CSJ - SP19705(21-01-2003)

1 ~# Sizemz do(cid:9) &z 1,2 sau de e44ad Ved€ Ext. No. 195(

DIEGO F. GONZALEZ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION PENAL

Magistrado Ponente

Dr. EDGAR LOMI3ANA TRUJILLO

Aprobado Acta P1o05 Bogotá D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil tres (2.003). VISTOS Decide la Sala el recurso de reposición,,interpuesto por el defensor del requerido en extradición, ciudadano colombiano DIEGd, FERNANDO GONZALEZ, contra el auto que dispuso el traslado para pedir pruebas.

ANTECEDENTES

1. Por considerarlo perfeccionado el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Sala el expediente de la demanda de extradición de DIEGO FERNANDO GONZALEZ, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país, incluido el concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores relativo a que por no existir Convenio aplicable a este caso es procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del

Código de Procedimiento Penal patrio.

2. Provisto de defensor de confianza el requeridoy acatando las previsiones hechas por el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal, se corrió traslado W expediente a los intervinientes para que solicitaran las pruebas que 2 e Sc4wmz sau ¿e ~jw

Ei± Ño. 195( DIEGO F. GONZALEZ consideraran pertinentes, auto contra el cual el defensor interpuso recurso :de

reposición basado en los siguientes argumentos. Dice que el trámite vulnera el principio del non bis in ídem consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, dado que p los mismos hechoi el requerido fue condenado por el Juzgado 20 Penal deli Circuito Especializado de Cali el 2 de noviembre de 2.000 a la pena principal d 10 años, 10 meses y 10 días de prisión y al pago de 1.228 salarios mínimas mensuales legales por concepto de multa, como infractor del artículo 33 de la ley 30 de 1.986, modificado por el articulo 17 de la ley 365 de 1.997, en concurso con el delito de concierto para delinquir; fallo confirmado el 3 de abril de 2.001 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. Decisión que, asegura, tuvo como soporte la confesión hecha por su poderdante do ser copropietario de los 74 kilos de cocaína hallados— en la finca "Galicias"; haber enviado en 3 ocasiones a Estados Unidos de a 17 kilos de cocaína, adquirido 300 kilos del mismo alcaloide en la ciudad de Cali, e integrar una red de narcotraficantes. Y, porque la Fiscalía actualmente también lo investiga por el delito de enriquecimiento ilícito. Argumenta, adicionalmente, que dentro del capitulo 1° de la Constitución Política consagratorio de los derechos y deberes del ciudadano está el artículo 35 que "prohibe la extradición de colombianos por nacimiento. Cito esta(cid:9) del texto para manifestar que produce desconcierto saber que habitamos en lun

Estado de derecho y que esa norma que consagra un derecho fundamental inviolable solo sea letra muerta; no importa que se me diga que la norma citada se encuentra derogada por entrar en vigencia el decreto (sic.) legislativo No. 1 de 1.997, silo que a la postre reclamamos los Colombianos es la vigencia plena de un Estado de derecho respetuoso de sus asociados". Concluye que los Estados Unidos de Amér solicitado por hechos ya juzgados en Colombia, y por un delito de lavado de én!el activos cimentado en tos testimonios relacionados numeral 24 de la nota ~# Sem. J12 dz de Ezi No. 9Ü DIEGO F. GONZALEZ verbal, de los cuales se infiere la atipicidad de la conducta frente a las normas sustantivas penales de ese país. Hace en seguida algunas reflexiones tendientes! a demostrar la ii del señor GONZALEZ en los delitos a él endilgados, destacando que los hechos ocurrieron en el año de 1.995 cuando estaba vedada la extradición de colombianos por nacimiento, amen de haber estado en los Estados Unidos por última vez a mediados de 1.997. En consecuencia, pide a la Corte se inhiba de continuar con el trámite ordenando el archivo del expediente o en su defecto disponga su devolución al Ministerio de Justicia y del Derecho.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Ante todo, importa dejar en claro que con arreglo a lo conceptuado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, son las normas del Código de Procdimiehto Penal las llamadas a regular esta den anda de, extradición, en virtud a que no

existe tratado de extradición aplicable entre los dos países.

2. Ahora bien, es notoria la sin razón del impugnante al pretender que la Sala se declare inhibida para continuar el trámite y proceda a archivar el expediente, o que en su defecto disponga su devolución al Ministerio de Justicia y del Derecho.

En primer lugar, el archivo del ex figura no prevista en el Código de Procedimiento Penal, y su devolución inviable por no existir motivo que la justifique. Ciertamente, los requisitos exigidos para iniciar el trámite judicial de la extradición pasiva fueron colmados, pór esa razón la Sala corrió el traslado para pedir pruebas; efectiva mente, la demanda de extradición fue elevada por vía 4 e' SpAm ¿4 SGtI4 ¿4 pe od ~d;O, —.vFir1.195 DIEGO F. GONZALEZ diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores detrminó que son las normas de la Ley Procesal Penal las aplicables a este caso yu homólogo de Justicia y del Derecho encontró perfeccionado el expediente con la documentación enviada por la Embajada de los Estados Unidos de América. El derecho a la defénsa se garantizó con la provisión de un defensor de confianza al solicitado. Ahora, la Sala ha venido insistiendo en que a 1eriguar si por los mismos hechos por los cuales el solicitado es requerido en extradición está siendo o fue juzgado en Colombia, es una tarea que le incumbe eclusivamente al Gobierno Nacional por ser quien decide si concede o no la extrdición, y por ser ün tópico

extraño a los fundamentos del concepto que debe emitir la Corte. Es desde esa perspectiva que adquiere sentido la regulación especial y autónoma que, el legislador hizo del principio del non bis in ídem en el artículo 565 del Código .de_ Procedimiento Penal derogado - aplicable en virtud a la declaratoria de ¡nexequibilidad del artículo 617 del hoy vigente -, frente a los elementos del concepto encomendado a la Sala - artículo 520 de la misma obra-. De suerte que será al Gobierno Nacionata quién corresponda cletemiiñar en su momento si por los hechos que es requerido: el señor GONZALEZ fue condenado y se encuentra investigado en Colombia, así como su trascendencia tente a los postulados del aludido artículo 565 del Código Procesal Penal anterior. La Corte vulneraría el principio de legalidad, bastión del Estado de Derecho, si desconociera, como lo pretende el recurrente, que el acto legislativo 01 de 1.997 revivió la extradición para colombianos por nacimientoDe otro lado, a la luz de la naturaleza jurídica de la extradición y de la regulación que de ella hace el Código de Procedimiento Penal, no le concierne a la Sala verificar la responsabilidad del requerido en los delitos por los cuales os reclamado, pues ello es materia del proceso penal que con plena autbnomíá e independencia adelantan las autoridades judiciales norteamericanas, en el cual la defensa cuenta con las herramientas legales necesarias para hacer ¡valer los derechos del señor GONZALEZ. 5 Sz€iff ¿4 eé Perk€ Ext. No. 19705

DIEGO F. GONZALEZ

Además, será al momento de rendir el concepto cuando la Sala entre a decidir, de ser él favorable, si es necesario restringir, la entrega al tiempo de vigencia del acto legislativo 01 de 1.997, y constatar si el requisito de rango constitucional relativo a que !os hechos hayan ocurrido en el exterior, ásí sea parcialmente, se cumple en este caso teniendo en 1cuenta para el efecto :la solicitud y sus anexos. En conclusión el recurso será negado. Devuélvase al defensor los documentos anexados para acreditar que el requerido fue condenado en Colombia. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; RESUELVE No reponer el auto por medio del cual la Sala corrió traslado para pédir pruebas, interpuesto por el defensor del requerido, atendiendo a las razones atrás expuestas. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

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NANDO E. ARBOLEDA RIPOL

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