CSJ - SP22716(11-05-2005)

• Casación 22.716

MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrados Ponentes:

Dr. MAURO SOLARTE PORTILLA

Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta 4 37 Bogotá D.C., mayo once (11) de dos mil cinco (2005).

VISTOS: Resuelve la Sala si admite o no la demanda de casación presentada por el defensor del procesado MARLON ENRIQUE

MUÑOZ ORTIZ.

ANTECEDENTES:

1. Pasadas las 6 de la tarde del 14 de mayo de 2003 el sacerdote Jairo Alonso Garavito Suárez llegó a la casa cural de la Parroquia Santa Cruz, ubicada en Altos de Yerbabuena del municipio de Chía (Cundinamarca), acompañado de MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ y JOHN FREDY BERNAL, quienes luego de beber algunas copas con él lo amarraron, lo

Casación 22716 MARLON ENRIQUE MUNOZ ORTIZ ! estrangularon y le hurtaron su vehículo, dinero en efectivo, el televisor, el equipo de sonido, ropa y algunos otros enseres.

2. Ál proceso fueron vinculados los mencionados a través de indagatoria y el 16 de julio de 2003 la Fiscalía les resolvió la situación jurídica con detención preventiva'. El 8 de septiembre siguiente MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ en el marco del trámite de sentencia anticipada aceptó los cargos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado”. En actuación separada

se siguió el proceso a JOHN FREDY BERNAL.

3. El Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá

(Cundinamarca) condenó a MUÑOZ ORTIZ a 18 años y 8 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapsoy al pago de 50 salarios mínimos legales mensuales a favor de los padres de la víctima, por concepto de perjuicios morales. Como no se probaron los materiales el despacho judicial se abstuvo de tasarlos”. Y,

4. El apoderado de la parte civil, con la pretensión de que el ad quem le impusiera una pena de prisión mayor al procesado; y el defensor, quien perseguía el reconocimiento para su representado de la rebaja de pena por confesión y la correspondiente a la atenuante punitiva del intenso dolor, - apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior dé Cundinamarca, a través de la providencia recurrida en casación, expedida el 31 de marzo de 2004, lo confirmó en su integridad. !. Folio 26/2. Folio 148/2. Folio 161/2.

N Casación 22.716

MARLON ENRIQUE MUNOZ ORTIZ

LA DEMANDA: Primer cargo.

1. Al amparo de Iá causal 1? del artículo 207 del Código de Proc¡edimiento Penal de 2000 señaló el defensor que el Tribunal, con origen en un error de derecho, violó directamente la ley sustancial por no otorgarle al procesado la rebaja de pena por confesión prevista en el artículo 283 ibídem.

2. En la versión que el procesado suministró en la

indagatoria manifestó “la intención de venganza hacia el occiso” por los ultrajes sexuales.a que éste lo había sometideon el pasado y en la audiencia de aceptación de cargos admitió la responsabilidad penal “sobreviniendo como consecuencia de lo anterior la confesión”, que no tuvo en cuenta el juzgador. :La petición del abogado es, en fin, que se case la sentencia y se corrija dicha falencia. Segundo cargo (Subsidiario).

1. En el acto de juzgar el Tribunal violó directamente, por falta de aplicación, el artíóulo 57 del Código Penal de 2000. Y ese error se presentó “por no darle credibilidad al testimonio del ofendido en su última versión que es la que se acomoda a los descargos rendidos por e|'procesado...".

Casación 22.716

MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ

2. De conformidad con su indagatoria, antes de cometer el crimen el sacerdote había abusado sexualmente de él y, por la necesidad que tenía de trabajar, tuvo que guardar silencio sobre el particular pero en '$u interior “sentía dolor y deseos de venganza”, circunstancia ésta que no se consideró en la sentencia y que trajo como corolario la imposición de una sanción más severa al sentenciado.

Casar la sentencia y dictar la de reemplazo respectiva es la petición final del censor.

SOLICITUD DE FAVORABILIDAD: En consideración a que su representado se sometió a senténcia añticipada y Se hizo acreedor por ese motivo a una rebaja de la tercera parte de la pena, en concordancia con el

artículo 40 de la ley 600 de 2000, el defensor le pidió a la Corte aplicarle por favorabilidad el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal de 2004, en el cual se consagra una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible cuando se produce aceptación de cargos.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: Sobre el primer cargo.

1. Es manifiesto que no satisface el requ-isito de claridad y precisión consagrado en el numeral 3? del artículo 212 de la ley

H ! Casac[ón 22.716 MARLON ENRIQUE MUNOZ ORTIZ 600 de 2000, que es el Código de Procedimiento Penal que rige en el presente caso.

2. A través de la causal 14 de casación que invoca la defensa es viable denunciar errores de juicio o in iudicando, los cuales pueden ser de naturaleza jurídica o probatoria.

En el primer evento, que es la vía que eligió el defensor, no le esta pefmitido al sujeto procesal discutir la apreciación probatoria, pues en tal hipótesis la transgresión de la ley es la consecuencia directa de un error estrictamente jurídico, originado en la aplicación indebida de la norma sustancial, en su falta de aplicación o en su interpretación errónea.

3. A pesar de la equivocación del censor consistente en señalar que la violación directa de la ley se produjo como consecuencia de un erro'r de derecho —que tiene ocurrencia, como se sabe, cuando el Juez aprecia pruebas inválidas o cuando tiene como tales pruebas válidas (falso juicio de — legalidad) o cuando considéra que la prueba tiene tarifa legal, no

teniéndola, o estando sujeta a ella desconoce el valor o la eficacia probatoria que la ley le asigna (falso juicio de convicción)—, no discutió el tema probatorio del fallo y en esa medida cabe admitir que respetó la limitación que le imponía la causal de casación al amparo de la cual lo sustentó. Sin embargo, es evidente que no acreditó el error jurídico que a su parecer condujo al no reconocimiento de la rebaja de pena por confesión. Casación 22.716

MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ

4. Si se tiene en cuenta que el éxito de un ataque por vía directa como el examinado está sujeto a que el juzgador haya admitido la éx¡stencía de la confesión desde la primera versión, que no se trata de un caso de flagrancia y que la misma es el fundamento de la condena, resulta obvio que el cargo a través del cual se plantea una irregularidad así debe demostrar que a esas conclusiones se llegó en la sentencia y que, no obstante, no se aplicó la consecuencia jurídica de la rebaja punitiva prevista en la ley.

5. En el caso examinado el impugnante, además de no realizar ningún esfuerzo argumentativo dirigido al cumplimiento de esas exigencias, terminó negando la existencia de la confesión _al colegirse de su escrito que la misma no se produjo-en la primera versión de su representado sino en el trámite de la sentencia anticipada.

Por ende, no procede admitir la demanda en relación con el reproche principal. Sobre el segundo cargo.

1. Su suerte, aunque por razones diferentes, es igual a la

del anterior. No está en cuestión que el procesado, en desarrollo del trámite de sentencia anticipada regulado por el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal de 2000, aceptó voluntariamente —sin el reconocimiento de la atenuante punitiva de la ira o intenso Casación 22.716 MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ dolor prevista en el artículo 57 de la ley 599 del mismo año—, ser penalmente responsable de los cargos por los cuales resultó condenado. Al hacerlo, en virtud del principio de irretractabilidad, renunció a controvertir la prueba y el contenido de la acusación, quedando limitado su interés para recurrir en apelación y casación a los aspectos relacionados en uno de los incisos finales del artículo 40 citado, es decir, respecto a la dosificación de la pena, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la extinción del dominio sobre bienes. El defensor, entonces, en atención a que la recilamación hecha a través del cargo subsidiario desborda esa temática y traduce la retractación de los cargos que libremente aceptó el sindicado, carece de interés para recurrir.

2. La censura, de todas formas, no satisface las exigencias lógicas de un cargo de violación directa de la ley sustancial. De una parte, porque demostrar por esa vía la falta de aplicación de la aminorante punitiva hacía necesario acreditar que el juzgador - dio por establecidos todos los elementos que la configuran y pese a ello no la reconoció, ejercicio que no efectuó el casacionista; y, de otra, porque si su idea era que la incorrección pasó por la

prueba, como parece que enfocó la proposición, omitió decir en cuál error de :hecho o de derecho trascendente incurrió el juzgador al apreciarla. Casación 22716 MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ Sobre la solicitud de favorabilidad: — La competencia para la resolución de la misma no es de la Corte, que sólo la adquirió para verificar el cumplimiento de las formalidades legales de la demanda de casación, sino del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad respectivo, conforme lo dispone el artículo 79-7 de la ley 600 de 2000. A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre ' del procesado MARLON ENRIQUE MUÑOZ ORTIZ. Contra la presente determinación no proceden recursos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

1E=

MARINA PULIDO DE BARÓN

PERMISO

HERMAN GALÁN CASTELLANOS

Casacíón 22.716

MARLON ENRIQUE MUNOZ ORTIZ

N

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO —

> ÁLVARO ORYANDO PÉREZ PINZÓN Casación 22.716M. P., Dr. Yesid Ramirez Bastidas Salvamento parcial de voto SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Respetuosamente consigno mi discrepancia parcial con la providencia que fue uniforme en punto de la decisión de inadmitir la demanda de casación,.no así en la respuesta a la solicitud “impetrada a la Corte durante el trámite del recurso extraordinario,

de aplicación por favorabilidad del nuevo estatuto procesal en lo relativo a la figura de la terminación anticipada del proceso a que se sometió en las instancias el procesado, invocación que hizo en procura de una mayor.mit¡gabión de pena. Este aparte se había agregado siguiendo los criterios ya consolidados de:

1. La Corte en el trámite del recurso extraordinario tiene competencia para responder a pretensiones de esta estirpe: “Como viene de explicarse la competencia de la Sala de Casación Penal es taxativa y limitada cuando asume el 'conocimiento de un asunto en virtud del recurso extraordinario; no obstante, por excepción y teniendo en cuenta las circunstancias particulares que han rodeado el proceso penal adelantado al señor ..., su petición es susceptible de analizarse ahora, sin diferir el estudio de la aplicación de la norma penal más favorable hasta el fallo que resuelva el recurso extraordinario, porque “se trata de determinar si converge alguna causal objetiva que extinga la acción — penal”. ' ' CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Cas. No. 17.283, marzo 19 de 2003, M. P., Dr. ÉOGAR

LOMBANA TRUJILLO. Ú

Casación 22.716

M. P., Dr. Yesid Ramírez Bastidas — Salvamento parcial de voto

2. La Corte ha permitido inclusive “prolongar” su competencia en aquellos casos en los que, no obstante inadmitir la démanda de casación, ordena el traslado de la áctuación para que la Procuraduría General de la Nación conceptúe de fondo” y luego decide al respecto”, con el destacado propósito de brindar protección a garantías esenciales, especialmente aquellas de

“aplicación inmediata” (art. 85 Const. Pol.) como la de favorabilidad (art. 29 Const. Pol.), al alero del poderoso argumento de la constitucionalización tanto del proceso penal como de la competencia del juez penal, mucho más si se actúa en sede casacional, recurso que tiene como primordial fin la salvaguarda de garantías fundamentales (arts. 235 Const. Pol, 206 cpp-2000 y 180 cpp-2004) perfilándose al fin y al cabo como un verdádero recurso de amparo.

3. Y, el júez de ejecución de penas y medidas de seguridad sólo puede ocuparse del principio de favorabilidad (arts. 79.7 cpp-2000 y 38.7 cpp-2004), cuando esté en firme la sentencia condenatoria, como no lo está antes de que la Corte resuelva de fondo el extraordinario recurso.

4. La reticencia de ahora, materializada en una mayoría simple de la Sala, ha impedido un pronunciamiento de fondo respaldado expresamente por los Magistrados ESPINOSA, QUINTERO y SOLARTE, sobre solicitud de tanta trascendencia, especialmente en este momentoa histórico de transición jurídicoprocesal del país, y que se había estructurado así: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Cas. 21 .302, agosto 19 de 2004, M. P., Dr. YESID RAM ÍREZ BASTIDAS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Cas. 22.592, abnl 6 de 2005, M.P., Dra. MARINA

PULIDO DE BARÓN. — _ Casación 22.716

M. P., Dr. Yesid Ramirez Bastidas

Salvamento parcial de voto 1). En recientes pronunciamientos la Corte admitió la posibilidad de aplicar por favorabifidad las normas de la ley 906 de 2004 a Casos que se encuentren gobernados por el Procedimíeñto Penal de 2000, bajo las condiciones de no referirse a instituciones propias del sistema acusatorio y que los referentes de hecho en los dos procedimientos sean idénticos, que no se cumplen en el evento de examen como se pasa a ver: 2). En el régimen procesal de 1991, especialmente a partir de la vigencia de Iá ley 81 de 1993, se incorporaron a la normativa nacional las figuras de la sentencia anticipada (art. 37) y de la audiencia especial (art. 37A), marcando su principal diferencia la unilateralidad de la primera (aceptación de cargos) y la bilateralidad de la segunda (acuerdo) que podía surgir “de oficio o áiniciativa del procesado”. En el Código de Procedimiento Penal de 2000 sobrevivió la primera de esas figuras (art. 40). Y en la ley 906 de 2004 se estableció una modalidad de terminación anticipada del proceso de características similares a la segunda, bajo la rúbrica del Título !|, Capítulo Único, que trata de los preacuerdos, acuerdos y negociaciones entre la fiscalia y el imputado o acusado, toda vez que demanda transacción, que puede surgir a iniciativa particular o del fiscal (como en la inicial concepción de la audiencia especial) pero que, debido a su naturaleza de acto jurídico complejo, reclama —-además del allanamiento a los

cargos— acuerdo para fijar el monto del descuento punitivo en la oscilación que permite el “hasta la mitad” de la pena imponible CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto — Única instancia 19.094, mayo 4 de 2005, M.P..,

». YESID RAM[REZ BASTIDAS.

3 Casación 22.716

M. P., Dr. Yesid Ramírez Bastidas Salvamento parcial de voto consagrado en el artículo 351-1 del Código Procesal de 2004. En efecto: 3). Según el artículo 288-3 de ese Estatuto, el Fiscal deberá expresar oralmente en el acto de formulación de la imputación que tiene lugar en audiencia ante el Juez de Garantías, la “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351”. 4). Esa remisión éncuentra acomodo en el inciso 1% delartículo referido, que tipifica la figura del allanamiento o aceptación de cargos, no equivalente a la sentencia anticipada regulada en la ley 600 de 2000 porque la cantidad de la rebaja de pena merecida, que puede ser “hasta la mitad de la pena imponible”, tiene que lograrse mediante acuerdo entre fiscalimputadó, como no lo exige el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal de 2000, que sólo demanda manifestación unilateral que se premia con una rebaja fija. 5). Además, como aún en las eventualidades de finalización anticipada del proceso debe cumplirse con el esquema general del proceso y el principio de congruencia de conformidad con el

cual no se puede declarar culpable al acusado por hechos que no consten en la acusación”, cuando se aceptan los cargos imputados también debe tener lugar la presentación del escrito de acusación ante el Juez de conocimiento, que para el casó es el acuerdo respectivo entre fiscal e imputado.

5. Artículo 448 de la ley 906 de 2004.

Casación 22.716

M. P., Dr. Yesid Ramirez Bastidas Salvamento parcial de voto “La aceptaciónde los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación —dice el inciso 1% del artículo 351 citado—, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación”. 6). Si lo anterior es así y se tiene en cuenta que en la hipótesis examinada los cargos no se consensúan porque el brocesado se allana a ellos, el acuerdo al cual se refiere el dispositivo procesal es sobre la rebaja de pena, lo cual restablece para la figura la característica de la bilateralidad que la distancia para hacerla diferente al supuesto de.hecho del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, así. por algún sector de la doctrina se le siga lamando “sentencia anticipada”, como también sucede con el principio de oportunidad nó obstante la vertebral diferencia de la figura-en la codificación del 2000 y la del 2004,Íanto que en ésta requiere la concurrencia del novedoso Juez de garantías (art. 250

Const. Pol.).. 7). El allanamiento a los cargos en la audiencia de formulación de la imputación o entre ese momento y la formulación de la acusación, implica un acuerdo sobre el monto

de la rebaja de pena, que no es función del Juez del conocimiento fijarla sino que surge de una negociación entre las partes frente a la cual el papel del funcionario judicial es aprobar o improbar el acuerdo que en ese caso se presenta como escrito de acusación, conforme lo establece el artículo 343-2 de la ley 906 de 2004, a menos que desconazca o quebrante garantías fundamentales. Casación 22.716

M. P., Dr. Yesid Ramirez Bastidas Salvamento parciat de voto 8). Así las cosas, y más allá de que la rebaja de penaestablecida en la nueva ley para el allanamiento a la imputación fué concebida en relación con delitos cuyas penas mínimas y máximas se incrementaron en virtud de la ley 890 de 2004 y de que no es necesariamente más ventajoso un descuento de “hasta la mitad” en un sistema donde no está prevista la rebaja de pena por confesión que uno fijo de la tercera parte con opción de sumarle la rebaja pertinente por confesión, es manifiesto que la aceptación de cargos de la ley 906 de 2004 ño tiene equivalente en la ley 600 de 2000 y, bajo esa circunstancia, no es procedente aplicar para efecto de la rebaja de pena en sentencia anticipada lograda bajo el régimen procesal antiguo, el principio de favorabilidad. agistrado Fecha ut supra.. 5.En g! sistema acusatorio la conformidad del acusado guarda identidad sustancial con la confesiór del procesado. LUIS — ALFREDO DE DIEGO DÍEZ, La conformidad del acusado, Valencia, Edit. Tirant lo Blanch, 1997, pág. 52.

6