CSJ - SP20880(10-06-2003)

COREE SUPREMA 1W3 USTICIE.A

SALA IDE CASAC 101V PEAL

Magistrado ponente: Dr. MAURO SOL ARTE PORTILLA Aprobado acta No. 65.

Bogotá [).C., diez (:10) de junio de dos mil tres (2003). ASUNTO Se dirirne el conflicto negativo de competencias trabado entre. los Juzgado Segundo y Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Juan de Pasto y Popayán, respectivamente, en virtud del cual se rehusan a proseguir conociendo (le la ejecución de la perla impuesta a CARLOS ERMINSUL LUNA ARAUJO, condenado por el delit-o de homicidio.

ATECEDF]F'i

1. El juzgado Prirriero Penal del Circuito de Popayán rirohrió sentencia anticipada el 12 de abril de 1.999 en contra de CARLOS ERMINSUL LUNA ARAUJO, a quien impuso condena de cinco (5) años, nueve (9) meses y diez (10) días, como aui:or penalmente responsable del delito de homicidio, según hechos acaecidos el 1°

1 Ido. Z0880 CarIosíu(cid:9) Luna Araujo de noviembre anterior en la vereda El Tunel de ese mismo municipio, donde perdió la vida de manera violenta el señor

MARIO ALFONSO RUIZ RESTR EPO.

2. A la ejecutoria de la sentencia, la actuación se remitió al juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, quien el 13 de febrero de 2001, at-endiendo a la

circunstancia de haber sido trasladado el condenado a la Cárcel del Circuito judicial de La Unión (Nariño), ordenó enviarla a su vez al reparto de los juzgados homólogos de la ciudad de Pasto, a cuya disposición puso al sentenciado.

3. El Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Juan de Pasto, a quien correspondió el proceso, en providencia del 27 (le abril de 2001 le otorgó al justiciable la libertad condicional, y el 20 de marzo de la presente anualidad ordenó remitir las diligencias, por competencia, a su homólogo de Popayán, citando en apoyo pronunciamiento de esta Corporación de julio 16 de 2002.

4. El Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, por su parte, se negó a asumir el conocimiento, aduciendo que en el acta de compromiso que suscribió el liberado condicionalmente se olvidó consignar la dirección donde iba a residir, por lo que era imposible avocar el conocimiento para continuar ejerciendo su vigilancia, y, por tanto, siendo éste factor importante en la determinación de la co mpet:encia no podía compartir la decisión del juez remitente, a quien ordenó devolver la actuación sugiriéndole que antes de ¡emitir los procesos se indique el luqar de residencia dom/ese debe e/ercer la vigilancia"', y a continuación le propuso colisión negativa de competencias.

2

S. El Juzgado 20 de la rnisrria especialidad de San Juan de Pasto aceptó el conflicto, y ordenó remitir el proceso a la Corl-e en

orden a su resolución, recordándole al proponente que el factor para determinar la competencia deviene exclusivamente de "la privación o no de Ja libertad". Si el condenado se halla gozando de libertad, carece de competencia para continuar con el control y vigilancia del subrogado, concluyó su titular, y esa función se debe seguir ejerciendo por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que ejerce jurisdicción dentro del municipio donde se profirió la sentencia condenatoria.

CONSIDERACIONES DE Uk SALA

1. De conformidad con el artículo 75.4 del código de procedimiento penal, corresponde a la Corte dirimir el conflicto de competencias que se suscite entre juzgados de diferentes distritos.

A pesar que la discusión planteada entre los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Juan de Pasto y Popayán no constituye en estricto sentido una colisión de competencias de la manera corno la previene el artículo 93 del código de procedimiento penal, la jurisprudencia de la Sala viene en considerarla como tal y asumir su definición, atendida la atribución que le discierne la citada preceptiva.

2. La controversia que sostienen los colisionarites hace relación .al funcionario que debe seguir conociendo de la ejecución de las declaraciones contenidas en un fallo de condena en rnateha penal, una vez recobrada la libertad por el condenado en virtud

3 7/ SMer yo.LO&O CarIo'Jr1ín!aI una Aiujo / 1' M reconocimiento de uno de los mecanismos újsl:itutivos de la

pena privativa de la libertad. En punto de lo anterior, ante el vacío existente en materia procesal penal, resulta imperativo acudir al acuerdo No. 54 del 24 de mayo de 1994 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, pues allí se resuelve de manera clara el conflicto que ocupa la atención de la Sala, y que el aquí proponente desconoce pretextando una situación que nada tiene que ver con el tema de la competencia de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, corno bien anotó la funcionaria remitente. De conformidad con el artículo 10 de l;.i citada reglamentación: "Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conocen de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere proferido la respectiva sentencia. "Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, donde no se hubiere dispuesto el descuento efactivo de la pena, siempre y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere pro farido en el lugar de su sede (..)" En correspondencia con este último inciso, cuando el sentenciado se encuentra en libertad, el funcionario competente para conocer de la ejecución de la sentencia lo seri el juez de eiecucióri de penas y rriedias de seguridad del lugar donde la misma se hubiese proferido. Y, de no despachar allí un juez de dicha categoría y especialidad, opera la regla exceptiva de que dicha función la ejerce el juez de instancia respectivo -parágrafo

transitorio del artículo 79 de la ley 600 de 2000. k WA-O= ZOO mins Luna Araujo En idéntico sentido se pronunció esta Corporación al resolver un conflicto de similares características en la providencia que sirvió de fundamento a la Juez de San Juan de Pasto (Cfr auto de julio 16 de 2002, Rad. 19574, M.P. doctor Gómez Gallego), y que su homóloga de Popayán simplemente pasó por alto con el débil argumento de que el expediente se ignoraba el lugar de residencia del condenado que le perrnit:iera ejercer su vigilancia, introduciendo de este modo un factor de competencia que no se encuentra establecido en ordenamiento alguno, ni ha sido postulado por la jurisprudencia. Con fundamento en el citado acuerdo, fa sala reiteradamente viene en juzgar que la competencia para continuar vigilando el cumplimiento de la pena cuando el procesado recobra la libertad, corresponde al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad del mismo circuito donde se hubiese proferido la sentencia de primera instancia; así, por ejemplo, en autos de octubre 15 y diciembre 5 de 2002, y 25 de febrero de 2003 (Rads. 19844, 20099, 20554 y 20532). Si en el presente evento se advierte, entonces, que el fallo de primera instancia se profirió en la ciudad de Popayán y el condenado recobró su libertad a consecuencia de la aplicación del mecanismo sustitutivo previsto en el artículo 64 del código penal, razón asiste a la Juez de San Juan de Pasto, pues en el juzgado

proponente del conflicto se conjugan los tactores de competencia señalados en el acuerdo No. 54 de .1994. La anterior constituye razón suficiente para que la Corte dirima el conflicto de competencias propuesto, en el sentido de asignar el conocimiento del asunto al .Juzgado 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. 5 ió(cid:9) o. 201380 Luna Araujo / / En rnrito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. Asignar el conocimiento de este asunto al Juez 30 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.

2. Por la Secretaría (le la Sala, infórmese de lo aquí resuelto al Juez 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San

Juan de Pasto. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

CUI'PLASE,

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HERMAN GA N CASTELLANOS UGOT E

' No. 20880 Cav(cid:9) wnüv i Luna Araujo ¿ Lfl

JORGE A. GOMEZ GALLEGO [EIDGJ' (LiJMBArA TRU JI LLO

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