CSJ - SP19308(09-04-2002)

1(çpuoiwa ae cowmoza Colisión No. 19.308

RÓMULO PERDOMO

Corte Suprema Le 2uticia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado ponente:

Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No. 39 Bogotá, nueve (9) de abril de dos mil dos (2002). Decide la Sala la colisión negativa de competencias planteada 40 entre los Juzgados Penal del Circuito Especializado de Neiva y Penal del Circuito de esa misma ciudad, en el proceso adelantado contra el sindicado RÓMULO PERDOMO por los delitos de secuestro simple agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, y mendicidad y tráfico de menores.

ANTECEDENTES

1. En la resolución acusatoria se reseña que en la tarde dé de septiembre de 2001, los niños Andrés Mauricio y Jean Cortés Guerrero fueron sustraídos por el reciclador RÓMULO PERDOMO de las inmediaciones de la residencia de aquellos, ubicada en el sector de Las Palmas de Neiva. Los menores una vez retirados de su entorno familiar, en una finca cercana fueron sometidos por el

J12. Colisión No. 19.308 çpú6llca Le Cofom6ia RÓMULO PERDOMO Corte Suprema dju$ticia plagiario en forma repetida a actos sexuales, y obligados después a ejercer la mendicidad en el barrio Luis Carlos Galán de esa misma ciudad, hasta su rescate por las autoridades el día 6 siguiente.

2. La Fiscalía Seccional de Neiva abrió la investigación y

vinculó mediante indagatoria al capturado RÓMULO PERDOMO, a quien le resolvió la situación jurídica el 11 de.septiembre del pasado año, afectándolo con medida de aseguramiento de detención preventiva por secuestro simple agravado, acceso camal abusivo con menor de catorce años, y mendicidad y tráfico de menores. 2 Clausurado el sumario, el instructor calificó su mérito probatorio en providencia del 31 de diciembre de 2001, mediante la cual elevó acusación en contra del sindicado como autor, en concurso de hechos punibles, de los delitos de secuestro simple, agravado por la causal prevista en el numeral 10 del artículo 170 del Código Penal; actos sexuales con menor de catorce años, agravados al tenor del artículo 211-4° ibídem, variando la calificación jurídica provisional predicada frente a tal comportamiento en la decisión cautelar al haberse establecido en autos que las víctimas no fueron accedidas carnalmente; y por último, la mendicidad y tráfico de menores. 40 \

3. En firme el pliego de cargos, el Juzgado Penal del Circuito de Neiva dispuso el traslado para la preparación de las audiencias preparatoria y pública, como también para los restantes fines indicados en el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, en vigencia la Ley 733 de 2002, mediante auto

9WÚ6/2ca ¿e Co(om6ia(cid:9) 3(cid:9) Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema Le Justicia M 5 de marzo último ordenó el envío del proceso al Juzgado Penal

M Circuito Especializado de esa misma ciudad, pues consideró que la competencia para conocer del secuestro simple informado en autos y de las infracciones conexas correspondía a dicho funcionario, al tenor de las previsiones de aquella.

CRITERIO DE LOS COLISIONANTES

1. El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Neiva en providencia de marzo 6 del año en curso destaca de antemano, que los delitos objeto de la presente investigación fueron cometidos antes de la expedición y vigencia de la Ley 733 de 2002, que en su opinión se limitó a derogar de manera expresa el artículo 172 de la Ley 599 de 2000 y las disposiciones que le sean 50 contrarias, no así las previsiones contenidas en el artículo transitorio del estatuto procesal penal, que señala las conductas puniblescuyo juzgamiento le corresponde.

Agrega más adelante con idéntica orientación argumentativa, que como tal precepto en manera alguna riñe con las normas de la precitada Ley, y el artículo 14 de esta última, no reguló en íntegra la competencia de la justicia especializada, "el mentado artículo 5° transitorio del Código de Procedimiento Penal no fue derogado expresa ni tácitamente".(cid:9) En este orden de ideas, afirma el funcionario colisionante, ninguna de las infracciones juzgadas en este asunto cae dentro de su órbita funcional. ' 7. 4pú6&a Le Colombia 4 (cid:9) Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema Le Justicia Plantea además, que ante el carácter claramente restrictivo de la Ley 733 de 2002, en el presente asunto debe "continuar rigiendo o

aplicándose la ley sustancial y procesal vigente para la época de los hechos, por ende, la competencia para continuar conocimiento de esta causa, está radicada en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad". Alude a las circunstancias que determinaron la creación de la 2a justicia especializada desde sus remotos orígenes en la Ley de 1984, respecto de la cual plantea que obedeció "a una necesidad jurídico-política y el (sic) creciente fenómeno de la delincuencia organizada". De ahí su competencia restringida a los delitos de "mayor gravedad y de intensa lesión a la sociedad", carácter mantenido en la legislación actualmente imperante, pues se le asignó el conocimiento de "excepcionales conductas punibles; al punto que es transitoria ya que, si el legislador no dispone otra cosa, operará hasta e130 de junio de 20077 . Por último, advierte que las normas alusivas a la jurisdicción y competencia son de orden público, sustraídas de toda consideración en materia de favorabilidad, como sostuvo esta Sala en auto de julio 13 de 1995 con ponencia del M. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Así las cosas, insiste en la competencia del Juez 40 Penal del Circuito de Neiva para continuar el trámite de la causa, a quJn ordenó remitir el expediente no sin proponer colisión negativa en evento de no ser compartidos sus planteamientos.

2. El Juzgado 40 Penal del Circuito de Neiva aduce que en el caso de autos no se debate la favorabilidad de normas penales, sino 9(opú6&a Le Co(om6ia 5 Colisión No. 19.308

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Corte Suprema Le justicia el ámbito de validez temporal de las disposiciones que regulan la competencia, de aplicación inmediata con sujeción a los parámetros establecidos en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Destaca también que la Ley 733 de 2002 derogó las disposiciones contrarias a sus previsiones, pero además, en su artículo 14 amplió el "repertorio de los hechos punibles de conocimiento de la justicia especializada" para asignarle el conocimiento del delito de secuestro simple, entre otros; por lo tanto, como dicho ilícito le fue imputado al procesado en conexidad con otras infracciones, es al Juez Penal del Circuito Especializado de Neiva a quien le corresponde proseguir el trámite del juicio, de conformidad con el artículo 91 del estatuto procesal penal. Así las cosas, aceptó la colisión propuesta, y para su consecuente resolución ordenó el envío del expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Al tenor del artículo 18 transitorio del Código de Procedimieñtç Penal, la Corporación está facultada para dirimir el conflicto negativo de competencias planteado en las presentes diligencias entre funcionarios judiciales pertenecientes a un mismo Distrito Judicial, pues un juez penal del circuito especializado está involucrado en el incidente promovido. J (Z. epú6twa de Colombia 6 Colisión No. 19.308

RÓMULO PERDOMO

Corte Suprema Le JustkI2

1. En el presente asunto constituye punto de partida la Ley 733 del 29 de febrero de 2002, que de conformidad con su artículo

150 empezó a regir una vez publicada, requisito satisfecho con la inserción del texto de la misma en el Diario Oficial No. 44693 del día 31 de los mismos mes y año. A la anterior afirmación se arriba al considerar que la normatividad citada, contrario a lo expuesto por el Juzgado Penal M Circuito Especializado de Neiva, si bien no derivó en la 50 derogatoria del artículo transitorio del estatuto procesal penal, entendida como la insubsistencia de una disposición legal por 30 declaración expresa o tácita del legislador (artículo de la Ley 153 de 1887), no es menos cierto también que introdujo variaciones en la competencia de la aludida categoría de funcionarios, al ampliar sin remisión a dudas el ámbito que a la misma se le había conferido en el actual estatuto de procedimiento penal, concretamente, en el artículo 50 transitorio. En efecto, tratándose del fenómeno de la sucesión de la ley en el tiempo, alusiva a una misma materia, no sólo es posible la derogatoria de los preceptos anteriores, única eventualidad ponderada por la mencionada autoridad judicial al plantear el conflicto. Adversamente, la disposición posterior puede limitars introducir modificaciones a la legislación preexistente, de manera que esta última conserva vigencia y obligatoriedad en cuanto no fue objeto de alteración o cambio, e integrada con los aspectos materia de sobrevenida regulación, conforman a partir de entonces la normatividad a la cual se sujeta el respectivo instituto. '1 ReØ6Cwa Le Co[om6ia(cid:9) 7 Colisión No. 19.308

RÓMULO PERDOMO Corte Suprema ¡e 2usticia Esta fue la situación configurada en punto de la competencia de los jueces penales del circuito especializados con ocasión de la expedición de la Ley 733 de 2002, como precisó la Sala en reciente providencia a través de criterio que conviene transcribir acto seguido pues anticipa la solución de la controversia aquí zanjada: 50 'La competencia ye atribuido por el artículo transitorio del Código de Procedimiento Penal en cuanto no haya sido objeto de regulación distinta por la nueva ley 733 de 2002 se mantiene, es decir, que los juzgados penales del circuito especializados conservan la competencia señalada en los numerales 1, 2 3, 5 (en los términos precisados en la providencia del 28 de septiembre de 2001, ponente doctor Jorge Córdoba Poveda, radicación 18711), 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 pues siguen conociendo del lavado de activos (artículos 323 y 324 del C.P.) y enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327 del C.P.) cuando la cuantía sea o exceda de 50 salanos mínimos legales mensuales, límite no previsto para los eventos del inciso 2° del artículo 326 del Código Penal, al no oponerse en forma alguna estas disposiciones al contenido normativo de la ley 733iV2"1.

2. Tampoco resulta atinado vincular la competencia para el juzgamiento de una determinada conducta punible a la norma vigente para la fecha de su comisión, pues como también tuvo oportunidad de precisarlo la Sala con ponencia de quien funge aquí \

en idéntica calidad2 , el postulado del juez natural al cual parece referirse el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva con tal planteamiento, se hinca en la necesidad de garantizar un juez 'Auto de marzo 19 de 2002, M.P. Dr. Herman Galán Castellanos, radicado 19.928. auto de marzo 6 de 2002, radicado 18.809. eú6&a te Colim6ia 8 (cid:9) Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema dJusticia independiente, imparcial y competente, exigencia traducida además en la determinación del órgano jurisdiccional encargado de ejercer la potestad punitiva del Estado proporcionando de este modo seguridad a los miembros del conglomerado social sobre fa legalidad de su origen y constitución, pero primordialmente, respecto del señalamiento previo del funcionario judicial que habrá de intervenir en cada caso. En este orden de ideas, repugna al referido principio la creación del órgano jurisdiccional con posterioridad a la ejecución de la conducta punible (ex post facto), no así la posibilidad de reemplazar al preexistente por uno diferente.

3. Sin perder de vista las anteriores premisas, téngase presente además, que el artículo 140 de la Ley 733 de 2002 le asignó a los jueces penales del circuito especializados el "conocimiento de los delitos señalados" en ella y, ante esa expresa regulación, la Sala reitera en el presente asunto3, que el punible de secuestrosimple, independientemente de la imputación o no de circunstancias específicas de agravación y de la naturaleza de las

mismas quedó asignado a la órbita funcional de esa categoría de funcionarios, toda vez que el ordenamiento citado reprodujo la descripción típica del aludido ilícito con incremento en su liide\ punitivo mínimo -artículo 1°-, así como le extendió las causales , específicas de agravación y atenuación allí igualmeñte contempladas para el secuestro extorsivo -artículos 30 y 40W, esto es, En este sentido, Cfr., auto de marzo 6 de 2002, radicado 18.809.' J 2. ?epú6twa Le Co(om6ia (cid:9) 9 Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema Le .Justicia fue objeto de claro e indubitable señalamiento a través de sus disposiciones. En fin, a partir de la vigencia de la Ley 733 de 2002 la competencia para el juzgamiento del secuestro en cualquiera de sus modalidades corresponde a los jueces penales del circuito especializados, trátese de hechos cometidos durante su vigencia o de actuaciones en curso para dicho momento, máxime en la comprensión que cuando una nueva norma modifica los factores determinantes de la competencia sin establecer condiciones ni salvedades, como aquí acontece, la readjudicación funcional se produce entonces a partir de la existencia jurídica de dicho precepto, pues las disposiciones de tal naturaleza tienen un efecto general e inmediato de conformidad con los artículos 40 de la Ley 153 de 1887 y 11 del estatuto procesal penal (Ley 600 de 2000), dado su carácter puramente instrumental, es decir, por estar despojadas de

efectos sustanciales que propicien un examen de favorabilidad, como contradictoriamente admitió el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva para rehusar una competencia que le surgía clara con asidero en dicho argumento. Desde luego, resta añadir para disipar la confusión conceptual M mencionado funcionario, este cambio de la competenciaén\ manera alguna implica la sujeción del presente asunto en forma absoluta a las normas especiales y restrictivas contempladas en el estatuto de procedimiento penal o en la misma Ley 733 de 2002 para los delitos sometidos al conocimiento de los jueces penales del circuito especializados, sin reparar en su particular trascendencia Rçpú61ca Le Co(oin6ia (cid:9) 10 Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema Le Justicia frente a las garantías de los sujetos procesales. La vigencia inmediata se pregona tan sólo de la preceptiva sobrevenida en materia de competencia, mientras que en relación con las restantes, su aplicación dependerá de la favorabilidad que le corresponde discernir concretamente y en su momento a la autoridad judicial a cargo del trámite.

4. La invocación de los motivos que determinaron desde sus orígenes remotos a la fecha el funcionamiento de un categoría especial de funcionarios encargados de investigar y juzgar las más graves manifestaciones de la delincuencia, tampoco constituye una razón plausible y valedera para fijarle hitos a la competencia de los jueces penales del circuito especializados no previstos en la Ley 733 de 2002, conforme propugna aquí el Juzgado Penal del Circuito

Especializado, pasando por alto que al legislador le corresponde determinar aquellos bienes jurídicos prevalentes y, en consecuencia, los delitos que por atentar contra ellos ameritan un especial tratamiento en su represión, desde luego, mediante criterios que lejos están de revestir la inmutabilidad sugerida en la postulación del mencionado funcionario, pues para el conglomerado social es variable la preeminencia de los intereses colectivos, inclusive, éstos mismos. No obstante lo anterior, como lo advirtió la Corte en reciente providencia4, resulta desconcertante por decir lo menos, "el improvisado tratamiento legislativo que se sigue dando en estas materia, pues no habiéndose siquiera consolidado la reforma de los códigos penal y de 4 Auto de abril 2 de 2002, M.P. Dr. Femando Arboleda Ripoli, radicado 19.202. / d_ / 7. i 11 epú6&a Le Cofómfiia(cid:9) 11 Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema de Justicia procedimiento penal, se acude a una nueva, incurriéndose de esta forma en los vicios del pasado...". En fin, cuando todavía la aplicación de tales estatutos "se encuentra en ciernes, y no existen siquiera mediciones empíricas de los resultados de la reforma, el legislador, a instancias del ejecutivo, atendiendo a circunstancias de coyuntura, decide expedir una nueva nonnatWidad que, rompiendo el esquema de conjunto establecido en las leyes 599y 600 de 2000, aumenta las penas para cierto tipo de delitos y traslada su

competencia a los juzgados penales del circuito especializados, entre otras medidas. "A simple vista, sin profundizar en los efectos negativos que podría traer su aplicación, la Corte encuentra algunos aspectos que confirman su aserto, en el sentido que la ley es más fruto de la improvisación que del diseño racional de una política criminal. "En efecto; para empezar, la reforma no fue el resultado de un proceso colectivo de definición, o de participación de las diferentes ramas u organismos del poder público. Si bien es cierto que el espacio natural para debatir los proyectos de ley es el Congreso de la República, en la determinación de los elementos de política criminal, su orientación e instrumentos, no pueden estar ausentes otras entidades que participan de la política estatal en material criminal, y menos se puede desconocer la sana contribución que en esta materia pueden aportar la academia y otros sectores de la sociedad dentro de un proceso público de debate y aprendizaje en la elaboración más democrática de la ley penal. "Además de no ser fruto de un consenso colectivo, sino un recurs o contingente que el poder político utiliza discrecionalmente para hacer frente a las dificultades del momento, no se conocen estudios empíricos que indiquen la necesidad de reformar los nuevos códigos penal y de procedimiento penal en epúfitwa de Coíoin6ia (cid:9) 12 Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema Le justicia esta materia, pues ni siquiera han alcanzado aplicación suficiente para que puedan conocerse sus resultados. "Por lo demás, la realidad política, social y económica que imperaba en el país al entrar en vigencia los códigos, no es diferente a la de hoy, por lo que no

puede tenerse como excusa para su promulgación la necesidad de poner a tono la legislación con la situación de momento...

5. Por todo lo anterior, como en el presente asunto se juzga la comisión del delito de secuestro simple en conexÍdad con otras infracciones, que en virtud de las previsiones contenidas en la Ley 733 de enero 29 de 2002, vigente desde su publicación en el Diario Oficial No. 44693 del día 31 de los mismos mes y año, quedó sometido a la competencia de los jueces penales del circuito especializado, el conflicto negativo de competencias se definirá asignando el conocimiento al Juzgado de esa categoría con sede en Neiva, al que se remitirá el expediente en forma directa por la Secretaría de la Sala, máxime que al tenor del artículo 70 transitorio del Códigó de Procedimiento Penal, cuando se trata de 'conexidad entre hechos punibles de competencia deljuez penal del circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial, corresponderá el juzgamiento a aquél".

Contra esta providencia no procede recurso alguno. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, Rçpú6&a Le Co(om6ia(cid:9) 13 Coliston No. 19.308

RÓMULO PERDOMO

Corte Suprema Le Justicia

RESUELVE

1. DIRIMIR la colisión de competencias negativa planteada entre los Juzgados 40 Penal del Circuito de Neiva (Huila) y Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad, en el sentido de adscribir el conocimiento del presente asunto al segundo de los

despachos mencionados.

2. Por la Secretaria de la Sala enviar el proceso al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Neiva, y comunicar esta decisión al Juzgado 40 Penal del Circuito de esa ciudad anexando fotocopia de la misma.

Cópiese y ciplase,

zP EALVARO [ANDO PÉREZ PINZON

/

FE - NANDO E. ARBOLEDA RIPO OBA PO DA

1 HERMAN YLÁN CASTELLANOS(cid:9) LO RGOTE epúfi1?ca de Co(om6ia (cid:9) 14 Colisión No. 19.308 RÓMULO PERDOMO Corte Suprema d justicia /

ÉDG ' II.MBANA TRUJILLO

NILSON PINUiAPINILLA

SA RUIZ NÚÑEZ