte suspenda la actuación, hasta que la Corte Constitucional decida la acción de tutela.

4. El concepto de "delito cometido en el exterior", usado por el artículo 35 de la Carta.

En este acápite reitera nuevamente que de acuerdo con las exigencias hechas por los artículos 35 y 13 de la Constitución y el CódigoPenal, en su orden, es imprescindible para conceder la extradición, que el delito imputado haya sido cometido por fuera de la esfera de jurisdicción de nuestro país; de donde concluye que no será viable la entrega por delitos ejecutados en Colombia.

En particular, expresa, que como el reclamado no salió del país para la época de los hechos atribuidos, sólo se le podría endilgar un delito a distancia, el que Igual sería investigable en Colombia, porque cuando esta clase de injustos se 17 t7 ÇÇ•2?fZ Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. realizan desde nuestro territorio, la acción se considera efectuada en nuestro país, en orden a lo estipulado por el artículo 13 del Código Penal. Y, en caso de que sin salir del país hubiese ejecutado actos tendientes a quebrantar Ja ley penal de los Estados Unidos de América, señala, teniendo en cuenta el primer inciso del párrafo segundo del artículo 35 de la Constitución Política, en armonía con "el artículado del Código Penal", por tratarse de un colombiano por nacimiento, no podría ser extraditado, pues ello comportaría violación a le Ley Fundamental. Ahora, si realmente le fuera imputable alguno de los cargos hechos en el "inditment", refiere, lo procedente sería proveer su enjuiciamiento en Colombia, cumpliendo las previsiones del artículo 4o de la Convención de Viena, incorporado a nuestro derecho interno por la ley 67 de 1.993. 5. "Interpretación del artículo 13 del Código Penal y contraposición del mismo con el artículo 35 de la Constitución Política". De la redacción del artículo 13 del Código Penal, infiere, que si el delito se considera cometido en Colombia, debe ser la ley penal colombiana la aplicable; interpretación que estima armoniza con la exigencia del artículo 35 Superior, relativa a que la extradición procede únicamente por delitos cometidos en el exterior.

Pero si la ley penal es infringida fuera del territorio nacional, se aplicarán las reglas de territorialidad por extensión y de extraterritorialidad, contempladas en los 18 1/ Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. 5w'e/2 e7 fi%C(( artículos 14 y 15 del Código Represor. En ese orden de ideas, precisa, que las autoridades colombianas (la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación), han venido sostenido que la teoría de la ubicuidad es aplicable en el trámite de extradición, sin embargo, aclara, el artículo 35 no dispone la procedencia de la entrega cuando el delito se considere cometido en el exterior, sino tan solo por delitos cometidos en el exterior. Pese a que el concepto de "el exterior", dice, abarca constitucionalmente el territorio de otro Estado, a través del inciso 2° del artículo 13 del Código Penal a la extradición, se está extendiendo la permisión constitucional a delitos cometidos total o parcialmente en territorio Colombiano, como se ha hecho en las últimas extradiciones concedidas a los Estados Unidos de América. Concluye, que el inciso segundo del artículo 13, es constitucional en su aplicación conjunta con el artículo 35 de la Carta, solamente si no conduce a conceder u ofrecer la extradición de nacionales colombianos que han infringido la ley penal dentro del territorio nacional. 6. "Falta de jurisdicción del Estado requirente para solicitar la extradición y del Gobierno y la Corte Suprema para tramitarla". Para que se cumpla adecuadamente el trámite de extradición, comenta el

peticionario, el delito debe haber sido cometido en el extranjero, lo cual legitima al estado para pedir la extradición, pues si ha delinquido en el país requerido, será este el único legitimado para juzgarlo. Añade, que la extradición no es una forma de garantizar la extraterritorialidad de la ley foránea sino de asegurar que no haya 19 7 ExI o 16726

ALFREDO TASCON A.

O $f)4Ce'O impunidad para delitos cometidos en el exterior; por ello si el delito es cometido total o parcialmente en Colombia, será a nuestras autoridades judiciales a quienes atañe su persecución penal. Y si existe un conflicto de competencia territorial, afirma, no hay razón jurídica para dar prevalencia real o supuesta a la competencia extranjera para juzgar hechos ocurridos en nuestro propio territorio. En este caso, asevera, los delitos imputados a TASCON AGUIRRE, fueron cometidos en territorio nacional, ya que el concierto para delinquir se perfeccionó en Bogotá, en donde se produjo el acuerdo de voluntades, sin que para estos efectos incida el lugar del resultado; amen de que el reclamado no salió del territorio nacional; adicionalmente, dice, los anexos no enseñan la ocurrencia de un solo acto en los Estados Unidos de América, aunque digan que finalmente la droga estaba indirectamente destinada a ser expendida en ese país. Añade, que al país requirente le asistiría interés para juzgar los delitos atribuidos a su poderdante, por el principio real o de defensa, el cual por ser previsto en el numeral 10 del artículo 15 del Código Penal, como motivo para aIiar• la ley penal colombiana extraterritorial mente, también atribuye la

competencia a las autoridades nacionales para su investigación, debido a que los delitos imputados lesionan el orden económico y social. En suma, asevera, Colombia ostenta doble título de competencia jurisdiccional para conocer tales imputaciones, por factor territorial y por atentar contra derechos jurídicos cuya tutela la ley penal colombiana reclama aplicación extraterritorial, que se aplicaría en el supuesto de que los delitos se perpetraron siquiera parcialmente en territorio extranjero. 20 di ? uiExt. Ño. 16.726

ALFREDO TASCON A. ¿4WW)? e7

Finalmente hace las siguientes peticiones principales: 6.1. Se declare improcedente el trámite de extradición, por fincarse en una interpretación inconstitucional del artículo 13 del Código Penal. 6.2: Se suspenda el procedimiento hasta que la Corte Constitucional decida la tutela que su poderdante tiene allí pendiente. 6.3. Se emita concepto desfavorable o negativo a la solicitud de extradición. Y, como subsidiarias las que siguen: De conceptuarse favorablemente, pide se subordine la entrega a las siguientes condiciones: - Que sea juzgado solo por hechos cometidos después de la promulgación ..dé5to legislativo 01 de 1.997, como fueron señalados en la resolución de acusación sustitutiva No. SI-99-CR-101, dictada el 9 de marzo de 1.999 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. - No podrá ser juzgado por actos anteriores al acto legislativo 01 de 1.997, y/o diversos de los que han motivado la concesión de la extradición, ni por delitos

cometidos en Colombia, esto es, que no hayan sido ejecutados en el exterior. 21 7?;&w e7 (cid:9) 'tmz Ext. No. 16.726 ALFREDO TASCON A. $ñ2íz - La ext adición solo se hará efectiva cuando el Estado requirente haga llegar al Gobierno Colombiano, por la vía diplomática, declaración o compromiso de reciprocidad en los términos que la extradición se conceda, al tenor de los artículos 9 y 226 de la Carta Fundamental. - El extraditado no podrá ser sometido a sanciones distintas de las que se le llegue a imponer en la eventual sentencia de condena, al tenor de lo regulado por el artículo 550 del Código de Procedimiento Penal.

7. Con posterioridad el defensor del requerido presentó dos memoriales adicionales, en el primero reitera la solicitud de declarar improcedente el trámite, anexando para el efecto copia de la Sentencia T-1736 de 2.000, a través de la cual la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela interpuesta por el requerido, y copia de la demanda de inconstitucionalidad que presentó ante esa misma Corporación contra el artículo 13 del Código Penal, cuyos argumentos en lo esencial son idénticos a los ya resumidos; y en el segundo recaba la petición de suspensión del rito, añadiendo que como la Corte Constitucional concedió la tutela -,el señor TASCON AGUIRRE, para que la Fiscalía investigue si los hechos por los cuales es pedido, sucedieron o no en Colombia, y en atención a que según el artículo 565 del Código Procesal Penal, no procede la extradición cuando por el

mismo delito el requerido esté siendo investigado en Colombia; adicionalmente, anexa una certificación