CSJ - SP23146(23-08-2005)

- República de Colombia Casación Inadmite N 23.146

NELSON HUMBERTO LANCHEROS AVELLANEDA.

Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

YESID RAMÍREZ BASTIDAS

Aprobado Acta N 063. Bogotá, D. C., agosto veintitrés (23) de dos mil cinco (2005).

VISTOS: Procede la Sala a resolver sobre la admisibilidad formal de la demanda de casación presentada por el defensor del procesado NELSON HUMBERTO LANCHEROS AVELLANEDA, quien fuera condenado por la conducta punible de falsedad en documento privado en failos proferidos por el Juzgado 49 Penal del Circuito y

el Tribunal Superior de Bogotá.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL:

1. Los primeros se iniciaron hacia las 10:30 de la noche del

19 de noviembre de 1994, cuando en el sector de la calle 63 con carrera 20 deesta ciudad Alfonso Mejía Ríos que despojado violentamente del vehículo que conducía de placas CAA 598, marca Mazda 626 GLX, modeto 1989, color blanco, y de algunos República de Colombia . o Casación Inadmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia objetos personales. Con fecha 4 de julio de 1996 la Policía Judicial de Bogotá dejó a órdenes de la Fiscalía que conocía de la denuncia formulada por Mejía Ríos él automotor antes mencionado, el cual fue incautado en el municipio de Garzón, Huila, en poder de

NELSON HUMBERTO LANCHEROS AVELLANEDA, quien manifestó que JORGE HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ se lo había vendido, estableciéndose que mediante la utilzación de documentación falsa -Deciaración de Aduanas y factura de compra expedidas en Bogotá por la Compañía Colombiana Automoetriz y Automotora de Occidente Ltda.- el 27 de septiembre de 1995 se matriculó en la Secretaría de Tránsito de Palermo con las placas GGK-064, apareciendo la tarjeta de propiedad a nombre de ROBERTO CÉSAR BORELLY PÁEZ porque así lo solicitó LANCHEROS MARTÍNEZ.

2. A la presente investigación fueron vinculados a través de

indagatoria NELSON HUMBERTO LANCHEROS AVELLANEDA,

JORGE HERNÁN VARGAS MARTÍNEZ y ROBERTO CÉSAR BORELLY PÁEZ. La Fiscalía 108 Seccional de Bogotá mediante resoluciones de fechas 24 de julio y 4 de septiembre de 2000 afectó a los dos primeros con medida de aseguramiento de detención preventiva como coautores de las conductas punibles de receptación y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso, y el 16 de agosto de ese mismo año se abstuvo de hacerio en relación con BORELLY PÁEZ. República de Colombia ! . Casación Inádmite N 23.446

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3. La misma Fiscalíae l 1% de marzo de 2001 preciuyó la investigación en relación con BORELLY PÁEZ y el 31 de mayo

siguiente dictó resolución de acusación contra LANCHEROS AVELLANEDA y VARGAS MARTÍNEZ como coautores de las conductas punibles de .falsedad material en documento público, falsedad én documento privado y uso de documento público falso y en ese mismo sentido moadificó la medida de aseguramiento.

4. Correspondió al Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá adelantar el juicio y celéb_rada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2003 profirió sentencia condenando a los dos procesados a la pena principal de cuareñ_ta y ocho (48) meses de prisíón;á la accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad, se abstuvo de imponer condena en perjuicios y les négó la suspensión condic¡ónal de la ejecución de la pena, como autores penalmente responéables de las conductas punibles de falsedad material de particúlár en documento público agravada por el uso y falsedad en documento privado.

5. La providencia anterior fue impugnada por los defensores de los incriminados y el 4 de junio de 2004 el Tribunal Superior de esta ciudad la reformó en el sentido de condenar a los acusados a la pena de veinte (20) meses de prisión como autores responsables del delito de falsedad en documento privado y les concedió la condena de ejecución condicional por un periodo de prueba de dos (2) años, pronunciamiento contra el cual el1

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Corte Suprema de Justicia apoderado de LANCHEROS AVELLANEDA interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación.

LA DEMANDA: El recurrente acude a la casación por la x)ía excepciona! en la medida que para la fecha de emisión del fallo de segunda instancia, estaba vigente el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, precepto que señala como req_uísíto de procedibilidad del recuréo extraordinario común que el delito tenga prevista pena de prisión cuyo máximo exceda de ocho (8) años, y el delito de falsedad particular en documento privado por el ¿ua| se dictó el fallo se sanciona con un máximo de seis (6) años de acuerdo con la normatividad imperante al momento de los hechos.

La casación discrecional busca el desarrollo de la jurisprudencia y la protección de derechos fundamentales, motivos por los cuales propone dos cargos contra la sentencia proferida por el Tribunal, así: En el cargo primero cuestiona que el fallo fue proferido en actuación viciada que afectó el debido proceso, porque los jueces de instancia no tenían competencia para conocer del asunto debido a que los documentos privados falsos —conducta punible por la cual fue finalmente condenado su defendidofueron utilizados en la Inspección de Tránsito y Transportes de Palermo, Huila, para obtener la matrícula del vehículo de placas GGK 064, República de Colombia — Casación lnádmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia por consiguiente eran los Jueces Penales del Circuito de Neiva a

quienes correspondía adelantar la etapa del juicio. Por lo anterior, solicita casár la sentencia y declarar la nulidad de todo lo actuado en la fase de juzgamiento y que el asunto sea enviado a los jueces competentes. En el cargo segundo -de manera subsidiariaacusa la sentencia proferida por el Tribunal de incurrir en violación indirecta de la ley sustancial derivada de “error de derecho por falso juicio de convicción” en la apreciación de las pruebas que se tuvieron en cuenta para dar por establecida la conducta punible de falsedad en documento privado. En los fallos de instancia se afirmó que la factura comercial N 94006 y el escrito de confirmación de la misma expedidos el 8 de marzo de 1995 en Bogotá por Automótores de Occidente Ltda. y la certificación N 008775 de diciembre 20 de 1994 enl cuyo texto figura la Compañía Colombiana Automotriz S.A. haciendo constar en esta misma ciudad que el manifiesto o declaración de aduanas N 24430010503128 ampara el vehículo de las características allí descritas son apócrifos, toda vez que la citada empresa automotriz negó haber expedido dichos documentos, añadiendo que el automotor fue nacionalizado según manifiesto de importación N 51240 de noviembfe de 1998 y que así se estructurába la conducta lesiva del bien jurídico de la fe pública, concretamente la falsedad en documento privado. El libelista se opone a tales valoraciones afirmando que la manera más común para probar la falsedad material en República de Colombia Casación Inadmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia documento privado es el cotejo grafológico, prueba que brilla por Su ausencia en este asunto al igual que haberle preguntado a la empresa Automotora de Occidente Ltda. sobre ese particular. Tratándose del delito de falsedad en documento privado — agregano puede haber presunción dé falsedad y en este caso así procedieron los jueces de instancia llegando a una conclusión equivocada sobre la materialidad de tal conducta punible incurriendo en el yerro inicialmente anunciado respecto de la falsedad de los citados documentos. Al no existir prueba sobre el tipo penal imputado a su defendido al menos por aplicación del principio constitucional y legal de la duda, se le debió absolver. Por tanto, solicita casar el fallo para en su lugar dictar el de reemplazo en el sentido que se acaba de indicar.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. En relación con la -admisibilidad de la demanda de casación frente al requisito relativo a la pena prevista para lel delito, la Sala definió que cuando hubiese ocurrido tránsito de legislación la posibilidad de recurrir por la vía extraordinaria

(casación común o excepcional) se rige por la ley más favorable, bien sea la vigente al.momento de los hechos, o cuando se profiera el fallo de segunda instancia, o una ley posterior, siempre y cuando alguna de aquellas contenga efectos más compatibles República de Colombia . Casación Inadmite N 23.146

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con los intereses del sujeto procesal que interpone el recurso', como lo dispone el artículo 6 cpp-2004.

2. La conducta punible por la cual fue finalmente condenado _el procesado LANCHEROS AVELLANEDA tenía señalada, para el momento de los hechos (1995), una pena máxima de seis (6) años de prisión (artículo 221 del Decreto 100 de 1980).

De acuerdo con la ley procesal vigente para ese momento (artículo 218 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 35 inciso 1 de la Ley 81 de 1993), el camino para recurrir en casació_n es el común y no el discrecional, porque tal preceptiva señalaba que la casación ordinaria procedía contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distñtp Judicial y por el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis (6) años. Y es que de conformidad con la ley vigente al momento de dictarse el fallo (artículo 205 de la Ley 600 de 2000), la casación común procede. contra sentencias proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por el Tribunal. Superior Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años, y bajo este ' CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Auto febrero 16 de 2005, rad. 23.006, M. P., Dr. Alfredo Gómez,

Quintero, — República de Colombia Casación Inadmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia régimen como del anterior, el recurso extraordinario de casación podría admitirse excepcional o discrecionalmente en casos distintos a los anteriormente mencionados, cuando se considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la preservación de los derechos fundamentales. Bajo el contexto anterior, en el presente caso, si se atiende la legislación vigente al momento de los hechos, procedería la casación común, porque la conducta punible de falsedad en documento privado se sancionaba con prisión máxima de 6 años y ese era el mínipmuniotiv o que se requería; y si se mira la normatividad vigente en la fecha del fallo, procedería la casación excepcional, porque la pena máxima para tal conducta punible no excede de ocho (8) años. De manera que la norma más favorable para el recurrente resulta ser la que regía al momento de la comisión del delito por el que se dictó el fallo, porque para la conducta punible de falsedad en documento privado procedía la casación común, menos exigente en su postulación que la discrecional, razones pór las cuales el estudio de la demanda se hará siguiendo las directrices de la casación ordinaria. Cabe precisar que las elaboraciones relacionadas con el interés de defender garantías fundamentales, a las que hace alusión el demandante -pues omitió lo relacionado con el .A desarrollo jurisprudencial-, pueden apreciarse como argumentos “T - República de Colombia Casación Inadmite N? 23.146

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Corte Suprema de Justicia adicionales para demostrar los cargos, no así como un requisito que deba exigirse para resolver sobre la aptitud de la demanda>

3. El recurso extraordinario de casación no constituye sede adicional para continuar el debate probatorio sobre los hechos investigados y la responéabilidad del procesado el cual se cumplió en las instancias y conciuyó con el fallo de segundo grado, por el contrario, eXige para la admisión de la demanda que el sujeto procesal' recurrente tenga presente las exigencias formales previstas en la ley en el propósito de demostrar a través de un juicio técnico jurídico que la declaración de justicia allí contenida, la cual ilega a esta sede amparada de la dual presunción de acierto y legalidad, se ísustentó en errores de hecho o de derecho ostensibles y relevantes o se profirió en un juicio viciado de nulidad, ocurrencias una y otra que reclaman para sí el necesario correctivo.

Por tanto, cuando en el libelo impugnatorio se desatienden los requisitos señalados en la normatividad llamada a regular el caso concreto (artículo 212 de la Ley 600 de .2000), V fundamentalmente cuando se soslaya aquélla exigencia relacionada con la adecuada formulación del cargo y se omite señalar con la claridad y precisión debidas sus fundamentos, la consecuencia pro_cesa! inmediata no puede ser otra que su inadmisión según así lo establece la referida norma.

4. A partir del anterior marco conceptual, lo primero que se advierte es que en la demanda presentada por el libelista se

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Corte Suprema de Justicia acierta en la identificación de los sujetos procesales, la sentencia objeto de impugnación, la síntesis de los hechos materia del juicio y el resumen parcial de la actuación del proceso, pero no acontece igual con los restantes requisitos porque si bien se señala como causales la tercera y la primera, no se procede para su desarrollo bajo los presupuestos de precisión y claridad requeridos para la demostración de las censuras. En efecto: En lo que tiene que ver con el primer cargo, formulado al amparo de la causal tercera de casación, el demandante no tuvo en cuenta que la jurisprudencia de la Sala tiene establecido que la postulación de vicios de nulidad en sede de casación no escapá al cumplimiento de unas exigencias básicas que permitan a la Corte abordar el estudio técnico y jurídico de un fallo o de una actuación, según el caso, con un margen de movilidad relatíúo, de manera que la rigidez formaln o haga nugatoria la posibilidad de reajustar la estructura del proceso o la actividad de los jueces a la legalidad sin que este medio extraordinario. de impugnación pierda sus características esenciales y principalmente su finalidad. Es decir, la proposición de nulidades en esta sede no puede soslayar el cumplimiento de los requisitos que orientan no sólo la impugnación extraordinaria, sino el instituto mismo, de modo que en relación con la causal tercera el casacionista no está relevado de su observancia como quiera que este recurso no es en modo

alguno de libre postulación ni permite uña amplitud como para k X / ? 10 — ai República de Colombia Casación inadmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia que la Sala entre a suplir las deficiencias argumentativas o a corregir los desatinos del libelo. Es así como el demandante en una propuesta de tal naturaleza debe identificar la actuación que contiene la vulneración de las garantías fundamentales de los sujetos procesales o aquella que transgreda las bases de la instrucción o el juzgamiento, precisando el momento a partir del cual se hace necesario retrotraer lo actuado para que sea posible restablecer la legalidad del proceso. Además,l e corresponde determinar cuál es la trascendencia directa que el yerro de actividad refieja en el fallo y por qué de no haber mediado el mismo, el desarrollo de la actuación sería otro y por consiguiente otra la decisión final, pues sólo así es factible demostrar que la irregularidad denunciada únicamente puede corregirse por el remedio extremo de la nulidad.

5. Las siguientes son las falencias de la demanda que impiden tener por cumplida la exigencia referida a la indicación clara y precisa de los fundamentos del cargo primero, a saber: 5.1. El casacionista afirma que se violó el derecho fundamental al debido proceso de su asistido porque la etapa del juicio se adelantó en Bogotá, cuando -'e_n su opinión del asunto debió conocer un Juez Penal del Circuitode Neiva toda vez que fue en Palermo donde se usaron documentos privados falsos para matricular vehículo automotor hurtado en esta ciudad.

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Corte Suprema de Justicia 5.2. Una propuésta de tal naturaleza no sélo deja a la Sala sin saber bor qué se afectaron garantías fundamentales sino que el demandante no señala las razonés por las cuales un Juez Penal del Circuito de Bogotá no podía conocer del asunto, siendo que la investigación se inició aquí por la conducta punible de hurto calificado y agravado de que fue víctima Alfonso Mejía Ríos cuando el 19 de noviembre de 1994 se le despojó por varios sujetos mediante la intimidación con armas de fuego, entre otros bienes, del vehículo de Placas CCA 598, marca Mazda 626 GLX, modelo 1989, el cuall para ocultar su ilícita procedencia fue matriculado a los pocos meses con las placas GGK 064 en la Secretaría de Tránsito de Palermo, Huila, utilizándose documéñtos falsos, luego imperaba la competencia por conexidad (artículos 87 y 89 Decreto 2700 de 1991 y artículos 90 y 91 de la Ley 600 de 2000), factor que omitió abordar el censor. '

6. En el segundo cargo anunció supuesto error de derecho falso juicio de convicción en la apreciación de las pruebas documentales, sin distinguir que esta clase de yerro, “se traduce en una actividad de pensamiento a través de la cual se reconoce el valor que la ley le asigna a determinadas pruebas, presupone lá existencia de una “tarifa legal”.en la cual por voluntad de la ¡ey a las

pruebas corresponde un valor demostrativo o de persuasión único, predeterminado que no puede ser adulterado por el intérprete. 12 República de Colombia Casación Inadmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia Se incurre, por tanto, en error. por falso juicio de convicción cuando se niega a la prueba ese valor que la ley le atribuye o se le hace corresponder uno distinto al que la ley le otorga.” 6.1. Igualmente no atinó el censor a señalar cuál es el valor probatorio que la ley tiene fijado al efecto en relación con la apreciaóión y valoración de la prueba documental, lo cual le resultaba de imposible cumplirñiento, porque en vigencia de la normatividad procesal bajo la cual se adelantó el proceso (Decreto 2700 de 1991 y Ley 690 de 2000), no existe una tarifa legal, siho que rige el sistema de la sana crítica, de manera que, en principio, resulta inapropiado hablar en casación penal de esta clase de error. 6.2. Tampodo señaló el casacionista cuál fue el yerro o yerros en los cuales habría incurrido el Tribunal en la valoración de la prueba documental obrante en elbroceso y su incidencia en el sentido de justicia declarado en el fallo, limitándose a exponer algunos reparos frente a esa prueba desde su particular visión, olvidando que el debate probatorio culminó en las instancias y que en casación se deben alegar y demostrar desaciertos

trascendentes, trabajo que igualmente no asumió. 6.3. Faltando a los requisitos de claridad y precisión afirma que no fueron acopiadas algunas pruebas, tema propio de la ? CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sent. Casación febrero 11 de 2004, rad. 19.614. M. P.. Dr. Mauro Solarte Portilla. 13 República de Colombia Casación Inadmite N 23.146

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Corte Suprema de Justicia causal tercera, nulidad —violación al principio de investigación integral-, pero no de la primera que fue la escogida por el recurrente. | 6.4. Y, por último, se muestra inconforme con los razonamientos que lievaron a los jueces de instancia a inferir certeza sobre la autoría y responsabilidad de su defendido en los delitos por los cuales fue finalmente condenado, con el propósito de que la Corte escoja su criterio por encima del expuesto por el ad quem, tarea de improcedente acogida en esta sede en atención a que los fallos de instancia llegan precedidos de la doble presunción de legalidad y acierto.

7. Debido a que la Corte no puede suplir las deficiencias ni corregir las' imprecisiones de la demanda, se impone su inadmisión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 212 y 213 de la Ley 600 de 2000, además que no encuentra violación ostensible de garantías que ameriten prótección oficiosa, lo cual conlleva la consecuencia procesal de declarar desierta la impugnación, mediante decisión que ádq'uiere ejecutoria en la

fecha en que es suscrita y no admite ningún recurso. A mérito de lo expuesto, la Corte Supréma de Justicia, Sala de Casación Penal, - RESUELVE: — Inadmitir la demanda de casación présentáda en defensa del

procesado NELSON HUMBERTO LANCHEROS AVELLANEDA.

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Corte Suprema de Justicia Contra esta providenciano procede ningún recurso. Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. uZ

MARINA PULIDO DE BARÓN

SIGIFREDO: E$PII;IO A PÉREZ RMANX:ALÁN CASTELLANOS

EDO GÓMEZ QUINTERO — EDGARÁ.O BANA TRUJILLO

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YESID RAMIR STIDAS — M SQLARTE PORTILLA

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