CSJ - SP23099(11-04-2008)

A, CAl (cid:9) i I (cid:9)k 23099

JORGE ISABEL VALEN A C ICEDO

(cid:9) ÇT 7;p/,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No.88 Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil ocho (2008). VISTOS Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado JORGE ISABEL VALENCIA CAICEDO en contra del fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, mediante el cual confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del mismo departamento, en cuanto lo condenó a la pena principal de 31 años de prisión como autor responsable del concurso sucesivo y f 2(cid:9) CA •CIÓN 3099 "1,t. JORGE ISABEL VALE CIA CAI EDO ttrilI e/(cf:' homogéneo de delitos de homicidio agravado (tres) y tentativa de homicidio agravado (tres), en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Los primeros fueron resumidos por el Tribunal del siguiente modo: "Da cuenta el plenario que a eso de las once de la noche del día cuatro (4) de abril del año mil novecientos noventa y nueve (1.999), varios hombres fuertemente armados, pertenecientes a las Autodefensas, entre los cuales se hallaba Jorge Isabel Valencia Caicedo, más conocido con el alías de "Canchilas", de camino a la

comunidad de Paz del Corregimiento de San José de Apartad& retuvieron y se llevaron consigo a los señores Antonio José Boda Sepulveda y Daniel Pino Mosquera, y una vez en la cabecera de la localidad, unos de los integrantes del grupo, se dirigieron al kiosko principal, de donde sacaron a Oscar Martínez Quintero y a Gabriel Antonio Graciano Vargas, bajo la sindicación de ser colaboradores de la guerrilla, disparando en contra de ellos, ocasionando la muerte a Daniel Pino, a quien le cercenaron el estómago, y a Gabriel Antonio Graciano, que le cortaron el cuello. "Los dos restantes quedaron mal heridos, cesando e/ ataque los agresores en su contra, ante el convencimiento errado de su deceso. Entre tanto, otra parte del grupo se dirigió a la casa del señor Aníbal Jiménez, segando su vida con disparos de arma de fuego, y arrojaron una granada a la residencia de Nolfa Rosa Sánchez Posada, a quien lesionaron. Los hechos narrados dieron lugar a la iniciación del proceso al cual se vinculó a Valencia Caicedo, por señalamiento de una de las víctimas, y concretamente de Antonio José Boda eit,1/4s , ION 4 099 3(cid:9)

JORGE ISABEL VALEN l• CAIC DO

(cid:9) Xr- • ?:;?•/.5: - (cid:9) d."; 71.J.4%,4 Sepúlveda, quien lo identifica como uno de los autores de los homicidios". Con base en las inspecciones de cadáver de los occisos, la 2. Fiscalía Regional de Apartadó, mediante resolución de 5 de abril

de 1999, inició investigación previa l, y después de haber practicado múltiples pruebas con el fin de individualizar a quienes participaron en los sangrientos hechos, el 15 de noviembre de 2000, un Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín ordenó la apertura de instrucción en contra de Joaquín Villada Correa. Posteriormente, el 18 de mayo de 2001 2, con fundamento en los elementos probatorios aportados a la investigación, dispuso la vinculación de JORGE ISABEL VALENCIA CAICEDO, alias "Canchilas", quien, previa captura, fue oído en indagatoria el 22 de mayo de 2001 y el 29 siguiente le resolvió la situación jurídica imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva sin derecho a la libertad provisional por el delito de concierto para delinquir. Previo cierre de la investigación 3, el 16 de enero de 2002 la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de Joaquín Villada Correa y JORGE ISABEL VALENCIA CAICEDO, alias "Canchilas" por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con homicidios consumados y homicidios en grado Folio 16 del c.o. 1 2 Folio 529 del c.o. 2 3 Folio 763 del c.o. 3 :42r 4 (cid:9) CAS • al .199 JORGE ISABEL VALEN% CAIC DO Li #±74/~.1de tentativa, por los hechos ocurridos el 4 de abril de 1999 en el

corregimiento de San José de Apartad& Esta decisión fue confirmada por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín, el 24 de abril de 2002.

3. Conoció de la fase procesal siguiente el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, despacho que en la audiencia preparatoria decretó la nulidad de la actuación respecto de Joaquín Villada Correa y continuó con el trámite respecto de JORGE ISABEL VALENCIA CAICEDO, en contra de quien el 23 de mayo de 2003 dictó sentencia condenándolo a la pena principal de 31 años de prisión en calida de "autor de tres Homicidios Agravados, tres tentativas de Homicidio Agravado y

Concierto para Delinquir". Igualmente, lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 10 años, se abstuvo de imponerle la obligación de indemnizar los perjuicios derivados de la ejecución de las conductas punibles y también le negó los mecanismos sustitutivos de la ejecución de la pena privativa de la libertad.

4. Apelada dicha providencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia la confirmó integralmente.

El ad quem respondió a la nulidad invocada por la defensa, que si bien es cierto no se practicaron todas las pruebas que fueron ordenadas en la audiencia preparatoria, tal circunstancia no es 114 .1a274, 4/d/41 re. et{; " -4-1;/),44 5 (cid:9) CA'S7 14(5 3099

JORGE ISABEL VALEN A CAI EDO atribuible al a quo ni al funcionario que fue comisionado para su práctica, además, su ausencia no vulnera el derecho al debido proceso ni el derecho de defensa como tampoco los principios de contradicción y de investigación integral. En tal sentido destaca que en la audiencia preparatoria dispuso la práctica de las abundantes pruebas solicitadas por el defensor y el Ministerio Público. En cumplimiento de esa orden se libró exhorto al Juzgado Penal del Circuito —Reparto— de Apartado para que recibiera varios testimonios, entre ellos, el del testigo de cargo Antonio José Borja Sepúlveda y realizara inspección judicial a los sitios señalados por éste, respecto de quien también se averiguó por sus antecedentes. Se indagó por la investigadora judicial Elizabeth Rodríguez Reátrepo y por la ubicación de varios de los integrantes de la Policía Nacional con el fin de que ratificaran lo manifestado por ellos en los informes que rindieron. También se corrió traslado de los dictámenes periciales de alcoholemia de los occisos. Con fundamento en tales actividades concluyó que el a quo puso sumo cuidado para lograr la práctica de las pruebas ordenadas, con lo cual garantizó el derecho de defensa y el cumplimiento de los principios de contradicción y de investigación integral. Sin embargo, las diligencias, que en razón de las distancias, debían realizarse a través de funcionario comisionado en la comunidad de Paz de Apartadó, no se llevaron a cabo a pesar de las gestiones que en tal sentido realizó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad. 6 (cid:9) 9

JORGE ISABEL VACLAES7N (cid:9)4C C-ió-ANIC 2E 0D9O

0 l'f) 11 Ki./4 (cid:9) 7Q :e.1/1,Éke. Para el Tribunal las declaraciones y el reconocimiento en fila de personas solicitados por la defensa y ordenadas por el a quo no se practicaron porque se desconoce el paradero de los declarantes, de manera que no tiene sentido decretar la nulidad de la actuación para insistir en la realización de esas pruebas. Además, los testigos Gustavo Herrera, María Lidia Posso, Nolfa Rosa Sánchez Posada, Antonio Jiménez y Wilmar Darío Tuberquia Valderrama de manera uniforme, manifestaron que no reconocen a ninguno de los autores del atentado, no obstante no ofrecieron datos que riñan con el señalamiento que al procesado hace Antonio José Borja Sepúlveda, por lo que sus aseveraciones no tienen la virtud de cambiar el sentido del fallo, pues carecen de aptitud para enervar la fortaleza de la prueba de cargo, conclusión que apoya con jurisprudencia de esta Sala de la Corte. Y en cuanto a la pretensión subsidiaria de la defensa, consideró que la valoración que el a quo hizo del testimonio de Antonio José Borja Sepúlveda se ajusta a los principios que orientan la sana crítica, de modo que la sentencia dictada en contra de VALENCIA CAICEDO "tiene pleno fundamento, porque no sólo se sustenta en dicha prueba, sino en otros elementos de juicio que examinados conjuntamente, cuales (sic) mandatos del canon 238 de nuestra Ley Instrumental Penal, arrojan plena certeza en torno a la materialidad de los hechos y a la responsabilidad del

justiciable en comento." 1 er7 4”. (cid:9) 4'4ei; (cid:9) r 7 (cid:9) CA 0115,i :3099

(cid:9) JORGE ISABEL VALENOW CAlI EDO S't • wdy

5. Contra el fallo de segundo grado, el defensor interpuso el recurso extraordinario de casación, cuya demanda fundamentó en la forma que se sintetiza a continuación.

LA DEMANDA Al amparo de la causal tercera de casación señalada en el artículo 207 del la ley 600 de 2000, el defensor formula un único cargo contra la sentencia del Tribunal por haberse dictado la sentencia en un proceso viciado de nulidad por violación al derecho de defensa técnica, el cual desarrolla a partir de tres aristas diferentes corno motivos invalidantes de la actuación. Primer motivo Manifiesta que los juzgadores nada hicieron (cid:9) para garantizar la protección del derecho fundamental a la defensa técnica del procesado, en cuanto el abogado que lo defendió en la fase instructiva guardó silencio, no solicitó pruebas, no impugnó la providencia mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento, ni la que dispuso el cierre de la investigación, actuación pasiva que no puede asimilarse a una estrategia defensiva, pues sólo esperó que la Fiscalía, el C.T.I. la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y el testigo José Borja procedieran a señalarlo con un apodo y una descripción precaria. Ante tal abandono, la Fiscalía no garantizó que la defensa técnica

fuera i) permanente, ii) planificada, iii) activa y iv) combatiente, ya .7:;:a (cid:9) (7:A/b..71%. 8 (cid:9) CA' 1 IÓN 1'3099 JORGE ISABEL VALEN • CAIIEDO thrlaio A dá:Liz que sin comprender la relación entre el apoderado y VALENCIA CAICEDO, procedió a solicitar la designación de un defensor público y establecido el carácter oficioso del designado en la indagatoria quiso excluirlo del cargo designando otro defensor para notificar el cierre de investigación, quien tampoco asumió el compromiso en cuanto no recurrió tal decisión —que en su criterio era necesario hacerlo— ni presentó alegatos de conclusión. No obstante lo anterior, dice, la acusación se notificó al primer defensor a quien la Fiscalía le aceptó la renuncia creando, de esa forma, una situación de "presencia—exclusión", que impidió, en la fase de la investigación, determinar quien era el responsable de la protección de esa garantía. Aduce que el defensor que asistió al acusado en la fase de instrucción, debió solicitar las siguientes pruebas: a) Ampliación de indagatoria para permitir al sindicado, una vez estudiado el expediente, controvertir adecuadamente los cargos y las pruebas que lo señalan, además de solicitar pruebas complementarias. b) La verificación de las citas del indagado, pues fue este quien, a pesar de ser iletrado, en ejercicio de la defensa material, solicitó la práctica de algunos testimonios. c) La ampliación del testimonio del declarante de cargo.

1r 9 (cid:9) CASACI 230

9,1 JORGE ISABEL VALENCIA C, ICED

,"4 91 \ 111, 41, .9:20,5,, 4, e6r, ( d) El reconocimiento en fila de personas o fotográfico, en cuanto es altamente posible que el testigo de cargo no hubiera estado en capacidad de señalar al sindicado, como se desprende de la precariedad de la descripción de los rasgos morfológicos de la persona que señala como "Canchilas" o "Cachiras". e) Inspección judicial con el fin de demostrar que Borja Sepúlveda no estaba en condiciones objetivas para percibir a quien identificó como "Canchilas" o "Cachiras" en la entrevista que le realizó el fiscal especializado, porque "debió existir oscuridad', los autores del hecho se presentaron con capuchas, la rapidez de los acontecimiento, la movilidad de los autores y las diversas partes del caserío donde se desarrollaron los acontecimientos Segundo motivo Expresa que en la ciclo del juicio el a quo, a solicitud de la defensa, ordenó la práctica de las pruebas que se vienen de mencionar, además de la ampliación de los testimonios rendidos por Luis Emilio Vásquez Barco, Wilmar Darío Sepúlveda, Luis Eduardo Hermana Clara Largos Suárez, Nolfa Suárez Posada, Miguel Ángel Graciano, Wilmar Darío Tuberquia Valderrama y Marco Antonio Jiménez Flórez, pero ninguna de ellas se realizó por lo que, insiste se hace evidente la violación al derecho de defensa en la aludida etapa, pues de haberse llevado a cabo "las

condiciones procesales del sindicado serían mejores, al punto de incrementarse la profunda duda que se presenta en cuanto a su presunta participación en los acontecimientos por los cuales fue condenado en primera y segunda instancia". .14-, 4,- r21 Z 10 (cid:9) CACSI TN r2i

JORGE ISABEL VALENC1Á CAIC,O

1, Z 4 .>»,tizire (//, Manifiesta que es necesario establecer por vía jurisprudencial la importancia de practicar las pruebas que en un momento determinado puedan servir de fundamento fáctico a una decisión favorable, pues en el caso bajo examen no se intentó siquiera conocer el resultado del comisorio para la práctica de las pruebas en el juicio. Esa omisión, alega, afecta el derecho de defensa en forma tal que como las declaraciones respecto de las cuales se pidió ampliación, fueron decretadas, ordenadas y no se sabe si materializadas o no, fueron recibidas en la fase de la investigación previa en la cual no existe derecho de contradicción y fueron objeto de traslado de la averiguación adelantada por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, por lo que apenas resultaba elemental que se hubiera permitido su controversia mediante el mecanismo jurídico de la ampliación del interrogatorio de la defensa. Para apoyar su argumentación en este sentido, destaca los apartes que considera importantes de las declaraciones a las cuales hace alusión, para establecer la forma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acompañaron los hechos, con la teleología de demostrar que probablemente Borja Sepúlveda no

estaba en condiciones de reconocer al procesado. En esas condiciones la certeza requerida para condenar se edificó a partir de la sindicación que en contra del procesado hace un declarante, quien lo describe mal, no efectúa el retrato hablado,

Z- : :i4444'4:„ 7~44 11 (cid:9) CAS9A1IÓN 09-9

.110 (cid:9) JORGE ISABEL VALENC : IA CAI DO

1203 4rr4 . O/JZÇ no lo reconoce en fila de personas o mediante fotografías, además de que tampoco se estableció si la voz de la declaración aportada era la del señor Borja Sepúlveda. Razones por las cuales solicita a la Corte se decrete la nulidad de la actuación y se ordene la práctica de las pruebas dejadas de realizar, pues es posible que las mismas incrementen la incertidumbre y la absolución se imponga como una opción derivada del contenido de la actuación. Tercer motivo Señala que el ejercicio del derecho de defensa debe ser permanente en el periodo probatorio de la causa como se ha sostenido por la jurisprudencia de la Sala. De esta manera hace notar que durante el juicio el procesado estuvo sin defensa técnica en el lapso comprendido del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2002, lo cual afectó gravemente el concepto de permanencia en la protección de la garantía de la defensa. Que el procesado durante la fase de la investigación no tuvo representación técnica en cuanto el profesional a cargo de ésta no realizó ningún acto de defensa, y en la fase del juicio al momento de la materialización de esa garantía no contó con un defensor

técnico, pues el 5 de noviembre de 2002 él solicitó se desplazara del cargo de defensor de oficio, el cual fue aceptado al día siguiente. El 15 de noviembre se comunicó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó que procediera a realizar las pruebas para las cuales fue comisionado, una vez se le designara -A. 12 (cid:9) CACCIÓHN,23099 1#141i. JORGE ISABEL VALEN IA CAI EDO iLviwJw 7; (cid:9) % // zz defensor en la ciudad de Medellín, hecho que se comunicó el 9 de diciembre de 2002. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, rindió concepto en este asunto, mediante el cual solicita a la Corte no casar el fallo impugnado. En tal sentido indica que en los motivos primero y segundo con fundamento en los cuales el censor pide la nulidad de la actuación invocando una probable violación a los derechos de defensa, debido proceso y principio de investigación integral, expresa similares argumentos con los cuales, simultáneamente, mezcla aspectos de las diversas causas de nulidad, razón por la cual, manifiesta, analizará las diferentes censuras de manera conjunta. Precisa que el principio de investigación integral constituye un imperativo para los funcionarios judiciales, por lo que su incumplimiento funda irregularidad sustancial que contraviene el derecho al debido proceso por desacato al artículo 250 de la Constitución Política y a los artículos 20 y 234 de la ley 600 de 2000 —artículos 249 y 343 del decreto ley 2700 de 1991—, lo

cual puede agraviar el derecho de defensa, cuando la inercia del operador judicial obstaculiza su ejercicio. El derecho a la prueba, comprendido en el aludido principio, no traduce la obligación de recaudar todas las imaginables, puesto que es la misma ley la que ordena practicar las necesarias para 13 (cid:9) CAS IÓN 099

JORGE ISABEL VALENCI CAIC DO

'yeatá: IMVS 7,:»45 acreditar la existencia de la conducta punible, la responsabilidad del procesado y las circunstancias que la agravan o atenúan, por lo que debe rechazar las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen acerca de hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas. En consecuencia, si esas son las facultades que en materia de pruebas la ley otorga al funcionario judicial, para poder afirmar que la inactividad en la práctica de las ordenadas afectó el debido proceso o el derecho de defensa, es indispensable que la omisión tenga el carácter de arbitraria, es decir, que obedece al capricho del funcionario, como ocurre cuando de la actuación emerge la necesidad de realizar determinadas probanzas y no hace nada para llevarlas• a cabo, o cuando injustificadamente niega las oportunamente solicitadas por la parte interesada. No obstante, no se vulneran las garantías aludidas por la defensa cuando procesalmente, en relación con las personas citadas por el acusado o los testigos, no existen datos que permitan su individualización, identificación o localización, pues se trata de circunstancias que imposibilitan su comparecencia al proceso. Así, en el caso que se examina, las pruebas solicitadas por el

defensor en el juicio fueron practicadas parcialmente, situación que no constituye motivo de invalidez respecto de las que no se llevaron a cabo, pues el censor debió comprobar que éstas eran esenciales, pertinentes y trascendentes para los fines del proceso.

_ . 1 14 (cid:9) CASAION 2 199 .14~" JORGE ISABEL VALEN s CAIO so

In 71;.-Y/4 De otro lado, precisó que si bien es cierto la mayoría de las pruebas se practicaron en la investigación previa, tal circunstancia no indica que se haya coartado el derecho de defensa, al menos en el orden material, el cual debidamente se ejerció. El libelista no confrontó todos y cada uno de los elementos de convicción que sustentaron el fallo, para demostrar que de haberse aducido los que echa de menos, la decisión hubiera sido opuesta a la que se conoce. Esto en cuanto del análisis conjunto de la prueba incriminatoria —testimonial e indiciaria los juzgadores concluyeron que es evidente la participación del sindicado en las conductas delictivas de concierto para delinquir y homicidio. Y, volviendo al esquema del libelo, señala que el derecho de defensa no tiene el carácter absoluto que refiere la defensa, pues encuentra límite en el orden constitucional y legal. Por lo que cuando la irregularidad procesal es oportunamente corregida y el defensor tuvo posibilidad de ejercer los actos defensivos que se dejaron de realizar durante ¿I tiempo que el procesado careció de defensa técnica, debe deducirse que tal garantía no fue quebrantada, "pues ningún sentido tendría invalidar el proceso

para que la defensa vuelva a contar con oportunidades que ya tuvo". En consecuencia, en torno al primer motivo de nulidad esgrimido por el libelista, señala que VALENCIA CAICEDO fue asistido en indagatoria por un defensor de confianza, quien, acorde con los cánones legales, tenía la obligación de ejercer el cargo en 15 (cid:9) CAALISÓN H2 0D99

JORGE ISABEL VALENCI16( CAIC O

.11141t: 4 .1 nl armonía a lo establecido en el contrato de mandato. Sin embargo, el 31 de enero de 2002, presentó renuncia al poder que aquél le confirió, alegando quebrantos de salud, situación que el instructor le comunicó al sindicado para que designara un nuevo defensor, pero, como no lo hizo, le designó uno de oficio con quien continuó el trámite procesal. Luego, el hecho que el defensor contractual no haya interpuesto recursos en contra de las decisiones proferidas por la Fiscalía y desfavorables al procesado no entraña una omisión que afecte la garantía de la defensa, porque como lo ha reiterado la jurisprudencia, (cid:9) las (cid:9) oportunidades (cid:9) probatorias (cid:9) y (cid:9) los (cid:9) recursos pueden (cid:9) ser (cid:9) utilizados (cid:9) discrecionalmente (cid:9) por (cid:9) los (cid:9) sujetos procesales. No obstante, en el sub lite las pruebas de las cuales se duele el defensor no fueron practicadas en la fase de la instrucción, sí fueron ordenadas en el juicio, pero debido a las dificultades para

la citación y. concurrencia de los testigos no fue posible su realización, esto a pesar de que quienes debían rendir declaración fueron citados a través de diversos medios, entre ellos, las emisoras de la región. Circunstancia a la cual se une que los defensores, por razones económicas, tampoco se desplazaron al corregimiento de San José de Apartadó, por lo que tampoco se pudo llevar a cabo la diligencia de inspección judicial, en la cual la defensa manifestó especial interés. La asistencia del defensor del procesado en la indagatoria, haber comparecido a notificarse de las decisiones interlocutorias y cierre 16 (cid:9) - CAU 42 999

- - JORGE ISABEL VA1LAEANICC D

(1) 7 4 ...(21:APOWIÉ/ %,7);j74C49: de la investigación, razonablemente denotan que tuvo ánimo vigilante respecto del proceso y de su estado, además, conoció el fundamento fáctico y probatorio de la resolución mediante la cual le fue resuelta la situación jurídica al procesado, de lo cual se desprende que su estrategia consistió en enterarse de las decisiones de fondo y no solicitar pruebas, en espera de que la Fiscalía desvirtuara la presunción de inocencia que amparaba a su pupilo, pues, la defensa pasiva se ha considerado como una técnica válida en orden a socorrer sus intereses siempre que esté acompañada de una actitud vigilante de la actividad procesal, lo cual descarta el abandono de la gestión, de suerte que la mera inactivad no encarna ausencia de defensa técnica.

El libelista no indica cual era la real y eficaz posibilidad de actuación que hubiera podido tener el defensor, de haber ejercido una gestión más activa. De otro lado, manifiesta, que si bien es cierto parte del recaudo probatorio se obtuvo en la fase preliminar, no sobrevenía la necesidad de repetirlo, en cuanto la finalidad de ésta es identificar o individualizar a los presuntos responsables, de tal suerte que durante su perfeccionamiento se allegan pruebas "cuya práctica no sea conocida por el futuro imputado, tal circunstancia hace parte de los avatares del proceso, y no vulnera garantía alguna, porque luego de la vinculación del imputado ya identificado, la prueba puede ser conocida por éste y su defensor, quien, si lo estima necesario, puede solicitar su repetición". :AA/tan: 17(cid:9) CAS AÚN 2 199

JORGE ISABEL VALENC" CAIC:DO

." -4A? 0/141/. En tal sentido, advierte que el estatuto procesal penal bajo el cual se adelantó este asunto regula el principio de permanencia, con fundamento en el cual el medio de convicción que surge con calidad de prueba se conserva desde su práctica, incluida la investigación previa, sin necesidad de repetición o controversia futura. En relación con el tercer motivo que formula el recurrente, afirma el Delegado que durante el corto tiempo que el acusado estuvo sin defensor no se afectó su derecho a la defensa técnica en razón a que durante el mismo no se adelantó actuación procesal alguna. Finalmente, acota que la censura desborda los presupuestos de la nulidad por ausencia de defensa técnica y se introduce en el

terreno de la violación indirecta de la ley sustancial por errores de apreciación de la prueba, infringiendo de esta forma los principios de claridad, precisión y autonomía de los cargos. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Acorde con el concepto del Ministerio Público, observa la Sala que el defensor, con fundamento en hechos que metodológicamente separa en tres motivos, acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de investigación integral. En efecto, denunció bajo un mismo cargo y con base en igual discurso argumentativo tres causas de nulidad -desconocimiento 4 1 í 18 (cid:9) cA CIÓ 3099

JORGE ISABEL VALEN 0.1A CÁI EDO

, "'ro? »4 (cid:9) :._ i ....0 Íz:(:,::),,,,..(---22,.„,,„..„:<,. del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de investigación integral-, sin tener en cuenta que el primero es un vicio de estructura y los segundos de garantía, claramente diferenciados por la jurisprudencia y que en sede de casación deben ser postulados, desarrollados y demostrados autónomamente, indicando y comprobando claramente las irregularidades propuestas presentando la de mayor trascendencia como principal y las demás de modo subsidiario, pues las consecuencias que se originan a partir de la eventual comprobación de una de ellas, pueden afectar de manera diferente y desde distinta oportunidad el trámite del proceso.

1. Bajo la denominación genérica de quebranto al derecho de defensa postula violación del debido proceso porque en el juicio

se omitió la práctica de las pruebas ordenadas en la audiencia preparatoria, las cuales son de importancia para los fines de la defensa, sin demostrar de qué forma el a quo incurrió en tal irregularidad y por qué altera el proceso de forma concluyente, bajo el entendido de que esos medios de convicción tenían como finalidad cumplir con los fines de la investigación, que en el juicio se concretan a comprobar la existencia del hecho punible y la probable responsabilidad del procesado, de acuerdo con los cargos formulados por la Fiscalía en la acusación. Al revisar el expediente se aprecia que los testimonios solicitados por el defensor, de los cuales dependía la realización de inspección judicial en el lugar de los hechos no fueron recaudados por causa no atribuible al a quo o al Juez Segundo Penal del Circuito de Apartad& a quien se comisionó para recibir las Or : \ 19(cid:9) cAS DON, 3099

JORGE ISABEL VALENIIOIA CAICEDO ' te (cid:9) iltwili,

- (ii(i;../(2Li4( .4.0.,zi ../. i declaraciones y llevar a cabo la aludida inspección, sino por circunstancias -ajenas a la judicatura, pues los deponentes fueron citados por diversos medios idóneos para que comparecieran a propósito de lo cual el personero municipal del municipio de Apartadó certificó que Antonio José Borja Sepúlveda, Luis Emilio Vásquez Barco, Wilmar Darío Tuberquia Valderrama, Luis Eduardo Guerra, Hermana Clara Lagos Suárez, Nolfa Sánchez Posada, Miguel Ángel Graciano, Marco Antonio Jiménez Flórez,

Jaime Herrara Cabra, Oscar Martínez Quintero, Gustavo Herrera, Darío Guerra, Javier Castaño Tórres, Gustavo Ramón González, Iván Moreno Guavita , Nelson Vanegas Acosta, Eduardo Lanchero Jiménez, Dalila Zuluagá y su esposo, Luis Arley Jiménez, Oscar alias "Bolas" o "Mechas", Héctor Villada, Neil Álvarez, Luis Eduardo Ciro, José Luis Rengifo López y Ana Victoria Mosquera, en la actualidad no residen en el corregimiento de San José de Apartadó4, situación que hizo imposible su comparecencia. En tales condiciones es irrefragable que el a quo y el juez comisionado para la práctica de las diligencias en el municipio de Apartadó, hicieron lo indispensable para que los citados comparecieran al proceso a rendir declaración y además participaran en la inspección judicial, en la cual se recrearían las especiales circunstancias de tiempo, modo y lugar en que pudieron haber ocurrido los hechos, sin que los resultados de su citación obligatoriamente determinaran la ejecución de otros actos tendientes a ubicarlos, más aún cuando ni siquiera el defensor se presentó para la práctica de la inspección judicial, a pesar de Folio 206 del cuaderno de comisión 4 20 (cid:9) CAS IÓ 23099

t JORGE ISABEL VALEN A CAlá.EDO

`ri 11 J ith,kviz habérsele comunicado oportunamente la fecha y hora señalada, según constancia que se dejó, 5 pues para ese entonces solicitó al a quo lo relevara del cargo de defensor de oficio. Aunque se entiende que el recurrente pretendía interrogar a los

testigos acerca de las circunstancias en que cada uno percibió los hechos y determinar en la inspección judicial si estaban en condiciones de haber reconocido al procesado como copartícipe de los hechos, el fracaso de esas pruebas ante la barrera infranqueable que se presentó para hacerlos comparecer, no se remedia decretando la nulidad para insistir ab aeterno en una prueba de difícil recaudo, porque ello choca con el postulado superior de acceso a la administración de justicia