CSJ - SP1997-2021(55766)

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

Magistrado Ponente SP1997-2021 Radicación 55766 Acta 127 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Vistos: La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor, contra la sentencia proferida por la Sala Penal de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual condenó a William Hernán Pérez Espinel como autor del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo con un único delito de peculado por apropiación.

Hechos: William Hernán Pérez Espinel se desempeñó como gobernador del departamento de Casanare durante el periodo constitucional comprendido entre el 1 de enero de 2001 al 31

Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel de diciembre de 2003. En ejercicio de dicho cargo, delegó formalmente funciones a la Secretaría de Educación para tramitar la contratación de su área, pero la conservó materialmente a través de una oficina paralela que atendía sus órdenes. En ese escenario, la Secretaría de Educación, con el objeto de adquirir distintos insumos para esa dependencia, tramitó los contratos 481 del 9 de octubre, 533 de octubre 21 y 582 del 5 de noviembre de 2002, que el gobernador William Hernán Pérez Espinel, quien dominó todo el proceso contractual bajo una delegación realmente inexistente, suscribió con Karol Enilse Cano Garzón, con

sobreprecios por $ 92.554.951.00.

Actuación Procesal: 1.- El 28 de diciembre de 2006, con base en el informe de auditoría gubernamental con enfoque integral realizado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación previa contra el gobernador William Hernán Pérez Espinel. 2.- El 11 de enero de 2018, con fundamento en las pruebas practicadas en la fase anterior, abrió investigación penal, y dispuso escuchar en diligencia de indagatoria al vinculado. 3.- El procesado fue escuchado en diligencia de indagatoria el 7 de febrero de 2008, la cual fue ampliada en

2 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel febrero del mismo año, el 25 de agosto, 16 de septiembre de 2009 y 2 de marzo de 2010. 4.- El 28 de septiembre de 2012 la fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a excarcelación. 5.- El 30 de abril de 2013, el Fiscal Séptimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra William Hernán Pérez Espinel. Lo acusó como presunto autor del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, en concurso con un único delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía (artículos 31, 410 y 397, inciso segundo del Código Penal). Esta decisión quedó en firme el 20 de junio de 2013, al resolver desfavorablemente el recurso de reposición

interpuesto por la defensa.1 6.- La Sala de Casación Penal, bajo las reglas vigentes para ese momento, después del traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, dio inicio a la audiencia preparatoria el 28 de enero de 2014, en la cual negó algunas pruebas de la defensa, decisión reafirmada el 26 de febrero 1 Fl. 136, cuaderno 4, Fiscalía. 3 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel siguiente, salvo en lo atinente a recibir el testimonio de Héctor Piragauta, que se aceptó. 7.- La audiencia pública se realizó en sesiones realizadas entre el 12 de noviembre de 2014 y el 13 de octubre de 2015. 8.- Al haberse expedido el Acto Legislativo número 01 de 2018, el proceso pasó a la Sala Especial de Juzgamiento. El 30 de mayo de 2019, condenó a William Hernán Pérez Espinel como autor del concurso homogéneo y sucesivo de delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo con un único delito de peculado por apropiación (artículos 31, 410 y 397 inciso 2 del Código Penal), a: “ochenta y seis (86) meses de prisión, multa por valor de ciento treinta y ocho millones novecientos cuatro mil, novecientos cincuenta y un ($ 138.904.951) pesos, inhabilitación intemporal para el ejercicio de derechos y funciones públicas a que se refiere el inciso 5° del artículo 122 de la Constitución Política, y suspensión de los demás derechos políticos previstos en el artículo 44 del Código Penal,

referidos a la prohibición de elegir y ser elegido, así como a la imposibilidad de ejercer cualquier otro derecho político, función pública o dignidades y honores que confieran las entidades oficiales, por el término de 89 meses, con fundamento en las consideraciones de este fallo.” Le negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria. 4 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Sentencia de Primera Instancia: La celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales. Explica que al suscribir los contratos 481 del 9 de octubre, 533 de octubre 21 y 582 de noviembre 5 de 2002 con Karol Enilce Cano Garzón, el gobernador del Casanare, William Hernán Pérez Espinel, incurrió en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, al desconocer los principios de transparencia y de selección objetiva (Ley 80 de 1993). Destaca que, aun cuando aparentó desprenderse de sus funciones, el gobernador participó decididamente en el trámite y adjudicación de los contratos para adquirir elementos para instituciones educativas del departamento, sustentados en términos de referencia idénticos que solamente se diferenciaban por la denominación del objeto contractual. Resalta que en el numeral cuarto de los términos de referencia de todos los contratos se dispuso lo siguiente: “El proponente debe contar con los recursos físicos, humanos y financieros necesarios para el cumplimiento del contrato si se le adjudica. Además, debe contar con la capacidad de contratación

disponible debidamente soportada.” 5 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Para acreditar dichos requisitos, Karol Enilce Cano Garzón presentó un certificado de la Cámara de Comercio de Yopal, con activos de apenas $ 500.000.00, suma insignificante para acceder al monto de la contratación a la que aspiraba. En cuanto a recursos físicos y humanos, simplemente anexó una hoja sin membrete, en la cual hacía conocer el organigrama de la empresa, conformada por un gerente, un administrador, una secretaria, un auxiliar de archivo y un mensajero, y al contrato 481, un organigrama en el que figuraba como gerente, un asistente, una secretaria, y un mensajero, una estructura diferente para la misma empresa que contrataría en una misma secuencia de tiempo en otros contratos similares. De otra parte, señala que el numeral 5 de los términos de referencia, acerca de la selección de las ofertas, estableció: “Para el estudio, evaluación, calificación y adjudicación de cada propuesta, la Gobernación de Casanare adelantará el análisis jurídico, técnico y financiero”. También detallaba, en cuanto a la evaluación jurídica, que la propuesta sería inadmitida cuando “la información suministrada no sea veraz o no cumpla los requisitos mínimos exigidos por la Gobernación del Casanare.” Para acreditar experiencia contractual, Karol Enilce Cano Garzón presentó constancias con información falsa, expedidas por “Didácticos G y G” y “Comunicación Total”, con las que incluso ni

6 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel siquiera cumplía el requisito de experiencia y capacidad financiera. Al respecto, María Guzmán Mejía, representante de “Didácticos G y G” declaró que no celebró contratos en el año 2000 con el departamento del Casanare y que no expidió ninguna constancia a Karol Enilce Cano Garzón, a quien no conoce. Erika María Sierra Echeverri, representante de “Comunicación Total”, dueña de un pequeño negocio dedicado al alquiler de películas en Ibagué, manifestó que si expidió la certificación, por un favor que le pidió Alex Burgos, con el fin de que Karol Enilce Cano Garzón, a quien no conoce, cumpliera un requisito. Lo que más inquieta, dice la sentencia, es que Karol Enilce López Garzón dijo no recordar los contratos y afirmó que se limitó a presentar algunas propuestas a la Secretaría de Educación, desconociendo las razones que tuvieron para seleccionarla. Precisó que no tenía mayor experiencia en materia contractual, no recordar que contratos suscribió con el departamento del Casanare, ni dónde adquirió los elementos del contrato, y que las cotizaciones las obtuvo llamando a almacenes que ofrecían los productos que se requerían. Agrega que, según la documentación anexa al proceso contractual, la experiencia era de días, pues Karol Enilce 7 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Cano Garzón se inscribió en la Cámara de Comercio de Yopal el 1 de septiembre de 2002, y el primer contrato se suscribió

el 9 de octubre de ese año. Todo indica, concluye la Sala de Juzgamiento, que la contratista fue seleccionada con abstracción del precio, experiencia y organización, y en cuanto al tema financiero, sin considerar que reportó un presupuesto de $ 500.000.00, suma irrisoria en relación con la suma comprometida en los contratos. Anota, además, que el CTI logró establecer, en relación con el contrato 533, atinente al suministro de elementos deportivos, que en el año 2009 los bienes tenían un valor de $ 83.625.000.00 pesos, según la cotización de “Miami Deportes” y $ 102.6060.000.00 según “Comercial Oskar”, sumas inferiores a los $ 125.662.500 que 7 años antes la gobernación le pagó a Karol Enilce López Garzón, lo cual denota su evidente sobrecosto. De otra parte, menciona que la comparación entre las propuestas presentadas por Karol Enilce López Garzón, en relación con el contrato 481 de octubre 9 de 2002, y la de Juan Manuel Urrego, muestra a las claras que se rompió el principio de selección objetiva, pues la de éste era más afín con las reglas contractuales en materia de experiencia, 8 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel estructura administrativa y solidez financiera que la de la finalmente escogida. Así, la propuesta de Karol Enilce Garzón fue calificada con 70 puntos sobre 30 del otro proponente, quien a pesar de tener una experiencia específica superior, fue evaluado negativamente por éste concepto, y en organización con 0 y

10 puntos, respectivamente, desbalanceando el proceso injustificadamente, pues, por ejemplo, mientras Karol Cano Garzón se inscribió en la Cámara de Comercio días antes de presentar las ofertas, Juan Urrego tenía una experiencia constatada desde junio de 1999. El proceso del contrato 533, para el suministro de material pedagógico presenta iguales observaciones. A dicho proceso concurrió como oferente Luis Guillermo Hernández Pinzón, quien acreditó una experiencia comercial desde el 4 de mayo de 1998. Siguiendo la misma línea del contrato anterior, aun cuando la capacidad económica, financiera y administrativa era superior, fue escogida Karol Enilce Cano con 70 puntos sobre 40, asignados a quien demostró tener mejor capacidad de contratación. Un sistema similar fue utilizado en el contrato 582, que tenía por objeto la adquisición de 4000 textos escolares. En este, además de Karol Cano Garzón, participó Fanny Niño Vega, quien tampoco acreditaba las calidades para ser 9 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel escogida, pues además de su condición de estilista y ama de casa, apenas se inscribió en la Cámara de Comercio de Yopal el 23 de septiembre del año 2002, lo cual garantizaba la selección de la contratista de la administración. El trámite contractual, según el análisis precedente, permite inferir la manipulación de la contratación para favorecer a Karol Enilce Cano. A pesar de encontrarse en desventaja objetiva, fue favorecida en detrimento de otros oferentes y de la sana hermenéutica de los principios de

transparencia y el deber de selección objetiva, con el fin de beneficiarla a costa del perjuicio para la administración pública. De manera que la manipulación es evidente. Fue un proceso artificial signado por la aparente delegación de funciones dispuesta por el gobernador, quien no se desligó de dicho proceso, dada la “marcada injerencia para la escogencia de la contratista, comportamiento que mantuvo hasta el momento de la suscripción de los convenios.” El compromiso del gobernador William Hernán Pérez Espinel es indiscutible. El testimonio de Jorge Cortés, Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación lo compromete. Según el testigo, “se escogía al contratista por parte del ordenador del gasto, el gobernador, quien en últimas era el que decidía a quien se le adjudicaban los contratos.” Aseveró también que existía una unidad paralela que actuaba bajo órdenes del gobernador, la 10 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel cual se encargaba de tramitar los contratos ante las discrepancias existentes con la Oficina Jurídica, situación que corroboró el Secretario de Educación, quien aseguró que “efectivamente todos los resortes del manejo de adjudicación de contratos, en últimas el gobernador era quien decidía.” Agrega que el profesional universitario, Jairo Antonio Agudelo, quien visó los contratos 533 y 582, se refirió en iguales términos: “lo que sabíamos era que casi por no decir que todo (sic) los contratistas eran seleccionados en las oficinas centrales de la gobernación, no sabría decir en cuáles y eso es vox populis (sic) en la

gobernación.” Según el testigo, su intervención se limitaba a revisar cuestiones formales, pues en lo demás las instrucciones las tomaban directamente del despacho del gobernador. En el mismo giro, el secretario de Educación Héctor Orlando Piragauta Rodríguez, en declaración del 9 de junio de 2009, manifestó que la selección del contratista no era un tema de su dependencia, sino del grupo de contratación de la gobernación: “quien se encargaba de corroborar los precios de la propuesta elegida por nuestra dependencia, frente a los precios del mercado, era la secretaría general de la gobernación. Allí se seleccionaba la propuesta más no el contratista, quien lo hacía era la gobernación.” Aclara la Sala de Juzgamiento que en nada desdibuja la eficacia de la prueba testimonial la posterior declaración del testigo, quien intentó retractarse y dar a entender que la contratación era materia de su competencia, algo que había 11 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel negado y sobre lo cual múltiples testimonios contradicen su posterior y acomodada versión. En ese orden, considera que la delegación, con la cual la defensa pretendió excusar al procesado de cualquier responsabilidad, además de que no exime al delegante, en este caso constituye una maniobra inocua que no justifica la conducta del gobernador, quien dirigió, bajo ese artificio, todo el proceso contractual. En síntesis, concluye que William Hernán Pérez Espinel actuó contra los principios de transparencia y selección objetiva, requisitos esenciales de la contratación pública que complementan el enunciado del artículo 410 del

Código Penal. Esboza que esta forma de proceder del acusado no es nueva. Anota que la Corte lo condenó mediante la SP del 14 de agosto de 2014 en el radicado 38438 por utilizar similares procedimientos en una contratación del mes de diciembre del año 2002, lo cual reafirma que el gobernador conocía la dimensión ilícita de las irregularidades que no le eran desconocidas. 12 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel 2.- El delito de peculado por apropiación. El gobernador oficia como ordenador del gasto: es el facultado constitucional y legalmente para comprometer patrimonialmente a la entidad con cargo a su presupuesto. Está, por lo tanto, obligado a aplicar las reglas de administración de bienes ajenos. Eso implica que en este caso el gobernador debía vigilar y controlar la correcta y adecuada utilización de los recursos en perspectiva de satisfacer el interés general, una característica esencial de la función administrativa. El inocultable sobrecosto de los contratos, demostrado con el hecho de que incluso 7 años después los bienes se ofrecían a precios inferiores al que fueron adquiridos, y la trama empleada para su adjudicación, demuestran que el propósito era beneficiar ilegalmente a la contratista: el interés general cedía al particular. El desfase económico de lo contratado y lo ejecutado salta a la vista. Esa situación ilustra la desviación de los recursos del Estado y el interés de beneficiar a terceros. En esa dirección merece especial atención el contrato 582, en el que el valor de 4000 textos escolares se pagó al doble del

valor comercial de la época, sin que en esa desproporción se justifique por los gastos en que incurre el contratista, como 13 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel pólizas, impuestos, etc., que difícilmente alcanzan el 10 % del valor total de la transacción. El dinero, al contrario de lo sugerido por la defensa, fue recibido por la contratista, así: Contrato Valor girado Fecha de giro Beneficiario 533/02 Anticipo $ 73.378.500 Octubre 31/02 Karol Cano 533/02 Pago final $ 66.407.257 Diciembre 23/02 Karol Cano 481/02 Anticipo $ 14.970.120 Octubre 22/02 Karol Cano 481/02 Pago $ 13.547.674 Noviembre Karol Cano Final 22/02 582/02 Anticipo $ 65.617.000 Noviembre Karol Cano 19/02 582/02 Pago $ 59.383.100 Diciembre 23/02 Karol Cano Final Según esas cifras, la contratista obtuvo una ganancia ilícita de $ 9.431.594 en el contrato 481, en el 533, $ 14.123.257, y en el 582 $ 69.000.1000, para un total de $ 92.554.951.00, de utilidad indebida por el sobrecosto en la facturación. En ese orden, la Sala de Juzgamiento, ateniéndose a los términos de la acusación, estimó que se demostró más allá 14 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel de toda duda la ejecución de un único delito de peculado, agravado por la cuantía, obtenida de la suma de los

beneficios ilegales de los tres valores individualmente considerados. Sobre esa base, declaró penalmente responsable al gobernador William Hernán Pérez Espinel del concurso homogéneo y sucesivo de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, en concurso heterogéneo con un único delito de peculado por apropiación. Fundamentos del recurso de apelación: Según el defensor del gobernador William Hernán Pérez Espinel, no se configura la prueba para condenar exigida por el artículo 232 de la Ley 600 de 2000. En relación con el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, sostiene que la contratista Karol Cano Garzón estaba habilitada para contratar. Basta ser mayor de edad, y no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. Cumplía, entonces, con las exigencias indicadas en los términos de referencia de los contratos 481, 533 y 582 de 2002, que suscribió con el departamento del Casanare. 15 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Su propuesta, dice, fue evaluada de acuerdo con los factores de calificación: precio, experiencia y organización. Los términos de referencia no exigían nada distinto a contar con recursos físicos, humanos y financieros necesarios para cumplir el contrato. Reclamar condiciones especiales para su validez es cuando menos impreciso, señala el defensor del procesado. Los requerimientos que se pidieron a la contratista los cumplió. No necesitaba acreditar la denominada capacidad residual de contratación -indicación de contratos celebrados con anterioridad con el Estado—, pues el artículo 22 de la

Ley 80 de 1993 que la exigía, fue derogado por la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, por el sistema de contratación no se demandaba condiciones especiales. La capacidad financiera no requería de pruebas solemnes. Era suficiente el balance de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y la declaración de renta, en el evento de estar obligada a declarar, como en efecto la contratista lo hizo. La estructura organizacional, a la que se le confiere tanta importancia, es la expresión de la autonomía que tienen las personas de modificar su organización. El hecho de ser distinta en cada contrato no constituye ninguna irregularidad. 16 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Alega que durante el proceso contractual se actuó de buena fe. Como lo impone el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. Trata ampliamente esta materia, la analiza desde el punto de vista del derecho civil y administrativo y se apoya en la jurisprudencia constitucional, para señalar que no existe obligación de la administración de corroborar la información que aportan los proponentes, salvo que existan observaciones de otros concurrentes, algo que no sucedió en este caso. En fin, la información sobre experiencia presentada por la contratista Karol Emilce Cano, en los términos del principio de buena fe, se asumía que era real, por lo cual la gobernación debía atenerse a ella en atención al principio enunciado. De otra parte, sostiene que no existió fraccionamiento de contratos y que cada proceso es autónomo, con objetos diferentes. De haber adelantado un solo proceso, dice, se

hubieran infringido los principios de selección objetiva y transparencia, ya que “un proceso de selección con la naturaleza de bienes tan diferentes, hubiera impedido la participación de quienes en el mercado proveen esa clase de bienes, ya que no es común que quien suministra libros, también suministre granos y elementos de deporte.” La selección objetiva, entonces, se garantizó en cada proceso contractual. 17 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Aduce que el principio de publicidad, del cual dijo la Corte que fue aparente, se respetó a cabalidad. Asegura que Juan Urrego, Luis Hernández y Fanny Niño, proponentes en los contratos 481, 533 y 582 de 2002, respectivamente, dijeron que se enteraron de la invitación a contratar por información pública, por lo cual la censura al procedimiento carece de fundamento. Además, Guillermo Hernández dijo que no fue escogido por el precio, lo cual indica que la selección no fue amañada, sino que tuvo en cuenta variables objetivas plenamente verificables. Todo lo anterior, dice el recurrente, demuestra que el proceso contractual se ejecutó cumpliendo las formalidades y principios que se exigen en estos casos de contratación, sujetos a formalidades menos exigentes de las que se piden tratándose de licitaciones públicas. Aparte de lo anterior, contra toda evidencia, asegura que la Corte se equivoca al señalar que el gobernador acusado dirigió todo el proceso de contratación. Aduce que se pasa por alto que mediante el decreto 2045 de 2001 el gobernador creó la “Junta de Compras y Licitaciones”, con

competencia para intervenir en los procesos de adquisición de bienes y servicios, asesorar a la administración 18 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel departamental y garantizar los principios de la contratación estatal. En cuanto a compras y suministros, la mencionada junta estaba conformada por el secretario general, el de educación y el asesor jurídico, encargados de adelantar los trámites pertinentes. Ningún documento fue elaborado por empleados adscritos al despacho del gobernador, quienes no tenían facultad de hacerlo. El proceso, entonces, lo dirigió la Junta de Compras. En ese orden, ningún proceso contractual fue adelantado bajo la modalidad de contratación directa, aun cuando así se afirma en la providencia que se recurre cuando habla de la suscripción de convenios. Incluso, el trámite del contrato 481 de 2002, cuyo valor no excedía el 10% de la menor cuantía, fue publicado en la cartelera de la gobernación en garantía de su publicidad, y los restantes bajo las reglas del trámite de menor cuantía. Transcribe las fases precontractuales para mostrar que los delegados cumplieron las fases de selección del contratista, garantizando la concurrencia de interesados en ellos. Por eso, en últimas, al gobernador se le recrimina, sin razón, no haber verificado la legalidad del proceso que delegó al firmar el contrato, función imposible de realizar si se 19 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel considera que suscribió 4169 contratos durante el periodo de su gestión. Aún así, destaca que el gobernador William Hernán

Pérez Espinel fue diligente al realizar acciones de control y vigilancia sobre los delegados, como lo demuestran los actos que con carácter general delineó para realizar la función administrativa en estas materias. Eso explica que en los contratos 481 de 2002, 533 de 2002 y 582 de 2002, se hayan asignado responsabilidades específicas. Por ejemplo, en el contrato 481 de 2002, Miriam Vargas elaboró el proyecto de inversión y Orlando Piragauta se encargó de la priorización de la inversión. En el contrato 582 de 2002, igualmente el proyecto de inversión estuvo a cargo de Miriam Vargas y Orlando Piragauta. Como lo acredita la prueba documental, en cada contrato un funcionario distinto era responsable de cada gestión contractual, lo que demuestra que la mentada oficina paralela no intervino, como se dice. Según lo anterior, dice el defensor, eso demuestra que quienes tramitaron la etapa precontractual no estaban adscritos al despacho del gobernador, desvirtuando lo dicho por Jorge Cortés Colmenares, Jefe de la Oficina Jurídica, quien manifestó que la selección del contratista la hacía el gobernador a través del equipo de su despacho y de la unidad de contratación que de facto obedecía sus instrucciones. 20 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel De manera que no existe, entonces, prueba de irregularidades en los procesos contractuales ni ninguna apropiación indebida de dineros públicos por parte de terceros. Solicita, por lo tanto, revocar la decisión y absolver al procesado. Petición adicional. William Hernán Pérez Espinel solicita a la Corte que

se declare la prescripción de la acción penal por el delito de peculado por apropiación respecto del contrato de menor valor, en tanto por la cuantía de lo apropiado, la pena máxima, de acuerdo con el inciso final del artículo 397 del Código Penal, sería de 10 años, lo cual implica que desde la fecha que quedó en firme la resolución de acusación, han transcurrido más de 6 años y 8 meses, término máximo de prescripción que se habría cumplido el 20 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que la resolución de acusación quedó en firme el 20 de junio de 2013.

Consideraciones de la Corte: Primero: Según el numeral 6 del artículo 235 de la Constitución, la Sala de Casación Penal es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por la Sala de Juzgamiento de la Corte

21 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel Suprema de Justicia, contra el gobernador del Casanare, William Hernán Pérez Espinel. Segundo. La Sala de Juzgamiento analizó la conducta de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales con especial énfasis en la prueba documental. La Sala lo hará a partir de la prueba testimonial, que muestra cómo se amañó la contratación, aparentando una delegación de funciones que no fue más que una mampara para encubrir finalidades ilícitas. El defensor del gobernador también destaca la prueba documental. Lo hace para defender la legalidad de los procesos contractuales. Al margen de la prueba testimonial se puede aducir, como lo hace el defensor, que los procesos

fueron impecables y que el gobernador actuó convencido de que los delegados a quienes confió la función lo hicieron respetando los principios y reglas contractuales, tesis que en este caso, como se verá, la prueba testimonial desmiente categóricamente. William Hernán Pérez Espinel sostuvo, igualmente, que la delegación le permitió ejercer y cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Esa opción legal fue utilizada en los procesos contractuales, explicó, bajo estrictas pautas en las que los delgados actuaron bajo los 22 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel principios de confianza y buena fe, y en ningún caso por personas que actuaran bajo sus órdenes. Tercero. El delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales es un delito contra la Administración Pública. El artículo 410 del Código Penal, vigente para la época de comisión de la conducta, lo describía así: “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años…” Se trata de un tipo penal funcional que protege el bien jurídico de la administración pública2 que, como lo ha explicado la Sala, se puede definir como el conjunto de condiciones materiales que a manera de principios se expresan en el artículo 209 de la Constitución, en el que se definen los rasgos fundamentales de la función y de la ética pública.3

Entre esos rasgos, el interés general –que es también fundamento del Estado democrático—, se erige como un imperativo ético que le confiere sentido a la noción de lo 2 Cfr., AP del 18 de enero de 2017, radicado 49204. 3 Según el Artículo 209 de la constitución política, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 23 Segunda Instancia 55766 William Hernán Pérez Espinel público. Igualmente, la transparencia en la gestión y la imparcialidad son un presupuesto de legitimidad de las decisiones públicas. La Ley 80 de 1993, que complementa el artículo 410 del Código Penal, reafirma estos propósitos y reafirma que las actuaciones contractuales se deben adelantar bajo los principios de economía, que tanto tiene que ver con la selección objetiva (artículo 25 Ley 80 de 1993), y transparencia (artículo 24 ibídem), dos pilares e