CSJ - SP17855(19-12-2001)

Casación Discrecional a(e 'otm/í 5nu%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTÉ

Aprobado Acta No. 201 Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil uno (2.001).

VISTOS: Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad formal de la demanda, casación presentada por el representante de JOSÉ AMADO APONTE AMAYA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de esta ciudad el 13 junio de 2.000, que confirmo el fallo dictado por el Juzgado 48 Penal d Circuito de la misma ciudad el 22 de julio de 1.999, mediante el cual condeno a este procesado junto con Benigno Díaz Amaya, Noraldo Ancíza Idrobo Ruíz y Luis Carlos López Ramírez, a la pena principal de 54 meses,de prisión como coautores responsables del delito de hurto calificado agravado.

HECHOS: Fueron sintetizados por el Juzgado de primera instancia, en los términos siguientes: "Tuvieron lugar en esta ciudad durante el primer semestre de 1.986, siendo capturados el 6 de agosto del mismo año, Benigno Díaz Amaya, José Amado

Casación Discrecional ' 'p4(cid:9) eZ(cid:9) e2'o Aponte Amaya, Noraldo Ancízar Idrobo Ruiz, miembros de la Armada Nacional y el civil Luis Carlos López Ramírez, quienes se movilizaban en una camioneta Ford Bronco con placas EV 8382, las cuales correspondían a un

vehículo Renault 6, color mostaza, modelo 73, que le había sido hurtado -a' Jairo Delgado Vargas el 25 de junio de ese año. La aprehensión se produjó por cuanto contra ellos aparecían serios indicios de ser los autores de varios hurtos de mercancía a personas que llegaban procedentes de San Andrs Panamá, entre éstos los cometidos el 17 de enero contra los bienes de María Esperanza Bohórquez, el 18 de febrero contra Jorge Enrique Reyes Durán, el 28 de junio según denuncia de Yolanda Peña de Silva y el 25 de julio contra r. César Augusto Manrique Soacha".

DEMANDA: Con fundamento en lo dispuesto por el art. 218.30 del C. de P.P., aduce,e defensor del procesado JOSÉ AMADO APONTE AMAYA el recurso de casad "por vía excepcional", invocando la causal tercera del art. 30 de la Ley553 de 2.000, esto es, haberse proferido la sentencia dentro de un proceso viciado de nulidad, "Por haberse dejado de aplicar" el art. 210 numera del Decreto 409/71, el art 311.2 y 3 y 445 del C de P.P., asi como los arts 26 y 170 de la C.P. de 1.886 y arts. 29 y 31 de la C.P. vigente, así co o:

fallos ST-472/92, STC358/97 y ST-572/92 Afirma enseguida que si bien los tres militares procesados se hallaban servicio, encontrándose en estado de sitio el país, en relación con ell "podría a prevención conocer la Justicia Penal Militar", pero no así respeçtó

M civil Lopez Ramírez, como se desprende de lo dispuesto por el art 3f1 del Decreto 250 de 1 958, cuyo precepto habría sido entonces violado porlel Juez 41 de Instrucción Penal Militar al decretar la detención de todos los imputados, máxime cuando el interlocutorio del 13 de agosto de 1.986eln que así se resolvió, "nació muerto a la vida jurídica". (cid:9) Casación Discrecióna g70i, Sostiene luego, que dada la fecha de los hechos, los procesados debieró ser juzgados de conformidad con el art. 472 del Decreto 409 de 1.971 ser la norma vigente en esa época. Asegura a continuación, que "De conformidad como esta (sic.) la ResoluciÓn de acusación y la Sentencia proferida por el Juzgado 48 Penal del Circuito falta de consonancia (sic.) entre los cargos formulados y la Resolución Acusación", pues en su concepto la censura "responde a la real procesa (sic)", ya que el fallador de segunda instancia incurrió en incongruencia relativa al dictar sentencia en desacuerdo con el pliego de cargos por haber computado contra el procesado "circunstancias específicas no claras que forma expresa (sic) no le imputaron allí ni se comprobaron en la causa Señala que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de "acciones judiciales y administrativas", como también que nadie puede ser juzgdó sino conforme a leyes preexistentes (art. 29 de la C.P.) e igualmente son causales de nulidad la vulneración del debido proceso y el derecho

defensa (art. 304 del C. de P.P. de 1991) y advierte que no es que esté desacuerdo con que se sancione a los culpables de hechos punibles,,si que se haga conforme a leyes vigentes, pues el Tribunal habría lesionado forma evidente garantías fundamentales. Enfatiza en que el debido proceso y el derecho de defensa son garantías fundamentales, conforme lo señala el canon superior. (cid:9) Casación Discrecional çt46r7 t7' Solicita a la Corte, así, "Casar en forma excepcional la sentencia" acusada' en su lugar decretar la nulidad, la prescripción o en su defecto ordenarla investigación a que haya lugar".

CONSIDERACIONES:

1. Según lo previsto por el art. 218 del C. de P.P., modificado por el art. de la Ley 553 de 2.000, en que se funda el demandante dada la fecha de. sentencia del Tribunal y de interposición de la casación, este recurso procede contra los fallos proferidos por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o el Superior Militar, por delitos que tengan señalada pena privativá de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años. Sin embargo, en forma excepcional, de acuerdo con el inciso 30 de tal precepto, es posible para Corte admitir de manera discrecional la casación contra sentencias segunda instancia en casos diversos de los antes mencionados, cuand610 considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía los derechos fundamentales.

2. Las hipótesis a que se refiere en forma general en este último aparte dicha normativa, están referidas a aquellos delitos para los cualesh

previsto la ley una pena máxima menor de ocho años, de donde resulta evidente en el presente caso, que al haberse proferido la sentencia poriós delitos de hurto calificado y agravado, en concurso, dicha sanción es ni superior a ese cuantum, siendo consecuencia de ello que la modalidad casacional que procedía era la tradicional o común y no la excepcional. -(cid:9) -(cid:9) Casación Discrecion/o. 1785 .)7Ff;47 (7; e7fv)?4f7 nadmisió 1l. ,V?7

3. Por ello, es claro que el demandante se equivoca cuando alude en varia oportunidades a la casación discrecional, pues era improcedente, además que si fuese viable, el impugnante habría tenido que sustentar uno cualquier de los motivos que la hacen posible como efecto de persuadir a la Corte de su pertinencia y consiguiente admisión.

4. Con todo, ello no obsta para que se estudie en sus aspectos formales el libelo promovido, con miras a determinar si cumple con aquellos requisitos que permitirían avanzar en el proceso y trámite inherente a la casación bajo los demás supuestos y exigencias que legalmente así lo admiten.

5. Sobre esta base, necesario es advertir que el actor ha acudido a la tercera causal del art. 3 de la Ley 553 de 2.000, esto es, haberse proferido la sentencia dentro de un proceso viciado de nulidad.

Siendo ello así, como profusamente lo ha señalado la doctrina de la Sala, es deber del demandante indicar en forma concreta en qué radica el vicio que

se afirma concurrente, precisando su naturaleza, es decir, si la actuación ha desconocido los factores de competencia, las formas propias de la investigación y el juzgamiento o el derecho de defensa, cuál es la faceta que se ve afectada, cuáles las razones de ello, debiendo además demostrar su carácter sustancial y lo que es más determinante, la trascendencia material que el afirmado vicio tiene frente al proceso y particularmente respecto de los intereses de su defendido, que conduzca en forma definitiva a la extrema decisión de invalidar el proceso. '5 Casación Discreclona!N r-AlIAYalur-1~ ai~,AOIIII~

6. Pues bien, en el presente caso, comienza el demandante ha cien d6ijna copiosa e indiscriminada cita de normas legales y constitucionales, de los textos políticos de 1.886 y 1.991, que acusa haberse "dejado de aplicar", inclusive de jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuya mención justifica, refiriendo enseguida que al sindicado Luis Carlos López Ramírezno ha debido resolverle la situación jurídica la justicia penal militar, dado que ésta solamente podía investigar a los miembros de la Armada Nacional procesados.

7. Lo primero que se observa es que el demandante en casación, que sido en representación de JOSÉ AMADO APONTE AMAYA, carece en forma absoluta de interés jurídico para impetrar un pretendido vicio procesal que eventualmente redundaría en perjuicio de otro de los imputados, restring como está el ámbito de su intervención procesal a las específicas ilegalidades en que se haya podido incurrir en desarrollo del proceso

sentencia, pero exclusivamente en contra de los intereses de su asistido.

8. En todo caso, bien vale la pena enfatizar en que el cargo lo ha propues el censor sin exponer el mas mínimo fundamento; es verdad que áún dent de la precariedad que su formulación exhibe, deja entrever que dada condición de civil y no militar de López Ramírez no debió serle resuelta- .' situación jurídica por la justicia castrense, pese a ello, calla completamen la exposición de las razones por las cuales dicha intervención configura afrenta para el trámite cumplido y en qué radica específicamente el vicio, aptitud suficiente como para dar al traste con el proceso adelantado es, cuál su trascendencia y cuál el carácter vinculante que tiene paracÑ se constituya el mismo el causa eficiente de la invalidación del proceso.

(cid:9) Casación Discreciona f;&7 €4 2(cid:9) %/2PtVflt €Z Es reiterativo en la afirmación que se vulnera el debido proceso, aun cuánd también alude al derecho de defensa, pero tanto estas abstractas referencl como la cita de diversos preceptos y jurisprudencia no guardan ning correspondencia entre si, ni dinámica con el supuesto que enmarca censura.

9. También alude, en forma claramente antitécnica dentro del miissmmaaccaáppiittee,, cuando por tratarse de una censura distinta ha debido exponerse e forma independiente, a una aparente incongruencia entre la acusación fallo Pero en este caso la indeterminación es la reiterada regla, como bastase su simple enunciado para dar por sustentado un reproche. Así desconoce, pues el demandante no aporta ninguna precisión al respctó

cuales circunstancias especificas le fueron imputadas al procesado sentencia que no hubiesen estado comprendidas en el pliego de cargos 1 cuando es bien sabido que este notable vacío en la composición del repa no puede ser colmano por la Corte, dado el hecho que su actividad en sede está regida, entre otros, por el principio de limitación a la oficiosidad de conformidad con el cual es al demandante a quien corresponde presentación integral de un cargo en casación. Para terminar, apenas coherente con las diversas destacadas falenclá aparece la solicitud que eleva a la Corte, pues al margen del conten di o 1. los cargos, acá solicita se decrete la "nulidad" o "la prescripción" defecto se ordene "la investigación a que haya lugar", sin mas comertrio refulge evidente la inadmisión del libelo. (cid:9) Casación Discré 4 En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIAn Casación Penal, RESUELVE: INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre de JOSÉ

APONTE AMAYA.

Contra esta decisión no procede recurso alguno. Cópiese y cúmplase.

CJRLOS EDUARDO M SCO BAR

ERNANDO ARBOL DA RIPILL

HERMA G LÁN CASTELLANOS(cid:9) CARLOS JO(cid:9) 'IBAL -OMEZ GALLEGO

Casación Discrecional

RLANDO ''REZ PINZÓN NILSON(cid:9) ILLAPI

Teresa Ruiz Núñez Secretaria